El sistema de salud dominicano requiere un cambio estructural capaz de garantizar equidad y sostenibilidad. Necesitamos superar la visión conservadora que se limita al cumplimiento de normativas tradicionales, mediante un enfoque más audaz e incisivo, orientado a resolver los problemas desde sus raíces.

SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS

ARISMENDI DÍAZ SANTANA

“Las deudas médicas constituyen una carga pesada que afecta a una parte considerable de la población, impactando no solo en las finanzas de las familias más pobres y vulnerables, sino también en su calidad de vida y bienestar general”, como afirma el Dr. Pedro Ramírez Slaibe, especialista en Medicina Familiar y Gestión de Servicios de Salud.

Aunque no existen cifras exactas sobre el monto del gasto familiar de bolsillo, su impacto puede inferirse a través de las inequidades estructurales del sistema de salud. De acuerdo al PNUD, el modelo de salud dominicano reproduce las desigualdades sociales, ya que la calidad de los servicios varía considerablemente según el nivel del ingreso personal.

A pesar de los avances importantes al alcanzar una cobertura superior al 97% de la población, persiste un gasto de bolsillo de las familias que fluctúa entre el 41% y el 44% del gasto total en salud. Una carga desproporcionada sobre los hogares con menores recursos, que constituye una fuerte barrera económica que bloquea el acceso a servicios de calidad y que exacerba las inequidades sociales.

El gasto público en salud es insuficiente.

En 2021, representó el 3.29% del Producto Interno Bruto (PIB), unos $280 dólares per cápita, resultados que revelan una gran desconexión entre un crecimiento macroeconómico sostenido y un pobre presupuesto público en salud, que limita el acceso equitativo a servicios médicos esenciales.

El gasto familiar de bolsillo, es decir, el gasto privado, fue estimado en RD$90,270 millones para 2024, más un 10% destinado a planes de salud complementarios. Estos déficits son el resultado del creciente desequilibrio del Plan de Servicios de Salud (PDSS) y de la posposición indefinida del primer nivel de atención. Y lo más preocupante es que, a pesar de las promesas oficiales, el mismo continúa creciendo.

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A pesar de las medidas implementadas, como la reducción de copagos en servicios específicos y la inclusión de coberturas para enfermedades de alto costo, estas iniciativas no han logrado contrarrestar las desigualdades estructurales, debido a la falta de una regulación efectiva del mercado de salud y a la posposición indefinida de las reformas previstas en la Ley 87-01.

El sistema de salud dominicano requiere un cambio estructural capaz de garantizar equidad y sostenibilidad. Necesitamos superar la visión conservadora que se limita al cumplimiento de normativas tradicionales, mediante un enfoque más audaz e incisivo, orientado a resolver los problemas desde sus raíces.

Incrementar el presupuesto sin revisar las estructuras operativas perpetuaría las fallas de un modelo que prioriza intereses particulares sobre el bienestar colectivo. Urge cumplir el mandato de la Ley de Seguridad Social que dispone una asignación de los recursos según la demanda de la población y la contratación del personal de acuerdo al desempeño.

El gasto privado desproporcionado en salud perpetúa la exclusión de los sectores más vulnerables, contraviniendo principios fundamentales de equidad y protección financiera. Es indispensable la reforma integral del sistema público de salud para garantizar servicios oportunos y de calidad, a fin de reducir la privatización y el gasto familiar de bolsillo.

Para enfrentar este desafío, es necesario iniciar cuanto antes las reformas estructurales dispuestas por la Ley 87-01,para adoptar un modelo más justo y eficiente, que priorice el bienestar colectivo, garantizando el acceso equitativo, regular y sostenible para toda la población.