Cuando el partido deja ser partido
ÁGORA Una de las expresiones de la crisis de los partidos es la propensión de la generalidad de sus dirigentes, una vez en el poder, a asumir altos cargos en el gobierno, desdeñar o abandonar sus labores partidarias y a sus bases, al tiempo de muchos de ellos sucumbir ante el virus de la cultura de la corrupción para enriquecerse como individuo o para financiar su colectividad política. Esa mala práctica determina que el partido pierda su esencia y arrastre a su gobierno hacia un irremediable descrédito. Es la causa principal del fracaso de muchos proyectos con perspectivas transformadoras, que provocan decepciones colectivas y el alejamiento de la gente de la política, profundizando la crisis de la democracia…y de los partidos. Son incontables las experiencias de gobiernos que sucumben debido a que el principal instrumento en que descansó su accionar como colectivo que lo llevó al poder (el partido) deja de comportarse como tal, cambiando su papel de aglutinador de voluntades para la acción, para el cambio y convertirse en agencia de empleos; vale decir, de compra de lealtades/voluntades para un proyecto que desde ese momento deja de ser de transformación para convertirse en un mero proyecto de poder. Esa circunstancia ha sido una constante en los partidos de todo signo: liberales, conservadores, de derecha y de izquierda. Lo registra la historia política. Es el reproche que, desde diversas posiciones, se les han hecho a esas colectividades. En nuestro país, uno de los ejemplos más salientes de ese aserto fue el efímero gobierno de Juan Bosch, recordemos que una vez este asumió el poder procedió a “congelar” el partido y no solo eso, intentó “congelar” las organizaciones gremiales y sindicales cercana al partido. En los sucesivos gobiernos que hemos tenido, consciente o inconscientemente el Ejecutivo ha puesto en los puestos más importantes de su gestión a los principales dirigentes partidarios, preferiblemente de su tendencia. Los resultados son harto conocidos; debilidad del partido y muchas veces fuente de división abierta y/o soterrada. Y es que la historia parece darle razón a quienes hace más de trescientos años predijeron que el gobierno de un partido termina siendo el gobierno de una facción. En nuestro país, la existencia de las facciones partidarias tiene muchas expresiones, algunas se forman alrededor de un jefe grupo que, en lucha contra la facción en el poder, que se supone es de su partido, es más tenaz que la oposición. Como ejemplo, podríamos recordar la del grupo del aspirante la presidencia, Jorge Blanco, contra el gobierno perredeísta de Antonio Guzmán. Sin llegar a esos extremos fue la de Danilo contra los gobiernos de Leonel y viceversa. Otra modalidad de la existencia de las facciones, son los grupos organizados alrededor de determinados lideres que compiten contra otros aspirantes del mismo partido, los cuales organizan sus seguidores en torno a lo que llaman “proyecto presidencia” del jefe grupo. Es evidente que si son funcionarios, alto dirigente del gobierno o de su partido, privilegian u orientan sus esfuerzos en el sentido de su “proyecto” y no en el cargo que tengan en gobierno o en su organización, sobre todo cuando no gozan o no gozarán con el apoyo del Ejecutivo e independientemente de que tengan en las siglas del partido su referencia política. En ese sentido, la diversidad de proyectos individuales, generalmente sin propuestas de sociedad sino de poder, junto a las campañas soterradas y a veces abiertas contra su contrincante se convierte en fuente de debilidad del gobierno y del partido mismo. En ese momento se produce lo que algunos autores llaman el germen destructivo de las facciones que terminan corroyendo su colectividad porque la facción eventualmente triunfante, repito, hace un gobierno de ella, no de su organización. Es el momento en que una colectividad política que conquista y asume el poder con una articulación o suma de voluntades se convierte en un archipiélago de intereses divergentes y hasta enfrentados con destructivo encono. Entonces el Partido deja de ser partido, deja de ser la referencia común y unificadora de toda su militancia, deviniendo borrosa su identidad… No siempre ha así, pero es una tendencia sociológica, antropológica o política que aún no ha sido lo suficientemente explicada. Sin embargo, sí podría decirse que mientras más fuerte es el liderazgo del primer dirigente del partido, mayores serán las posibilidades de lidiar, limitar o eliminar los efectos disgregadores de los proyectos individuales en su colectividad política. Abundan ejemplos. Lo mismo podría decirse de los jefes grupos/proyectos, si estos muestran habilidades para relacionarse con sus adversarios internos, tejer alianzas con ellos y con otras fuerzas externas, podrían articular un abanico de fuerzas con reales posibilidades de lograr una colectividad capaz de ser gobierno o tener incidencia a veces determinante en el sistema. Pero, desafortunadamente, los tiempos apunan en otro sentido, señalan un sostenido proceso de debilitamiento de los partidos y por ende, de la democracia. Para enfrentar esta tendencia se requiere habilidad y espíritu democrático tejiendo alianzas intra y extrapartidarias que superen la vieja concepción de partido.
Entonces, ¿estamos en estado de excepción?
