Horarios de venta de alcohol seguirán vigentes por dos años tras fallo del Tribunal Constitucional
Los horarios para la venta de bebidas alcohólicas en colmados, bares, discotecas, casinos y otros centros de diversión permanecerán sin cambios durante los próximos dos años, pese a que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el Decreto 308-06. La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó que el Gobierno acatará la decisión y colaborará con el Congreso Nacional en la elaboración de una nueva legislación. Por Virtudes Álvarez Sampedro Santo Domingo. La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, aseguró este miércoles que el Gobierno respetará y acatará la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declaró inconstitucional el Decreto 308-06, el cual regula los horarios para el expendio de bebidas alcohólicas en establecimientos de diversión. No obstante, la funcionaria aclaró que la propia alta corte dispuso que el decreto continúe vigente durante un período de dos años, con el propósito de otorgar tiempo suficiente al Congreso Nacional para aprobar una nueva legislación que regule la materia conforme a los principios constitucionales. A través de una publicación en su cuenta de X (antes Twitter), Raful expresó que el Ministerio de Interior y Policía acompañará el proceso legislativo y promoverá el diálogo con los distintos sectores de la sociedad. “Respetamos y acatamos su decisión. Al mismo tiempo, acompañaremos al Congreso y escucharemos a la sociedad para construir una normativa moderna, efectiva y acorde con las necesidades del país”, manifestó la funcionaria. Asimismo, reiteró que la prioridad de la institución seguirá siendo preservar la seguridad ciudadana, proteger la vida y garantizar la convivencia pacífica en todo el territorio nacional. Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el decreto La reacción de Raful se produjo un día después de que el Tribunal Constitucional emitiera la sentencia TC/0689/26, del 28 de julio de 2026, mediante la cual declaró inconstitucional el Decreto 308-06, promulgado por el Poder Ejecutivo en 2006. La decisión respondió a una acción directa de inconstitucionalidad presentada por el ciudadano Víctor Eddy Mateo Vásquez. El alto tribunal concluyó que, aunque la regulación de los horarios de venta de bebidas alcohólicas persigue un objetivo legítimo vinculado al orden público y la seguridad ciudadana, el decreto permaneció vigente de manera indefinida sin el soporte legal exigido por la Constitución. Horarios se mantienen mientras el Congreso legisla Pese a la declaratoria de inconstitucionalidad, el TC moduló los efectos de su decisión y mantuvo temporalmente la vigencia del decreto para evitar un vacío normativo. En consecuencia, continuarán aplicándose los horarios establecidos desde 2006: De domingo a jueves, la venta de bebidas alcohólicas está permitida hasta las 12:00 de la medianoche. Los viernes y sábados, el expendio podrá realizarse hasta las 2:00 de la madrugada. La normativa también contempla sanciones para los establecimientos que incumplan las restricciones, incluyendo el cierre temporal o definitivo de los negocios. Durante los próximos dos años, el Congreso Nacional deberá debatir y aprobar una ley que sustituya el decreto y establezca un marco jurídico acorde con la Constitución y las necesidades actuales del país.
El mapa del dinero sucio: RD y España tejen un cerco legal contra el crimen sin fronteras
La República Dominicana y España suscribieron un acuerdo histórico de cooperación en seguridad para rastrear y recuperar bienes de origen ilícito, desarticular redes criminales y compartir inteligencia contra el crimen organizado. El convenio, firmado por la ministra Faride Raful y su homólogo Fernando Grande-Marlaska, incluye lucha contra la ciberdelincuencia, trata de personas, violencia de género y localización de desaparecidos. El pacto llega en medio de la conmoción por el Caso Koldo en España, que alertó sobre intentos de proyectar negocios vinculados a la covid hacia República Dominicana, y responde a la recurrente señalización del Caribe como ruta clave del crimen financiero transnacional. Por Julio Guzmán Acosta Desde Santo Domingo / Madrid No ha sido un acto protocolario más. Cuando la ministra de Interior y Policía de República Dominicana, Faride Raful, y su homólogo español, Fernando Grande-Marlaska, estamparon sus firmas ayer en la sede de la Policía Nacional dominicana, sellaron algo más que un papel: dibujaron los contornos de una alianza estratégica para asfixiar las finanzas del crimen organizado en dos continentes. El acuerdo, que establece mecanismos de intercambio de información, investigaciones conjuntas y asistencia operativa, tiene un objetivo tan claro como ambicioso: que el dinero sucio generado