Amor con amor se paga: la solidaridad con Cuba es un deber de los pueblos
Este 12 de junio, cuando la Red de Medios Libres convocó al cadenazo internacional “Amor con amor se paga”, no estará realizando simplemente una jornada comunicacional. Estará levantando una trinchera de dignidad frente a una de las agresiones más prolongadas, crueles e injustificables de la historia contemporánea: el bloqueo económico, comercial, financiero y energético impuesto por Estados Unidos contra Cuba. Durante más de seis décadas, el imperialismo norteamericano ha intentado rendir a la Revolución Cubana por hambre, carencias y sufrimiento. Ha apostado al desgaste de un pueblo heroico, convencido de que la asfixia económica lograría lo que no pudieron conseguir las invasiones, los sabotajes, el terrorismo, las campañas de desinformación y el aislamiento diplomático. Sin embargo, una y otra vez, la historia ha demostrado que la dignidad de un pueblo consciente vale más que cualquier arsenal de sanciones.El bloqueo no es una política abstracta. Tiene rostros concretos. Se expresa en las dificultades para adquirir combustible, medicamentos, equipos médicos, materias primas y tecnologías. Se traduce en apagones, limitaciones productivas y obstáculos para el desarrollo. Es una guerra económica diseñada deliberadamente para generar desesperación y provocar un cambio político favorable a los intereses de Washington. Quienes hoy hablan de “crisis cubana” y callan sobre el bloqueo son cómplices de esa agresión. Pretenden presentar las consecuencias como si fueran causas, ocultando el papel central que desempeña la política criminal de la Casa Blanca en las dificultades que enfrenta la isla. Frente a esta realidad, la respuesta del pueblo cubano no ha sido la rendición. Ha sido la resistencia. Cuba continúa defendiendo su independencia, su soberanía y el derecho a construir su propio destino sin tutelajes extranjeros. Millones de cubanos siguen apostando por un proyecto social que, aun bajo las condiciones más adversas, ha sido capaz de garantizar salud, educación, cultura y solidaridad internacional. Porque si existe una nación que ha practicado el internacionalismo como principio y no como discurso, esa es Cuba. Médicos cubanos han llegado donde otros no quisieron llegar. Brigadas de salud han enfrentado epidemias, terremotos, huracanes y pandemias en decenas de países. Miles de profesionales formados en la isla han servido a los pueblos del mundo. Cuba ha compartido lo que tiene, no lo que le sobra. Por eso, cuando la Red de Medios Libres afirma que “amor con amor se paga”, está expresando una verdad profunda: la solidaridad con Cuba no es un acto de caridad. Es un compromiso ético, político y humano con un pueblo que durante décadas ha estado al lado de las causas justas de la humanidad. Hoy más que nunca es necesario romper el cerco mediático que acompaña al bloqueo económico. Es imprescindible denunciar la hipocresía de quienes hablan de democracia mientras castigan colectivamente a once millones de personas por el simple hecho de defender su soberanía. Es urgente desmontar la narrativa imperialista que intenta presentar a la víctima como culpable y al agresor como defensor de la libertad. La batalla por Cuba es también la batalla por el derecho de todos los pueblos a decidir su destino. Lo que está en juego no es solamente el futuro de una isla caribeña. Lo que está en juego es la posibilidad de que una nación pequeña pueda existir sin someterse a los dictados de una potencia imperial. El cadenazo internacional “Amor con amor se paga” es una convocatoria a la conciencia. Es una invitación a convertir la solidaridad en acción, la indignación en denuncia y el compromiso en movilización. Porque cuando Cuba resiste, resisten también los sueños de justicia de millones de hombres y mujeres en el mundo. Y porque frente al bloqueo, frente a la agresión y frente a la arrogancia imperial, la respuesta de los pueblos seguirá siendo la misma: más solidaridad, más resistencia y más lucha. Cuba no está sola. Jamás lo estará.