ÁGORA El dicho/lamento “aquí no existe un régimen de consecuencia” es tan penosamente cierto que parece que a veces se legisla sobre alguna cuestión sin la más mínima voluntad de que lo legislado o reglamentado se aplique. Peor aún, con la clara intención de que no se aplique. La Ley 169-14 es un ejemplo. De ese modo, la inexistencia del régimen de consecuencia se ha institucionalizado y por eso se propagan mentiras, mitos, opiniones aviesamente retorcidas sin que pase nada. Es lo que sucede con determinados discursos y prácticas de varios sectores ultranacionalistas con relación al tema migratorio que ha conducido, de hecho, a una situación política con elementos típicos del estado de excepción. Un laberinto del que difícilmente saldremos indemne. En esencia, un estado de excepción es una situación considerada de extremo peligro para la nación que obliga o justifica que el jefe del Estado apele a medidas excepcionales que limitan o suprimen temporalmente determinados derechos individuales para la protección del bien público. Una de las principales justificaciones del gobierno de su actual política migratoria, es que la soberanía nacional está en peligro por el carácter explosivo de la situación de haitiana, sin embargo, es reiterativo en afirmar que la frontera está segura. Sellada, apostillan sus voceros… si es así, las medidas excepcionales que sistemáticamente se están tomando son evidentemente excesivas, moral y legalmente insostenibles, además de inviables desde el punto de vista práctico. Esa circunstancia ha determinado que, en el manejo de esta cuestión, algunas acciones del gobierno no son propias de un estado de derecho sino, de un estado de excepción o de guerra sin que se hayan oficialmente declarado y, como bien dice Pablo Mella, tiene la particularidad de que es contra los migrantes haitianos en la que muchas veces se incluyen dominicanos de origen haitiano. Desde siempre, y ese fue el origen de la Sentencia 168-13, el núcleo duro del ultranacionalismo de origen trujillista e irreductible en la propagación del odio y los mitos del antihaitianismo ha mantenido la idea de la expulsión masiva de los nacionales haitianos o de origen. Por eso se opusieron y se oponen a las diversas leyes y decretos sobre la regularización. Desafortunadamente, este gobierno ha sucumbido ante semejante despropósito y a pesar de que quizás quisiera encontrar una forma de acuerdo sobre este tema, las declaraciones de su vocero, semanas después de la publicación de las “15 medidas para enfrentar la migración ilegal y garantizar la soberanía nacional”, dicen otra cosa, en ellas se establece que no se contempla ninguna regularización. Puede que los hechos y la presión de los sectores más sensatos del país lo obligue a cambiar de chucho, pero se mantiene tentado a asumir la locura de los ultranacionalistas. De ahí su reticencia a reconocer las leyes y decretos que lo obligan a enfrentar el tema de regularización, situándonos en un estado de excepción o de guerra no oficial y legalmente declarado. Dicen machaconamente que la frontera está sellada por lo que ser así, “la integridad territorial dominicana no está en peligro grave e inminente por agresiones armadas externas”, por lo cual no se justifican medidas propias de un estado de guerra o de excepción. Pero aun estándolo, tal como se consigna en el artículo 263 de la Constitución, debe respetarse “El derecho a la vida; El derecho a la integridad personal, La libertad de conciencia y de cultos, Los derechos del niño, El derecho a la nacionalidad (…). Por consiguiente, y con relación a este último derecho, no existe un motivo legal, moral o de seguridad interna que justifique la inhabilitación de la Unidad de la Ley 169-14 para conocer los expedientes del grupo de desnacionalizados por la Sentencia 168-13, e incluso, se supone, de los hijos que estos hayan procreado durante el periodo de espera a la solución de su estatus. Igualmente, urge una solución legal y realista al tema de la regularización y reglamentación. o como se le llame, a la demanda de mano de obra extranjera de los sectores productivos para poder operar. Asumir la posición/presión del ultranacionalismo sobre esas dos cuestiones es hipotecar el futuro de las actividades productivas de la nación y la necesidad de unas relaciones con Haití que inevitablemente deben ser armoniosas. Con ello no se renuncia al inalienable principio de soberanía del Estado dominicano, sino que esta se ejerza con racionalidad y realismo, sin odios ni tragedias sino con inteligencia por ser el país que más tiene que perder manteniendo unas relaciones entre estados y pueblos consistentemente envenenadas. Esto obliga a detener las medidas que nos sitúan como un estado de excepción sin que así lo haya declarado el Congreso, a aplicar las leyes y decretos que obligan al Estado regularizar decenas de miles de personas, no inducir a los gobiernos locales a identificar y perseguir migrantes supuesta o realmente indocumentados para que no cometan abusos contra ellos. Sobran los ejemplos. También, la toma de posición de todos los partidos sobre este tema, comenzando por el oficial, y que las academias, importantes sectores de la intelectualidad y gran parte de la sociedad civil salgan de su silencio.
Lourdia Jean Pierre o el derecho a la vida
ÁGORA Lourdia Jean Pierre es el nombre de la señora haitiana que, con dolores de parto, por miedo a ser apresada en un hospital público se sintió obligada a alumbrar en el piso de su casa donde sin asistencia médica murió desangrada. Prefirió el riesgo de parir en su casa que el de ir a un hospital público y ser apresada y montada en un autobús para ser deportada recién parida junto a su criatura. El mismo dilema lo viven otras mujeres embarazadas o con enfermedades, al igual que haitianos o de su origen sin documentación que, enfermos, tratan de evadir la crueldad de esa especie de emboscada avisada que la Dirección General de Migración les tiene tendida en los centros hospitalarios como parte del plan para “reducir la presencia de inmigrantes indocumentados”. Y es que la crueldad de esa celada constituye uno de los más afrentosos atentados al derecho de nacer, a toda mujer para alumbrar con dignidad, seguridad y cerca de su familia. Lourdia dejó huérfana a su criatura recién alumbrada y a dos más que