Gastos de bolsillo que generan estrés
El sistema de salud dominicano requiere un cambio estructural capaz de garantizar equidad y sostenibilidad. Necesitamos superar la visión conservadora que se limita al cumplimiento de normativas tradicionales, mediante un enfoque más audaz e incisivo, orientado a resolver los problemas desde sus raíces. SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS ARISMENDI DÍAZ SANTANA “Las deudas médicas constituyen una carga pesada que afecta a una parte considerable de la población, impactando no solo en las finanzas de las familias más pobres y vulnerables, sino también en su calidad de vida y bienestar general”, como afirma el Dr. Pedro Ramírez Slaibe, especialista en Medicina Familiar y Gestión de Servicios de Salud. Aunque no existen cifras exactas sobre el monto del gasto familiar de bolsillo, su impacto puede inferirse a través de las inequidades estructurales del sistema de salud. De acuerdo al PNUD, el modelo de salud dominicano reproduce las desigualdades sociales, ya que la calidad de los servicios varía considerablemente según el nivel del ingreso personal. A pesar de los avances importantes al alcanzar una cobertura superior al 97% de la población, persiste un gasto de bolsillo de las familias que fluctúa entre el 41% y el 44% del gasto total en salud. Una carga desproporcionada sobre los hogares con menores recursos, que constituye una fuerte barrera económica que bloquea el acceso a servicios de calidad y que exacerba las inequidades sociales. El gasto público en salud es insuficiente. En 2021, representó el 3.29% del Producto Interno Bruto (PIB), unos $280 dólares per cápita, resultados que revelan una gran desconexión entre un crecimiento macroeconómico sostenido y un pobre presupuesto público en salud, que limita el acceso equitativo a servicios médicos esenciales. El gasto familiar de bolsillo, es decir, el gasto privado, fue estimado en RD$90,270 millones para 2024, más un 10% destinado a planes de salud complementarios. Estos déficits son el resultado del creciente desequilibrio del Plan de Servicios de Salud (PDSS) y de la posposición indefinida del primer nivel de atención. Y lo más preocupante es que, a pesar de las promesas oficiales, el mismo continúa creciendo. Problemas financieros que generan estrés y trastornos mentales Siempre de acuerdo con el Dr. Ramírez Slaibe, estas inequidades no solo afectan el exiguo presupuesto familiar, sino también a la salud mental y física de las personas. Con frecuencia, estas incertidumbres y desprotección social generan estrés financiero, que a menudo derivan en ansiedad, depresión, problemas psicológicos y posposición de consultas y tratamientos que agravan su salud y perpetúan el círculo vicioso de la exclusión social. A pesar de las medidas implementadas, como la reducción de copagos en servicios específicos y la inclusión de coberturas para enfermedades de alto costo, estas iniciativas no han logrado contrarrestar las desigualdades estructurales, debido a la falta de una regulación efectiva del mercado de salud y a la posposición indefinida de las reformas previstas en la Ley 87-01. El sistema de salud dominicano requiere un cambio estructural capaz de garantizar equidad y sostenibilidad. Necesitamos superar la visión conservadora que se limita al cumplimiento de normativas tradicionales, mediante un enfoque más audaz e incisivo, orientado a resolver los problemas desde sus raíces. Incrementar el presupuesto sin revisar las estructuras operativas perpetuaría las fallas de un modelo que prioriza intereses particulares sobre el bienestar colectivo. Urge cumplir el mandato de la Ley de Seguridad Social que dispone una asignación de los recursos según la demanda de la población y la contratación del personal de acuerdo al desempeño. El gasto privado desproporcionado en salud perpetúa la exclusión de los sectores más vulnerables, contraviniendo principios fundamentales de equidad y protección financiera. Es indispensable la reforma integral del sistema público de salud para garantizar servicios oportunos y de calidad, a fin de reducir la privatización y el gasto familiar de bolsillo. En fin, este gasto familiar no es solo un reflejo de las inequidades sociales, sino también, un síntoma de un sistema de salud enfermo que requiere una transformación urgente. Aunque se han logrado avances en cobertura, las familias de menores ingresos continúan soportando una carga económica desproporcionada, lo que limita su acceso a servicios esenciales. Para enfrentar este desafío, es necesario iniciar cuanto antes las reformas estructurales dispuestas por la Ley 87-01,para adoptar un modelo más justo y eficiente, que priorice el bienestar colectivo, garantizando el acceso equitativo, regular y sostenible para toda la población.
