Cuando el pueblo se levanta, ni las ideas de derecha ni el poder económico pueden detenerlo
Mientras el mundo entero ve cómo el neoliberalismo y la agenda extractivista ganan terreno, la resistencia popular en San Juan impone una lección histórica: la soberanía del agua y de la vida está por encima de cualquier concesión. OPINIÓN Vivimos tiempos paradójicos. En casi todos los rincones del planeta, las ideas de derecha han ido ganando espacio con una velocidad que hace apenas una década parecía impensable. Gobiernos que recortan derechos, que privatizan bienes comunes, que ponen el lucro por encima de las personas y la naturaleza, se presentan como la única vía posible. El discurso del \»no hay alternativa\» se ha instalado en las cancillerías, en los bancos multilaterales y en las redacciones de los grandes medios. Pero entonces ocurre algo como lo sucedido en San Juan. Y el mundo recuerda una verdad vieja como la humanidad: cuando los pueblos se levantan, cuando la conciencia colectiva despierta y se organiza, no hay poder económico ni gobierno complaciente que pueda detenerlos. El presidente Luis Abinader anunció la detención definitiva del proyecto minero Romero. La noticia, presentada por el oficialismo como una decisión ambientalmente responsable, es en realidad una rendición forzada ante la presión incesante del pueblo sanjuanero, de la región sur y del respaldo mayoritario de todo el pueblo dominicano. No nos engañemos: este gobierno no descubrió la ecología de la noche a la mañana. Si Abinader dio marcha atrás fue porque la Diócesis de San Juan, los campesinos del Granero del Sur, la Academia de Ciencias, los movimientos populares y miles de ciudadanos comunes dijeron \»basta\» con una fuerza que el Palacio Nacional no pudo ignorar. Por supuesto, el mandatario se cuida de señalar que el origen del proyecto se remonta a concesiones de exploración otorgadas por los gobiernos del PLD entre 2005 y 2018. Es cierto: Leonel Fernández y Danilo Medina tienen su cuota de responsabilidad en haber abierto la puerta a GoldQuest. Pero también es cierto que el gobierno de Abinader, desde 2020 hasta hoy, mantuvo vivo el expediente y permitió que la empresa siguiera en fase de evaluación. El propio presidente afirmó que \»nunca se otorgó una autorización de explotación\», pero esa es una distinción técnica que no oculta el hecho político: el proyecto no murió por voluntad oficial, sino por la resistencia popular. Si Abinader renuncia al dinero que ya venía recibiendo por concepto de regalías mineras, no es por generosidad, sino porque el pueblo se lo impidió. Y aquí viene la lección más profunda, la que trasciende el hecho puntual de San Juan. En un mundo donde las ideas de derecha parecen imbatibles —la desregulación, el extractivismo como sinónimo de desarrollo, la sumisión a las multinacionales, la criminalización de la protesta—, el pueblo dominicano acaba de demostrar lo contrario. No hay oleaje neoliberal que pueda contra un pueblo organizado. No hay campaña de medios pagados que pueda silenciar la voz de una comunidad que defiende su agua, su tierra y su futuro. Porque de eso se trata: del agua. El proyecto Romero, en la parte alta de la cuenca del río San Juan, amenazaba con contaminar las fuentes hídricas que alimentan la Presa de Sabaneta. Los opositores lo dijeron una y otra vez: el oro, el cobre y la plata tienen precio, pero el agua no tiene sustituto. La empresa prometió minería subterránea sin cianuro, pero el pueblo no compró el cuento. Y tuvo razón. Las voces pagadas, esas que siempre aparecen cuando hay intereses de por medio, dirigieron sus baterías argumentales contra la ciudadanía. Tildaron de ignorantes a los campesinos, de radicales a los ambientalistas, de obstruccionistas a los sacerdotes. Fracasaron. Porque los pueblos no se rinden con eslóganes ni se compran con promesas. Los pueblos, cuando despiertan, son imparables. Este triunfo en San Juan debe servir de faro. No solo para la República Dominicana, sino para todos los rincones del mundo donde las ideas de derecha pretenden imponer su lógica depredadora. La lección es clara: la soberanía popular, el derecho a decir no, la defensa de la vida frente al mercado, son más fuertes que cualquier concesión firmada en un despacho. El pueblo sanjuanero ha enseñado al país y al mundo que el poder real no está en los palacios, sino en las calles, en las asambleas, en las comunidades que se niegan a claudicar. Que el gobierno de Abinader haya tenido que ceder es una buena noticia, pero no por sus méritos, sino por la derrota que representa para el extractivismo. El mérito es del pueblo. Y que quede claro: si mañana intentan traer otro proyecto minero, otra concesión que amenace nuestras fuentes de agua, los volveremos a vencer. Porque cuando el pueblo se levanta, no hay idea de derecha, no hay poder económico, no hay gobierno complaciente que pueda detenerlo. Esa es la gran lección de San Juan. Y ojalá el mundo entero la escuche.