El silencio de los intelectuales
Hubo un tiempo en que los intelectuales asumían la palabra como un compromiso moral. No eran simples observadores de la historia; eran parte activa de ella. Frente a las guerras, las invasiones, los golpes de Estado, el colonialismo y las violaciones de los derechos humanos, levantaban su voz, aunque ello implicara persecución, censura o exilio. Hoy, sin embargo, asistimos a un fenómeno inquietante: el silencio de amplios sectores de la intelectualidad ante graves violaciones del derecho internacional y ante hechos que, en otras épocas, habrían provocado una ola de denuncias, manifiestos y movilizaciones en todo el mundo. ¿Qué ha ocurrido con los intelectuales? ¿Dónde están las voces que antes denunciaban las agresiones contra los pueblos, las intervenciones extranjeras y el abuso del poder imperialista? La pregunta no es menor. Porque cuando quienes tienen la capacidad de interpretar críticamente la realidad concreta deciden callar, el silencio deja de ser una actitud individual para convertirse en un hecho político. El intelectual auténtico no es aquel que habla cuando resulta conveniente. Tampoco el que acomoda sus principios a las circunstancias del momento. Su función histórica consiste precisamente en señalar las injusticias, incluso cuando hacerlo resulta incómodo para los centros de poder, para los medios de comunicación dominantes o para su propio entorno académico y familiar. Sin embargo, una parte significativa de la intelectualidad contemporánea parece haber renunciado a esa responsabilidad. Muchos han sustituido el compromiso por la prudencia calculada. Otros han cambiado la crítica por la adaptación. Algunos han terminado integrándose a las estructuras de poder que antes cuestionaban. La consecuencia es evidente: mientras se multiplican las guerras, las sanciones económicas, las ocupaciones militares y las violaciones de la soberanía de los pueblos, una parte importante del pensamiento crítico permanece en silencio. Ese silencio no es neutral. Nunca lo ha sido. La historia demuestra que las grandes injusticias no prosperan únicamente por la acción de quienes las ejecutan. También avanzan gracias a la pasividad de quienes, pudiendo denunciarlas, optan por mirar hacia otro lado. El pastor protestante y resistente antinazi Dietrich Bonhoeffer advirtió que el silencio frente al mal es, en sí mismo, una forma de participación. La experiencia histórica del fascismo europeo enseñó que la indiferencia de amplios sectores ilustrados contribuyó a la consolidación de regímenes criminales. Hoy observamos mecanismos similares, aunque bajo nuevas formas. La concentración mediática, la dependencia de financiamientos institucionales, la profesionalización extrema de la academia y la presión de determinados consensos ideológicos han reducido considerablemente los márgenes de independencia intelectual. Muchos académicos y analistas parecen más preocupados por preservar espacios de reconocimiento que por defender principios universales. Se condenan algunas violaciones del derecho internacional mientras otras son relativizadas o simplemente ignoradas. Se defienden ciertos derechos humanos mientras otros son invisibilizados. Se exige respeto a la soberanía en unos casos y se justifica su vulneración en otros. La doble moral se ha convertido en una enfermedad que también afecta a sectores de la intelectualidad progresista. Pero el problema es hoy aún más profundo y grave. Vivimos en una época donde la información circula a una velocidad extraordinaria, pero la reflexión crítica parece cada vez más escasa. Las redes sociales premian la inmediatez, los algoritmos favorecen la superficialidad y la cultura del espectáculo y de lo estrafalario transforma incluso las tragedias humanas en simples contenidos de consumo. En ese contexto, muchos intelectuales han dejado de actuar como conciencia crítica de la sociedad para convertirse en comentaristas del presente. Observan. Describen. Interpretan. Pero pocas veces toman posición. Y cuando la injusticia se vuelve evidente, la neutralidad termina favoreciendo al verdugo. La historia jamás ha sido escrita por los cobardes. Las conquistas democráticas, los procesos de liberación nacional, los derechos laborales y las luchas contra el colonialismo avanzaron gracias a mujeres y hombres que decidieron comprometerse con su tiempo. Intelectuales como Jean-Paul Sartre, Frantz Fanon, Eduardo Galeano, Noam Chomsky, Gabriel García Márquez y tantos otros entendieron que el pensamiento no es una actividad separada de la realidad social. Pensar era también tomar partido. No por gobiernos ni por líderes específicos, sino por principios. Por la justicia. Por la verdad. Por la dignidad de los pueblos. Por el respeto al derecho internacional. Por la defensa de la soberanía frente a la imposición de la fuerza. Esa tradición crítica parece hoy debilitada, pero no extinguida. Todavía existen intelectuales, periodistas, académicos y artistas que se niegan a aceptar la normalización de la guerra, la arbitrariedad y la dominación. Son voces que a menudo carecen de los grandes altavoces mediáticos, pero que continúan defendiendo la idea de que la palabra debe servir para iluminar, emancipar y no para encubrir y dominar. Porque el verdadero intelectual no es quien acompaña al poder. Es quien lo cuestiona. No es quien administra silencios. Es quien rompe los silencios cuando estos pretenden ocultar la injusticia. En tiempos donde el derecho internacional parece ceder terreno ante la ley del más fuerte, la responsabilidad moral de los intelectuales adquiere una importancia decisiva. La historia juzgará a quienes hablaron. Pero también juzgará a quienes callaron. Y, en muchas ocasiones, el silencio termina dejando una huella más profunda que las voces.
