Abinader reedita patrón histórico antihaitiano que encubre ultranacionalismo antinmigrante de derecha mundial
Las políticas de deportaciones masivas de haitianos, presentadas como necesarias para controlar la inmigración, han sido una respuesta populista que, lejos de ofrecer soluciones efectivas, profundizan el conflicto migratorio y aumentan las tensiones entre dominicanos y haitianos. Rafael Méndez Es fundamental que los sectores progresistas y de izquierda de la República Dominicana no se dejen arrastrar por estas corrientes de exclusión y rechazo. Deben alzar la voz en defensa de los derechos humanos, la justicia social y la convivencia pacífica entre los pueblos. El discurso anti-haitiano en República Dominicana ha sido una herramienta política recurrente utilizada por diversos líderes para generar apoyo popular, y en ese contexto, hay que reconocer que el presidente Luis Abinader ha sabido capitalizar esa narrativa, alineándose con sectores ultraconservadores y nacionalistas que priorizan la soberanía, ya que ha usado esta estrategia no solo para fortalecer su base política, sino también para desviar la atención de los problemas estructurales del país. Sin embargo, hay que reconocer que el presidente Abinader ha sido reiterativo en su llamado a la comunidad internacional para que intervenga en la crisis haitiana, su discurso encubre una agenda política que busca mantener su popularidad, en tanto que no ofrece una verdadera solución al conflicto migratorio, mientras se alinea con una estrategia global de la derecha ultranacionalista y antiinmigrante que, en muchas partes del mundo, está ganando terreno. La política migratoria de Abinader ha sido un fracaso evidente, en el que las deportaciones masivas no han resuelto el flujo migratorio, ni han mejorado la convivencia entre haitianos y dominicanos, más bien han contribuido a aumentar la tensión social, y a proyectar una imagen de represión en lugar de gobernanza efectiva, acciones estas que han atraído la atención de organizaciones de derechos humanos que han denunciado la violación sistemática de los derechos de los migrantes, generando críticas internacionales que afectan la imagen de la República Dominicana. Un patrón histórico en la República Dominicana Desde tiempos de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, el discurso anti haitiano ha sido una herramienta útil para definir la identidad nacional en contraposición a la haitiana. A lo largo de la historia, diversos líderes dominicanos han utilizado este enfoque para unificar a la población en torno a un enemigo externo, desviando la atención de los problemas internos. Las políticas de deportaciones masivas de haitianos, presentadas como necesarias para controlar la inmigración, han sido una respuesta populista, muy lejos de ser una solución efectiva, debido que estas deportaciones han demostrado que no resuelven los problemas estructurales ni mejoran la convivencia entre haitianos y dominicanos, más aún, exacerban las tensiones sociales y contribuyen a una mayor polarización. Una estrategia global de la derecha ultranacionalista Las políticas antiinmigrantes de Abinader no son aisladas, sino que forman parte de un fenómeno global de resurgimiento del ultranacionalismo, que se alimenta del miedo al \\\»otro\\\» y la supuesta amenaza que representa la inmigración. Desde Europa hasta América del Norte, hemos visto cómo movimientos de derecha utilizan este tipo de discurso para movilizar apoyo, apelando a sectores que sienten que su identidad nacional está bajo ataque. En Estados Unidos, el expresidente Donald Trump utilizó la inmigración como uno de los ejes principales de su plataforma, mientras que, en Europa, partidos de extrema derecha han crecido en popularidad al capitalizar la inseguridad social y económica, exacerbada por las crisis migratorias. El gobierno de Abinader se alinea con estas corrientes globales, insertándose en una tendencia donde el ultranacionalismo y la xenofobia se presentan como soluciones políticas. Consecuencias y el peligro del precedente Las políticas de Abinader no solo han fracasado en controlar la inmigración haitiana, sino que han afectado gravemente la imagen de la República Dominicana en el ámbito internacional. Organizaciones de derechos humanos han denunciado las condiciones en que se llevan a cabo las deportaciones, y han criticado el impacto negativo sobre la comunidad haitiana, que incluye la separación de familias y la deportación de personas nacidas en territorio dominicano. Este enfoque, además, establece un peligroso precedente para futuras administraciones. Al normalizar el uso de la represión y la exclusión como respuestas válidas a los desafíos migratorios, se abre la