en un país no encuentre refugio ni legitimación en el otro. “Hoy damos un paso más en el fortalecimiento de nuestra alianza en materia de seguridad”, declaró Marlaska, “incorporando un nuevo marco jurídico que refuerza los mecanismos de colaboración y promueve el intercambio de información, la asistencia técnica y la formación”. Pero el contexto añade densidad dramática a la rúbrica. El pacto llega cuando España aún se estremece por el denominado Caso Koldo, un proceso judicial abierto por presuntas irregularidades en contratos públicos durante la pandemia. En ese entramado —que ha salpicado a altos funcionarios del anterior gobierno socialista— se señalaron intentos de proyectar negocios vinculados a la covid hacia República Dominicana. Sectores de la oposición española advirtieron entonces que el país caribeño fue considerado como un posible destino para funcionarios corruptos en fuga. De allí que este acuerdo adquiera, para muchos observadores, un valor de clausura simbólica: la volunt explícita de que el paraíso turístico no se convierta en paraíso financiero de la impunidad. Asfixia económica, vigilancia digital y respuesta rápida El convenio no se queda en las buenas intenciones. Permite a las autoridades de ambos países ejecutar golpes financieros directos a estructuras criminales en cualquiera de los dos territorios, eliminando la posibilidad de que capitales ilícitos encuentren refugio al otro lado del Atlántico. Este enfoque de “asfixia económica” se complementa con: · Vigilancia más estricta sobre la ciberdelincuencia y la falsificación de documentos. · Cooperación en la localización de personas desaparecidas. · Protocolos compartidos contra la violencia de género. · Herramientas para combatir la trata de personas con respuesta rápida. Además, durante el encuentro se discutió cómo el modelo de tecnificación español puede servir como catalizador para modernizar los protocolos operativos y de investigación dominicanos. Una “frontera compartida de seguridad” La ministra Faride Raful subrayó que el tratado busca hacer frente a una realidad criminal que exige mayor capacidad y eficiencia, consolidando una alianza que convierte la distancia geográfica en una “frontera compartida de seguridad”. En la práctica, esto se traduce en: · Intercambio ágil de perfiles criminales, sin las dilaciones de la burocracia tradicional. · Colaboración directa entre agentes en casos que afecten ambas jurisdicciones. · Fortalecimiento del rastreo digital para enfrentar estafas y extorsiones transnacionales. El Caribe en la mira de los flujos ilícitos El acuerdo no es un capricho diplomático. Reportes internacionales señalan de forma recurrente al Caribe como una de las principales rutas de operación de redes vinculadas al crimen organizado y los delitos financieros. Desde el lavado de activos hasta el narcotráfico, pasando por la trata y la corrupción, la región ha sido identificada como zona de vulnerabilidad. Con este tratado, República Dominicana y España intentan construir algo que la criminalidad global no perdona: una arquitectura de cooperación ágil, eficaz y, sobre todo, ejecutable. Queda por ver si la distancia se acorta en los tribunales y no solo en los discursos. Pero por primera vez en años, el dinero sucio tiene motivos para mirar con recelo el mapa que une el Caribe y la península ibérica.
República Dominicana se perfila como el socio indisoluble de Estados Unidos en el tablero geopolítico del Caribe
La ministra Faride Raful expone en el Miami Security Forum los avances en seguridad, economía y cooperación bilateral que consolidan al país como un aliado estratégico de Washington en la región, respaldados por cifras históricas en reducción de homicidios, combate al narcotráfico y solidez del intercambio comercial. Por: Alejandro F. Guzmán MIAMI. – En el escenario del Trump National Doral, donde la élite hemisférica en materia de defensa y seguridad converge para trazar las coordenadas del futuro inmediato, la República Dominicana no solo ocupó un asiento protagónico, sino que se erigió como el modelo emergente de estabilidad en un vecindario marcado por la turbulencia. La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, en representación del presidente Luis Abinader, desgranó ante la Heritage Foundation —en el foro inaugural Miami Security Forum— los pilares de una transformación silenciosa pero profunda que ha convertido a la nación caribeña en un activo estratégico de primer orden para Estados Unidos. Bajo el título del panel, “Dominican Republic: A Strategic U.S. Partner in Security Affairs”, la funcionaria desplegó una radiografía que, por su contundencia, trascendió el mero informe para convertirse en una declaración de principios geopolíticos. El dato central, de una elocuencia quirúrgica: la tasa de homicidios en 