450 voces de la justicia contra el abandono institucional
Hay una verdad incómoda que el poder prefiere no mirar: en la República Dominicana, quienes administran justicia viven en condiciones indígenas. Y no es una metáfora. Es la descripción cruda de un abandono que lleva años institucionalizado, silenciado bajo el peso de discursos huecos y árboles de Navidad de once millones de pesos. 450 jueces y juezas —450— han dicho basta. No lo hicieron desde el estrado, ni con la solemnidad de una sentencia. Lo hicieron en la calle, frente a sus propios palacios de justicia, con un paro indefinido que ha sacudido los cimientos de un Poder Judicial que se ufana de tener como lema: “Justicia al día para garantizar la dignidad de las personas”. Pero, ¿qué dignidad puede garantizarse cuando quienes la sirven trabajan de noche en sus casas, enferman de cáncer o sufren derrames cerebrales por la presión laboral, y renuncian en masa porque el salario no alcanza? La respuesta es ninguna. El Consejo del Poder Judicial y, por extensión, el gobierno que lo tutela y lo financia, han convertido la administración de justicia en una fachada. Mientras los tribunales se caen a pedazos, mientras faltan jueces y personal de apoyo, mientras la seguridad es una ficción y la carga laboral aplasta a magistrados y servidores, las altas instancias derrochan el presupuesto en viajes, hospedajes, restaurantes, publicidad, eventos, influencers y un árbol navideño que costó lo que cientos de familias ganan en un año. Esa no es solo una contradicción. Es una ofensa. Y, peor aún, es el caldo de cultivo perfecto para la corrupción. Porque cuando un juez no tiene condiciones dignas, cuando su salario es precario, cuando su infraestructura es un cascarón abandonado y su carga laboral es inhumana, el sistema entero queda expuesto. No hace falta maldad intencionada para que la justicia se corrompa. Basta con el abandono. Basta con que el Estado le diga a quienes imparten justicia: “Ustedes no importan”. En ese vacío, en esa indiferencia, germinan los sobornos, los favores, las presiones silenciosas y la complicidad del cansancio. Un juez agotado, mal pagado y sin respaldo institucional es un juez vulnerable. Un personal administrativo que trabaja en la precariedad es un personal fácilmente presionable. Y un Poder Judicial que gasta millones en superficialidades mientras sus bases se desangran es un Poder Judicial que ha perdido la brújula moral. Los jueces manifestantes lo dijeron con claridad meridiana: “No puede haber justicia verdadera donde quienes la sirven son tratados con indiferencia. No puede haber Estado de Derecho donde el derecho se aplica a todos menos a quienes lo custodian”. Esas no son palabras de un gremio enojado. Son la constatación de un fracaso institucional. El gobierno y el Consejo del Poder Judicial tienen ahora una encrucijada. Pueden seguir apostando por las evasivas, las promesas sin fecha, las hojas de ruta sin plazos y los diagnósticos interminables. O pueden entender que la paciencia de quienes cargan el sistema en sus hombros se ha agotado. Los jueces no piden lujos. Piden lo mínimo: personal, salarios dignos, infraestructura, seguridad. Piden que no se gasten once millones en un árbol de Navidad mientras ellos trabajan de noche en sus casas. Desde umbral.local/ lo decimos sin ambages: el abandono de los jueces y servidores judiciales no es un problema gremial. Es un problema de Estado. Y mientras no se resuelva, la justicia dominicana seguirá cojeando, y la corrupción encontrará siempre una puerta entreabierta. Los 450 jueces que paralizaron los tribunales no están pidiendo un favor. Están exigiendo un derecho. Y la sociedad entera debería respaldarlos, porque una justicia digna no es un privilegio de quienes la imparten: es la única garantía de que algún día, todos los dominicanos podamos creer en ella. El silencio ya se rompió. Ahora falta que los hechos hablen.