puerta a políticas aún más draconianas y a un incremento de la violencia institucional. Las deportaciones masivas no solo no han resuelto los problemas estructurales, sino que han incrementado la percepción de inseguridad y la división social. Llamado a los sectores progresistas Es fundamental que los sectores progresistas de la República Dominicana no se dejen arrastrar por estas corrientes de exclusión y rechazo. La historia ha demostrado que las políticas basadas en el miedo y la represión no solo fracasan en resolver los problemas sociales, sino que también generan mayores conflictos y polarización. Los movimientos progresistas deben alzar la voz en defensa de los derechos humanos, la justicia social y la convivencia pacífica entre los pueblos. En un momento en que el ultranacionalismo y el fascismo resurgen en muchas partes del mundo, es vital que los sectores democráticos y progresistas de la República Dominicana mantengan una postura firme contra la xenofobia y el racismo, ya que no podemos permitir que el país se arrastre hacia la agenda de la derecha mundial, que promueve la exclusión y el odio como herramientas políticas. Asimismo, es esencial que los sectores progresistas y de izquierda en República Dominicana no solo denuncien estas políticas, sino que también propongan alternativas que aborden las causas estructurales del fenómeno migratorio. Esto incluye una visión de cooperación regional con Haití, centrada en el desarrollo, el respeto a la soberanía y los derechos humanos. Solo a través de una visión inclusiva y de justicia social, los progresistas pueden ofrecer una verdadera solución a los problemas que enfrenta la isla, promoviendo la paz y la estabilidad tanto para dominicanos como para haitianos.
La tragedia del patriotismo malentendido en la migración haitiana en la República Dominicana
Julio Guzmán Acosta La actual situación migratoria entre Haití y la República Dominicana pone al descubierto no solo la complejidad de nuestras relaciones bilaterales, sino también el peligro latente de un nacionalismo mal entendido. La reciente estrategia del gobierno del presidente Luis Abinader, que apunta a deportar semanalmente a diez mil haitianos indocumentados, ha desatado una serie de reacciones adversas en la sociedad. El nacionalismo, invocado por algunos sectores bajo una fachada de patriotismo, se ha convertido en una herramienta para promover la intolerancia y la violencia en lugar de la unidad y el respeto. Según ha dicho el gobierno las deportaciones se realizarán respetando los derechos humanos y la dignidad de las personas; sin embargo, las denuncias sobre abusos y violaciones de derechos son alarmantes. En la primera semana de ejecución de estas medidas, más de 9,100 personas fueron deportadas, muchas de ellas con residencia regular en el país, lo que plantea serias dudas sobre la eficacia y humanidad de esa decisión. Cada deportación representa una vida, una historia, un ser humano que puede o no estar en condiciones de regresar a un país que enfrenta enormes dificultades. Al mismo tiempo, la cantidad de haitianos en República Dominicana se ha convertido en un tema de discusión polarizada, con estimaciones que oscilan entre los 500 mil y los dos o tres millones. Esta confusión no solo refleja una falta de rigor sobre eso datos, sino también un clima de miedo y desconfianza alimentado por discursos que pintan a los migrantes haitianos como amenazas en lugar de vecinos. Aquí es donde se hace evidente la necesidad de una discusión más informada y matizada sobre quiénes son realmente estos individuos que tanto tememos o despreciamos. En el contexto de estas tensiones, han surgido grupos de ultraderecha que han tomado la delantera en una especie de caza de brujas contra los ciudadanos haitianos. Estos promotores del odio, disfrazados de defensores de la patria, están propagando campañas de intolerancia que ni siquiera son sostenibles en un país que ha sido históricamente un crisol de culturas. Exigen, prácticamente, que los dominicanos rompan lazos con los haitianos, incitando al boicot de servicios y a la persecución directa. La reciente amenaza a las oficinas del Movimiento Sociocultural para los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA) es solo un ejemplo más de cómo aquellos que invocan un patriotismo tergiversado están dispuestos a traspasar los límites de la ley y de la moralidad. El papel del gobierno en esta situación es fundamental. La responsabilidad de garantizar el orden público y el respeto por la dignidad de todos los seres humanos en el territorio nacional recae en el estado. La violencia y el acoso, como si fueran una extensión de la política migratoria, no son aceptables. La falta de acción