2025 se situó en 8.15 por cada cien mil habitantes, la más baja jamás registrada en la historia nacional, lo que representa una reducción cercana al 15% con respecto al año precedente. Con esta cifra, el país se consolida como el segundo más seguro de Centroamérica y el Caribe, una posición que desafía las tendencias regionales y ofrece un respiro de certidumbre en un corredor tradicionalmente acosado por la violencia. La arquitectura de este éxito, explicó Raful, no responde al azar ni a la retórica, sino a una metodología sustentada en la gestión rigurosa de datos a través del Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana, la incorporación de 9,503 nuevos agentes a la Policía Nacional y una reforma institucional cuyo anteproyecto de ley orgánica aguarda ya su sanción en el Senado de la República. A ello se suma una ofensiva frontal contra el narcotráfico que ha quintuplicado las incautaciones desde 2019, alcanzando 48.3 toneladas en 2025 —una cifra que habla tanto de la eficacia operativa como de la confianza depositada por las agencias estadounidenses en sus homólogos dominicanos. Pero el vínculo con Washington, como subrayó la ministra, trasciende la cooperación policial y militar. La solidez del intercambio comercial bilateral, que superó los US$18,900 millones, y el caudal de las remesas provenientes de la diáspora —más de US$11,800 millones— configuran un puente económico de una solidez inusual. En paralelo, el Índice de la propia Heritage Foundation otorgó a República Dominicana su puntuación más alta en la historia, superando los promedios mundial y regional, un reconocimiento que, en el mismo foro donde se anunciaba, adquirió el peso de un aval ideológico. En los márgenes del evento, la agenda de Raful incluyó un encuentro con la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, con quien abordó los ejes de la seguridad regional, el combate a la criminalidad transnacional y la modernización de los cuerpos de seguridad en el Caribe. La reunión, cargada de simbolismo, anticipa una alianza insular que podría convertirse en punta de lanza de una estrategia conjunta en la cuenca caribeña. Finalmente, la ministra situó sobre la mesa el desafío que, como una sombra alargada, proyecta su gravedad sobre toda la región: la crisis haitiana. Lejos de tratarlo como un asunto de fronteras locales, Raful insistió en que se trata de un problema hemisférico que exige una respuesta colectiva de la comunidad internacional, en un llamado que resonó con fuerza entre los asistentes, conscientes de que la estabilidad dominicana es, en buena medida, una trinchera adelantada para la seguridad de Estados Unidos. La presentación en el Miami Security Forum dejó, así, una certeza: la República Dominicana ha dejado de ser vista como un mero receptor de políticas exteriores para convertirse en un socio con voz propia, cifras que respaldan y un proyecto de nación que, en seguridad y economía, se escribe en mayúsculas.
Vocación de uniforme, tentación de la ilegalidad: Faride Raful destapa nuevos detalles del caso policial en San Cristóbal
La ministra de Interior y Policía revela que el coronel Carlos J. Signey Kely, uno de los agentes suspendidos por el presunto robo durante un proceso investigativo, había sido trasladado a esa demarcación en noviembre de 2025, precisamente para atender denuncias de asaltos y ratería. La funcionaria asegura que la investigación surgió desde dentro de la propia institución y que su divulgación pública evidencia el compromiso con la transparencia. Por: Brendalis Reyes Santo Domingo, R.D. — La ética policial volvió a ser puesta en el centro del debate público este miércoles, cuando la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, ofreció nuevos y reveladores detalles sobre el presunto robo cometido por agentes de la Policía Nacional en la provincia de San Cristóbal. Lo que podría haber quedado como un hecho aislado en las páginas judiciales adquiere ahora ribetes de paradoja institucional: uno de los uniformados implicados había sido enviado a esa demarcación precisamente para combatir la delincuencia que hoy se le imputa. Se trata del coronel Carlos J. Signey Kely, quien, según explicó Raful durante una entrevista en el programa televisivo \»El Día\», fue asignado a la dotación policial de San Cristóbal en noviembre del año 2025. Su traslado, junto a otros agentes, respondía a las denuncias permanentes de comerciantes y empresarios de la zona, quienes alertaban sobre la ocurrencia de asaltos y actos de ratería que mantenían en zozobra a la comunidad. \»La paradoja de la vocación\», podría titularse el capítulo que ahora escribe el expediente. Porque el mismo uniformado que debía velar por la seguridad ciudadana se encuentra suspendido, junto a un capitán y varios alistados, por la presunta