La crisis de credibilidad de los grandes medios
Vivimos una época de profundas transformaciones políticas, económicas y tecnológicas. Sin embargo, pocas crisis resultan tan peligrosas para la democracia y la conciencia de los pueblos como la crisis de credibilidad que atraviesan los grandes medios de comunicación. Lo que durante décadas fue presentado como el “cuarto poder”, garante de la verdad y fiscalizador de los abusos del poder político y económico, hoy enfrenta un creciente rechazo y desconfianza de amplios sectores de la población. No se trata de un fenómeno casual ni producto exclusivo de las redes sociales. La pérdida de credibilidad de los grandes conglomerados mediáticos es consecuencia directa de años de manipulación, silencios selectivos, doble rasero informativo y subordinación a intereses económicos, corporativos y geopolíticos. Los grandes medios no solo informan; también construyen narrativas, legitiman gobiernos, demonizan adversarios y fabrican consensos. Durante mucho tiempo ejercieron ese poder sin competencia significativa. Sin embargo, la irrupción de las plataformas digitales permitió a millones de personas contrastar versiones, acceder a fuentes alternativas y descubrir las contradicciones de quienes durante décadas se presentaron como árbitros neutrales de la verdad. La crisis actual tiene una raíz fundamental: los medios corporativos dejaron de actuar como intermediarios entre los hechos y la ciudadanía para convertirse en actores políticos con agendas propias. Ya no esconden siquiera sus alineamientos ideológicos. Lo que antes se intentaba disimular bajo el manto de la objetividad periodística hoy aparece cada vez más evidente. Basta observar la cobertura de los conflictos internacionales. Determinadas invasiones son presentadas como “intervenciones humanitarias”, mientras otras son calificadas inmediatamente como agresiones intolerables. Algunas víctimas merecen titulares durante semanas; otras apenas reciben menciones marginales. Algunos gobiernos son condenados por violaciones a los derechos humanos, mientras los abusos cometidos por aliados estratégicos reciben justificaciones o simplemente desaparecen de las pantallas. Esta aplicación selectiva de los principios periodísticos ha erosionado profundamente la confianza pública. La gente percibe la incoherencia. La gente observa el doble discurso. La gente advierte que los mismos medios que exigen transparencia a unos guardan silencio frente a los excesos de otros. La consecuencia inevitable ha sido una creciente ruptura entre las audiencias y las grandes corporaciones mediáticas. Pero existe una contradicción aún más profunda. Los grandes medios forman parte de enormes conglomerados económicos vinculados a bancos, fondos de inversión, industrias militares, empresas tecnológicas y grupos financieros. En tales condiciones, resulta ingenuo esperar una cobertura verdaderamente independiente de los acontecimientos que afectan los intereses de sus propietarios. La noticia se transforma entonces en mercancía. La información deja de ser un derecho para convertirse en un producto. La verdad se subordina a los índices de audiencia, a los anunciantes y a las estrategias de poder. Esta lógica mercantil ha degradado el ejercicio periodístico. La investigación rigurosa cede espacio al espectáculo. El análisis profundo es reemplazado por titulares diseñados para provocar emociones instantáneas. El periodista crítico es desplazado por comentaristas alineados con los intereses corporativos. Como consecuencia, el ciudadano recibe cada vez más información, pero dispone de menos herramientas para comprender la realidad. Nos encontramos frente a una paradoja histórica: nunca antes la humanidad tuvo acceso a semejante volumen de datos y, sin embargo, nunca fue tan intensa la disputa por el control de la verdad. Las redes sociales, por supuesto, no representan una solución automática. También son espacios atravesados por la manipulación, la desinformación y los intereses económicos. Pero han tenido un efecto imposible de ignorar: rompieron el monopolio narrativo de los grandes medios. Por primera vez en muchas décadas, los pueblos pueden confrontar versiones, cuestionar relatos oficiales y construir espacios alternativos de comunicación. Esa democratización relativa de la información explica, en gran medida, el nerviosismo de las élites mediáticas. Acostumbradas a monopolizar el relato de los acontecimientos, hoy deben competir con periodistas independientes, plataformas alternativas, investigadores, académicos y ciudadanos que producen contenidos fuera de los circuitos tradicionales del poder. La verdadera batalla de nuestro tiempo no es solamente tecnológica. Es una batalla política y cultural. Se libra en el terreno de las ideas, de la memoria y de la interpretación de los hechos. Por eso, la crisis de credibilidad de los grandes medios no debe ser entendida únicamente como un problema empresarial. Es la expresión de una crisis más amplia del modelo de dominación ideológica construido durante décadas por las élites económicas y políticas. Cuando los pueblos dejan de creer en quienes monopolizaban la información, comienza a resquebrajarse uno de los pilares fundamentales del poder establecido. La respuesta no puede ser la censura ni la sustitución de un monopolio por otro. La salida pasa por fortalecer el periodismo independiente, promover el pensamiento crítico, democratizar el acceso a la información y construir medios comprometidos con la verdad, no con los intereses de los poderosos. Porque una sociedad sin información veraz puede ser manipulada. Pero una sociedad que aprende a cuestionar, investigar y pensar por sí misma se vuelve mucho más difícil de someter. La crisis de credibilidad de los grandes medios es, en última instancia, la crisis de un modelo de comunicación construido para administrar consensos desde arriba. Y cada vez que ese modelo pierde autoridad, se abre una oportunidad para que los pueblos recuperen la palabra, la memoria y el derecho a interpretar su propia realidad.