¡Basta ya de promesas! 450 jueces paralizan tribunales y advierten: “La justicia no puede sostenerse solo con sacrificio personal”
Jueces y juezas de todo el país iniciaron un paro indefinido exigiendo respuestas concretas y fechas ciertas al Consejo del Poder Judicial. Denuncian salarios precarios, infraestructura abandonada, falta de personal y millonarios gastos superfluos, como un árbol de Navidad de RD$11 millones. Advierten que no cesarán la lucha hasta ver hechos, no discursos. Por Brendalis Reyes “Basta ya de discurso, de promesas, de estrategias inconclusas”. Con esta advertencia, dicha al unísono desde cada palacio de justicia de la geografía nacional, 450 jueces y juezas alzaron ayer su voz no para impartir justicia, sino para exigirla para sí mismos. Un paro histórico, por tiempo indefinido, sacudió los tribunales del país. No hubo estrados, ni audiencias, ni roles cumplidos. Solo el eco de un manifiesto leído con la cadencia de quien ha caminado años en el desierto institucional: “Hemos hecho peticiones, llamado al diálogo, denuncias públicas, acciones judiciales. Y como respuesta siempre obtuvimos el silencio”. Los manifestantes, organizados en la Red Nacional de Jueces y Servidores Judiciales, la Asociación Dominicana de Jueces de Paz (ADOJUPA) y la Asociación de Jueces y Juezas Dominicanos por la Democracia (ASOJOURD), advirtieron que este es apenas el inicio de una lucha en la que no desmayarán ni se dejarán amedrentar. “No cejaremos hasta obtener respuestas concretas, con fechas ciertas y parámetros claros de ejecución”, sentenciaron. La lista de males que aqueja a quienes administran justicia es larga y dolorosa: falta de personal y de jueces, baja remuneración salarial, carga de trabajo excesiva, renuncia masiva del personal administrativo, deterioro y abandono de la infraestructura de los tribunales, y ausencia de seguridad tanto en los palacios como para los propios magistrados. Pero lo que encendió la mecha de la indignación fue la comparación inevitable entre las carencias y los dispendios. Los jueces denunciaron que mientras ellos laboran en condiciones precarias, el presupuesto institucional se derrocha “en cuestiones superfluas y de menor relevancia”. Pusieron cifras: casi 11 millones de pesos en un árbol de Navidad, y cientos de millones en viajes, hospedajes, restaurantes, publicidad, eventos e influencers. El 19 de mayo pasado, el Consejo del Poder Judicial (CPJ) puso por primera vez atención a sus reclamos. Pero la respuesta, según los manifestantes, fue una serie de propuestas “imprecisas, condicionadas e ineficaces”. La indexación salarial, dijeron, depende de un presupuesto complementario sin fecha cierta. La movilidad judicial se redujo a una hoja de ruta sujeta a futuros procesos participativos, sin medidas específicas ni plazos concretos. No se abordaron temas como la eliminación de la ilegal suplencia horizontal, la desigualdad entre iguales generada por el manual de salarios, ni la movilidad de la carrera administrativa. “El lema del Poder Judicial es: ‘Justicia al día para garantizar la dignidad de las personas’. Nosotros, que hacemos posible esa justicia al día, queremos que la dignidad comience por casa”, proclamaron en el manifiesto. En el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, la magistrada Suinda Jazmin Brito leyó el documento ante los medios, acompañada por los jueces Raymundo Mejía, Franny González y Rosalmy Guerrero. Allí, quedaron suspendidas audiencias clave, como la preliminar de la Operación Pandora —relacionada con una red criminal que habría sustraído y vendido ilegalmente más de 900 mil municiones— y los roles de la segunda sala penal. Solo se mantienen en funcionamiento los servicios de Atención Permanente para medidas de coerción y órdenes de arresto. “No puede haber justicia verdadera donde quienes la sirven son tratados con indiferencia. No puede haber Estado de Derecho donde el derecho se aplica a todos menos a quienes lo custodian”, concluyeron los jueces, con la promesa de que este paro es solo la primera página de un capítulo que, advierten, no cerrarán sin ver hechos.