sustracción de una suma de dinero aún no determinada durante un proceso investigativo realizado en la provincia sureña. La investigación que nace desde adentro Faride Raful fue enfática al señalar que el caso no fue descubierto por denuncias externas ni filtraciones periodísticas, sino que surgió en el seno mismo de la Policía Nacional. \»Inmediatamente hay una vinculación de un agente que compromete algún tipo de responsabilidad en el ejercicio de sus funciones, no importa cuál sea el caso, tiene que someterse al Ministerio Público\», afirmó la funcionaria, subrayando que ese proceder constituye la línea de actuación que han mantenido. La ministra evitó precisar la procedencia anterior del coronel Signey Kely —\»No recuerdo de dónde fue trasladado, pero en noviembre llegó\», expresó—, aunque dejó claro que el tiempo de permanencia en un cargo no es garantía de rectitud ni coartada para la sospecha. Con una reflexión que bien podría inscribirse en los manuales de ética policial, Raful sentenció: \»No importa el tiempo que una persona tenga en un cargo, porque si tiene vocación de cometer acciones no legales, lo puede hacer en un mes o incluso en un solo día\». Transparencia como política y como escudo La decisión de la institución del orden de hacer público este caso, lejos de ser vista como un signo de debilidad, fue presentada por la ministra como una evidencia del compromiso gubernamental con la transparencia. En un país donde históricamente los cuerpos policiales han tendido al hermetismo y la autocobertura, el gesto de airear las propias miserias institucionales adquiere un valor que trasciende lo anecdótico. \»Estamos actuando con transparencia\», afirmó Raful, en un mensaje dirigido tanto a la ciudadanía como a los propios miembros de la institución. Porque si algo revela este caso es que la reforma policial, ese proceso largamente anunciado y lentamente ejecutado, enfrenta su prueba de fuego en la capacidad de autodepuración. La reforma como transformación cultural Consultada sobre los avances de la reforma policial, la también exlegisladora introdujo una perspectiva que suele olvidarse en los debates técnicos: la dimensión cultural. \»Los procesos de transformación llevan tiempo, porque se trata de una transformación cultural que debe realizarse no solo dentro de la institución, sino también en la ciudadanía\», precisó. Raful abogó por generar una sinergia entre la población, los agentes policiales como autoridad que garantiza el orden público y el Ministerio de Interior y Policía como entidad rectora. \»Es necesario aprender a generar esa sinergia\», insistió, en un llamado implícito a superar la desconfianza mutua que tradicionalmente ha caracterizado la relación entre civiles y uniformados. El caso de San Cristóbal, con sus ribetes de traición a la confianza depositada, se convierte así en un espejo incómodo pero necesario. Porque si la vocación de servicio puede torcerse en un mes o en un solo día, la única garantía de rectitud es una institucionalidad capaz de investigarse a sí misma y de exponer sus propias fallas ante la luz pública. La pregunta que flota en el aire, mientras el Ministerio Público profundiza las indagatorias, es si esta transparencia recién estrenada logrará transformarse en política permanente o quedará en un brillo pasajero en medio de la tormenta.
Un coronel, un capitán y varios alistados: los rangos de los policías acusados de robo en San Cristóbal
El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, confirmó que los agentes suspendidos por la presunta sustracción de dinero durante una investigación fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Mientras el caso avanza en fase secreta, la ministra Faride Raful reconoce que persisten agentes resistentes a la reforma policial. Por: Arturo F. Guzmán Santo Domingo, R.D. — La Policía Nacional enfrenta una nueva y delicada situación que pone a prueba los discursos de transformación institucional. Entre los agentes suspendidos por la presunta sustracción de una suma de dinero no determinada —ocurrida durante un proceso investigativo en la provincia San Cristóbal— figuran un coronel, un capitán y varios alistados, cuyas identidades no han sido reveladas oficialmente. El vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, ofreció la información al término de una misa conmemorativa por el 90 aniversario de la Policía Nacional, celebrada en la sede central de la institución. Flanqueado por los periodistas que cubrían la fuente, Pesqueira confirmó que los uniformados implicados ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la jurisdicción de San Cristóbal. \»El Ministerio Público de la jurisdicción de San Cristóbal ya tiene el caso, fue apoderado y oportunamente nosotros estaremos dando mayores detalles\», declaró el vocero, antes