por parte del Ministerio de Interior y Policía podría interpretarse como un abandono de su deber, o un apoyo implícito y permitiendo así que grupos fascistas y racistas usurpen la autoridad del Estado. La respuesta debe ser firme y eficaz; no solo para proteger a aquellos que son objeto de odio, sino también para preservar la imagen y el carácter de una nación que se ha enorgullecido de su diversidad. Es imperativo que se combatan las inseguridades y el temor propagado por estos grupos extremistas. La historia nos ha enseñado que el nacionalismo extremista puede ser una trampa mortal. Las similitudes con los movimientos racistas y xenófobos que condujeron a atrocidades inimaginables en el pasado son innegables. Si no se manejan adecuadamente, estas provocaciones pueden desembocar en una tragedia que afecte no solo a los haitianos en nuestro territorio, sino a la República Dominicana en su conjunto. La solución a la migración haitiana no radica en políticas de deportación masiva, que sólo perpetúan el sufrimiento y la desconfianza. En lugar de eso, el gobierno y la sociedad deben trabajar en conjunto para establecer un marco regulador que considere la dignidad humana, la historia compartida y la necesidad de una convivencia armoniosa. La verdadera defensa de la patria debe ir de la mano con el respeto por los derechos humanos y la construcción de un país inclusivo, donde los valoremos por su humanidad en lugar de ser vistos como una amenaza. En conclusión, es esencial que repensemos lo que significa ser patriota en el contexto actual. El llamado a proteger nuestra nación no puede llevarse a cabo a expensas de la dignidad de otros. La historia del pueblo dominicano está intrínsecamente ligada a la de nuestros vecinos haitianos, y al final del día, todos compartimos este terreno. La política de la división, el odio y el temor solo nos aleja de la posibilidad de construir un futuro más justo y solidario, uno donde el verdadero patriotismo sea abrazar la diversidad y reconocer los derechos de todos, sin importar su origen.
Deportaciones masivas, debido proceso y contexto
Hay una exacerbación del antihaitianismo en los medios de comunicación que refuerza el racismo en la sociedad dominicana, acoso a directores y comunicadores de medios y de fabulación sobre la cantidad y consecuencias de la inmigración haitiana. César Pérez Se dice que los gobiernos dominicanos no han podido establecer una coherente y eficaz política migratoria frente a Haití. Los hechos confirman ese aserto y la reciente decisión de iniciar un proceso de deportaciones masivas de nacionales de ese país, real o supuestamente indocumentados, constituye un ejemplo. En una fatídica semana, marcada por escandalosas denuncias de corrupción que de alguna manera tocan organismos de seguridad nacional, del incremento de la campaña de odio y de amenazas a quienes se oponen a esa y otras expresiones del ultranacionalismo cerril que se expande en el país, el gobierno anuncia un incierto plan para efectuar 10000 deportaciones semanales, sin que se sepa por qué y de dónde se saca ese número. Esa operación se anuncia y se inicia sin que haya evidencia de cambios relativos al debido proceso en la práctica de las redadas y transportación de reales y supuestos indocumentados, en las que las extorsiones para dejarlos libres, el robo de sus dineros y bienes y sin que sea manifiesta sanción alguna a los agentes que participan de esos operativos por los abusos y robos cometidos en esa casa del terror que es la cárcel ambulante denominada Camiona. Tampoco se conoce el desmantelamiento de la estructura delictiva que operaba en las actividades de despojo y de extorsión a los apresados; ni por qué se militariza la dirección de migración cuyas consecuencias podrían ser de acentuación del irrespeto a los derechos humanos. Y, quizás lo más importante, se recurre a esa medida sin haber avanzado prácticamente nada en el proceso de regularización iniciado con la Ley 169/14, promulgada para tratar de paliar los daños causado por la inconstitucional Sentencia 168/13. Se mantienen las trabas y maltratos contra los que buscan sus documentaciones en el plan de regularización. A 8 mil que se acogieron al plan se les otorgó residencia permanente y a los mayores de edad sus respectivas cédulas. Sin embargo, a pesar de decir “permanente”, esos documentos tenían fecha de vencimiento: el 2020 y las oficinas creadas para hacer efectiva la Ley se mantienen cerradas desde la pandemia, por lo cual a muchos se les vencieron esos documentos sin hasta ahora posibilidad de renovarlos. Se estima en 200 mil los nacidos antes del 2010 que fueron desnacionalizados por la Sentencia 168/13, de carácter retroactivo, que por diversas