El pueblo de San Juan le dijo no al oro: Abinader tuvo que ceder
La decisión del presidente Luis Abinader de paralizar definitivamente el proyecto minero Romero en la provincia de San Juan no fue un acto de iluminación súbita ni una concesión generosa del poder. Fue, en los hechos, una derrota política del gobierno, forzada por la resistencia indoblegable de un pueblo que se negó a vender su agua y su futuro por el espejismo del oro. No nos dejemos engañar por el discurso oficial que ahora se envuelve en la Ley 64-00 y en el principio de “escuchar a la ciudadanía”. La verdad es que el gobierno de Abinader, al igual que las administraciones del PLD que le precedieron, había dado luz verde a los intereses mineros durante años. Es cierto que las primeras concesiones de exploración se otorgaron entre 2005 y 2010, bajo el gobierno de Leonel Fernández, y que entre 2015 y 2018, con Danilo Medina en el poder, se definieron los estudios técnicos y se solicitó formalmente la licencia de explotación. Pero también es cierto que el actual gobierno, desde 2020 hasta este 2026, mantuvo el expediente vivo, permitió la evaluación técnica y nunca puso freno hasta que el clamor popular se volvió insostenible. Abinader también dio su venia, en los hechos, para que el proyecto avanzara. Si hoy el mandatario anuncia la detención definitiva, no es porque de pronto haya renunciado al flujo de dinero que ya se venía recibiendo —directa o indirectamente— por concepto de concesiones, estudios y expectativas de regalías. No es porque su corazón haya despertado ecologista. Es porque el pueblo de San Juan se empoderó. Ese empoderamiento no fue un hecho aislado. La provincia de San Juan, el “Granero del Sur”, dijo basta. Y con ella se levantó toda la región sur. Y con toda la región sur se solidarizó, sin reservas, el pueblo dominicano en su conjunto: desde las comunidades campesinas de Elías Piña hasta los barrios de Santo Domingo, desde las asociaciones de agricultores hasta las juntas de vecinos, desde la Diócesis de San Juan de la Maguana hasta la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con sus estudios técnicos y su rotunda opinión opuesta a la exploración minera. Frente a esa marea humana, solo se escucharon las voces pagadas. Aquellas que, a sueldo de intereses foráneos, dirigieron sus baterías argumentales contra el pueblo y su legítimo derecho a rechazar la minería depredadora en la Cordillera Central. Esas voces hablaron de desarrollo, de empleos, de progreso. Pero el pueblo entendió que sin agua no hay agricultura, sin agricultura no hay comida y sin comida no hay país. La lección es clara: cuando el poder económico y político creen tener atado un negocio, es la organización popular la que viene a recordarles que la soberanía reside en la gente. El proyecto Romero no cayó por un artículo de la ley. Cayó porque miles de dominicanos y dominicanas salieron a defender su tierra. Abinader no cedió por convicción. Cedió porque no le quedó otro camino. Y eso, aunque tarde, es un triunfo del pueblo sobre la codicia. Queda advertido: ningún gobierno, sea del color que sea, podrá imponer una minería letal en la Cordillera Central mientras el sur esté de pie y el país entero respalde. Ese es el verdadero editorial que hoy escribimos con la tinta de la resistencia.