Urgente revisión de la Ley de Seguridad Social: Arismendi Díaz Santana llama a la acción para mejorar las pensiones en RD
• Díaz Santana también propone revisar y ajustar las comisiones de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), un paso que considera crucial para asegurar que más recursos lleguen a las cuentas de los afiliados. Por Julio Guzmán Acosta Santo Domingo, 2 de diciembre de 2024 – La alarmante realidad de las pensiones en República Dominicana ha sido puesta de manifiesto por Arismendi Díaz Santana, presidente de la Fundación Seguridad Social Para Todos (FSSPT), quien advirtió que el 85% de los trabajadores dominicanos que cotizan actualmente para su pensión recibirán, al momento de su retiro, entre un 15% y un 20% de su último salario. Esta situación, que él califica de “ingreso pírrico”, subraya la urgencia de reformar la Ley 87-01 de Seguridad Social, especialmente en lo que respecta al régimen de pensiones. Durante una reciente entrevista, Díaz Santana presentó una serie de propuestas concretas para elevar el porcentaje de pensiones y garantizar una vejez digna a los trabajadores. “Hay una situación crítica, y no quiero alarmar, pero si no se hace una reforma urgente del sistema de pensiones, más del 85% de quienes se van a pensionar recibirán una pensión pírrica”, enfatizó, refiriéndose al contenido de su nuevo libro, “Historia y Fundamentos del IDSS”. Propuestas para la Reforma del Sistema de Pensiones Entre las principales recomendaciones de Díaz Santana, se encuentra el aumento gradual del aporte mensual que hacen los afiliados al sistema de pensiones, proponiendo elevar del 9.97% actual al 15%. Este incremento se realizaría paulatinamente, con un aumento de tan solo 0.24% anual para los afiliados y 0.60% anual para los empleadores, hasta el año 2031. “Este ajuste no solo beneficiaría a los trabajadores actuales, sino que también fortalecería el sistema en su conjunto”, aclaró. Además, el presidente de la FSSPT sugiere aumentar la edad de retiro de 60 a 65 años, alineando así el sistema con el aumento en la esperanza de vida de la población, que ha pasado de 48 años en el momento de la creación del sistema de pensiones a 75 años en la actualidad. Esta propuesta se haría respetando los derechos adquiridos de los cotizantes mayores de 50 años, buscando un equilibrio entre sostenibilidad financiera y justicia social. Díaz Santana también propone revisar y ajustar las comisiones de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), un paso que considera crucial para asegurar que más recursos lleguen a las cuentas de los afiliados. Contexto y Consecuencias de la Actual Legislación El actual sistema de pensiones, que se basa en un modelo de capitalización individual, presenta serias deficiencias que afectan a la mayoría de los trabajadores. Según Díaz Santana, la reducción de la cotización al 9.97% se debió a una presión de empleadores y trabajadores, quienes argumentaron que podían aportar hasta un 21%. Este cambio ha sido uno de los factores que ha llevado a que las pensiones sean tan bajas. “Cuando se diseñó la ley de Seguridad Social, se calculó que el 12% de los aportes debería destinarse a pensiones, pero debido a estas negociaciones, ese porcentaje se redujo significativamente”, explicó. Además, el Estado tiene una deuda histórica con los afiliados del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), que incluye un bono de reconocimiento que asciende a 22,500 millones de pesos, el cual nunca ha sido entregado. Un Llamado a la Acción Díaz Santana no solo destaca los aspectos negativos del sistema, sino que también aboga por un cambio proactivo. “Ningún sistema puede ser permanente sin evaluaciones periódicas. La ley de Seguridad Social establece que debe haber una revisión a los diez años, y eso no se ha cumplido en nuestro país”, indicó, instando a las autoridades a tomar medidas antes de que la situación se vuelva insostenible. Finalmente, el presidente de FSSPT hizo un llamado a la sociedad civil y a los sectores políticos para unirse en la lucha por una reforma integral que asegure pensiones dignas para todos los trabajadores dominicanos. “Es hora de reivindicar nuestros derechos y asegurarnos de que las futuras generaciones tengan un sistema de pensiones que realmente funcione”, concluyó. Con este panorama, el futuro del sistema de pensiones en República Dominicana depende de la voluntad política y social para implementar cambios significativos que garanticen la seguridad económica de millones de trabajadores al llegar a la etapa de jubilación.