razones no pudieron acogerse a la Ley 169/14 y por su condición de “indocumentados” no pueden inscribir sus hijos en los centros educativos y estarían entre las víctimas de las redadas. Son cuestiones para tomarse en cuenta antes de tomar la medida de las deportaciones masivas. A ese propósito, recordemos la experiencia del abrupto cierre de la frontera que el tiempo demostró que era insostenible por su impacto negativo sobre la economía local, regional y binacional. La fuerza de los hechos lo fue abriendo paulatinamente. La razón se impuso a la fuerza. En este caso, los costes económicos (ya a la vista), humanos y para la imagen/país serán mayores. Fatigosamente, en la primera semana podría llegarse a los 10 mil deportados, pero a qué precio en términos de injusticias, errores, de personas apresadas y expulsadas en proceso de regularización, generalmente nacidos y criados en el país antes del 2010, de madres, padres o tutores que son obligados a abandonar bienes e hijos por culpa de las trabas burocráticas, injusticias e ilegalidad del sistema para regular su estatus. Se creará un clima de terror en una comunidad, cercenando sus derechos a la libre circulación para ir a sus trabajos, llevar sus hijos a los centros educativos y obligados a vivir recluidos. Constituye una tragedia enviar a una o a un grupo de personas a un sitio totalmente desconocido cuyas condiciones de vida además de deplorables son en extremo peligrosas, algo contrario a principios universales de las deportaciones. Todo Estado es soberano en su política migratoria, no se discute. Pero, en este caso, resulta inconducente ejecutarla en un contexto de exacerbación del antihaitianismo en los medios de comunicación que refuerza el racismo en la sociedad dominicana, de acoso a directores y comunicadores de medios y de fabulación sobre la cantidad y consecuencias de la inmigración haitiana. Las persecuciones indiscriminadas provocan estrés a la sociedad, son inhumanas y económicamente insostenible, y provoca diversas formas de violación de derechos. El contexto internacional es de exacerbación del ultranacionalismo, mediante el cual se construye una identidad basada en el odio, en el odio como pasión colectiva contra el no idéntico, parafraseando a U. Eco Cualquier identidad nacional construida sobre esa base indefectiblemente descansará en pilares corroídos. Finalmente, necesitamos buenas relaciones con Haití porque constituye una imprescindible fuente de mano de obra, ¿que debe ser controlada? Sin dudas, pero la lógica de nuestra economía y de la economía mundial determina su carácter imprescindible. Para bien de esas relaciones, el Estado dominicano debe renfocar el tema migratorio y de las deportaciones, retomar el plan de regularización iniciado con la Ley 169/14, reabrir las oficinas del Ministerio de Interior y Policía creadas para tal fin y entender que la inexistencia de infraestructuras, recursos humanos, protocolos, con una frontera porosa, insegura y antro de corrupción, las deportaciones masivas son inviables.
Organizaciones sociales y políticas dominicanas repudian deportación masiva de haitianos
Santo Domingo. Varias organizaciones políticas y sociales dominicanas repudiaron hoy la deportación masiva de haitianos por decisión del Gobierno de Luis Abinader y solicitaron que se detengan los abusos y agresiones por parte de agentes de Migración. JULIO GUZMÁN ACOSTA En una declaracion hecha llegar a la redaccion de umbral.local/, los firmantes exigieron el cese de esa medida discriminatoria y pidieron que los procesos migratorios se realicen de conformidad con los estándares de derechos humanos y las leyes nacionales e internacionales. El documento fue firmado por Solidaridad Dominicana con Haití, Partido Patria para Todos y Todas y el Movimiento Caamañista-MC: Narciso Isa Conde, Acción Afro-Dominicana, Partido Comunista del Trabajo y Fuerza de la Revolución. Asimismo, reclamaron una investigación exhaustiva de los casos de violencia y abuso con el fin de sancionar a los responsables, así como la devolución inmediata de la documentación confiscada o destruida a migrantes y a ciudadanos dominicanos de ascendencia haitiana. Instaron a las autoridades nacionales, además, a respetar y garantizar los derechos y la protección de los niños afectados por estas acciones. «Desde comunidades negras nos llega la información de que Migración penetra en los hogares, incluso de madrugada. También nos informan del terror de familias completas, que han tenido que abandonar sus casas y dormir hasta en los montes», advirtieron. Las organizaciones manifestaron que el gobernante Abinader «no ha tomado en cuenta a los dignos trabajadores haitianos que tienen hasta cinco y seis décadas