de agregar una precisión que sonó a advertencia: \»No sin antes precisar que las malas actuaciones no son ni serán toleradas en las filas de la Policía Nacional\». Las circunstancias del hecho Preguntado sobre las condiciones en que se habría producido la sustracción, Pesqueira ofreció una respuesta que, sin entrar en detalles, delineó el contexto: \»Ellos estaban investigando un caso y en el proceso de investigación se produjo la situación que ha sido denunciada\». La frase, aparentemente críptica, sugiere que los agentes habrían aprovechado su condición de investigadores para apropiarse de valores durante el procedimiento. El vocero evitó precisar si se trató de dinero ocupado en un allanamiento, soborno recibido o cualquier otra modalidad delictiva, argumentando que las pesquisas se mantienen en fase secreta. \»Nosotros queremos esperar, señores. Yo sé que ustedes están necesitados de informaciones, pero nosotros debemos precisar contar con las evidencias, con los reportes de los fiscales, para poder adelantar mayores detalles\», explicó Pesqueira ante la insistencia de la prensa. La reserva del caso, amparada en los procedimientos judiciales, impide por el momento conocer el monto exacto sustraído, así como la dinámica específica en que se produjeron los hechos. Fuentes extraoficiales vinculadas al caso han sugerido que la investigación interna de la Policía detectó irregularidades que motivaron la suspensión inmediata y el envío de los actuantes a la justicia ordinaria. La resistencia a la reforma En el mismo escenario, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, abordó el caso desde una perspectiva institucional más amplia. Reconoció que, pese a los avances en los procesos de reforma y transformación que atraviesa la uniformada, aún persisten agentes que se resisten a adaptarse a los cambios. \»Ustedes no sé si escucharon las palabras del director de la Policía, así como la homilía del padre, donde habla precisamente de los avances que se han tenido en las competencias, que es bregar con estos temas cuando hay seres humanos que pertenecen a instituciones y no están necesariamente apegados a estas transformaciones en cambio\», reflexionó la funcionaria. Raful vinculó la actuación de los agentes suspendidos con la necesidad de profundizar los mecanismos de control interno. \»Por eso nosotros seguimos insistiendo: nuevos protocolos en monitoreo, en evaluación, en transparencia, y por eso se han suspendido esos agentes y se han puesto a la disposición del Ministerio Público, porque según la investigación de la Policía se encontraron indicios de responsabilidad\», puntualizó. Un aniversario con sombras La conmemoración del 90 aniversario de la fundación de la Policía Nacional, ocurrida el 2 de marzo de 1936 durante la era de Trujillo, sirvió de telón de fondo para estas declaraciones. La misa, oficiada en la sede institucional, congregó a altos mandos policiales y funcionarios gubernamentales en un ambiente que combinaba la celebración de las efemérides con la gravedad de los recientes acontecimientos. El contraste no pasó inadvertido para los observadores. Mientras el capellán policial y las autoridades hablaban de avances y logros, el caso de San Cristóbal emergía como recordatorio de que la transformación institucional no es un proceso lineal ni exento de retrocesos. La presencia de altos oficiales en la ceremonia, muchos de ellos con décadas de servicio, contrastaba con la imagen de los agentes suspendidos —entre ellos un coronel y un capitán— que ahora enfrentan la justicia ordinaria por hechos que, de confirmarse, constituirían una traición a la confianza depositada en ellos. Lo que viene El caso ha sido apoderado por el Ministerio Público de San Cristóbal, que deberá determinar no solo la responsabilidad individual de los implicados, sino también si existió una estructura organizada que facilitara la comisión del hecho. La fase secreta de la investigación impide por ahora conocer los detalles, pero fuentes cercanas al proceso aseguran que las pesquisas avanzan con celeridad. Mientras tanto, la opinión pública sigue con atención el desarrollo de un caso que, más allá de sus implicaciones penales, plantea preguntas incómodas sobre el estado real de la reforma policial. ¿Son estos hechos la excepción que confirma la regla de una institución que avanza hacia la transparencia, o constituyen la evidencia de que los vicios del pasado persisten enquistados en sus estructuras? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, deberá esperar el curso de la investigación y, sobre todo, la solidez de las evidencias que el Ministerio Público logre acumular. Por lo pronto, un coronel, un capitán y varios alistados esperan el devenir de la justicia, mientras sus nombres permanecen en reserva y sus casos, en secreto.