Muchos éxitos presidente Abinader
Nuestra Fundación apoyará todas las reformas y cambios para lograr que, por primera vez en el país, su consigna de “en salud, primero la gente” sea una tangible realidad. Seguridad Social para todos ARISMENDI DIAZ SANTANA Hace apenas 24 horas, Luis Abinader Corona se juramentó por segunda ocasión, como presidente constitucional en presencia de 16 mandatarios del mundo. En esta segunda y última ocasión ratificó formalmente su compromiso de impulsar las reformas pendientes, en su empeño de dejar un legado de un presidente reformador y modernizante. La reforma del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) tiene una gran prioridad dentro en la agenda presidencial. Como dijo el Dr. Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo, esa reforma es la madre de todas las demás reformas, porque toca directamente a los 10.8 millones de dominicanos y residentes en el país. A pesar de contar con una apreciable mayoría en ambas cámaras legislativas, y de la existencia de un amplio consenso sobre las reformas y los cambios que reclaman a gritos la población y la opinión pública, el presidente Abinader ha decidido convocar a un nuevo diálogo nacional en un esfuerzo loable por alcanzar el mayor consenso posible. Se espera que esta sana intención democrática, sea correspondida por los diversos sectores y se aboquen a discutir sólo los temas no consensuados durante las jornadas anteriores del Consejo Económico y Social (CES). Y que ahora se aprovechen los valiosos insumos que arrojó el Segundo Congreso Bienal Salud y Seguridad Social realizado exitosamente hace un mes por la Defensoría del Pueblo. Nuestra Fundación aplaude esta convocatoria a un diálogo constructivo porque forma parte del fortalecimiento institucional del país. Pero considera que la misma debe ser bien precisa y debe ejecutarse dentro de un plazo prudente, porque los problemas se agudizan y el tiempo apremia. Como dijo el amigo Jesús Feris Iglesias “este pueblo no aguanta más”. En este sentido, señor presidente, es oportuno recrear el ejemplo del presidente Hipólito Mejía, quien para aprobar la Ley de Seguridad Social tomó la decisión histórica de establecer un plazo prudente para llegar a un acuerdo. Y gracias a esa determinación, hoy todos reconocemos que la aprobación de esa Ley fue el mayor legado de su gestión. Hemos avanzado mucho en la cantidad de afiliados, pero estamos muy rezagados en la calidad de la protección por la ausencia de las reformas Nuestra Fundación reitera que actualmente existen todas las condiciones sociales y políticas para darle un mayor impulso e iniciar la segunda y decisiva etapa del desarrollo del SDSS. En este cuatrienio que concluye se completó el proceso de la afiliación universal, cubriendo más del 97% de la población nacional, colocando al país dentro de los primeros en América Latina. Pero ese gran avance cuantitativo no ha estado acompañado del necesario cambio cualitativo basado en las reformas estructurales. Todavía tenemos tres grandes desafíos que superar en este cuatrienio: 1) reducir sustancialmente el gasto familiar de bolsillo; 2) reducir la mortalidad materno infantil y elevar los principales indicadores de salud y bienestar; y 3) elevar el nivel general de las pensiones para reducir la pobreza e indigencia durante la vejez. Como ha quedado demostrado en la opinión pública, para reducir el gasto familiar de bolsillo y para elevar los indicadores de salud, no es necesario modificar la Ley 87-01. Basta con cumplir con la Ley estableciendo el primer nivel de atención, basado en la estrategia de atención primaria, y asignando todos los recursos públicos del régimen subsidiado, en función de los servicios prestados a la población, entre otras. En cambio, para elevar el nivel de las pensiones sí se requiere de cambios importantes en unos cuantos artículos de la Ley 87-01. Asumimos la responsabilidad profesional de insistir en la necesidad y urgencia de elevar el porcentaje de cotización en forma gradual, tanto para la cuenta personal de los afiliados, como para el Fondo de Solidaridad Social (FSS), nada complicado que no pueda hacerse en unos cuantos meses de trabajo. Señor presidente Luis Abinader, a nombre de nuestra Fundación y de todos los integrantes del chat SS PARA TODOS, del cual usted nos honra formando parte, le deseamos muchos éxitos en su nueva gestión. Y le reiteramos nuestra disposición de continuar respaldando todas las reformas a favor de lograr que, por primera vez en el país, su consigna de “en salud, primero la gente” sea una realidad tangible.