residiendo en este país, ni a sus desnacionalizados hijos, nietos y bisnietos que hoy andan con miedo». De acuerdo con esas agrupaciones «hay denuncias de que a los efectivos de la Dirección General de Migración (DGM) no les importa que los haitianos detenidos estén legales, ya que como quiera los apresan y expulsan, quitándoles sus documentos». Expresaron que la migración no es invasión, sino un fenómeno mundial creciente que amerita contrarrestar sus causas, controlar sus flujos y regular los procesos y sus impactos, apegados a derechos inalienables y pactos internacionales firmados por el Estado dominicano. Pidieron el apoyo de organismos internacionales, como las agencias especializadas de las Naciones Unidas, para que observen de cerca la situación, ofrezcan asistencia técnica y humanitaria, y aseguren que Santo Domingo cumpla con el respeto a los Derechos Humanos. La semana pasada el Gobierno inició un operativo para la deportación masiva de ciudadanos de la nación fronteriza, en momentos en que Puerto Príncipe vive una de las mayores crisis de su historia en lo político, económico y social. En las jornadas de detención, que iniciaron el jueves último, participan las Fuerzas Armadas, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea, la Policía y el Ministerio Público, entre otros organismos. Cerca de ocho mil ciudadanos han sido devueltos desde el comienzo del operativo, de acuerdo con cifras manejadas la víspera por la DGM.
La controversia de las visas a haitianos: Leonel Fernández expone la ambigüedad del gobierno en el manejo migratorio
“El gobierno del PRM lo ha negado, pero es una práctica que continúa hasta nuestros días”, afirmó el exmandatario, cuestionando la coherencia del gobierno en su manejo del tema migratorio. SERVICIOS umbral.local/ En medio de un tenso panorama político y social, el expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, ha desnudado una preocupación que resuena con fuerza en la opinión pública: el otorgamiento masivo de visas de turista a ciudadanos haitianos, en un contexto donde los consulados dominicanos en Haití están, supuestamente, cerrados. En sus declaraciones, Fernández destacó que durante el año 2024 se han concedido más de 400 mil visas, y solo en septiembre se emitieron más de 39 mil. Desde su perspectiva, el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) está actuando de manera contradictoria al criticar la crisis en Haití mientras permite una migración indiscriminada. Fernández cargó contra la postura del presidente Luis Abinader, a quien acusó de mantener una \\\»ambigüedad\\\» que fatalmente afecta la soberanía nacional. Según el líder opositor, mientras el mandatario enfatiza la violencia y los problemas en Haití en foros internacionales, a nivel local se está favoreciendo una entrada masiva de haitianos bajo la figura de turistas, lo que, en su opinión, pone en tela de juicio el compromiso genuino del gobierno con la protección del orden jurídico en el país. El expresidente no se limitó a la cuestión de las visas, sino que también aprovechó la ocasión para revisar el undécimo aniversario de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, que redefine las pautas para la adquisición de la nacionalidad dominicana. Fernández refutó las críticas que sugieren una política de segregación racial, argumentando que la sentencia se fundamenta en el principio del ius sanguinis, donde la nacionalidad se deriva de los padres dominicanos y no simplemente del lugar de nacimiento. Destacó la Ley 169-14, un marco legal que permitió regularizar a miles de personas de ascendencia haitiana, subrayando que la nacionalidad dominicana es resultado de un proceso legal y no un derecho automático. En sus reflexiones, recordó el caso emblemático de Juliana Deguis Pierre, que emergió de la negativa de la solicitud de cédula, un evento que desató la controversia sobre la nacionalidad en el país. Fernández expresó su inquietud ante una gestión migratoria que, a su parecer, refleja un descontrol que podría impactar de manera negativa en la seguridad y soberanía nacional. En un contexto donde la reforma constitucional del 2010, promulgada por él mismo, estableció con claridad quiénes son dominicanos, queda en el aire la pregunta sobre la dirección en que se encamina la política migratoria dominicana bajo el gobierno actual. A medida que el debate sobre la soberanía y las políticas de inmigración continúa, la voz de Fernández se erige como un recordatorio de las complejidades y contradicciones que marcan el manejo del fenómeno migratorio, un desafío que requiere no solo atención, sino también un enfoque claro y coherente que garantice los derechos y la seguridad de todos los involucrados.