La aplicación selectiva de los derechos en el orden mundial
La democracia, los derechos humanos y la soberanía nacional son presentados como valores universales. Se nos dice que pertenecen a toda la humanidad y que constituyen principios irrenunciables de la civilización moderna. Sin embargo, basta observar el comportamiento de las grandes potencias y de buena parte de las instituciones internacionales para descubrir una realidad incómoda: esos principios no se aplican de manera universal, sino selectiva. La democracia es defendida cuando produce gobiernos alineados con determinados intereses geopolíticos. Pero cuando el resultado electoral favorece proyectos políticos independientes o contrarios a los centros tradicionales de poder, comienzan las acusaciones, las campañas de descrédito, las sanciones económicas y, en ocasiones, las operaciones destinadas a provocar,lo que es bautizado como: cambios de régimen. Lo que ayer era una expresión legítima de la voluntad popular puede convertirse de la noche a la mañana en una amenaza para la democracia del capital, dependiendo de quién haya ganado las elecciones. Lo mismo ocurre con los derechos humanos. Se denuncian con razón las violaciones cometidas por gobiernos considerados adversarios, pero se guarda un silencio cómplice cuando esas mismas violaciones son ejecutadas por aliados estratégicos. Los muertos parecen tener distinto valor según el lugar donde caigan las bombas. Las víctimas reciben más o menos atención dependiendo de quién apriete el gatillo. La indignación internacional, que debería ser un principio ético, termina convertida en una herramienta política. La soberanía nacional corre una suerte similar. Se proclama como fundamento esencial del derecho internacional cuando se trata de proteger los intereses de las grandes potencias, pero se relativiza cuando los países más pequeños intentan ejercerla plenamente. Se reconoce el derecho de algunos Estados a defender sus fronteras, controlar sus recursos naturales y decidir su destino político, mientras a otros se les exige someter sus decisiones económicas, militares y diplomáticas a los intereses de actores externos. Esta doble moral no es un accidente ni una contradicción ocasional. Forma parte de la arquitectura misma del sistema internacional contemporáneo. Las normas existen, pero su aplicación suele depender de las relaciones de poder. El problema no radica únicamente en la existencia de principios jurídicos, sino en quién tiene la capacidad de interpretarlos, imponerlos o ignorarlos sin consecuencias. Por eso vemos cómo determinadas intervenciones militares son presentadas como misiones humanitarias, mientras otras son calificadas como agresiones inadmisibles. Por eso algunos bloqueos económicos son descritos como instrumentos legítimos de presión política, aunque provoquen sufrimientos masivos en la población civil. Por eso ciertas ocupaciones territoriales generan condenas inmediatas, mientras otras reciben explicaciones diplomáticas y justificaciones interminables. Esta selectividad erosiona la credibilidad de las instituciones internacionales. Cuando la ley no es igual para todos, deja de ser percibida como justicia y comienza a verse como un instrumento de dominación. Cuando los derechos humanos se utilizan como arma política y no como principio universal, pierden parte de su autoridad moral. Cuando la democracia se defiende únicamente en función de intereses estratégicos, deja de representar la voluntad de los pueblos para convertirse en una consigna vacía. Los pueblos del Sur Global conocen bien esta realidad. Durante décadas han sido objeto de intervenciones, sanciones, bloqueos, golpes de Estado y campañas de desestabilización justificadas en nombre de valores supuestamente universales. Sin embargo, esas mismas potencias que invocan la democracia y los derechos humanos han respaldado dictaduras, apoyado guerras devastadoras y tolerado abusos cuando ello favorecía sus intereses geopolíticos. La cuestión fundamental de nuestro tiempo no es si debemos defender la democracia, los derechos humanos y la soberanía. La respuesta es sí. Lo verdaderamente importante es exigir que esos principios se apliquen de manera coherente y universal. No puede haber derechos humanos para unos y silencio para otros. No puede haber democracia para los tuntunpotes , aliados y cuestionamientos permanentes para los adversarios. No puede haber soberanía para las potencias y subordinación para los países débiles. La humanidad enfrenta un desafío histórico: rescatar esos conceptos de las manos de quienes los utilizan selectivamente y devolverles su auténtico carácter universal. Porque la democracia que se aplica según conveniencias políticas no es verdadera democracia. Los derechos humanos que dependen de intereses estratégicos dejan de ser derechos universales. Y la soberanía que solo protege a los poderosos no es soberanía, sino privilegio.
Cuando lo imprescindible acompaña la persistencia
“Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero los hay que luchan toda la vida: esos son los imprescindibles”. La sentencia de Bertolt Brecht no es una consigna retórica, es una definición moral. Y cuando se piensa en una vida que encarna esa persistencia histórica, ese compromiso sin pausa y sin claudicaciones, surge con fuerza el nombre de Rafael Chaljub Mejía. Celebrar sus 84 años no es simplemente contar el tiempo transcurrido, es recorrer una biografía de combate, coherencia y entrega. Es honrar a un hombre que no ha vivido para sí, sino para una causa: la construcción de un país más justo, más humano y más consciente de su historia. Rafael pertenece a esa generación que no teorizó la lucha desde la comodidad, sino que la asumió en carne propia. Fue sobreviviente de la guerrilla de Manolo, aquella expresión heroica de resistencia que desafió el orden establecido con la convicción de que es “justo y decoroso morir por la Patria”, en momento en que la nación no podía seguir sometida a la injusticia y la opresión. No fue un observador distante: fue parte activa de esa epopeya. Y en los años oscuros de la dictadura de los doce años de Joaquín Balaguer, marcados por la persecución, la desaparición forzada y la represión sistemática, Rafael fue incluso declarado muerto en combate por las fuerzas represivas. La maquinaria del poder intentó borrarlo de la historia, pero sobrevivió. Y sobrevivir, en aquel contexto, fue también un acto político, una reafirmación de que la dignidad no se fusila. Ese episodio no es un detalle anecdótico, es una marca indeleble en su trayectoria. Significa que su compromiso no fue discursivo ni ornamental. Significa que arriesgó su vida por sus convicciones. Que enfrentó la violencia del Estado sin renunciar a sus principios. Que conoció la clandestinidad, el peligro y el estigma, y aun así decidió seguir persistiendo en sus ideales y luchar