residen en Haití. El padre de la criatura, Jean Ronald, con carné de regulación vencido, como miles en igual condición, fue esposado por la policía de Migración, diciéndole que sería deportado junto al recién nacido. Él se defendió alegando que, aunque vencido, tenía un carné de trabajador agrícola, el policía insistió en su propósito y en ese momento intervino un activista comunitario defensor de los derechos humanos y ante sus alegatos el policía llamó a un superior y este ordenó su puesta en libertad. Aplaudo el gesto. Esto plantea cuestiones no sólo legales y de negación de derecho, sino dilemas morales y éticos desgarradores. ¿Qué pasaría por la cabeza de una persona que, ante el cadáver desangrado de su compañera de vida, es amenazado con ser deportado junto al niño que ella recién alumbró? ¿Qué pasaría por la cabeza de los policías que, ante tan trágico momento, tenían que ejecutar el confuso e inhumano plan de “reducción de “indocumentados” sin regulaciones? A veces son mujeres policías, quizás ellas también madres, que conducen a los autobuses a mujeres prácticamente en labor de parto. ¿Qué pasaría por la cabeza de estas policías? Son éstos los momentos de tragedia donde no sólo se produce muerte y dolor, sino odio y rencores que envenenan el alma de individuos y colectividades, además de las relaciones entre países. El odio, la violencia y el racismo son construcciones sociales, nadie nace con ninguna de esas cualidades. Se enseñan. Muchos policías y militares están embrutecidos por las arengas de odio y violencia que reciben y lo asumen como primer recurso para ejercer su autoridad, otros tienen dilemas morales y son sensibles a las protestas de los vecinos de las embarazadas y recién paridas que junto a sus hijos son apresadas para ser deportadas. En los lugares donde se producen episodios de violencia, odio y muertes de migrantes, la gente protesta porque saben que la generalidad de estos son trabajadores que mantienen sus familias y que envían a su país parte de sus magros ingresos para ayudar a familiares que tienen allá. Como hacen los migrantes dominicanos. En otro orden, debe reconocerse que la población de origen haitiano podría estar llegando a umbrales muy significativos, pero constituye un inaceptable despropósito enfrentar esta problemática violando las leyes 169-14, 285-04, el decreto 327-13 que “instituye el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Migratoria\». Además, el artículo 9, numeral 5 de la Ley 286-04 que planea: “Proponer estrategias que racionalicen el empleo de mano de obra inmigrante en función de los requerimientos sectoriales del mercado de trabajo y las demandas de recursos humanos calificados que requiere el proceso de desarrollo\». Abolir o modificar leyes o decretos, son prerrogativas exclusivas del Congreso Nacional y del TC en los elementos que este considere contrarios a la Constitución. Es lo que hace este gobierno al plantear que su “política (migratoria) no incluye ningún plan de regularización”, desconociendo así las demandas que en ese sentido hacen las asociaciones de Industria de Republica Dominicana, de la Construcción, de Arroceros, Cacaoteros y algunos industriales fronterizos. Ninguna economía funciona bien sin mano de obra, local o extranjera. No es prudente enfrentar los sectores productivos demandantes de mano para operar, ni desafiar organismos internacionales y legaciones extranjeras a los cuales se les conmina, con razón, a un mayor involucramiento en la solución de la crisis haitiana. Tampoco desafiar una organización del prestigio de Amnistía Internacional, ni a sectores nacionales de matriz religiosa y a activistas e intelectuales de larga tradición democrática. Desdeñar a estos últimos sectores, que fueron claves para que se instalara la mayoría que hoy es gobierno, para apoyarse en grupúsculos familiares y paramilitares neonazi/fascistas y terroristas constituye un sinsentido. Vivimos momentos de grandes conflictos de negación de derechos individuales, colectivos, familiares, territoriales, migratorios, de certezas y de fe que, recordando a Umberto Eco en una amistosa carta al cardenal Carlos María Martini, decía que para afrontarlos “deben prevalecer la Caridad y la Prudencia”. Lourdia Jean Pierre murió por la inexistencia de estas virtudes.
¿Quién dio la orden al policía?
ÁGORA Andrés Fortunato, quien fusil en manos defendió la soberanía nacional frente al yanki invasor en abril de 1965, 60 años después ha tenido que defender, esta vez con su verbo, el derecho de la Cofradía del Espíritu Santo de los Congos Villa Mella cuando un oficial policial, obedeciendo la siempre sospechosa “orden superior”, pretendía que su patrulla cometiese el despropósito de impedir que la referida cofradía ejerciera un culto que ejerce desde hace más de tres siglos y que es declarado Patrimonio Intangible de la Humanidad por la UNESCO. Esa “orden superior”, violatoria al artículo 45 de la Constitución sobre la libertad de culto, no se basaba en ninguna ley sino en el prejuicio sobre una expresión cultural no “oficial”, no hispánica, como si el nuestro fuese un Estado étnico y no formalmente laico como lo establece la Constitución. Es posible que nadie le diera la orden al policía y que, peor aún, actuase siguiendo una suerte de sentido común enajenante y discursivamente impuesto a determinados sectores de la sociedad dominicana por los sembradores de mitos y odios, para los cuales toda actividad imaginariamente asociada a lo africano, no hispánica, instintivamente y al margen de toda razón, ley o lugar debe que rechazarse e impedirse. Guiado por ese instinto primitivo creado mediante arengas en determinados centros de enseñanza, otra patrulla policial trató de impedir un acto frente al Altar de la Patria en que una folklorista dominicana cantaba una salve, una ancestral expresión cultural dominicana, porque sin escucharla, por instinto “oyó” que cantaba en creole. El atávico malestar que en algunos sectores provoca el Ga-Ga dominicano fue siempre eso, un malestar. Pero de hecho y arbitrariamente, en los últimos años ese irracional sentimiento algunas autoridades nacionales y/o locales han querido convertirlo en ley para impedir el derecho a la expresión cultural en algunos espacios, lesionando nuestra imagen país. Alguien podría decir estos son excesos