La Mancha del Flágelo: Excusa para Agredir a Pueblos Soberanos
Un editorial a contracorriente El reciente acuerdo que concede a Estados Unidos el uso de espacios aéreos estratégicos dominicanos bajo el pretexto de la lucha antidrogas no es una simple cooperación bilateral: es la consolidación de un entreguismo histórico que atraviesa los últimos gobiernos y compromete la soberanía nacional en proyectos geopolíticos ajenos. No hay otra forma de calificarlo: lo firmado por Luis Abinader con el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, es la claudicación institucionalizada. Bajo la máscara de la “Operación Southern Spear”, se autoriza el uso de la Base Aérea de San Isidro y del Aeropuerto Internacional de Las Américas para operaciones logísticas extranjeras. Se nos pide creer que esto es “cooperación”, cuando la historia demuestra que tales concesiones siempre han sido la antesala de mayores injerencias. Resulta revelador —y patético— que esta decisión cuente con el beneplácito de expresidentes como Danilo Medina y Leonel Fernández, y sea celebrada por la ultraderecha local. Es la confirmación de que existe una clase política unificada en su servilismo hacia Washington, incapaz de defender los intereses nacionales cuando estos chocan con los dictados del Norte. ¿De qué lucha contra el narcotráfico nos hablan, cuando es notoria la infiltración de dineros obscenos en campañas electorales y la impunidad de que gozan testaferros y lavadores en altas esferas? ¿Cómo se explica que Estados Unidos proclame su alianza con “gobiernos ejemplares” en esta lucha, mientras indulta a narcotraficantes confesos como Juan Orlando Hernández y legitima a figuras siniestras en otros países? La verdadera agenda tras la “Lanza del Sur” no es el combate al tráfico de drogas, sino la consolidación del control militar estadounidense sobre una región rica en recursos naturales. Es la misma lógica que justifica el bloqueo criminal contra Cuba, las amenazas de invasión a Venezuela, y el ofrecimiento de recompensas por jefes de Estado soberanos. El Caribe se ha convertido en el patio trasero de una estrategia hemisférica que busca frenar cualquier avance progresista y garantizar el saqueo de nuestros recursos. No es casualidad que este acuerdo se enmarque en el Acuerdo de Interdicción Marítima y Aérea firmado por Joaquín Balaguer en 1995 —el mismo presidente impuesto por la intervención yanqui de 1966—. Es la misma línea de continuidad que explica el envío de tropas dominicanas a Irak por Hipólito Mejía, o el retiro del embajador en Venezuela por Danilo Medina. Es la herencia maldita de una clase política que ha gobernado para intereses extranjeros. La prensa tradicional que responde a los intereses del gran capital, presentan esta sumisión como “diplomacia madura”. Nosotros la llamamos por su nombre: traición. Traición a la soberanía por la que lucharon Duarte, los trinitarios y Luperón. Traición a un pueblo que merece relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo, no en la subordinación. Frente a esta farsa, solo cabe la resistencia consciente. Denunciar este acuerdo no es anti estadounidense: es la defensa elemental de nuestra dignidad como nación. Es el rechazo a convertirnos en complices de una estrategia de agresión contra pueblos hermanos. Es honrar la memoria de quienes soñaron una República Dominicana libre, no un protectorado disfrazado. El momento exige claridad: o somos soberanos o somos colonia. No hay términos medios.