consecuentemente por alcanzar el poder. Pero la lucha de Rafael Chaljub no se limitó al terreno militar o a la resistencia directa. Comprendió, con lucidez estratégica, que la transformación social exige también batalla cultural e ideológica. En tiempos donde la política se banaliza y se mercantiliza, él defendió la ética como fundamento de la acción pública. Sostuvo que un proyecto emancipador no puede sostenerse sin formación, sin estudio, sin disciplina intelectual. Ha sido un adecentador de la política. Un hombre que ha insistido en que la militancia no es sinónimo de fanatismo, sino de conciencia crítica. Que el liderazgo no es un privilegio, sino responsabilidad. Que el poder solo tiene legitimidad cuando sirve al pueblo. En el terreno cultural, su aporte es igualmente trascendente. Defendió la identidad dominicana desde sus raíces más auténticas. Rescató y promovió el merengue típico, el perico ripiao, no como simple entretenimiento, sino como expresión viva de nuestra historia popular. Entendió que la cultura es territorio de disputa, que en la música, en la palabra y en la memoria también se libra la batalla contra la colonización ideológica. Rafael Chaljub Mejía ha sido maestro de generaciones. Ha orientado debates, formado cuadros y militantes, estimulado el pensamiento crítico. Su palabra es serena pero firme; su análisis es profundo pero accesible. No ha necesitado estridencias para sostener posiciones claras. Ha preferido la argumentación sólida al aplauso fácil. Ochenta y cuatro años después de su nacimiento, su figura no representa nostalgia, representa continuidad. Es puente entre la generación que enfrentó dictaduras y la juventud que hoy enfrenta nuevas formas de dominación: económicas, culturales, tecnológicas. Su vida demuestra que la lucha adopta distintas formas según el momento histórico, pero la coherencia es innegociable. En una época cuando muchos cambian de bandera según la conveniencia, Rafael Chaljub ha mantenido la suya en alto con la hoz y el martillo. En un tiempo de oportunismos, ha optado por la fidelidad a sus principios. Esa constancia es lo que lo convierte en imprescindible. Hoy no celebramos solo un cumpleaños, celebramos una historia de resistencia. Celebramos a un hombre que fue dado por muerto por la represión y regresó para seguir luchando. Celebramos a quien sobrevivió a la violencia política y decidió convertir esa experiencia en conciencia y organización. Que su ejemplo inspire a las nuevas generaciones. Que su coherencia sea faro en tiempos de confusión. Que su vida recuerde que la lucha no es un episodio, sino una vocación permanente. Porque, como escribió Brecht, los imprescindibles son los que luchan toda la vida. Y Rafael Chaljub Mejía ha hecho de esa lucha una forma de dignidad, de persistencia, de memoria y de esperanza para el pueblo dominicano.
El poder amenaza al periodismo: la tentación autoritaria de Donald Trump
En la madrugada —esa hora en la que el poder cree que nadie mira— estalló un episodio que retrata con crudeza una pulsión vieja y peligrosa: el intento sistemático de amordazar a la prensa. El rostro visible de esta denuncia fue David Muir, pero el problema desborda un nombre propio. El poder señalado vuelve a ser el mismo: Donald Trump. Cuando un funcionario de la categoría del presidente estadounidense intenta frenar una investigación con amenazas directas, no discute ideas: impone miedo. No ejerce liderazgo democrático: ensaya control. Y cuando el blanco es un periodista, el objetivo real no es una persona, sino el derecho colectivo de la sociedad al acceso a la información. No se trata de un exabrupto aislado, sino de un patrón de conducta que busca disciplinar, intimidar y domesticar al periodismo. Ese patrón se ha vuelto aún más explícito con el arresto de periodistas en ejercicio de su labor profesional, un hecho que encendió la alarmas incluso dentro del propio establishment político estadounidense. Tras el apresamiento de Don Lemon y Georgia Fort, detenidos mientras cubrían una manifestación en una iglesia cuyo pastor mantiene presuntos vínculos con el ICE, la exvicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris emitió una declaración pública de extraordinaria gravedad institucional. “La Primera Enmienda es una garantía esencial para todos los estadounidenses: nos protege el derecho a expresarnos, a informar y a exigir cuentas a quienes ejercen el poder sin miedo a represalias.” Harris no se limitó a una defensa abstracta de la libertad de expresión. Señaló directamente al poder político responsable: “Hoy, Donald Trump y su administración vuelven a atropellar nuestras libertades y derechos fundamentales. Los periodistas Don Lemon y Georgia Fort estaban cumpliendo con su deber de informar al pueblo estadounidense y, aun así, fueron arrestados por hacerlo.” Y fue más allá, al advertir sobre la deriva autoritaria que se consolida: “Donald Trump sigue acumulando poder y demostrando un desprecio alarmante por el estado de derecho. Este arresto representa otro golpe contra nuestras libertades, y debería provocarnos alarma e indignación a todos.” Estas palabras no provienen de la periferia del sistema, sino del corazón mismo del poder institucional estadounidense, lo que vuelve aún más inquietante el escenario. Cuando una exvicepresidenta invoca la Primera Enmienda para denunciar la persecución a periodistas, no estamos ante una polémica mediática, sino frente a una crisis democrática. El guion es conocido en América Latina y en cualquier sociedad que haya rozado el autoritarismo: primero llegan los “consejos” en voz baja; luego las llamadas que no se devuelven; después las advertencias explícitas; finalmente, las detenciones ejemplificadoras. El mensaje es simple y brutal: investigar tiene costo. Así se mutila la democracia desde adentro, sin tanques, pero con miedo. Quienes relativizan estos hechos alegando que “es parte del juego político” blanquean la intimidación. La prensa no presiona: interroga. No conspira: documenta. No gobierna: controla al que gobierna. Criminalizar esa función es criminalizar la democracia misma. La intimidación al periodismo no nace del enojo por preguntas incómodas; nace del temor a respuestas que se aproximan. Donde hay documentos ocultos, flujos financieros opacos y llamadas fuera de registro, la tentación autoritaria se acelera. El poder que se cree impune odia la libertad de expresión. Defender al periodismo hoy no es defender una corporación mediática: es defender el derecho del pueblo a la verdad. Callar frente a estas prácticas es normalizar el autoritarismo. Y aceptar el miedo como regla es renunciar a la democracia. Laprensa no responde al poder. Lo cuestiona. Y cuando el poder intenta someterla, es el deber ciudadano levantarse en defensa de quienes informan. Porque sin periodismo libre y veraz no hay democracia, y sin democracia no hay futuro.