y que por tanto no constituyen una política de Estado, pero ese Estado no impide de manera inequívoca esos excesos. Con su inacción, permite que cualquier autoridad policial, alcalde o director de distrito municipal o algún fanático pastor religioso favorezca y haga efectiva esas prohibiciones o que una alta autoridad las justifique. En otro equivoco, algunas autoridades dicen que “ningún haitiano ilegal” puede manifestarse ante el referido altar. Consciente, inconsciente e indistintamente en el discurso oficial y no oficial a los miles de dominicanos de origen haitiano reducidos a la condición de apátridas por la Sentencia 168-13 se les llama ilegales. Pero no lo son, están en un proceso de reconocimiento de su estatus expresamente ralentizado por anteriores autoridades y de hecho, actualmente detenido por Migración que, según la Ley 169-14, debe seguir ese proceso. En este caso, quien está en la ilegalidad es el Estado. Y es que en el fondo subyace la intención, consciente o inconsciente, no de regularizar la migración sino de expulsar o invisibilizar la población de origen haitiana, sin importar condición alguna. Por su carga moral, difícilmente alguien se asume racista; nos recuerda Bobbio, pero de manera abierta y desalmada, el racismo hoy día constituye uno de los ejes centrales del discurso y práctica política de la ultraderecha y del ultranacionalismo. Uno de esos ejes es el mito del “remplazo”, o sea que la población inmigrante o de origen terminará siendo mayoritaria en los países receptores e incluso en enteros continentes, como el europeo. Aquí, difunden esa ficción, comunicadores, sectores de la academia, articulistas, doctos ensayistas, redes sociales, además de militantes y colectivos políticos de todo signo. Como correlato, esa fábula conduce instintivamente al peligroso nacionalismo étnico y este, de alguna manera al intento de limpieza étnica. Pero ¿cuál etnia?, la nuestra es una nación multiétnica y como toda sociedad también tiene diversas expresiones culturales y por tanto este gobierno debe recoger esa realidad y cuidarse de no asumir expresiones del pretendido Estado étnico que, sin tenerlo claro, es el Estado que está en la cabeza de algunos sectores. Este, como cualquier gobierno, no debe caer en esa lógica/trampa perversa de los ultranacionalistas que, en su febril rechazo a todo lo que parezca o les parezca haitiano buscan producir, a través de las instancias del Estado y de sectores de la sociedad civil, una pretendida limpieza étnica en un país mayoritariamente negro, de mezcla étnica extrema y con sectores productivos absolutamente dependientes de la mano de obra extranjera. Precisamente. A ese propósito, diversos sectores productivos, agropecuarios y ligados a la industria radicados en la frontera que emplean miles de mano de obra de origen haitiano y que contribuyen a fijar la población haitiana en su territorio, claman la regularización de esa mano de obra, situando al gobierno en un dilema: regularizar, garantizar su existencia y protegerla, o dejar que esa sea acosada y aterrorizada por grupúsculos paramilitares narigoneados por neotrujillistas. Igualmente, hacer respetar el pluralismo cultural y el carácter laico del Estado o dejar que siga el terror de las “órdenes superiores” basadas en prejuicios de carácter étnicos/o religiosos. Zanjar esos dilemas es fundamental en el manejo de la cuestión migratoria.
César Pérez denuncia “grosera violación a la dignidad humana” en detención de mujer haitiana embarazada
Para César Pérez, este acto trasciende la violación de la ley migratoria y los derechos humanos universales para convertirse en “uno de los actos más infames que como sociedad o nación se pueda cometer”. Por Ángel F. Guzmán El reconocido sociólogo y académico César Pérez calificó como una “grosera violación a la dignidad humana y al derecho a la vida” la detención de una mujer haitiana embarazada, con síntomas de parto inminente, que fue impedida de ingresar a un hospital en la República Dominicana. Pérez consideró este hecho como “una de las páginas más infames y ominosas en la historia de las infamias cometidas en nombre de la ley o la defensa de un país”. El caso, que ha generado indignación nacional e internacional, ocurrió en el contexto de la implementación de la medida número 11 de las 15 anunciadas por el presidente dominicano para “frenar la inmigración irregular”. Dicha medida establece un protocolo para la atención médica a extranjeros en el Servicio Nacional de Salud (SNS), pero en la práctica ha afectado principalmente a mujeres haitianas embarazadas, como la mujer que fue detenida y conducida a un autobús para su deportación a pesar de presentar signos evidentes de parto inminente, como líquido amniótico y sangrado, según relató su hermana. Para Pérez, este acto trasciende la violación de la ley migratoria y los derechos humanos universales para convertirse en “uno de los actos más infames que como sociedad o nación se pueda cometer”. El sociólogo cuestionó si se evaluó adecuadamente la inminencia del parto y el riesgo para la madre y el bebé, y si se consideró el sufrimiento que implica exponer a una mujer en trabajo de parto a un viaje incierto en autobús bajo custodia. Asimismo, Pérez planteó interrogantes sobre la aplicación de la ley migratoria, especialmente en relación con los indocumentados nacidos en el país antes de 2010, cuyo estatus fue desconocido por la actual comisión reguladora, declarándolos apátridas de un plumazo. La denuncia de Pérez ha generado llamados a la reflexión por parte de diversos sectores: el Colegio Médico Dominicano, las facultades de medicina, el Colegio de Abogados, el Defensor del Pueblo, partidos políticos, líderes de opinión, iglesias y organizaciones pro vida, todos convocados a pronunciarse sobre si se puede considerar vida el ser que lleva una mujer embarazada y si un acto como este no representa una grave regresión ética y humana para el país. Este episodio expone la inviabilidad de ciertas medidas migratorias aplicadas en un clima de histeria y odio, advirtió Pérez, y subrayó la necesidad urgente de rectificar el rumbo para abordar el problema migratorio mediante el diálogo y el respeto estricto a los derechos humanos, evitando así que se repitan actos que mancillan la dignidad y la vida de los más vulnerables.