La Ley 87-01 no privatizó la salud
La Ley de Seguridad Social no privatizó la salud, porque ya estaba privatizada. Tres décadas antes, Balaguer creó a las igualas y seguros médicos privados y ordenó la afiliación masiva de los funcionarios y empleados públicos, en vez de transformar y fortalecer al IDSS. ARISMENDI DÍAZ SANTANA SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS El Dr. Roa es un profesional con grandes luces, pero a veces opacadas por una defensa radical del mercantilismo gremial. Recientemente le declaró a la destacada periodista Altagracia Ortiz que las aseguradoras fueron creadas por la Ley 87-01, que son innecesarias y que deben eliminarse. La Ley de Seguridad Social no privatizó la salud, porque ya estaba privatizada. No creó a las ARS porque ya tenían más de tres décadas de existencia, y con una gran aceptación. Sólo el fanatismo gremial puede ignorar estas realidades, ampliamente documentadas en documentos oficiales, en múltiples informes de los organismos internacionales y en varios libros escritos por médicos ilustres. Balaguer fue el principal privatizar, pero no el único: 1) creó las aseguradoras privadas mediante la Ley 772 del 1967; 2) financió la construcción de grandes clínicas privadas y la ampliación de decenas de centros de salud privados, y 3) autorizó la afiliación masiva a las igualas y seguros privados de los funcionarios y empleados públicos, en vez de transformar al IDSS y ampliar su cobertura. Antes de la Ley 87-01, por cada tres con algún seguro de salud, dos estaban afiliados a esas aseguradoras privadas y sólo uno al IDSS. Decenas de miles de trabajadores tenían una doble afiliación y cotización porque no confiaban en el IDSS. Nuestro país fue el único en el mundo en donde los seguros privados voluntarios superaban con creces a los afiliados al seguro social obligatorio. Al momento de redactar la Ley 87-01 ya existían 40 igualas y seguro de salud, con más de 600,000 afiliados quienes, desde más de tres décadas, recibían un mejor servicio, ejerciendo la libre elección, nada de lo cual les ofreció un IDSS politizado, corrompido, clientelista, burocratizado y totalmente dominado por los gremios profesionales. Esas igualas y seguros tenían un gran apoyo político ya que todos los altos funcionarios públicos, congresistas, ejecutivos privados y de las instituciones autónomas y descentralizadas, estaban afiliados a ellas, recibiendo servicios continuos, flexibles y humanizados. Por eso todas las propuestas tendentes a eliminarlas fueron rechazadas por los trabajadores privados y públicos, y por el sector empresarial, empeñado en evitar que la doble cotización continuara multiplicándose. La Ley 87-01 cumplió con el principio de respetar los derechos adquiridos. ¿Por qué excluirlas si tenían mayor aceptación, cumplían con las Leyes y aceptaron ser reguladas, habilitadas y supervisadas por el Estado? ¿Por qué ignorar los derechos adquiridos de más de 600,000 afiliados a esas aseguradoras? ¿Por qué eliminar el derecho de los afiliados a la libre elección? Según una encuesta del 2023 del MISPAS la mayoría de los afiliados están satisfechos con los servicios de su ARS, y así lo consigna el PLANDES 2030 en su Pág. 78. Entonces, ¿por qué eliminar un servicio necesario y que libremente es aceptado por la mayoría de los afiliados? Porque existen grupos de médicos que tienen más de 4 décadas ejerciendo la medicina como chivos sin ley, sin controles, fiscalización, supervisión, ni rendición de cuentas. Que quieren continuar haciendo negocios con la enfermedad y se oponen a la promoción y prevención, sin importarles la alta mortalidad materno-infantil ni el enorme gasto familiar de bolsillo. Antes eran bienvenidas porque fueron creadas y propiedad de centenares de médicos visionarios. Pero ahora hay que eliminarlas porque, dentro de sus funciones, exigen el cumplimiento de los protocolos y detectan los fraudes y los excesos de minorías de médicos y clínicas faltos de ética. Controles básicos para asegurar el equilibrio financiero del PBS y garantizar el derecho universal a la salud. Cierto que las ARS tienen fallas y malas prácticas; que hay ARS privadas y públicas que no cumplen con sus funciones, y que deben ser eliminadas en los casos de reincidencia. ¿Pero, por qué se rechazan de plano y no se acepta nuestra propuesta de realizar una evaluación objetiva de la función y del desempeño de las ARS? La Ley de Seguridad Social no privatizó la salud, porque ya estaba privatizada. Tres décadas antes, en vez de transformar y fortalecer al IDSS, Balaguer creó a las igualas y seguros médicos privados y ordenó la afiliación masiva de los funcionarios y empleados públicos, y de las empresas estatales. Ojalá la SISALRIL convoque a un encuentro técnico para analizar este tema con criterio profesional y propositivo.