ONU: Asamblea General cerrará debates ante desafíos sin precedentes
Naciones Unidas, 30 (Prensa Latina) El debate general del 79 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU cerrará hoy sus sesiones dedicadas a analizar los principales desafíos entre centenares de líderes mundiales, mientras el planeta enfrenta tensiones sin precedentes. PRENSA LATINA Representantes de Nicaragua, Ecuador, Argelia, Siria, Canadá, Emiratos Árabes Unidos y la República Popular Democrática de Corea hablarán al foro de 193 miembros que dedica sus sesiones a abordar cuestiones como la paz y la seguridad o el avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este año el debate tiene como tema No dejar a nadie atrás: Actuar juntos en pro de la paz, el desarrollo sostenible y la dignidad humana para las generaciones presentes y futuras. Pese a esos nobles propósitos, el encuentro coincide con un dramático incremento de las tensiones en Medio Oriente, a la par que se intensifican los conflictos en Ucrania, Sudán y Myanmar o la violencia en Haití. La semana de alto nivel comenzó el 22 de septiembre con la adopción del Pacto del Futuro, declaración que dio luz verde al ambicioso proyecto de la ONU para una reforma de la gobernanza global. Para el secretario general de la ONU, António Guterres, el documento traza el camino para una cooperación internacional que satisfaga las expectativas del planeta así como “para rescatar al multilateralismo del abismo”. Entre las principales ventajas planteadas en el documento Guterres reconoció “un avance en las reformas para que el Consejo de Seguridad refleje mejor el mundo actual, abordando la histórica subrepresentación de África, Asia-Pacífico y América Latina”. Además, sienta las bases para una Comisión de Consolidación de la Paz más ágil y para una revisión fundamental de las operaciones de paz para adecuarlas a las condiciones que enfrentan. En paralelo a la Cumbre del Futuro y el debate general, la semana de alto nivel dedicó espacios a otros asuntos urgentes como el aumento del nivel del mar, la necesidad de poner fin a las armas nucleares y la resistencia a los antimicrobianos. La Asamblea General de las Naciones Unidas inauguró su 79 período de sesiones el 10 de septiembre con un llamado a fortalecer la unidad dentro del principal espacio de concertación política global.
Asesinadas en Haití 20 personas por día en primer semestre de 2024
Puerto Príncipe, 30 sep (Prensa Latina) La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó que la violencia sigue siendo hoy un problema en Haití, donde 20 personas murieron por día en el primer semestre de 2024. PRENSA LATINA De acuerdo con un comunicado, tres mil 661 ciudadanos fueron asesinados en ese lapso, mostrándose un nivel superior de violencia comparado con igual período en 2023. Con anterioridad, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en Haití (OCHA) denunció el deterioro socioeconómico que atraviesa Haití. En su comunicado, la OCHA enfatizó en la situación sin precedente que viven los ciudadanos en la zona Artibonite y Occidente. Artibonite es el segundo departamento de Haití con mayor severidad de necesidades multisectoriales después de Occidente, precisó el organismo internacional en el documento divulgado por el diario Le Nouvelliste. Con anterioridad, la Organización de Naciones Unidas (ONU) advirtió que Haití corre el riesgo de sufrir vulnerabilidad crónica, debido a la falta de fondos para la ayuda humanitaria. Sobre la alerta de la ONU, la OCHA subrayó que la violencia indiscriminada de los grupos armados casi hacen colapsar los servicios básicos sumiendo a Haití en una crisis sin precedentes desde 2010. Según la OCHA, la educación, la salud y el agua, la higiene y el saneamiento, que ya eran insuficientes para satisfacer las necesidades de la población local, empeoraron este complejo escenario. Por su parte, la Organización Internacional para las Migraciones informó que con casi 600 mil personas que huyen de los ataques de las pandillas. La mitad de los desplazados, que escaparon desesperadamente de la capital en busca de seguridad, se dirigieron al sur, donde la gran mayoría reside con familias de acogida que ya son económicamente vulnerables, precisó el diario digital Haití Libre. Para revertir la situación, es necesario que la comunidad internacional y los donantes aumenten los fondos para las operaciones de asistencia de las agencias de la ONU. Hasta el momento, fueron registrados unos 300 mil casos de desnutrición y cinco millones de personas, o casi el 50 por ciento de la población de Haití, enfrentan inseguridad alimentaria aguda. La OCHA teme que el epicentro de la actual crisis humanitaria se esté desplazando gradualmente a zonas que antes no eran propensas a la inseguridad provocada por las bandas criminales.
