Diez normas en contra de los pacientes
SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS Durante 7 décadas, el sistema público de salud ha operado en contra de las necesidades de la población más pobre promoviendo la privatización: salarios médicos sin resultados, horarios limitados, huelgas, clientelismo, corrupción y desabastecimiento, con bajos indicadores y un elevado gasto familiar de bolsillo. Contratación sin garantías de resultados. A pesar del eslogan “en salud, primero la gente”, los médicos son contratados sin garantía de dedicación ni rendición de cuentas. Para muchos, una premiación al ausentismo y a la falta de ética. Horarios doblemente limitados. La jornada médica se limita a 4 horas de lunes a viernes, quedando reducida a unas dos horas dos días a la semana, a pesar de que los problemas de salud se presentan a cualquier hora. Los médicos pasantes y ayudantes tratan de dar lo mejor de sí por los pacientes, sin poder reducir la mortalidad maternoinfantil y general. Amplios incentivos improductivos. Los médicos reciben pagos extras de hasta un 20% por antigüedad, localización y riesgos, sin ningún incentivo por la dedicación, el desempeño y la satisfacción de los pacientes. En cambio, en el sector privado, esos médicos ganan de acuerdo a la cantidad y satisfacción de los afiliados. La mayoría cumple y trabaja duro, pero recibe lo mismo que los demás. Ahí está la gran diferencia. Asimetría en la relación médico-paciente. El afiliado contributivo recibe una atención a tiempo y más personalizada porque su elección del médico determina sus honorarios y copagos. En cambio, la atención en el hospital suele ser muy diferente, dado que su salario es fijo y no depende del paciente. La mayoría de los médicos determina libremente cuándo acudir al hospital, durante cuánto tiempo y a cuántos pacientes atender. En cambio, la situación cambia notablemente cuando los recibe en su consultorio privado. Discontinuidad de los servicios. Las frecuentes huelgas médicas violentan el derecho constitucional al cuidado de la salud, fomentando la afluencia a las clínicas privadas de los propios médicos huelguistas. La seguridad de un salario fijo y sin rendición de cuentas fomenta las huelgas, la privatización y el gasto familiar de bolsillo. Graves conflictos de intereses. Según una encuesta de ADESA, el 62% de los directores de hospitales es director o dueño de una clínica privada. A mayores carencias, deficiencias, discontinuidad y baja calidad, mayor afluencia a sus clínicas privadas y mayores ingresos, en un claro conflicto de intereses. La iglesia en manos de Lutero. Es un secreto a voces la “pérdida” de equipos y los daños provocados, para obligar a los pacientes públicos a acudir a las clínicas privadas. Impotencia gerencial. Los directores de hospitales no influyen en la selección de los médicos ni de los directores de departamentos. Carecen de autoridad real para premiarlos o sancionarlos. Las pocas veces en que un Ministro de Salud ha cancelado a médicos incumplidores, ha sido desautorizado, minando su autoridad, obligándolo a reponerlos. ¿Qué director se atreve a hacerlo? Un general impotente, sin ninguna autoridad ni control sobre sus tropas. Designación politizada. Los directores de hospitales son designados más por sus méritos políticos que por su capacidad y experiencia gerencial. Salvo honrosas excepciones, estos directores son controlados a control remoto desde la cúspide. Y suelen ser despedidos arbitrariamente aunque hayan realizado una labor eficiente y a favor de los afiliados. Concentración de las decisiones. Mientras la gerencia de la clínica privada tiene el control del mantenimiento, las compras y los suministros, en el sector público estas funciones están concentradas en la sede central, en manos de burócratas que desconocen los problemas de los hospitales y las necesidades de los pacientes. Ausencia de auditorías externas independientes. No se conocen auditorías externas independientes que evalúen la eficiencia y transparencia en la asignación de los recursos, los resultados obtenidos y la relación costo/beneficio. Los controles existentes están a cargo de los propios médicos con roles de jueces y partes, bajo la amenaza de un Comité disciplinario del CMD. Estas 10 normas improductivas perpetúan un sistema de salud contrario a las demandas de la gente común, relegando a los pacientes a un rol pasivo y secundario. Como la Ley 42-01, General de Salud, no introdujo cambios estructurales, la Ley 87-01 de Seguridad Social sí lo hizo, otorgándole a los afiliados capacidad para asignar los recursos según su nivel de satisfacción. Por eso la primera es bendecida, mientras la segunda es permanentemente cuestionada y satanizada.
César Pérez denuncia “grosera violación a la dignidad humana” en detención de mujer haitiana embarazada
Para César Pérez, este acto trasciende la violación de la ley migratoria y los derechos humanos universales para convertirse en “uno de los actos más infames que como sociedad o nación se pueda cometer”. Por Ángel F. Guzmán El reconocido sociólogo y académico César Pérez calificó como una “grosera violación a la dignidad humana y al derecho a la vida” la detención de una mujer haitiana embarazada, con síntomas de parto inminente, que fue impedida de ingresar a un hospital en la República Dominicana. Pérez consideró este hecho como “una de las páginas más infames y ominosas en la historia de las infamias cometidas en nombre de la ley o la defensa de un país”. El caso, que ha generado indignación nacional e internacional, ocurrió en el contexto de la implementación de la medida número 11 de las 15 anunciadas por el presidente dominicano para “frenar la inmigración irregular”. Dicha medida establece un protocolo para la atención médica a extranjeros en el Servicio Nacional de Salud (SNS), pero en la práctica ha afectado principalmente a mujeres haitianas embarazadas, como la mujer que fue detenida y conducida a un autobús para su deportación a pesar de presentar signos evidentes de parto inminente, como líquido amniótico y sangrado, según relató su hermana. Para Pérez, este acto trasciende la violación de la ley migratoria y los derechos humanos universales para convertirse en “uno de los actos más infames que como sociedad o nación se pueda cometer”. El sociólogo cuestionó si se evaluó adecuadamente la inminencia del parto y el riesgo para la madre y el bebé, y si se consideró el sufrimiento que implica exponer a una mujer en trabajo de parto a un viaje incierto en autobús bajo custodia. Asimismo, Pérez planteó interrogantes sobre la aplicación de la ley migratoria, especialmente en relación con los indocumentados nacidos en el país antes de 2010, cuyo estatus fue desconocido por la actual comisión reguladora, declarándolos apátridas de un plumazo. La denuncia de Pérez ha generado llamados a la reflexión por parte de diversos sectores: el Colegio Médico Dominicano, las facultades de medicina, el Colegio de Abogados, el Defensor del Pueblo, partidos políticos, líderes de opinión, iglesias y organizaciones pro vida, todos convocados a pronunciarse sobre si se puede considerar vida el ser que lleva una mujer embarazada y si un acto como este no representa una grave regresión ética y humana para el país. Este episodio expone la inviabilidad de ciertas medidas migratorias aplicadas en un clima de histeria y odio, advirtió Pérez, y subrayó la necesidad urgente de rectificar el rumbo para abordar el problema migratorio mediante el diálogo y el respeto estricto a los derechos humanos, evitando así que se repitan actos que mancillan la dignidad y la vida de los más vulnerables.