Muy bien por la SIPEN
Muy bien con la SIPEN Proponemos que la SIPEN y la DIDA ofrezcan información y orientación permanente a fin de que los afiliados puedan evaluar las ventajas y desventajas de optar por una pensión programada o por una renta vitalicia. ARISMENDI DIAZ SANTANA SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS La Superintendencia de Pensiones ha hecho muy bien en alertar a los afiliados del sistema de capitalización individual (SCI) de no enajenar su patrimonio, aceptando planes aparentemente atractivos y tentadores de algunas compañías de seguros, sin antes contar con las informaciones básicas y la orientación de las autoridades. La Ley 87-01 de Seguridad Social prevé dos modalidades de retiro: una pensión basada en una renta vitalicia y un retiro o pensión programada. En nuestro país la modalidad de renta vitalicia es muy novedosa por lo que todavía no puede apreciarse su impacto real. También lo es la opción de retiro anticipado. El mayor riesgo es la desinformación de grupos interesados en presentar sus atractivos, sin explicar claramente los riesgos implícitos. La primera, implica un contrato con una compañía de seguros a la cual el afiliado le traspasa su patrimonio total, y de manera irreversible, a cambio de una renta o pensión de por vida. En esta opción, la compañía asume el riesgo de la longevidad, por lo que sobreestima la esperanza de vida, con lo cual la pensión vitalicia mensual resulta menor. En la inmensa mayoría de los casos se aplican tablas de longevidad propias de países desarrollados y/o de las clases altas, donde la esperanza de vida es considerablemente mayor. Al enajenar la propiedad de su patrimonio, cuando el asegurado fallece antes del tiempo “estimado”, el saldo disponible le queda a la compañía como una ganancia extra. El superintendente, Lic. Francisco Torres, indicó que las mismas podrían ser perjudiciales, ya que la empresa de seguros ganaría dinero sobre el dinero del usuario, afectando su estabilidad financiera en la vejez. Lógicamente, para maximizar sus beneficios, la aseguradora necesita minimizar el riesgo implícito. El gran atractivo de la renta vitalicia es que le asegura al trabajador una pensión fija. Pero a la larga su costo resulta mayor. Es muy importante que los afiliados reciban toda la información y orientación necesarias para que comprendan la lógica, las ventajas y los riesgos de esta modalidad. De acuerdo a la Ley 87-01 los afiliados podrán acceder a una renta vitalicia siempre que hayan cumplido 55 años, y que cuenten con un fondo de retiro acumulado que les asegure una pensión mayor al 50% del monto de la pensión mínima establecida, que en este momento es de 14,161.00 pesos. En cambio, en la segunda opción, basada en una pensión programada, el afiliado conserva la propiedad total de su patrimonio, asumiendo el riesgo de la longevidad. La AFP le determina el monto de su pensión mensual, tomando en cuenta su esperanza de vida y la de su cónyuge. También puede recibir una pensión insuficiente, pero, como norma general el costo de administración resulta menor, en comparación con las ganancias de la compañía de seguro. Según informó el Lic. Francisco Torres, en la actualidad hay 2,348 afiliados al sistema que han completado las cotizaciones meta para acceder a sus ahorros para la vejez. De esos, unos 1,322 optaron por acceder a sus recursos a través de una renta vitalicia y 1,026 a través del retiro programado. Dado lo novedoso de ambas modalidades y de la juventud del sistema de capitalización individual en el país, es necesario que las autoridades ofrezcan suficiente información y orientación a los afiliados, a fin de que éstos puedan tomar una decisión acertada, ya que de la misma dependerá el monto mensual su pensión y su bienestar durante el resto de sus vidas. En ese sentido, la Fundación Seguridad Social para todos (FSSPT), aconseja una acción combinada entre la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) y la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA) para ofrecer información y orientación permanente a los afiliados, a fin de que puedan evaluar ambas opciones, de acuerdo a su situación en particular.