“En el imperialismo no se puede confiar ni un tantico”
Advirtió Ernesto Che Guevara—. No es una consigna congelada en el pasado; es una brújula política que conserva plena vigencia frente al ejercicio del poder estadounidense en nuestra región. Hoy, esa advertencia se vuelve especialmente pertinente cuando se evalúa la conducta y el discurso del presidente Donald Trump hacia América Latina e Irán. La experiencia histórica latinoamericana confirma que el imperialismo no actúa por error ni por improvisación moral, sino por cálculo. Intervenciones militares, golpes “blandos”, bloqueos económicos, sanciones selectivas y chantajes diplomáticos han sido instrumentos recurrentes para disciplinar gobiernos, condicionar economías y domesticar soberanías. La retórica puede variar —democracia, seguridad, lucha contra el narcotráfico—, pero el objetivo permanece: garantizar ventajas estratégicas y beneficios para las élites del Norte. Trump llevó esa lógica a su forma más descarnada. Sin el barniz diplomático tradicional, convirtió la amenaza en método y la humillación en lenguaje. Para América Latina, eso significó una política de presión abierta: sanciones que constriñen a pueblos, reconocimientos selectivos de autoridades “convenientes”, uso instrumental de organismos multilaterales y una constante disposición a la coerción. No hay allí “excesos” personales: hay coherencia imperial. El problema no es el estilo; es el proyecto. Confiar en Trump —o en cualquier administrador del mismo engranaje del imperialismo— implica olvidar una verdad elemental: el imperialismo no concede; exige. No acompaña procesos emancipadores; los combate. No respeta autodeterminaciones; las condiciona. Cuando promete cooperación, impone subordinación; cuando invoca seguridad, instala control; cuando habla de libertad, defiende privilegios. La frase del Che no llama al fatalismo, sino a la lucidez. Advierte contra la ingenuidad política que confunde gestos con garantías y palabras con compromisos. América Latina no puede construir su futuro sobre la expectativa de buena voluntad imperial, porque esa voluntad nunca ha sido neutral ni altruista. La historia demuestra que cada confianza depositada se paga con dependencia; cada concesión, con pérdida de soberanía. De ahí la tarea urgente: fortalecer la unidad regional, diversificar alianzas, afirmar proyectos propios y sostener una memoria activa que impida repetir errores. No se trata de un rechazo abstracto a una figura presidencial, sino de una crítica estructural a una forma de poder que, bajo Trump o bajo otros nombres, persiste en su afán de dominación. “Ni un tantito”, dijo el Che. No por odio, sino por conciencia histórica. En esa advertencia reside una ética política: la de no entregar el destino de los pueblos a quienes han demostrado, una y otra vez, que su interés no es nuestra dignidad, sino nuestros recursos naturales.
