La República Dominicana y España suscribieron un acuerdo histórico de cooperación en seguridad para rastrear y recuperar bienes de origen ilícito, desarticular redes criminales y compartir inteligencia contra el crimen organizado. El convenio, firmado por la ministra Faride Raful y su homólogo Fernando Grande-Marlaska, incluye lucha contra la ciberdelincuencia, trata de personas, violencia de género y localización de desaparecidos. El pacto llega en medio de la conmoción por el Caso Koldo en España, que alertó sobre intentos de proyectar negocios vinculados a la covid hacia República Dominicana, y responde a la recurrente señalización del Caribe como ruta clave del crimen financiero transnacional.
Por Julio Guzmán Acosta
Desde Santo Domingo / Madrid
No ha sido un acto protocolario más. Cuando la ministra de Interior y Policía de República Dominicana, Faride Raful, y su homólogo español, Fernando Grande-Marlaska, estamparon sus firmas ayer en la sede de la Policía Nacional dominicana, sellaron algo más que un papel: dibujaron los contornos de una alianza estratégica para asfixiar las finanzas del crimen organizado en dos continentes.
El acuerdo, que establece mecanismos de intercambio de información, investigaciones conjuntas y asistencia operativa, tiene un objetivo tan claro como ambicioso: que el dinero sucio generado en un país no encuentre refugio ni legitimación en el otro. “Hoy damos un paso más en el fortalecimiento de nuestra alianza en materia de seguridad”, declaró Marlaska, “incorporando un nuevo marco jurídico que refuerza los mecanismos de colaboración y promueve el intercambio de información, la asistencia técnica y la formación”.
Pero el contexto añade densidad dramática a la rúbrica. El pacto llega cuando España aún se estremece por el denominado Caso Koldo, un proceso judicial abierto por presuntas irregularidades en contratos públicos durante la pandemia. En ese entramado —que ha salpicado a altos funcionarios del anterior gobierno socialista— se señalaron intentos de proyectar negocios vinculados a la covid hacia República Dominicana. Sectores de la oposición española advirtieron entonces que el país caribeño fue considerado como un posible destino para funcionarios corruptos en fuga. De allí que este acuerdo adquiera, para muchos observadores, un valor de clausura simbólica: la volunt explícita de que el paraíso turístico no se convierta en paraíso financiero de la impunidad.
Asfixia económica, vigilancia digital y respuesta rápida
El convenio no se queda en las buenas intenciones. Permite a las autoridades de ambos países ejecutar golpes financieros directos a estructuras criminales en cualquiera de los dos territorios, eliminando la posibilidad de que capitales ilícitos encuentren refugio al otro lado del Atlántico. Este enfoque de “asfixia económica” se complementa con:
· Vigilancia más estricta sobre la ciberdelincuencia y la falsificación de documentos.
· Cooperación en la localización de personas desaparecidas.
· Protocolos compartidos contra la violencia de género.
· Herramientas para combatir la trata de personas con respuesta rápida.
Además, durante el encuentro se discutió cómo el modelo de tecnificación español puede servir como catalizador para modernizar los protocolos operativos y de investigación dominicanos.
Una “frontera compartida de seguridad”
La ministra Faride Raful subrayó que el tratado busca hacer frente a una realidad criminal que exige mayor capacidad y eficiencia, consolidando una alianza que convierte la distancia geográfica en una “frontera compartida de seguridad”. En la práctica, esto se traduce en:
· Intercambio ágil de perfiles criminales, sin las dilaciones de la burocracia tradicional.
· Colaboración directa entre agentes en casos que afecten ambas jurisdicciones.
· Fortalecimiento del rastreo digital para enfrentar estafas y extorsiones transnacionales.
El Caribe en la mira de los flujos ilícitos
El acuerdo no es un capricho diplomático. Reportes internacionales señalan de forma recurrente al Caribe como una de las principales rutas de operación de redes vinculadas al crimen organizado y los delitos financieros. Desde el lavado de activos hasta el narcotráfico, pasando por la trata y la corrupción, la región ha sido identificada como zona de vulnerabilidad. Con este tratado, República Dominicana y España intentan construir algo que la criminalidad global no perdona: una arquitectura de cooperación ágil, eficaz y, sobre todo, ejecutable.
Queda por ver si la distancia se acorta en los tribunales y no solo en los discursos. Pero por primera vez en años, el dinero sucio tiene motivos para mirar con recelo el mapa que une el Caribe y la península ibérica.
