La Unión Clasista de Trabajadores denunció las muertes atribuidas a supuestos «intercambios de disparos» y reclamó respeto al derecho a la vida y al papel de los tribunales para determinar responsabilidades penales. La confederación sindical reafirmó su respaldo a la Comisión Nacional para los Derechos Humanos (CNDH) y a su presidente, Manuel María Mercedes Medina, por su labor en defensa de las garantías constitucionales, y sostuvo que el combate a la delincuencia debe realizarse dentro de la ley.
Por Brendalis Reyes | Umbral
La Unión Clasista de Trabajadores (UCT) expresó su respaldo a la Comisión Nacional para los Derechos Humanos y denunció que las muertes de presuntos delincuentes a manos de la Policía Nacional, presentadas como resultado de «intercambios de disparos», constituyen, a su juicio, ejecuciones extrajudiciales que vulneran la Constitución y las leyes dominicanas.
En una declaración de prensa firmada por su Comité Ejecutivo Nacional, la confederación sindical sostuvo que la lucha contra la inseguridad ciudadana no puede justificar que los agentes policiales sustituyan a los tribunales ni decidan sobre la vida de personas señaladas como sospechosas.
El documento lleva las firmas de Juan Núñez Batista, secretario general, y José Encarnación, secretario de Propaganda y Comunicación.
Cuestionamientos a los «intercambios de disparos»
La organización advirtió sobre el retorno de una práctica que consideraba superada: las muertes reportadas bajo la expresión «caídos en intercambios de disparos». Según su denuncia, estas actuaciones han segado vidas de personas inocentes y de otras que no habían sido juzgadas.
La Unión Clasista de Trabajadores responsabilizó al gobierno del presidente Luis Abinader de orientar y permitir esas actuaciones policiales. Se trata de una acusación formulada por la confederación en su declaración.
La entidad afirmó, además, que el recurso a estas prácticas no ha resuelto los problemas de inseguridad que se invocan para justificarlas.
Respaldo a la Comisión Nacional para los Derechos Humanos
La confederación reafirmó su apoyo a la Comisión Nacional para los Derechos Humanos y a las organizaciones que denuncian presuntos abusos policiales.
En su pronunciamiento, sostuvo que la ausencia de la pena de muerte en la legislación dominicana impide justificar la eliminación de sospechosos como instrumento de seguridad pública. También insistió en que corresponde a los tribunales determinar responsabilidades e impartir justicia.
Para la organización sindical, tolerar que los cuerpos de seguridad actúen al margen de la ley abre la posibilidad de que cualquier persona sea víctima de una actuación arbitraria bajo el argumento de combatir la delincuencia.
Desigualdad y corrupción en el centro de la denuncia
La declaración vinculó la persistencia de la delincuencia con la desigualdad social, la concentración de la riqueza y la exclusión de los sectores populares.
Asimismo, señaló la corrupción y el saqueo de los recursos públicos como factores que limitan el acceso de amplios sectores de la población a la educación, la seguridad social y otros derechos.
Desde esa perspectiva, la confederación planteó que enfrentar la criminalidad exige atender sus causas sociales y fortalecer el cumplimiento de la ley.
El Comité Ejecutivo Nacional concluyó con un llamado a la ciudadanía a exigir la preservación de la vida y el respeto a la Constitución. Permitir violaciones impunes, advirtió, debilita la justicia y contribuye a perpetuar las condiciones que alimentan la delincuencia.