El abril del 65 y la década de los 60 (1)
ÁGORA En este abril se conmemoran el 60 aniversario de la insurrección de 65 y de la última invasión armada de EEUU contra nuestro país, dos hechos que han sido determinantes para la historia política de esta nación y del futuro de la izquierda dominicana. Después del final de la insurrección en plano militar, el exterminio selectivo de los dirigentes reales y potenciales de la izquierda y de sectores del entonces PRD ligados a esa corriente, estuvo al centro del proyecto de dominación de los sectores conservadores dominicanos y de EEUU. De eso mucho se ha hablado y escrito, pero ha faltado, me parece, una lectura del Abril Glorioso en la perspectiva del contexto de la época en que este aconteció: la década de los 60, clave en la historia de la revolución mundial y particularmente de la izquierda dominicana En esta entrega el énfasis lo pondré en enunciar sucintamente algunos hechos que jalonaron y dieron esencia a esa década, en la próxima me detendré en algunas reflexiones que sugieren esos hechos. De ese modo trataría de responder, sin pretender ser exhaustivo, a la inquietud de una entrañable amiga, luego de escuchar las interesantes entrevistas que hiciese Fausto Rosario en Acento TV en el espacio “¿y tú que dices?”, a diversos sectores de izquierda y profesionales dominicanos. Según mi amiga, fueron muy pocas las referencias al contexto internacional de parte de los entrevistados. En ese sentido, recordemos que de las revoluciones producidas antes de la esa década del 60, la china fue en 1949 y aunque inicialmente con otro carácter, la cubana 10 años después. Por consiguiente, podría decirse que esa década evidenció el final del embrujo de la revolución bolchevique sobre gran parte de clase trabajadora y de la intelectualidad europea y del mundo. No obstante, fue rica en experiencias e intentos de asaltos al cielo. Fallidos todos, incluyendo el intento Mao de hacer la revolución dentro de la revolución con su “revolución cultural” en 1966. En el fragor de ese experimento se exacerbó la división del movimiento revolucionario mundial, siendo funestas las consecuencias. Pero, quizás el mayor significado que tuvo ese experimento maoísta, impulsado por la llamada Banda de los Cuatro, dirigida por la compañera sentimental de Mao, fue que cambió el destino de la misma revolución. El gran corregidor de los excesos de la revolución cultural, Deng Xiaoping fue el artífice de ese cambio. Después de la revolución bolchevique y las dos guerras mundiales, en la década de los 60 se produjeron las insurrecciones políticas y las revoluciones sociales, culturales de mayor trascendencia mundial. En mayo del 68 se inició el más extenso movimiento de protesta de Occidente. Inicialmente estudiantil, posteriormente se vinculó al movimiento sindical y obrero, batiéndose contra las viejas estructuras sociales y políticas europeas y extendiéndose por el continente americano. De naturaleza compleja, sin proyecto claro de sociedad, se centró básicamente en reivindicaciones de carácter cultural/individual. De manera genérica, su lucha era contra el orden establecido, los poderes del Estado, las instituciones culturales y familiares, los partidos del sistema, incluyendo los comunistas, fundamentalmente en Francia, y en gran medida contra la ex URSS. Esto último agudizado por la invasión soviética que aplastó la primavera de Praga. Ese hecho acentuó el alejamiento hacia la ex URSS de parte de un significativo número de intelectuales y gente de la cultura fundamentalmente europeas. En junio del mismo año, De Gaulle, convocó elecciones legislativas anticipadas y los resultados fueron catastróficos para las izquierdas socialistas y comunistas: entre las dos perdieron 100 escaños. En Italia el Partido Comunista siguió creciendo, pero la “Operación Glaudio”, una red terrorista de la OTAN impidió que el partido de mayores raíces en la clase trabajadora y el mundo de la cultura pudiese llegar al poder. Tampoco lo querían los soviéticos, pues no les hacía gracia “una vía italiana al socialismo. En toda Europa proliferaron grupos extremistas de izquierda, algunos de ellos tendencialmente terroristas, como las Brigadas Rojas en Italia que secuestró y asesinó a Aldo Moro, el más prestigioso político de la Democracia Cristiana que favorecía un “compromiso histórico” con el PCI. Pero los grupos terroristas más peligrosos eran los controlados por la CIA para frustrar cualquier intento revolucionario en el mundo. Por ejemplo, se calcula en 250 000 los miembros del influyente Partido Comunista Indonesio, masacrados luego del Golpe de Estado contra el gobierno progresista de Sukarno. Esa masacre se inició justo un mes después del final de la Insurrección de Abril. Después de la invasión soviética a Checoslovaquia, Cuba sella sus relaciones con el bloque de la ex URSS, dándole un giro radical a su política internacional. Ese giro se expresó directa y trágicamente en sus relaciones con las izquierdas dominicanas y de la región. Fue la principal razón de su ruptura, de hecho, con Los Palmeros y el abandono al proyecto guerrillero de Caamaño. Al mismo tiempo, el terror de los órganos de seguridad norteamericanos se extendió en todo el mundo. Para ellos, la revolución cubana fue un desliz que jamás se han permitido cometer nuevamente. En ese contexto se produce su invasión militar a nuestro país hace 60 años para ahogar una insurrección de carácter básicamente democrático.
Rendiciones de cuentas: razones y sinrazones
Ágora Por César Pérez Después de varias décadas participando en diversos escenarios de la acción, debates y análisis de coyunturas políticas del país, comienzo preguntarme sobre cuál es el impacto o trascendencia que para para los gobiernos y sus presidentes tienen en la población el tan esperado momento de las rendiciones de cuentas del primer mandatario de la nación ante el Congreso los 27 de febrero y 16 de agosto. Todos sabemos que conforme se acerca uno de esos momentos, las preguntas y especulaciones es sobre cuales sería los puntos que tratará el presidente en su discurso y luego las más encendidas y a veces absurdas interpretaciones de los contenidos de este. Este último 27 de febrero no ha sido distinto. El primer comentario que hacen los comentaristas de la comparecencia presidenciales es sobre el tiempo de duración del discurso. Hasta ahora no he comprendido porqué esa reacción que parece automática, quizás con ello quisieran establecer la importancia o no del mismo, o quizás un recurso o instinto profesional de cierto valor introductorio. No sé. Pero creo que sobre la extensión del texto que recoge las memorias/rendición de cuentas deberíamos hacer algunos alcances. A ese propósito, la extensión de esta última del presidente Abinader, que duró 2 horas, 25 minutos y 46 segundos, me lleva a hacerme algunas preguntas. La primera es hacia qué público está dirigido un discurso de presentación de memorias. Un pensaría que si es muy largo, pocos lo escuchan y leerlo menos aún. Esto último, sobre todo, en un país como el nuestro en que pocos leen y donde muchos de los que leen carecen