Abinader se reunirá en Nueva York con el presidente de Kenia para hablar de la misión en Haití
THIAGO ZORRILLA ACOSTA Santo Domingo, – En el marco de la 79º Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Luis Abinader se prepara para sostener un encuentro decisivo con su homólogo keniano, William Ruto, en la ciudad de Nueva York. Esta reunión no solo simboliza un acercamiento diplomático, sino que también pone de relieve la crisis persistente que asola a Haití, un país cuya situación se ha vuelto insostenible, según los líderes regionales. La visita de Abinader a la Gran Manzana no es un viaje cualquiera; es un grito de alerta en busca de respuestas y soluciones. Durante años, la comunidad internacional ha observado con una mezcla de preocupación y apatía la descomposición de Haití, un territorio donde el 80% de su extensión está bajo el control de bandas criminales. La conversación entre Abinader y Ruto se centrará en el papel de la misión keniana en Haití, que ha desplegado hasta ahora 400 efectivos policiales, pero cuya presencia ha sido valorada como insuficiente. \\\»Estamos aquí para hacer un llamado a la comunidad internacional\\\», afirmó Abinader. \\\»Hace tres años vine a gritar por la situación como estaba Haití… deben cumplir con los compromisos que han asumido\\\». Estas palabras, cargadas de urgencia, reflejan un malestar palpable por la falta de acción concreta en el ámbito internacional. A medida que Abinader se prepara para dirigirse a la Asamblea, se perfila una declaración que exigirá no solo atención, sino también un apoyo tangible para Haití. El presidente Ruto, por su parte, recientemente visitó Puerto Príncipe, donde anunció el despliegue de otros 600 policías kenianos, lo que elevará a mil el número de agentes de su país en Haití. Este aumento se presenta como un intento de frenar la violencia y restaurar el orden, en un contexto donde los desafíos son abrumadores. Desde el fin de semana, se ha visto una mayor presencia de fuerzas internacionales, con la llegada de una veintena de militares y cuatro policías de Jamaica, así como la suma de dos soldados de Belice, que se unen a la misión de seguridad respaldada por la ONU. Sin embargo, la situación sigue siendo grave. La inestabilidad y la falta de gobernanza han generado un clima de temor y desconfianza entre la población haitiana. Las calles de Puerto Príncipe son un reflejo desgarrador de una nación que lucha por obtener la atención y el respaldo que necesita. Abinader, consciente de este contexto, enfatiza que el estatus actual de Haití es \\\»estable\\\» desde la llegada de las fuerzas kenianas, pero advirtió que se requiere un respaldo aún mayor para lograr una solución duradera. Mientras la comunidad internacional se congrega en Nueva York, el mensaje es claro: Haití no puede esperar más. Las palabras de Abinader resuenan como un eco de desaprobación hacia aquellos que han hecho promesas que aún no se han cumplido. Este encuentro entre líderes, por tanto, no solo es un gesto diplomático, sino un esfuerzo por recuperar la humanidad en un escenario global donde la indiferencia podría resultar letal para un pueblo que anhela paz y estabilidad. En una era donde la crisis se ha convertido en la norma, el compromiso y la acción deberán surgir desde los foros internacionales hacia el terreno donde se libra la batalla por la vida y el bienestar de millones de haitianos. La voz de Abinader será, sin duda, una de las muchas que anhelarán un cambio real, un cambio que ya es tiempo de reivindicar.
