La propuesta de reforma fiscal del Gobierno dominicano, pendiente de aprobación legislativa, incluye devolución de impuestos al alcohol medicinal, grava vapes y cigarrillos electrónicos, elimina anticipos para microempresas y amplía el régimen simplificado donde tributan miles de consultorios médicos, al tiempo que ofrece una amnistía para morosos hasta diciembre.
Por Pedro Ángel
Santo Domingo. – El denominado “paquetazo fiscal” presentado por el Poder Ejecutivo al país no solo impacta los bolsillos de los contribuyentes comunes, sino que aprieta directamente el ejercicio de médicos, empresas farmacéuticas y aseguradoras de salud, al tiempo que introduce alivios puntuales para microempresarios y estímulos fiscales para la producción de medicamentos.
La iniciativa, cuya suerte reposa ahora en las comisiones del Congreso Nacional, contempla un conjunto heterogéneo de medidas que van desde la devolución de impuestos al alcohol etílico utilizado en la fabricación de fármacos hasta el aumento del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a los cigarrillos electrónicos y vapes, estos últimos en la mira de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax por su vínculo comprobado con muertes y enfermedades respiratorias graves.
En el sector salud, uno de los puntos más relevantes es el reembolso del ISC a los seguros, así como la derogación gradual de los impuestos selectivos a los seguros de vida. También se plantea la eliminación del ITEBIS para la adquisición de ambulancias, un alivio pensado para fortalecer el parque vehicular de emergencias.
Pero donde la lupa fiscal se posa con mayor intensidad es sobre los propios médicos. La mayoría de los profesionales sanitarios dominicanos operan sus consultorios bajo la figura de persona física o como microempresas, lo que los convierte en sujetos directos de las modificaciones al Régimen Simplificado de Tributación (RST). La propuesta gubernamental eleva el tope de ingresos para acogerse a este régimen de 12 millones a 15 millones de pesos, lo que permitiría a miles de galenos mantener una carga tributaria más liviana, siempre que no superen ese umbral.
Como contraparte, el fisco ofrece una amnistía tributaria vigente hasta el 31 de diciembre de este año, dirigida a personas físicas —incluyendo a médicos independientes— que arrastren deudas fiscales, permitiéndoles regularizar su situación sin recargos ni multas. La medida llega en un momento de asfixia financiera para las micro, pequeñas y medianas empresas, que han visto mermados sus flujos por la inflación y la desaceleración económica.
En una decisión que busca aliviar a la base del entramado productivo, el paquete fiscal elimina el anticipo del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para las microempresas, que representan el 78% del tejido empresarial nacional. Las pequeñas empresas, por su parte, dejarían de pagar anticipos mensuales y pasarían a hacerlo en tres cuotas anuales, una medida que mejora su liquidez.
El proyecto, sin embargo, aún no es ley. Su tránsito por el Congreso Nacional promete ser escabroso, pues involucra a gremios sensibles como el médico y farmacéutico, históricamente reacios a incrementos de presión fiscal. Mientras los neumólogos celebran el gravamen a los vapes como un avance en salud pública, los consultorios particulares se preparan para analizar con lupa si los beneficios del nuevo RST compensan la eliminación de otras exenciones.
Lo que sí parece claro es que el Gobierno de Luis Abinader ha decidido meter la mano en el consultorio. Y los médicos, al menos por ahora, tendrán que recetar también para el fisco.