El descarado entreguismo de Abinader y sus secuaces
El acuerdo que permite a Estados Unidos utilizar el Aeropuerto Internacional de Las Américas y la Base Aérea de San Isidro para operaciones logísticas de vigilancia y soporte relacionadas con la Operación Southern Spear (en español, Lanza del Sur) tiene la firma de Luis Abinader y lo retrata. Este acuerdo (que es una imposición) afianza su definición de lacayo consumado. Las generaciones venideras asociarán al nombre de Luis Abinader los calificativos que no figuran en las crónicas de los medios corporativos financiados por una clase dominante unificada a partir de la misión de fomentar el atraso político y perpetuar el servilismo. Los expresidentes Danilo Medina y Leonel Fernández conocían del acuerdo antes de la visita del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, el pasado 26 de noviembre. La ultranacionalista y ultraderechista Fuerza Nacional Progresista lo calificó como correcto y muy necesario. Y no hay que seguir nombrando piezas de este podrido sistema que es, en conjunto, sumiso y vendepatria. A Pete Hegseth, a Marco Rubio y a otros funcionarios estadounidenses que presentan a las autoridades dominicanas como líderes en la lucha contra el narcotráfico ningún medio les ha preguntado si esta condición es compatible con la afluencia de recursos de sucio origen en las campañas electorales y la colocación en puestos electivos y administrativos de reconocidos narcotraficantes. ¿Desde cuándo el narcotráfico paga para que le asesten golpes? ¿Una parte de la narrativa carece de sentido o es necesario asumir su veracidad porque procede de los centros de poder? Los portaaviones desplegados en el Caribe y en el Pacífico, rodeando los centros donde se concentra una buena parte de los recursos naturales de este continente y donde hay países cuyos gobiernos Estados Unidos califica como hostiles, son instrumentos de agresión, de espionaje, de intimidación y hasta de crimen. ¿Acaso no han sido ejecutadas decenas de personas que transitan por esa zona, personas que no fueron juzgadas previamente y que nadie puede asegurar que constituían una amenaza que solo podía detenerse aplicándoles, de facto, la pena de muerte? En términos políticos, ¿con qué derecho Estados Unidos desconoce las normas legales y los preceptos de convivencia agregando al prolongado asedio contra Cuba (que el gobierno de Trump mantiene e intensifica), la amenaza de invadir a Venezuela? ¿Cómo se explica que, impunemente, haya puesto precio a la cabeza del presidente Nicolás Maduro y acuse de narcotraficante al presidente de Colombia, Gustavo Petro? Queda claro que Lanza del Sur no es una operación contra el narcotráfico sino contra el avance político y por la imposición de gobiernos de ultraderecha en una zona rica en recursos naturales estratégicos. Busca perpetuar el saqueo. Tratan de apropiarse del petróleo, las tierras raras y otras riquezas. En esas andanzas, el poder estadounidense asigna a voluntad los calificativos de narcotraficante y terrorista, y también los retira a conveniencia. ¿Qué ha pasado con el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández y con Ahmed Al-Charáa, el actual presidente de Siria? Un narcotraficante indultado y un terrorista investido… Los ejemplos sobran. Y evidencian la falacia. La gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González; la presidenta de Trinidad y Tobago, Christine Carla Kangaloo y Abinader, son solo socios menores en un proyecto diseñado y dirigido desde el norte. Son politiqueros oportunistas que buscan protección y migajas. ¡Y no les da vergüenza! ¿HABLAMOS DE PAZ? En un plan de agresión, espionaje, conspiración y turbia manipulación política compromete Luis Abinader el nombre de República Dominicana. Dio su consentimiento Danilo Medina, quien en el año 2018 retiró de Venezuela al embajador dominicano sumándose al coro de la derecha. Lo hizo también Leonel Fernández, quien en el año 2000 envió policías a Kosovo sumándose a una acción que era de factura imperialista aunque estuviera cobijada por la Organización de las Naciones Unidas. No hay constancia de que fuera consultado Hipólito Mejía, pero su