Un Hito para la Seguridad Ciudadana: La Nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional Ingresa al Congreso
El proyecto, resultado de una exhaustiva revisión técnica y de contenido, busca dignificar la carrera policial, fortalecer la meritocracia y establecer parámetros modernos para el uso proporcional de la fuerza. Por Servicios umbral.local/ Santo Domingo. – En un paso decisivo hacia la transformación institucional, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, anunció que el proyecto de la nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional ha sido depositado ante el Congreso Nacional y se encuentra en una fase avanzada de revisión técnica y de contenido. Esta iniciativa, elaborada por una comisión especial designada por el Poder Ejecutivo, representa el eje central del proceso de reforma policial, con el objetivo de dotar al cuerpo del orden de bases legales sólidas para su fortalecimiento operativo e institucional. Raful destacó que la propuesta incluye avances significativos, entre los cuales resaltan la dignificación de la carrera policial, el fortalecimiento de la meritocracia como principio rector, y la definición de parámetros precisos para el uso proporcional de la fuerza. Asimismo, el proyecto contempla un nuevo sistema de pensiones y seguridad social para los agentes retirados, junto a mecanismos de formación continua, evaluación permanente y monitoreo institucional, diseñados para elevar los estándares de desempeño, disciplina y respeto a los derechos fundamentales. La ministra reiteró el compromiso del Ministerio de Interior y Policía con la supervisión y acompañamiento del proceso, a fin de garantizar el cumplimiento de la normativa. Además, enfatizó que la convivencia ciudadana y el respeto a las normas constituyen pilares fundamentales para una seguridad efectiva y una relación renovada entre la ciudadanía y las autoridades. Con esta ley, se sientan las bases para una policía más profesional, transparente y al servicio de la sociedad, en línea con los estándares internacionales y las demandas de la ciudadanía dominicana.
Faride Raful Anuncia Horarios Extendidos para Ventas Nocturnas y Gracias para Porte de Armas
La ministra de Interior fija hasta las 4:00 a.m. el cierre de bares y restaurantes los fines de semana de diciembre y enero, mientras extiende hasta fin de año el plazo para renovar permisos de armas con descuentos en multas. La tasa de homicidios sigue en descenso. POR VIRTUDES ÁLVAREZ SAMPEDRO SANTO DOMINGO.- En un gesto que combina la flexibilidad festiva con la firmeza administrativa, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, anunció este lunes la prórroga de los horarios especiales para el expendio de bebidas alcohólicas durante la temporada de fin de año y, paralelamente, extendió una “gracia” para la renovación de permisos de armas de fuego vencidos. Mediante la resolución MIP-RR-0009-2025, que entrará en vigor el próximo 10 de diciembre, restaurantes, clubes, centros de eventos, piano bar y casinos podrán operar hasta las 3:00 de la madrugada de domingo a jueves. Los viernes y sábados, el horario se extenderá hasta las 4:00 a.m. del día siguiente. La medida, que se mantendrá vigente hasta el 5 de enero del 2026, excluye a los colmados, que deberán cerrar a la medianoche, como es habitual. “Por supuesto, los 25 de madrugada y el primero de enero del 2026 de madrugada, pues no hay límites de horario para la celebración de las festividades”, aclaró Raful tras una reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana. La ministra enfatizó que estos horarios no son nuevos, sino que se repiten sin modificaciones desde hace tres años, ajustando únicamente las fechas en el calendario. La vigilancia del cumplimiento de la disposición estará a cargo de la Dirección Nacional de Control de Expendio de Bebidas Alcohólicas (COBA), con el apoyo de la Policía Nacional. Las violaciones podrían acarrear sanciones que incluyen cierres temporales o definitivos y la cancelación de licencias. Renovación de Permisos de Armas: Plazo Extendido y “Gracia” en Multas En otro anuncio significativo, la titular de Interior informó que el plazo para la renovación de permisos de porte y tenencia de armas de fuego se ha extendido hasta el 31 de diciembre. Además, convocó a todos los ciudadanos con armas en sus manos cuyos permisos o licencias estén vencidos a que regularicen su situación. “No importa los años que deban, se les va a dar una especie de gracia para que puedan pagar menos y así poder legalizarse”, aseguró Raful, destacando que el proceso de renovación marcha muy bien. La ministra advirtió, no obstante, que en los operativos policiales se procederá a la incautación de todas las armas de fuego ilegales o cuyos permisos se encuentren vencidos, subrayando la importancia de la legalización dentro del plazo establecido. Tasa de Homicidios Mantiene Trayectoria Descendente En el aspecto de la seguridad ciudadana, Raful ofreció un dato alentador: la tasa acumulada de homicidios en lo que va de 2025 se sitúa en 8.0 por cada 100,000 habitantes, con un total de 1,174 casos registrados. Esta cifra representa una reducción de 213 homicidios en comparación con 2023 y de 87 menos que en 2024. La ministra atribuyó este descenso sostenido al impacto de los operativos preventivos y al trabajo de la Fuerza de Tarea Conjunta a nivel nacional, evidenciando, a su juicio, la efectividad de las estrategias implementadas por su cartera.