Decisión en Haití puede generar polémica en tema corrupción
Puerto Príncipe, 14 ago (Prensa Latina) La decisión del primer ministro de transición de Haití, Garry Conille, de destituir a un importante directivo bancario puede generar polémica sobre la lucha contra corrupción que se adelanta hoy en la nación antillana. PRENSA LATINA Conille cesó de sus funciones al presidente del Consejo de Administración del Banco Nacional de Crédito, Raoul Pascal Pierre-Louis, y su abogado de Pierre-Louis, Sonet Saint-Louis, envió una carta al jefe del gobierno pidiéndole que reconsiderara esta postura, la cual se produce después de un escándalo de intento de corrupción. Pierre-Louis acusó a los asesores del Consejo Presidencial de Transición (CPT) Gérald Gilles, Emmanuel Vertilaire y Smith Augustin de haberle exigido 100 millones de gourdes (757 mil 575 dólares estadounidenses) para mantener su trabajo, acusación rechazada por los tres, recordó el diario digital Haití Libre. A pocas semanas de establecido el CPT ya estalló en su estructura el primer escándalo, y los consejeros de ese órgano están en la mira de la Unidad de Lucha contra la Corrupción. Este comando todavía no informó hasta ahora las conclusiones de la investigación, sin embargo, ningún medio local divulgó los elementos de peso utilizados por Conille para destituirlo de su cargo, un paso que podría generar polémica en plena lucha contra la corrupción declarada por el primer ministro provisional. Pierre-Louis inmediatamente le escribió una misiva con todos los detalles a Conille, quien prometió al asumir sus tareas combatir ese mal que contribuye al desgaste de la nación caribeña en lo económico, político y social. Ante la avalancha de críticas, el secretario general del Partido Pitit Desalin, Jean Charles Moïse, emplazó al banquero a presentar pruebas contra un miembro de su equipo denunciado por corrupción. Moïse pidió evidencias contra Me Emmanuel Vertilaire, representante de la organización política en el CPT. El líder del Partido Pitit Desalin -según el diario Le Facteur Haiti- dio a Pierre-Louis un plazo de 72 horas para que presentara pruebas irrefutables en torno a las acusaciones hechas contra Vertilaire En medio de la polémica, el Secretario General del partido político Comprometidos con el Desarrollo, Sterline Civil confirmó su solidaridad con el Consejero-Presidente Smith Augustin, representante de la agrupación en el CPT. Sin embargo, miembros de esta estructura pidieron la separación del cargo de Augustin en el CPT, por recaer sobre su persona sospechas sobre actos de corrupción. Ellos piden su sustitución inmediata de conformidad con las disposiciones del Acuerdo del 3 de abril de 2024 del CPT. «Esta situación deshonrosa para el CPT nos incomoda», y para que se haga justicia en pos de restaurar un clima de confianza exigimos inmediatamente el retiro de Augustin, escribieron los de su bando. Los intereses superiores de la nación deben estar por encima de las ambiciones de los grupos, sentenciaron los miembros del partido Comprometidos con el Desarrollo. Según el secretario general de la organización, Sterline Civil, citado por el diario Le Facteur Haiti una decisión precipitada podría sin duda servir a los intereses de otro bando, o incluso de un oponente político. Louis Gérald Gilles, líder del partido político Nueva Orientación Unificada para Liberar Haití, implicado en este episodio, aún no se pronuncia sobre la denuncia de Pierre-Louis.
Diferencias en los grupos religiosos haitianos impide la formación de consejo electoral
Puerto Príncipe, 7 ago. (Prensa Latina) Contradicciones surgidas en el seno del sector religioso interfieren hoy en la formación del Consejo Electoral Provisional de Haití (CEP),un órgano clave para la celebración de comicios generales en la nación caribeña. PRENSA LATINA La Federación Protestante de Haití no tiene intención de dar marcha atrás en la elección del pastor Peterson Pierre Louis para representar al sector de las religiones reformadas en el CEP. Precisa el diario Haití Libre que la Conferencia de Pastores Haitianos y el Consejo Espiritual Nacional de las Iglesias Haitianas siguen denunciando esta elección que, según ellos, no es unánime en esta esfera. Hasta ahora solo están confirmados con seis de nueve representantes para el CPE. El último anunciado fue el periodista Jacques Desrosiers designado por las asociaciones de prensa de todo el país, incluida la Asociación de Periodistas Haitianos. Otros representantes ratificados son: en el sector de la mujer, Yves Marie Edouard, el sindical, Nemrod Sanon, por el de Cultos Reformados, el pastor Peterson Pierre-Louis, en el apartado de vodú,Me Newton y por el Consejo Universitario, Marie Florence Mathieu, precisó el diario Haití Libre.