consentimiento es tácito. Él se autodefinió como lacayo. Y no se puede tomar esta autodefinición como parte de su chabacanería. Hay que recordar que, entre los años 2003 y 2004, siendo presidente, dispuso el envío a Irak de 600 militares dominicanos para apoyar la invasión yanqui. Es la herencia de Joaquín Balaguer, el gobernante que coordinó la unificación de la clase dominante aplicando un modelo de despojo y servilismo, tarea que inició en 1966 cuando el interventor yanqui lo colocó en la silla presidencial. Es Balaguer el firmante (en 1995) del Acuerdo de Interdicción Marítima y Aérea que sirve de marco a la infamante concesión que hizo Abinader. ¡Nada mejor podía dejar este personero de la vileza! Luis Abinader, apoyado por un sistema político con esta definición, ofende a este pueblo y altera la paz. No es signo de paz el compromiso con un plan de saqueo, espionaje y agresión militar que afecta a toda la región. Los medios corporativos intentan presentar como legítima la agresión contra Venezuela. Es el colmo del retorcimiento. Además, este discurso deja claro que la embestida es contra el avance político y contra la autodeterminación de los pueblos. El momento es de definición. Un poder ilegítimo y criminal constituye una permanente amenaza… Es deber de conciencia condenarlo y enfrentarlo.
Danilo Medina Encabezará Asamblea con las Bases del PLD en Santo Domingo Este
El expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana, junto al secretario general Johnny Pujols, encabezarán una asamblea de militantes este domingo en el Club Calero de Villa Duarte, como parte de la estrategia nacional de reestructuración del partido. Por Ángel Feliu G. SANTO DOMINGO, 16 de octubre de 2025.— En un movimiento estratégico para reafirmar su liderazgo y reanimar a su base electoral, el expresidente Danilo Medina, actual presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), encabezará junto al secretario general Johnny Pujols una asamblea de miembros y militantes este domingo en Santo Domingo Este, bastión tradicional del partido morado. El anuncio fue formalizado por la presidenta del PLD en la provincia Santo Domingo, Cristina Lizardo, durante una rueda de prensa celebrada en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez. La actividad, que tendrá lugar a partir de las 10:00 de la mañana en el Club Calero de Villa Duarte, forma parte del plan nacional de encuentros provinciales que busca implementar las recomendaciones del X Congreso Ordinario del partido. Reconstrucción desde las Bases \»Ahora le corresponde a Santo Domingo Oriental recibir llenos de júbilo y entusiasmo al presidente del partido, Danilo Medina y al secretario general, Johnny Pujols en nuestra zona\», declaró Lizardo, quien estuvo acompañada por miembros del Comité Político, del Comité Central, diputados, regidores y enlaces partidarios de las distintas demarcaciones. La exsenadora destacó que en esta asamblea se abordarán temas cruciales para el futuro de la organización, incluyendo la nueva línea organizativa y electoral del PLD, así como reflexiones sobre la gestión de gobierno de Medina, que según afirmó sigue siendo valorada positivamente por la ciudadanía bajo la expresión: \»Con el PLD se vivía mejor\». Estrategia de Reactivación Estos encuentros provinciales, que el PLD desarrolla sistemáticamente en todo el territorio nacional, tienen como objetivo fundamental recoger ideas y propuestas de las bases locales para fortalecer el trabajo político, dinamizar el activismo y denunciar las condiciones de dificultad que afectan a las comunidades. La elección de Santo Domingo Este como sede de este importante encuentro no es casualidad, pues esta demarcación representa uno de los tradicionales bastiones electorales del partido y constituye un termómetro clave para medir la temperatura de la militancia peledeísta en el gran Santo Domingo. El evento del próximo domingo marcará un nuevo paso en el proceso de reestructuración que lleva a cabo el segundo principal partido de oposición, en su propósito de reconectar con su base histórica y proyectar un mensaje de unidad y renovación de cara a los desafíos políticos futuros.