La historia no se escribe con miedo ni con profecía
En los últimos tiempos se ha insistido, desde determinados espacios de opinión, en una tesis tan alarmista como carente de rigor: que, si la Expedición de Constanza, Maimón y Estero Hondo hubiese triunfado, la República Dominicana habría quedado inexorablemente atrapada en un modelo político, económico y social idéntico —o peor— al de Cuba. Esta hipótesis, defendida por Víctor Grimaldi en su artículo de Acento del 8 de diciembre 2025 no solo incurre en una lectura simplista del pasado, sino que revela una comprensión profundamente anticientífica del proceso histórico. La historia no es una bola de cristal ni un ejercicio de adivinación retrospectiva. No se construye a partir de miedos proyectados hacia atrás ni de determinismos ideológicos disfrazados de análisis. Sostener que el eventual triunfo de la expedición de junio de 1959 habría conducido de manera automática a la “cubanización” de la República Dominicana es desconocer los principios elementales de la historiografía moderna y, peor aún, negar la complejidad real de la sociedad dominicana. El determinismo como trampa ideológica El principal problema de esta hipótesis es su determinismo mecánico. Parte de la premisa de que los pueblos no deciden, no disputan y no corrigen sus propios procesos, sino que quedan arrastrados por una sola fuerza externa. Según esa lógica, los actores dominicanos de 1959 carecían de autonomía política y estaban condenados a obedecer, sin mediaciones, los designios de La Habana. Esa visión no es histórica: es ideológica. Reduce la historia a una cadena de causas únicas y efectos inevitables, algo que las ciencias sociales llevan décadas desmontando. Ningún proceso revolucionario —ni siquiera el cubano— fue lineal, homogéneo o predeterminado desde su inicio. La República Dominicana no era Cuba Comparar mecánicamente la República Dominicana de 1959 con Cuba es un error de base. La sociedad dominicana estaba en una dictadura personalista extrema, encabezada por Rafael Leónidas Trujillo, pero al mismo tiempo estaba atravesada por una pluralidad ideológica real: liberales, socialdemócratas, nacionalistas, cristianos progresistas y diversas corrientes de izquierda no alineadas con el marxismo-leninismo. Incluso dentro del campo antitrujillista coexistían proyectos incompatibles entre sí. Pretender que todos ellos hubiesen sido absorbidos sin resistencia por un supuesto modelo cubano es una caricatura política, no un análisis serio. Juan Bosch no era una nota al pie Otro elemento revelador del sesgo de esta tesis es la forma en que minimiza —o directamente anula— el peso histórico de Juan Bosch. Se afirma que Bosch habría sido inevitablemente marginado o expulsado. Pero esa afirmación ignora que Bosch era, ya en ese momento, uno de los principales referentes morales e intelectuales del antitrujillismo, con reconocimiento continental y con una concepción democrática profundamente arraigada. Bosch no fue un accidente de 1962. Fue una construcción política de décadas. Su rechazo a la vía armada y a todo totalitarismo no lo convertía en un actor prescindible, sino en un factor decisivo de disputa política en cualquier escenario postdictatorial. La historia demuestra que los liderazgos democráticos no desaparecen por decreto revolucionario; muchas veces resurgen como alternativa frente a los excesos del poder armado. La falacia del “destino cubano” El argumento más endeble —y más repetido— es que Cuba representaba un destino inevitable. Sin embargo, incluso la radicalización del proceso cubano no fue automática ni previsible en enero de 1959. Fue el resultado de conflictos internos, presiones externas, errores estratégicos de Estados Unidos y decisiones políticas concretas del liderazgo encabezado por Fidel Castro. Reescribir esa historia como si hubiese sido una secuencia cerrada desde el primer día es una falsificación retrospectiva. Trasladar ese desenlace, además, a la República Dominicana —con una estructura social, económica y cultural distinta— es un ejercicio de especulación ideológica, no de historia comparada. Historia no es miedo El afirmar que la República Dominicana habría terminado, de manera inevitable, en seis décadas de miseria, represión y aislamiento es una forma de historia del miedo. No explica el pasado; busca disciplinar el presente. Es una narrativa que intenta legitimar el orden actual presentándolo como el único camino posible, borrando de un plumazo las luchas, contradicciones y alternativas que han definido la experiencia dominicana. La historia no funciona así. Los pueblos no avanzan por rieles predeterminados. La historia es conflicto, disputa, retroceso, avance y corrección. Conclusión: Las hipótesis contrafactuales defendidas por Víctor Grimaldi sobre 1959 carecen de sustento científico y empobrecen el debate histórico dominicano. No se trata de defender la vía armada ni de idealizar procesos insurreccionales, sino de rechazar el uso del pasado como herramienta de chantaje ideológico. La historia no se escribe con profecías ni con temores retrospectivos. Se escribe con análisis, con contexto y con respeto a la complejidad real de los procesos sociales. Todo lo demás es propaganda con pretensiones de historia.
El doble Refajo de Donald Trump en el caso hondureño
La reciente injerencia del presidente Donald Trump en el proceso electoral hondureño ha reabierto el debate sobre el uso político del narcotráfico en la agenda exterior de Estados Unidos. El mandatario no solo pidió públicamente el voto para el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, sino que además anunció su disposición a considerar un indulto para el expresidente Juan Orlando Hernández (JOH), condenado en tribunales estadounidenses a 45 años de prisión por delitos de narcotráfico. El gesto no pasó desapercibido. Según denunció la candidata Rixi Moncada, el indulto fue promovido por sectores poderosos del país: el bipartidismo tradicional y las “10 familias y 25 grupos económicos” que concentran cerca del 80 % del Producto Interno Bruto de Honduras. La solicitud, según Moncada, surge ante el deterioro electoral de sus dos figuras más visibles: Asfura y Salvador Nasralla. El eventual perdón a Hernández contrasta con la retórica habitual de Trump en materia de seguridad hemisférica. Mientras ha insistido en acusar a Venezuela de ser un “narcoterrorismo” y ha llegado a plantear acciones militares bajo ese argumento, ahora se muestra dispuesto a suavizar la situación judicial de un exmandatario hondureño sentenciado por su responsabilidad directa en el tráfico de cocaína hacia territorio estadounidense. La contradicción pone de relieve un patrón histórico: Washington utiliza el narcotráfico como herramienta política, ajustando su discurso según la conveniencia estratégica del momento. Cuando se trata de gobiernos que desafían su influencia, el señalamiento es inmediato y acompañado de sanciones. Cuando se trata de aliados, incluso aquellos involucrados en redes criminales, la respuesta puede ser indulgente. El caso JOH no es un episodio aislado, sino una señal de cómo se gestionan las alianzas políticas en Centroamérica. Mientras la justicia de Estados Unidos lo define como un actor clave en el tráfico de drogas, una parte de la élite hondureña apuesta por su rehabilitación con apoyo de la Casa Blanca. La contradicción resulta evidente: se condena el narcotráfico cuando sirve para presionar a un adversario, pero se relativiza cuando afecta a un aliado político. Este doble estándar erosiona la credibilidad de la política antidrogas estadounidense y deja al descubierto que, más que un compromiso contra el crimen organizado existe un uso selectivo y geopolítico de la lucha contra las drogas. El indulto solicitado para Hernández —y considerado por Trump— es una muestra de esa lógica. En momentos en que Honduras busca recuperar su institucionalidad y su democracia, la interferencia externa y las señales contradictorias desde Washington solo añaden tensión a un escenario ya marcado por la polarización y la desconfianza ciudadana. Un manejo coherente del tema del narcotráfico, basado en principios y no en conveniencias, es indispensable para cualquier intento serio de estabilidad en la región.
