Finjus afirma que el TSE debió conocer recurso contra reglamento de la JCE sobre encuestas electorales
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) consideró que el Tribunal Superior Electoral (TSE) debió asumir el conocimiento del recurso presentado contra el reglamento de la Junta Central Electoral (JCE) que restringe la publicación de encuestas electorales en períodos no previstos por la ley, al advertir que la decisión de declararse incompetente altera el diseño institucional establecido por la Constitución. Por: Virtudes Álvarez Sampedro Santo Domingo.– La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) sostuvo que el Tribunal Superior Electoral (TSE) debió conocer y decidir el recurso interpuesto contra la Resolución 14-2026 de la Junta Central Electoral (JCE), que prohíbe la publicación de encuestas electorales fuera de los períodos establecidos por la legislación vigente. En un comunicado remitido a los medios de comunicación, la entidad afirmó que la decisión del TSE de declararse incompetente y remitir el caso al Tribunal Constitucional debilita la vía jurídica prevista para resolver controversias propias de la jurisdicción electoral. “La decisión jurídicamente más consistente habría sido que el Tribunal Superior Electoral asumiera el conocimiento del recurso y resolviera la controversia”, expresó Finjus. La organización explicó que, si durante el conocimiento del expediente los jueces del TSE hubieran identificado una cuestión de constitucionalidad que excediera sus atribuciones, el ordenamiento jurídico dispone de mecanismos adecuados para atender esa situación sin que el tribunal renuncie a la competencia que le asignan la Constitución y la ley. Defensa del diseño institucional Finjus advirtió que convertir al Tribunal Constitucional en el destinatario habitual de las impugnaciones contra reglamentos administrativos desnaturaliza la función de esa alta corte y altera el equilibrio institucional concebido por el constituyente. La entidad sostuvo que el debate trasciende la validez de un reglamento electoral, ya que involucra el alcance de las competencias constitucionales de la jurisdicción electoral y la preservación del modelo institucional diseñado por la Carta Magna. En ese contexto, recordó que el Tribunal Superior Electoral fue creado como el órgano especializado para conocer los conflictos contencioso-electorales. “La especialización del TSE perdería contenido si cada vez que un reglamento electoral fuera impugnado bajo el argumento de infringir la Constitución o la ley, el juez electoral declinara su competencia en favor del Tribunal Constitucional”, señaló la fundación. Asimismo, enfatizó que la sola invocación de disposiciones constitucionales no convierte automáticamente un litigio contencioso-electoral en una acción directa de inconstitucionalidad, por lo que corresponde al TSE ejercer las funciones que le atribuye el ordenamiento jurídico. Controversia por el reglamento sobre encuestas El pronunciamiento de Finjus se produce en medio del debate generado por la Resolución 14-2026 de la Junta Central Electoral, que regula la publicación de encuestas electorales y cuya legalidad ha sido cuestionada mediante un recurso sometido ante la jurisdicción electoral. Para la organización, preservar la competencia del Tribunal Superior Electoral resulta esencial para garantizar la especialización de la justicia electoral y mantener el equilibrio institucional previsto por la Constitución de la República.
Finjus respalda proyecto de libertad de expresión y destaca su aporte democrático
Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de FINJUS, manifestó su respaldo al proyecto de Ley de Libertad de Expresión y Medios de Comunicación, (FOTO umbral.local/). Por Virtudes Álvarez Sampedro El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán, manifestó su respaldo al proyecto de Ley de Libertad de Expresión y Medios de Comunicación, calificándolo como un avance significativo hacia una regulación moderna, coherente y democrática. En un escenario nacional marcado por desafíos constantes al ejercicio de la libertad de expresión, especialmente por el auge de las plataformas digitales, Castaños Guzmán destacó que el anteproyecto presentado al Senado por el Poder Ejecutivo ofrece “un marco legal alineado con la realidad actual del país” y contribuye al fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho. El proyecto, elaborado por la Comisión Consultiva para la Libertad de Expresión, se distingue por una estructura normativa precisa que evita ambigüedades en un tema de alta sensibilidad. Asimismo, subraya que el derecho a la libertad de expresión no es absoluto y debe convivir en armonía con otros derechos fundamentales como el honor, la intimidad, la dignidad y la protección de la niñez. Entre los aspectos más relevantes, Castaños Guzmán resaltó el reconocimiento del impacto de las plataformas digitales en la opinión pública. El proyecto establece normas para garantizar la responsabilidad de estos espacios sin sacrificar su carácter plural y abierto, e introduce medidas contra la desinformación y para la protección de datos personales. FINJUS valoró positivamente la inclusión de mecanismos como la desindexación de contenidos bajo orden judicial y criterios objetivos, así como el cuidado en la protección de menores frente a las amenazas digitales, evidenciando un equilibrio entre la libertad de expresión y la salvaguarda de derechos individuales. En materia de sanciones, el proyecto contempla medidas proporcionales frente a infracciones como la difamación, injuria y expresiones discriminatorias, con especial atención a discursos que incitan al odio por motivos raciales, ideológicos o religiosos. A nivel institucional, se propone la creación del Instituto Nacional de Comunicación (INACOM), adscrito al Ministerio de Cultura, que reemplazará a la actual Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, respondiendo a la necesidad de una supervisión más moderna y eficiente de los medios. Castaños Guzmán reiteró que la libertad de expresión es un derecho en constante evolución, fundamental para la convivencia plural, la transparencia y la buena gestión pública. Aseguró que FINJUS continuará aportando al debate legislativo para garantizar una regulación que respete la dignidad humana y fortalezca la democracia dominicana.