La Doble Moral Del PLD
Mientras la justicia condena a familiares de Danilo Medina por corrupción, la cúpula peledeísta se deslinda y exige explicaciones solo si los implicados fueran \»dirigentes formales\». Por Virtudes Álvarez Sampedro SANTO DOMINGO.— La justicia dominicana ha comenzado a escribir, con sentencias firmes y acuerdos de culpabilidad, un capítulo incómodo para la élite gobernante del pasado reciente. Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, cumple una condena de siete años por corrupción. Maxy Montilla, cuñado del mismo exmandatario, ha aceptado su culpabilidad y el decomiso de 3,000 millones de pesos. Ambos casos, emblemáticos y reveladores, pintan un entramado de desfalco al Estado durante las gestiones del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Sin embargo, la dirigencia morada, lejos de asumir responsabilidades políticas, se atrinchera en un discurso de victimización y negacionismo. La reacción oficial del PLD ha sido calibrar sus declaraciones con precisión tacticista. A través de su vicepresidente Yván Lorenzo, el partido asegura estar conformado por \»hombres y mujeres honestos\» y tilda los procesos judiciales de \»instrumentalización de la justicia\» por parte del gobierno actual. Lorenzo fue enfático al señalar que, de comprobarse actos de corrupción en un \»dirigente formal\» —no en familiares o colaboradores—, se le exigiría dar explicaciones al país. Esta distinción sutil entre \»dirigentes\» y \»colaboradores allegados\» parece ser el muro el cual la cúpula peledeísta busca refugiarse de cualquier salpicadura moral. No obstante, dentro del mismo partido surgen voces que rompen la unanimidad. Congresistas como Gustavo Sánchez y Charlie Mariotti admiten que los imputados \»abusaron de la confianza\» del expresidente Medina y deben ser encarcelados. Esta grieta interna revela la tensión entre la lealtad partidaria y la evidencia judicial irrefutable. La sociedad dominicana observa con escepticismo creciente este ejercicio de equilibrismo retórico. Mientras los tribunales desentrañan redes de corrupción que llegaron a las altas esferas del poder, la dirigencia del PLD insiste en reducir estos casos a \»temas domésticos\» —como los definió Lorenzo—, negándose a abordar el fondo del problema: la presidencia de Danilo Medina facilitó un sistema que permitió el enriquecimiento ilícito de su círculo íntimo. El verdadero juicio, sin embargo, no solo ocurre en los tribunales. Se desarrolla en la arena pública, donde la ciudadanía demanda coherencia y rendición de cuentas. La historia juzgará si el PLD logra evadir su responsabilidad política tras la cortina de humo de la \»persecución\», o si finalmente asume que el poder conlleva una obligación inquebrantable con la transparencia.
Presidente del PLD advierte a Luis Abinader
Danilo Medina señala que la comunicación diaria de Abinader le “pasa factura” y alerta sobre un clima nacional de descontento y pérdida de esperanza. Por Brendalis Reyes SANTO DOMINGO.— Con la templanza que otorgan los años en el vértigo del poder, el expresidente Danilo Medina emergió para lanzar una certera advertencia: la verbosidad cotidiana del presidente Luis Abinader, lejos de construir puentes, erosiona su autoridad. En un análisis tan sereno como incisivo, el titular del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) argumentó que esa costumbre de hablar a diario le está pasando una factura política al mandatario, forzándolo a menudo a la evasiva o a la improvisación cuando la ciudadanía demanda soluciones concretas. “Esa es la consecuencia de hablar todos los días”, sentenció el exmandatario, trazando una línea directa entre el estilo comunicacional y lo que percibe como una creciente pérdida de rumbo de la gestión actual. Desde su mirada, el país se encuentra sumido en un clima de descontento, donde la esperanza se disipa ante la falta de respuestas a los apremiantes problemas económicos y sociales. Sus declaraciones, vertidas en un contexto político enrarecido por el constante forcejeo verbal entre el Gobierno y las principales figuras opositoras, van más allá de la crítica circunstancial. Medina, quien confesó sentir una “sensación agridulce”, esbozó un contraste entre eras. Por un lado, la reivindicación ciudadana de su obra de gobierno, que, a su juicio, nace de la percepción de que “con nosotros se vivía mejor”. Por el otro, una honda preocupación por la realidad presente: “Me preocupa la pobreza, la miseria y la falta de condiciones de vida que se generaliza en el país”. La intervención del líder peledeísta no es un simple eco en la cacofonía política; es el alegato de un expresidente que observa desde la tribuna cómo el país que gobernó se debate entre el recuerdo de un ayer que se percibe más estable y la incertidumbre de un porvenir que, a su decir, clama por dirección firme.