de las herramientas que da la lectura comprensiva para entender un texto. Por tanto, es posible que esas piezas sólo la sigan un puñado de personas. Si es así, podría decirse que el esfuerzo que se hace para buscar y sistematizar los datos en que se sustentan las rendiciones de cuentas podría no corresponderse con los resultados, o sea que sería muy limitado el universo que realmente escucha o conoce el mensaje del discurso. Incluso, quizás muchos de los que opinan sobre este, no lo han leído, y si lo han escuchado, por su extensión, posiblemente no lo siguieron debidamente. Se dice que la atención de calidad a una exposición dura aproximadamente 45/50 minutos. A esa circunstancia se agrega el canibalismo/tribalismo político, un lastre ancestral de nuestra cultura política que no cede, y que cada vez más expresa esa contradicción entre una sociedad que cambia sustancialmente en lo económico, pero con una pobre cultura política que se sumerge en el atraso y una clase política, con honrosas excepciones, que parece sentirse a gusto en el atraso. Por eso sus partidos, cuando son oposición, hacen una valoración de esos discursos absolutamente negativa, sin matizar, sin destacar lo rescatable. Es la costumbre de todos partidos de oposición, incluyendo, en su momento, al que hoy está en el poder. Cierto que no siempre las cifras de las rendiciones de cuentas son consistentes y a veces se incurre en inexplicables omisiones. En caso actual, negar logros que están a la vista resta credibilidad a los políticos y a la política. No puede negarse que esta administración ha logrado importantes restricciones en las compras y contrataciones en las instituciones del Estado, muy visible en los gobiernos locales. Es notable, la sinrazón de las direcciones políticas y los legisladores del PLD/FU al exigir al gobierno que dé solución definitiva a temas como: el eléctrico, los déficits en la calidad de la del transporte, de la inseguridad ciudadana, migratorio, los puestos más bajo a nivel mundial en cuestiones accidentes mortales, niñas/adolescentes madres bajo entre otros, que ellos fueron incapaces de resolver cuando estuvieron en poder es cinismo, una hipocresía que degrada la política. La tendencia de todas las rendiciones de cuentas, y la reciente no fue excepción, es a la ausencia de autocrítica, lo cual impide el imprescindible equilibrio en las cuentas para evitar esa sensación de panorama idílico que describe. Eso, independientemente de la fuerza argumental que puedan tener los datos y cifras con los que, en general, los presidentes defienden su gestión. Esa tendencia da pie a la oposición y otros sectores a ser absolutos en sus valoraciones. Para ellos todo es negativo. De igual modo, eleva el volumen de la vocinglería de la jauría que estos tienen en los medios y redes. En ese sentido, a la exagerada expectación existente antes de la comparecencia del presidente de turno ante el Congreso le sucede la vacuidad e insensatez de los comentarios. A pesar de las razones que se puedan tener. Quizás por eso existe la percepción, en algunos, de que hay un alejamiento de la población del tema de la rendición de cuentas. Por consiguiente, podría ser conveniente hacer mediciones para calibrar el impacto de las memorias en la gente en su valoración de una determinad administración. Si inciden poco habría que, repito, pensar sobre cómo sacarle más provecho al esfuerzo de buscar y organizar las informaciones que sirven para dar a conocer las realizaciones de una gestión para demostrar su eficiencia en comparación con otras.
¿Un nuevo orden mundial?
Ágora Por César Pérez Con el ascenso al poder del grupo políticamente encabezado por Donald Trump, hace apenas un mes, el mundo parece haberse encaminado hacia un nuevo orden mundial en el que sería hegemónico ese grupo a través de las nuevas alianzas y reglas que, en términos políticos, económico y militar pretende imponer. Es temprano para saber las características esenciales que tendría ese nuevo orden político, tampoco su calado, pero sí podría afirmarse que el mundo difícilmente sea el mismo después que se asiente esta suerte de terremoto político que ha sumido en un profundo desconcierto y humillación a las élites económicas y políticas europeas sino y de todo el mundo. Algo que jamás había ocurrido a lo largo de la historia. Las élites económicas/militar europeas, protegidas por el escudo de una OTAN capitaneada por los EEUU, jamás se podían imaginar que iban a ser humilladas por su aliado/protector durante casi 80 años, al negarle de manera brutal una silla en la mesa de negociaciones bilaterales entre esa potencia y Rusia. En esa mesa se discute el destino de Ucrania, lo que podría significar el destino de Europa, de ahí que su incertidumbre y desamparo no puede ser mayor. Es posible que varios sectores políticos y económicos europeos fueran conscientes de lo que para ellos y el mundo podía significar el ascenso de la fracción del gran capital que, en términos políticos, se expresa en la figura Trump. Conocían las estrechas relaciones entre aquel y Putin, además del entramado de fuerzas antieuropeas favorables a sus posiciones y designios. Pero la mezquindad, pusilanimidad y división entre esos sectores les impedían una reacción firme contra a los referidos personajes. No lograron reaccionar adecuadamente ante la inminencia de la catástrofe que le venía encima. No tenían ni tienen respuesta, nadie la tiene, a esta nueva convulsión del sistema capitalista, a esta nueva crisis cíclica en que discurre este sistema. De esas crisis el capitalismo ha podido sobrevivir, recomponiéndose y recuperando su vitalidad, pero quizás a eso ha contribuido la entonces existencia de un tejido social sostenido por utopías forjadoras de esperanzas. La presente crisis tiene como trasfondo el resurgimiento de las fuerzas anti sistémicas del nazi/fascismo, en cierta media el mismo de la crisis de los 20 y algo más de la mitad de los 30 que, según Hobsbawm significó el hundimiento del “sistema mundial liberal y de la sociedad burguesa”. Pero, en esos mismos años las fuerzas del movimiento de trabajadores y los partidos vinculados a este, de la intelectualidad progresista y de consolidación de la ex URSS estaban en un momento de pleno y sostenido auge. Hoy esas fuerzas Estamos ante el hundimiento del sistema formal de reglas económicas y de cierta convivencia entre los estados, provocada por una fracción del gran capital que, en un acto de piratería y arbitrariedad propio de los tiempos en que las grandes potencias se apoderaban del petróleo y otros minerales cuando estos eran la principales fuentes para producir riqueza, para terminar la guerra le exige a Ucrania la firma de un contrato de un irrisorio medio millón de dólares, según reporta el periódico Elpais, para que empresas ucranianas y norteamericanas asuman la explotación de las tierras raras de ese país. Con esa exigencia, EEUU no solo obtiene la riqueza de esos recursos, sino que salva a Rusia de su insostenible sangría económica para mantener su guerra. Eso significa un cambio de carácter histórico en el sistema de alianzas entre las