Líder de la Fuerza del Pueblo recibe a Faride Raful y a la comisión oficial para reforma policial
Leonel Fernández recibe a comisión oficial para analizar reforma policial en un encuentro que simboliza la búsqueda de consensos para modernizar la institución. Por Brendalis Reyes SANTO DOMINGO.— En un gesto que trasciende las fronteras partidistas, el expresidente Leonel Fernández, líder de Fuerza del Pueblo, recibió en la sede de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) a la Comisión de Reforma Policial, encabezada por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y el director general de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta. El encuentro, celebrado en un ambiente de rigor técnico y cordialidad institucional, permitió presentar el anteproyecto de ley que busca transformar los cimientos de la fuerza del orden dominicana. La reunión congregó a dos mundos históricamente complementarios: la expertise técnica de la comisión gubernamental y la experiencia de quienes han dirigido la Policía en el pasado. Por la comisión oficial asistieron figuras como Servio Tulio Castaños, director legal; Elena Villeya, coordinadora de Reforma Administrativa, y Marisol Vicens, integrante de la Comisión Consultiva. Frente a ellos, Fernández desplegó un equipo de veteranos en seguridad pública: los exdirectores policiales Rafael Guillermo Guzmán Fermín, Pedro de Jesús Candelier y José Armando Polanco Gómez, cuyas trayectorias abarcan décadas de servicio y transformaciones institucionales. El anteproyecto de ley, puesto sobre la mesa de discusión, representa la culminación de meses de diagnóstico y deliberaciones. Su contenido —aún no divulgado públicamente— se presume abarca desde la modernización de protocolos de actuación y formación hasta mecanismos de rendición de cuentas y reorganización estructural, todos ejes considerados críticos para una institución que enfrenta crecientes desafíos de credibilidad y eficacia. El hecho de que una comisión oficial acuda a Funglode —centro de pensamiento vinculado al expresidente— no es un detalle menor. Symboliza un esfuerzo por construir puentes en un tema tan sensible como la seguridad ciudadana, buscando impregnar el proceso de una legitimidad que trascienda gobiernos y colores políticos. Fernández, conocedor tanto de las complejidades del poder como de los debates de ideas, ofrece así un espacio de reflexión alejado de la coyuntura política inmediata. Este diálogo ocurre en un contexto donde la Policía Nacional enfrenta escrutinio público por incidentes recientes que han reavivado el debate sobre el uso de la fuerza y la necesidad de una reforma profunda. La participación de exdirectores con distintas visiones y experiencias enriquece el análisis, asegurando que la futura ley no responda solo a teorías abstractas, sino a las realidades operativas del día a día. Al finalizar el encuentro, aunque no se emitieron declaraciones formales, se percibió un espíritu de colaboración. La reforma policial, por fin, parece encaminarse como una política de Estado, no de gobierno. El camino por recorrer es largo, pero este primer paso —técnico, sereno y plural— sugiere que la seguridad de los dominicanos podría, por fin, encontrar un terreno común en el cual edificarse.
Ministerio de Interior y Policía: La ausencia de una ley orgánica que pone en riesgo los derechos ciudadanos
La falta de un marco legal claro abre la puerta a actos arbitrarios y discrecionales que afectan libertades fundamentales Por Ángel F. Guzmán El Ministerio de Interior y Policía, una de las instituciones clave para la seguridad y el orden público en el país, opera actualmente sin una ley orgánica que regule su estructura, funciones y límites. Esta carencia, señalada con preocupación por expertos en derecho y administración pública, genera un vacío normativo que facilita decisiones arbitrarias con impacto directo en los derechos y libertades de la ciudadanía. La Constitución de la República, en su artículo 112, define que las leyes orgánicas deben regular aspectos fundamentales, tales como derechos esenciales y la organización de los poderes públicos. Sin embargo, el Ministerio no cuenta con esta norma de rango superior que legitime y delimite su accionar. Por ello, se sustenta en decretos y resoluciones, muchas de ellas heredadas de épocas autoritarias, que no garantizan la debida seguridad jurídica ni la transparencia en sus actuaciones. Este vacío legal se traduce en medidas que afectan derechos de libertad privada, de empresa, tránsito y consumo, como ocurre con las regulaciones sobre el horario de expendio de bebidas alcohólicas, establecidas mediante resoluciones administrativas y no por una ley que otorgue plena legitimidad. Un ejemplo reciente fue la prohibición del expendio de alcohol durante el Viernes Santo, medida emitida bajo la resolución MIP-RR-001-2025, que ha sido objeto de críticas por su potencial arbitrario uso y ausencia de fundamentos claros. El abogado penalista Chanel Liranzo advierte