El Gobierno Dominicano Abre las Puertas a la Guerra: Entrega el País y Viola la Soberanía Nacional
El Gobierno dominicano, encabezado por el presidente Luis Abinader, acaba de cruzar una línea roja que ningún gobernante con sentido de soberanía se atrevería a cruzar: autorizar el uso de territorio dominicano —incluyendo infraestructuras militares y aeroportuarias estratégicas como la Base Aérea de San Isidro y el Aeropuerto Internacional de Las Américas— para operaciones militares de los Estados Unidos dirigidas contra la República Bolivariana de Venezuela. No nos vengan con el cuentecito de que “es para combatir el narcotráfico”. No estamos en los tiempos de los aborígenes. No somos tarados. El pueblo no es idiota. Y no se juega con la inteligencia de la nación. La historia de América Latina demuestra que cada intervención militar estadounidense disfrazada de “lucha antidrogas” termina siendo una operación de desestabilización política, un dispositivo de presión geoestratégica o una antesala a ataques contra países soberanos. Ya lo vivimos en Panamá, en Colombia, en Centroamérica… y ahora pretenden convertir a la República Dominicana en punta de lanza contra un país hermano del Caribe. Violación flagrante de la Constitución Dominicana La decisión de Abinader no solo es irresponsable: es inconstitucional. El artículo 55 de la Constitución establece claramente que el uso del territorio nacional para fines militares extranjeros requiere obligatoriamente la autorización del Congreso Nacional, porque constituye una cuestión de soberanía nacional y de política exterior de alto nivel. El presidente no tiene facultad unilateral para permitir que fuerzas armadas extranjeras —y menos las más agresivas del planeta— instalen, operen o utilicen áreas restringidas de nuestras bases militares. Lo que ha hecho Abinader es entregar el país sin consultar al pueblo, sin consultar al Congreso y sin respetar la Constitución. Eso, en cualquier país serio, se llama: traición a la patria. Convertir a la República Dominicana en plataforma de agresión El pretexto es narcotráfico. Pero el objetivo real es geopolítico: presionar, vigilar, hostigar y eventualmente atacar a Venezuela, en un momento en que Washington ha intensificado la retórica de guerra, el cerco diplomático y el despliegue militar en el Caribe. Autorizar ese acceso no es un acto administrativo. Es un acto de guerra. Es convertir a nuestra isla en base avanzada de operaciones agresivas. Es colocar al pueblo dominicano como carne de cañón en un conflicto que no es nuestro. El Gobierno dominicano no puede —ni debe— permitir que el país se utilice como pista de lanzamiento para drones, vigilancia electrónica, vuelos militares o despliegues que podrían escalar una confrontación con consecuencias catastróficas para el Caribe entero. ¿A quién sirve Abinader? ¿A la Constitución o al Pentágono? Una nación se define por su capacidad de decidir su propio destino. Hoy Abinader ha cedido esa facultad. Mientras el pueblo enfrenta crisis de inflación, inseguridad, desempleo y desigualdad, el Gobierno abre las puertas a la maquinaria militar norteamericana. Mientras Venezuela defiende su soberanía ante amenazas abiertas, República Dominicana se presta como aliado cómplice de la agresión imperial. ¿Es este el rol que le corresponde a un país caribeño históricamente víctima de injerencias? ¿Es este el legado que dejará Abinader? Porque cuando un presidente viola la Constitución para complacer a un poder extranjero, cuando entrega instalaciones militares sin autorización del Congreso, cuando coloca al país como plataforma de guerra, lo que se configura no es cooperación: es subordinación colonial. El pueblo no debe permitirlo Es momento de que las fuerzas sociales, progresistas, patrióticas y democráticas del país alcen la voz: • El Congreso debe exigir cuentas. • Los movimientos sociales deben iniciar acciones de denuncia. • Los sectores académicos y jurídicos deben desmontar esta violación constitucional. • El pueblo debe movilizarse para impedir que el país sea arrastrado a un conflicto ajeno. La soberanía no se mendiga: se defiende. Y hoy la República Dominicana necesita defenderse no de Venezuela, no del Caribe, sino de la irresponsabilidad del propio Gobierno que, con su firma, abre las puertas a la guerra. La autorización concedida al ejército de Estados Unidos debe ser revocada inmediatamente. Por dignidad nacional, por paz regional y por respeto a la Constitución. Porque las naciones que entregan su soberanía terminan perdiéndolo todo: primero la dignidad, luego la libertad, y al final, la propia existencia.