grandes potencias capitalistas. Una lección que muchos deberían aprender. Y es que son viejas y conocidas las alianzas que han forjado estos personajes juntamente con los grupos extremistas belgas, italianos (que están en poder), griegos, españoles, la Le Pen que de Francia tiene el mayor partido; los neonazis alemanes donde todavía se siente el ruido provocado por Elon Musk que plena campaña electoral de ese país les manifiesta su apoyo. Esas y otras colectividades constituyen la internacional ultraderechista, cuyos puntos de referencia son Trump y Putin. La alianza entre ellos y la debilidad de Europa posibilitan la reunión para terminar la guerra en el corazón de Europa, al margen de esta y de Ucrania, la otra parte y de una China momentáneamente descolocada…y nerviosa. Los daños de esa alianza son ostensibles, pero difícilmente esta podrá construir un nuevo orden capitalista mundial de largo aliento, capitaneada por un gobernante que desconoce la división de poderes del Estado, y por un empresario que reclama y arbitrariamente tenga acceso y control para el beneficio de sus empresas de las informaciones de todas las instancias de ese país, es de incierta consolidación. Encontrará de frente a importantes sectores políticos con posiciones progresistas dentro y fuera de ese país y aunque debilitadla, Europa sigue siendo una potencia económica y en términos de servicios públicos básicos superior a EEUU. De igual modo, por sus niveles de desigualdad e iniquidad social, el sistema que en última instancia provocó esta crisis era insostenible. Esta, en este momento, es la única certeza.
Los cambios en el gobierno y su contexto
El punto más saliente de la presente coyuntura mundial es el de la guerra económica, desencadenada por el grupo económico que, con relativa y quizás momentánea autonomía frente a los grupos económicos tradicionales, acaba de iniciar su hegemonía política en EEUU. Ágora Por César Pérez En la cultura policía dominicana, los cambios en el tren gubernamental crea muchas y a veces exageradas expectativas. El anunciado e iniciado por el presidente Abinader no es una excepción, pero tiene la peculiaridad que no han tenido las habituales: Se hace poco después de que este presentase un proyecto de reformas, una de ella fiscal vital para el discurrir de su último mandato y que naufragó, afectando significativamente su imagen y la de su mandato según mediciones del propio gobierno. Y, quizás lo más importante, los cambios se hacen en un turbulento contexto internacional en cuyo epicentro está EE. UU., ahora gobernado por una nueva élite económica imprevisible que rompe toda lógica de la política y de la economía tradicionales. El punto más saliente de la presente coyuntura mundial es el de la guerra económica, desencadenada por el grupo económico que, con relativa y quizás momentánea autonomía frente a los grupos económicos tradicionales, acaba de iniciar su hegemonía política en EEUU. Eso significa que estamos ante la más peligrosa incertidumbre social o epocal: la económica. La incertidumbre en el área de la economía afecta todas las esferas de la sociedad. A parte de eso, como se trata de una guerra, en las guerras mueren primeros los sectores más vulnerables: los niños, los envejecientes y las mujeres. En una guerra económica, como es el caso, los más afectadas no serán las potencias enfrentadas, sino las economías más vulnerables, las de los países pequeños. Básicamente. En ese contexto, quizás casualmente, discurre el proceso de fusión de los ministerios de Hacienda y de Economía, sin que se sepa quien en fin de cuentas será el ministro que estará al frente del ministerio fusionado, siendo este otro de los elementos que hacen complicado el cambio de funcionarios para los más de tres años que le restan al gobierno. Por tanto, el cambio de tripulación anunciado e iniciado implica la imperiosa necesidad de un cambio de ruta. Ello así, porque nuevos ministros y administradores de áreas claves del gobierno de por sí no garantizan cambio de ruta, que es lo esencial. La eficacia de un nuevo funcionario público no depende sólo de su formación o voluntad, depende esencialmente de la ruta que con sentido de totalidad haya trazado el jefe de la administración pública. Podría decirse, en este caso, que por lo menos tres de los ministros recién nombrados y muchos de los nuevos funcionarios de importantes áreas del gobierno son profesional y personalmente buena selección y que muchos de los otros que se dice serán removidos y/o nombrados también lo serían, pero eso no basta, lo esencial es hacia dónde, con quién y hacia cuál sector social se orientará la nueva ruta que el contexto nacional e internacional obliga tomar al presidente. Esto no solo será determinante para que los cambios den buenos resultados a breve, mediano y a largo plazos, sino para el legado que deberá dejar el presidente y para que, de cara al 2028, sea su partido el que le suceda en el poder. Es lo que preocupa a propios y ajenos de ese partido. En ese tenor, es lógico que la presente administración requiera de una reorientación que logre mayores niveles de eficiencia y de eficacia, o sea, que cumpla con las expectativas de la gente, pero para eso tiene que ser incuestionablemente más democrática y cónsona con el “el compromiso de seguir apostando al desarrollo a través de la acción que protagonizan las organizaciones de la sociedad civil” como afirmase el presidente Abinader en noviembre pasado. Esto significa que tiene que conectarse con una serie de demandas que desde diversos sectores de la sociedad civil se le han formulado, sin que hasta el momento esos sectores se sientan satisfechos con las respuestas dada. Antes del inicio del proceso de fusión de los ministerios de Hacienda y de Economía, el grueso del equipo de este último realizó una encuesta sobre cultura democrática en la población para identificar sus aspiraciones y de esa forma orientar el gasto y las políticas sociales en el territorio. Un auspicioso y novedoso gesto de un ministerio de economía que debería ser recuperado en el intento de relanzamiento buscado por el gobierno con sus cambios. También, deberían recuperarse los compromisos de respeto a los derechos más elementales del ser humano, sin importar las condiciones en que se encuentra en nuestro suelo patrio; impulsar la aprobación del Código Penal con las tres causales y retomar el proyecto de reforma fiscal. Igualmente, hacer conciencia del drama humano y sus consecuencias económicas a que conducen las deportaciones masivas que se han iniciado en los EEUU para reorientar una política migratoria que hasta el momento ha discurrido esencialmente sin observar el debido proceso; profundizar la lucha contra la corrupción y el adecentamiento de la Justicia. Poner en primer plano la real defensa de la soberanía de los estados y una ineludible solidaridad con los países que en este momento están sometidos a vejatorias amenazas por parte de los EEUU. Entre otros, son estos puntos de referencias para evitar que los actuales cambios en la administración pública sean sólo de forma y no de contenido. Como debe ser.