que “el Ministerio, al regirse principalmente por decretos y resoluciones propias, pierde fuerza institucional y coloca a la ciudadanía en una situación vulnerable ante decisiones discrecionales”. Por su parte, el doctor en Administración Víctor Eddy Mateo subraya que “sin una ley orgánica que habilite expresamente las restricciones, las sanciones pueden caer en lo arbitrario, vulnerando derechos fundamentales y desconociendo el principio de legalidad”. La problemática se extiende a otros ámbitos, como la incautación de bocinas por supuestos niveles sonoros excesivos. Mateo señala que esta materia está regulada por leyes ambientales específicas y que la intervención debe ser competencia de la Procuraduría Especializada con apoyo policial, no una iniciativa unilateral del Ministerio. En la práctica, se han reportado casos donde se han clausurado establecimientos, retirado mobiliario y detenido personas sin fundamento legal suficiente, generando un clima de inseguridad jurídica y abuso de autoridad. Actualmente, el Ministerio de Interior y Policía debe responder a diversas normativas parciales, como la Ley de Migración, la Ley Orgánica de la Policía Nacional y la Ley de Control de Armas, pero ninguna de estas leyes establece un marco rector integral. Las resoluciones internas, por su parte, funcionan como autorregulación, lo que incrementa la posibilidad de irregularidades. La promulgación de una ley orgánica no solo fortalecería la institucionalidad del Ministerio, sino que también garantizaría el respeto a los derechos de la ciudadanía, estableciendo límites claros y procedimientos transparentes. Este tipo de legislación requiere una mayoría calificada en el Congreso Nacional, reflejando la importancia y la solemnidad de su contenido. En suma, la ausencia de una ley orgánica para el Ministerio de Interior y Policía no es un mero vacío técnico, sino un riesgo tangible para el Estado de derecho y la convivencia pacífica, que demanda una pronta y responsable atención legislativa.
Roberto Fulcar presenta querella contra Ángel Martínez por difamación e injuria
Acusan al comunicador de mantener campaña de descrédito que ha afectado la honra y salud del exministro de Educación Por Virtudes Álvarez Sampedro La Fiscalía del Distrito Nacional ha recibido una nueva querella con constitución en actor civil contra el comunicador Ángel Martínez, conocido por su canal de YouTube “Detective Ángel”, sumando ya siete acciones legales en su contra. Esta vez, el dirigente político y exministro de Educación, Roberto Fulcar Encarnación, interpuso la demanda por difamación e injuria, a través de sus abogados Ingrid Hidalgo y Edwin Acosta. La querella presentada solicita la apertura formal del proceso penal, la imposición de medidas de coerción y la persecución judicial contra Martínez, al acusarlo de difundir acusaciones falsas y dañinas en contra de Fulcar. Se alega que, desde diciembre de 2022, el comunicador ha desplegado una campaña sistemática para desacreditar al exfuncionario mediante afirmaciones sin fundamento, entre las que destacan supuestos vínculos con el narcotráfico y cooperaciones con agencias estadounidenses para investigaciones. En una transmisión realizada el 17 de diciembre de 2022, Martínez afirmó que Fulcar habría recibido 150 millones de dólares del narcotráfico y sostuvo reuniones con fiscales de la DEA, además de mencionar sobornos entregados a políticos dominicanos en presencia del exministro. Estas declaraciones, acompañadas de expresiones ofensivas, han atentado contra la dignidad, honor e imagen pública de Fulcar. La querella sostiene que tales imputaciones son “absolutamente falsas” y han causado un daño profundo a la integridad personal, profesional y familiar de Fulcar, motivando así la acción judicial. Para sustentar su demanda, se han presentado evidencias contundentes, como historia clínica emitida por médicos dominicanos y estadounidenses, incluyendo evaluaciones del Massachusetts General Hospital, que certifican que el viaje del exministro a Estados Unidos obedeció exclusivamente a razones médicas, descartando cualquier relación con procesos judiciales. Además, testimonios de ciudadanos respaldan el impacto negativo que las declaraciones del comunicador han tenido sobre la percepción pública del exministro. Fulcar solicita una indemnización por daños y perjuicios ascendentes a 50 millones de pesos. La Fiscalía ha remitido las querellas al departamento de crímenes y delitos de alta tecnología para iniciar la investigación correspondiente, mientras que otras querellas similares se tramitan en Santiago y en tribunales, presentadas por figuras como el empresario Arnulfo Gutiérrez, los diputados Gregorio Domínguez y Sergio Moya, y la ministra de Interior y Policía, Faride Raful. El caso de Roberto Fulcar marca un nuevo capítulo en la confrontación judicial entre el comunicador y sus denunciantes, quienes exigen que la justicia actúe con celeridad para restablecer la verdad y proteger la honra de sus representados.