El PLD y las Cuentas Pendientes
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ha levantado su voz para denunciar lo que considera una persecución política tras la reciente condena a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina. Sin embargo, en su defensa apasionada, la organización política parece olvidar que durante sus veinte años en el poder, la corrupción se instaló en el Estado como un invitado permanente. La historia reciente del país está marcada por los escándalos que salpicaron a numerosos funcionarios del PLD, muchos de los cuales llegaron al gobierno con modestos recursos y terminaron sus mandatos con fortunas inexplicables. Urbanizaciones lujosas, vehículos de alta gama y cuentas en el exterior se convirtieron en el patrimonio común de una clase política que, en teoría, debía servir al pueblo. El modus operandi fue variado pero constante: sociedades creadas expresamente para facturar al Estado, obras públicas con sobreprecios escandalosos, contratos adjudicados a dedo y un sistema de influencias que permitía monetizar cualquier gestión gubernamental. El caso de Alexis Medina, condenado por crear una red de empresas para beneficiarse de contratos estatales, parece más bien la punta visible de un iceberg de irregularidades. Resulta llamativo que el PLD, en su comunicado oficial, no haya hecho ninguna autocrítica sobre este periodo. Tampoco ha explicado cómo cuadran los patrimonios actuales de muchos de sus dirigentes con los salarios que percibieron como servidores públicos. La justicia dominicana, que durante años pareció mirar hacia otro lado, ahora comienza a pedir cuentas. Más allá de las acusaciones de lawfare o persecución política, lo cierto es que el país asiste a un momento de rendición de cuentas. La condena a Alexis Medina no cierra el capítulo, sino que abre uno nuevo en el que la sociedad dominicana espera que todos los responsables, sin excepción, respondan por sus actos. El PLD tiene derecho a defenderse, pero la ciudadanía tiene aún más derecho a saber la verdad sobre lo ocurrido durante dos décadas en las que el Estado pareció convertirse en botín de unos pocos. La justicia, aunque tardía, debe seguir su curso. Porque como bien dice el refrán popular: \»No hay atajo sin trabajo, ni fortuna sin razón\».