Nosotros ante el mundo
En la referida investidura estuvo presente ese amasijo de personajes y primeros ejecutivos de países que integran la internacional reaccionaria: xenófoba, ultranacionalista, misógina y homófoba que comparten algunos sectores sociales, políticos, eclesiales y de la academia de nuestro país y que de esas taras hacen religión… y proselitismo político. Ágora Por César Pérez A lo largo de la historia, todos los imperios se expandieron a través del avasallamiento a pueblos vecinos y lejanos. La fuerza y la humillación fue un recurso generalmente utilizado para someter a la obediencia a las comunidades avasalladas, sin importar diferencias o jerarquía social de los grupos que la integraban. Toda gran potencia tiende a justificar su expansión militar, cultural y económica por un sentimiento de superioridad pretendidamente étnica o cultural, y no pocas veces pensando tener un mandato divino. En esencia, la soberbia es el dínamo impulsor de ese sentimiento. El discurso de investidura de Trump en un escenario que reunía la crema y nata del pensamiento que pretende ser único y guía del mundo, es un ejemplo. De esa circunstancia no podemos abstraernos. En efecto, el mundo vive un peligroso y angustiante momento, el momento en que en varios países los sectores del conservadurismo y la derecha tradicional son desplazados por grupos económicos emergentes que controla los medios de comunicación, a través de los cuales manipulan gran parte del mundo haciéndola consumidores todo tipo y presas de sus ideas, además de otros medios de la producción del capitalismo moderno. Estos amasan fortunas violando las reglas tradicionales para la reproducción del capital y al margen de cualquier conciencia de clases que guía su acumulación originaria. Una nueva clase capitalista desclasada, lumpen, como es llamado ese sector de la clase trabajadora que, falto conciencia de clase, se vende y traiciona su propia clase, situándose al margen de todo principio, de toda ley. En la referida investidura estuvo presente ese amasijo de personajes y primeros ejecutivos de países que integran la internacional reaccionaria: xenófoba, ultranacionalista, misógina y homófoba que comparten algunos sectores sociales, políticos, eclesiales y de la academia de nuestro país y que de esas taras hacen religión… y proselitismo político. En ese sentido, no están descaminados aquellos que temen que esos sectores traten de incidir en varias instancias sociales y del poder para que nuestro país se sume al diseño de dominación que para esta región del mundo quiere imponer el sector que en esta semana ha asumido el total control de las instituciones de EEUU. Ese sector, en materia de expansionismo imperial se propone metas que violan toda regla de mínimo respeto a derechos de países a su soberanía e integridad territorial. En ese tenor, las amenazas contra países como México, Panamá y la propia Canadá causan temor aunque es sea cierto que estas difícilmente vayan más allá de pura retórica porque llevarlas a cabo en el plano militar es en extremo difícil y oneroso para el país agresor. Pero, en la esfera de la economía sí ha de esperarse acciones que tensen no sólo la situación de esta región, sino del mundo. Pienso en la presencia China en esta zona, y en las pretensiones del núcleo duro del poder norteamericano de ponerle límites sin importar medios ni consecuencias. EEUU nunca le ha interesado la suerte de los países que están al sur de su frontera, siempre los ha tenido como su patio, mal cuidado, pero con plena y malhadada conciencia de que le pertenece. La sostenida y activa presencia China en este patio motiva celos a su pretendido dueño. Por consiguiente, la guerra avisada para proteger áreas de influencias y de dominio imperial en el contexto de cómo se nueve el mundo y en la búsqueda de una hegemonía irremediablemente perdida por la acción del tiempo y de la historia puede conducir a acciones desestabilizadora y trágicas para algunos países. A la corta o a la larga, esta circunstancia obligará a una toma de posición que no podrá ser otra que el apoyo a los que eventualmente puedan ser víctimas, no sólo en defensa de su integridad, sino porque alinearse a proyectos de dominación imperial se paga al final con el subyugamiento, con aceptar la soberbia de quien se arroja el derecho de asignar a un país, a una comunidad o a un grupo social un lugar de inferioridad o de infancia perpetua (incapacidad de llegar a la adultez, de valerse por sí mismo). La era de los imperios omnipotentes y omniscientes ha terminado, pero no así el sueño de algunos grupos, esta vez económicos de vocación profundamente política e ideológica que intentan crear un sistema que, con absoluta propiedad, sí podría llamarse un imperio del mal. Hay quienes piensan que esa amenaza debe enfrentarse conformando un bloque alternativo defensor de los históricamente “pueblos olvidados y saqueados” del mundo. Otra ilusión, eso difícilmente puede lograrse si en ese bloque prevalecen países que han sido también invasores/opresores y negadores de derechos humanos fundamentales. Por consiguiente, estos tiempos invitan a la prudencia, la inteligencia y la sabiduría, apostando por un mundo sustentado en valores que no han perimido, entre otros: la libertad, la igualdad y la solidaridad. Es lo menos a lo que como país podemos y debemos aspirar. Defendiendo esos principios, es la mejor manera de defender nuestro futuro como nación, lo contrario es apostar a la pérdida irremediable de esa condición.