El gobierno del presidente Donald Trump ordenó controles migratorios sin precedentes: revisión exhaustiva de antecedentes con el FBI para asilo, residencia y ciudadanía, incluidos casos pendientes. La medida, vigente desde el 27 de abril de 2026, ha paralizado temporalmente miles de procesos y exige rehacer verificaciones dactilares previas. Mientras la administración defiende la norma como un escudo contra amenazas a la seguridad nacional, organizaciones de derechos humanos alertan sobre violaciones al debido proceso y un clima de incertidumbre que golpea con especial dureza a las minorías.
Por Brendalis Reyes
En un giro que endurece aún más el ya restrictivo sistema migratorio estadounidense, la administración del presidente Donald Trump ha ordenado la implementación de controles de seguridad reforzados para todos los inmigrantes que buscan beneficios legales en el país. La directriz, emitida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), exige someter —o volver a someter— solicitudes pendientes de asilo, residencia permanente y ciudadanía a revisiones ampliadas de antecedentes a cargo del Buró Federal de Investigaciones (FBI).
Los documentos internos, difundidos esta semana, revelan que los oficiales migratorios tienen la instrucción expresa de no aprobar ningún caso que no haya pasado por estos nuevos filtros. Además, deberán reenviar aquellas verificaciones basadas en huellas dactilares cuya información previa del FBI haya sido recibida antes del 27 de abril de 2026, fecha en que entró en vigor la orden.
La medida responde a una orden ejecutiva firmada por Trump en febrero pasado, que amplía el acceso del USCIS a bases de datos criminales federales «en la máxima medida permitida por la ley». Según el mandatario, el objetivo es identificar amenazas a la seguridad nacional o pública, «incluyendo a extranjeros con historial delictivo que hayan ingresado o permanecido en el país violando leyes migratorias».
“Retrasos breves”, según el gobierno
Zach Kahler, portavoz del USCIS, confirmó que los nuevos protocolos buscan «fortalecer la verificación y el análisis de antecedentes» mediante un acceso sin precedentes a registros criminales. Aunque reconoció que las decisiones se verán temporalmente demoradas, aseguró que los retrasos «deberían ser breves».
Sin embargo, sobre el terreno, abogados y organizaciones civiles reportan una pausa casi inmediata en numerosos procesos, especialmente aquellos que requieren huellas dactilares: residencia permanente, naturalización, peticiones de patrocinio familiar y solicitudes de prometidos (visas K-1).
Un cerco que no cesa
Esta política no es un hecho aislado, sino una pieza más del endurecimiento sistemático impulsado por la administración Trump desde su regreso al poder en 2025. Entre otras medidas recientes destacan:
· El incremento de la vigilancia sobre la actividad en redes sociales de los solicitantes, donde se busca evidencia de posturas consideradas «contrarias a los valores del país».
· La ralentización o suspensión de múltiples procesos migratorios, incluyendo una pausa en ciertos casos de asilo.
· La congelación de solicitudes provenientes de 39 países incluidos en una proclamación presidencial denominada «prohibición de entrada por motivos de seguridad nacional».
Críticas y temores
Organizaciones de derechos humanos han alzado la voz. Alegan que estas disposiciones vulneran el debido proceso y la libertad de expresión, al tiempo que generan un entorno de incertidumbre paralizante para miles de inmigrantes, en particular aquellos pertenecientes a minorías étnicas, religiosas o políticas.
«No se trata solo de retrasos. Se trata de mover las metas constantemente. Quien ya había pasado una verificación limpia ahora debe volver a pasar otra, sin saber cuánto durará ni qué nueva información podrá ser usada en su contra», denunció en un comunicado la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
El gobierno, por su parte, insiste en que la soberanía y la seguridad interna están primero. «Reducir la inmigración irregular y filtrar a quienes representan un riesgo real es una obligación», defendió Kahler.
Mientras el círculo se cierra, miles de vidas quedan en suspenso. La promesa de un «sueño americano» enfrenta, una vez más, el peso de un poder que decide quién entra, quién espera… y quién queda afuera.