El juicio de Alexis Medina y la sombra de la justicia
¿Justicia o Lawfare? El PLD denuncia \»persecución política\» tras condena a Alexis Medina Por Julio Guzmán Acosta El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) alzó la voz como un trueno en tarde de sequía. La sentencia que condenó a Alexis Medina —hermano del expresidente Danilo Medina— a siete años de prisión por corrupción no fue, según ellos, el epílogo de un proceso judicial, sino el acto final de una obra política montada desde el Ministerio Público. \»La justicia no se construye con titulares\», clamó el comunicado del partido morado, donde cada palabra parecía tallada con el cincel de la indignación. Acusan al órgano acusador de haber tejido, durante cinco años, \»una narrativa de criminalización\» con hilos sueltos: imputaciones sin pruebas, filtraciones mediáticas y una docena de nombres arrastrados al lodo aunque el tribunal finalmente los absolviera. El peso de lo no dicho Mientras el PLD celebra la absolución de Carmen Magaly Medina (hermana del expresidente) y el \»descargo\» de otros acusados, guarda silencio sobre los siete años de prisión impuestos a Alexis. Tampoco menciona los cinco años con multa para Víctor Matías Encarnación, ni las condenas a José Dolores Santana (6 años) o Wascar Méndez (5 años). \»No había estructura criminal\», insiste el partido. Pero los jueces dictaminaron lo contrario: Alexis Medina creó un \»entramado societario\» para beneficiarse de obras públicas. ¿Dónde queda, entonces, la línea entre la defensa partidaria y el reconocimiento de los hechos probados? La sombra del lawfare El PLD no duda: habla de \»lawfare\» —esa guerra jurídica que, según ellos, usa procesos penales como armas políticas—. \»El MP fue herramienta de persecución\», acusa. Pero omiten un detalle crucial: durante sus 20 años en el poder (12 con Leonel Fernández, 8 con Danilo Medina), fueron ellos quienes moldearon esas mismas instituciones que hoy denuncian. La pregunta que flota Mientras el partido exige \»verdad y legalidad\», la sociedad dominicana se queda con un sabor amargo: ¿Fue esta sentencia un golpe contra la corrupción o, como alega el PLD, un espectáculo para criminalizar a la oposición? El tribunal ya dio su veredicto. La historia, quizás, tenga otro. Lo único claro es que, en República Dominicana, la justicia nunca viene sola: siempre llega acompañada de sospechas, réplicas y ese eco persistente que pregunta: ¿A quién beneficia?
La caída del heredero: 7 años para Alexis Medina
Una sentencia histórica sacude los cimientos del poder en República Dominicana Por Virtudes Álvarez Sampedro La madrugada del jueves llegó con un veredicto que resonará en los anales de la justicia dominicana. Entre las sombras de la noche, las tres magistradas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional tejieron con hilos de ley el destino de Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, condenándolo a siete años de prisión en Najayo. El reloj marcaba las 4:13 AM cuando se selló este capítulo judicial, tras cinco horas de deliberación que desentrañaron una red de corrupción tejida entre 2012 y 2020. Las juezas Claribel Nivar Arias, Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo encontraron al otrora poderoso hermano de Danilo Medica Sánchez y empresario culpable de tres delitos que manchan el tejido social: soborno, lavado de activos y asociación de malhechores. La sentencia no solo encierra entre rejas al hermano de un expresidente, sino que impone una sanción económica sin precedentes: RD$500 millones que deberán pagar conjuntamente las empresas cómplices de esta trama. El Estado, víctima y actor civil en este drama judicial, recibirá además el peso de 150 salarios mínimos como multa personal para Alexis. Mientras la justicia descargaba a Magalys Medina, hermana menor del clan, otros siete actores de este entramado recibieron su castigo. Desde los cinco años para los esposos Paola Molina Suazo y Carlos Martín Monte de Oca, hasta los seis años de José Dolores Santana Carmona, la sentencia dibuja un mapa de culpabilidades que se extiende como mancha de aceite. Las empresas involucradas -Dominical Supply, General Supply y otras seis compañías- quedaron marcadas con el hierro candente de la prohibición: nunca más podrán contratar con el Estado dominicano. Sus licencias comerciales, canceladas; sus derechos, extinguidos. El Ministerio Público, que había pedido 20 años para Alexis y 10 para Magalys, vio cómo la justicia templaba su espada sin llegar al filo máximo solicitado. Sin embargo, el mensaje es claro: ni el apellido ni la cercanía al poder protegen de la acción de la ley. Esta sentencia, pronunciada en la quietud de la noche, despierta hoy como un terremoto político que sacude los cimientos del establishment dominicano. Najayo recibirá a un recluso cuyo apellido fue sinónimo de poder, en un giro kafkiano que parece extraído de las páginas del realismo mágico caribeño.