El Estado contra sus Guardianes: Once Policías ante la Justicia por Ejecución Sumaria en Santiago
El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva para once agentes, incluidos oficiales de alto rango, acusados de homicidio voluntario y asociación de malhechores en la muerte de cinco hombres en La Barranquita, en un caso que revela protocolos quebrados y una obstrucción sistemática a la investigación. Por Virtudes Álvarez Sampedro SANTO DOMINGO.- La justicia dominicana se enfrenta a uno de aquellos casos que resquebrajan los cimientos de la confianza ciudadana en sus instituciones. Once agentes policiales, entre ellos dos mayores, un capitán y un teniente, yacerán ante el tribunal de la Jurisdicción de Atención Permanente del Juzgado de la Instrucción de Santiago, respondiendo por la presunta ejecución de cinco hombres en una plaza comercial de La Barranquita la tarde del 10 de septiembre. El Ministerio Público, en una medida que busca evitar la impunidad, ha solicitado 18 meses de prisión preventiva para los imputados, a quienes acusa de los delitos de asociación de malhechores y homicidio voluntario. La fría enumeración de los cargos no logra ocultar la gravedad de los hechos descritos en la medida de coerción. Según la fiscalía, los agentes —cuyos nombres y rangos recorren desde el mayor Álvaro Paredes Paniagua hasta el raso José Octavio Jiménez Peña— llegaron al lugar en tres vehículos particulares, un modus operandi que de por sí ha levantado suspicacias. “Los imputados pusieron en marcha los vehículos y se ubicaron frente a la entrada de la plaza y rápidamente salieron de los referidos vehículos y sin mediar palabras dispararon contra las víctimas”, relata el documento, citando el testimonio de un testigo cuya presencia resultó crucial. La escena, capturada en un video que los propios agentes intentaron suprimir al sustraer el teléfono móvil del testigo, se convirtió en el núcleo de una investigación que de inmediato topó con la obstrucción sistemática. Los fiscales, encabezados por el procurador adjunto Wilson Camacho, detallan cómo los acusados sustrajeron los DVR de los negocios aledaños y “varios teléfonos pertenecientes a distintas personas presentes en el lugar, con el interés de destruir evidencias del proceso, así como para entorpecer y obstruir la investigación”. Esta conducta, lejos de ser aislada, fue la que llevó a la procuradora general Yeni Berenice Reynoso a instruir una pesquisa exhaustiva. Los cinco hombres cuyas vidas se truncaron en medio de los disparos —Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito, 26 años), Julio Alberto Gómez (La Tabla, 28), Carlos Enrique Guzmán Navarro (El Charly, 40), Edward Bernardo Peña Rodríguez (35) y José Vladimir Valerio Estévez (25)— se convirtieron en el centro de un caso que trasciende el hecho delictivo individual. La fiscalía ha calificado los hechos como una violación a los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal Dominicano, y ha solicitado que el proceso sea declarado de tramitación compleja, dada la naturaleza de los cargos y la jerarquía de los implicados. Mientras la audiencia para conocer la solicitud de coerción se celebra en Santiago, el caso de La Barranquita se erige como una prueba de fuego para el sistema judicial y para la propia Policía Nacional, institución que ve cómo once de sus miembros son acusados de haber quebrantado no solo la ley, sino el juramento de proteger a la ciudadanía.
Tribunal desata polémica con medidas de coerción leves en caso Jet Set
Ministerio Público anuncia apelación mientras víctimas quedan en espera de justicia Por Thiago Zorrilla Acosta Santo Domingo.- La madrugada de este jueves, la justicia dominicana tomó una decisión que ha encendido las alarmas: la jueza Fátima Veloz impuso medidas de coerción consideradas insuficientes contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario por el colapso del techo de la discoteca Jet Set, tragedia que dejó 235 muertos, más de 180 heridos y 130 niños huérfanos. Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público, no ocultó su indignación: \»Esta decisión se burla de las víctimas\», declaró, anunciando la apelación inmediata. Las medidas -presentación periódica, impedimento de salida y una fianza de 50 millones de pesos- contrastan con la petición fiscal de prisión preventiva para Antonio Espaillat y arresto domiciliario para su hermana. El funcionario reconoció, sin embargo, dos victorias procesales: el tribunal validó la calidad de la investigación fiscal y declaró el caso como \»complejo\», lo que amplía los plazos para profundizar las pesquisas. Además, la jueza se sumó al llamado de la procuradora general para reformar un Código Penal que, según expertos, muestra limitaciones ante tragedias de esta magnitud. El derrumbe del Jet Set el pasado 8 de abril ha expuesto no solo fallas estructurales, sino también las grietas del sistema judicial dominicano. Mientras las familias de las víctimas esperan justicia, la medida de coerción -dictada pasada la 1:30 a.m.- deja un sabor amargo: la percepción de que la balanza se inclina hacia los privilegios antes que hacia el dolor de quienes perdieron todo en una noche de fiesta convertida en pesadilla. El caso, que ha sacudido la conciencia nacional, ahora enfrenta un nuevo capítulo: la batalla legal por una sentencia que esté a la altura del dolor causado. Lo que sigue será prueba de fuego para un sistema judicial bajo escrutinio.
Medidas leves enlutecen justicia para víctimas del Jet Set
Jueza impone garantía económica y presentación periódica a dueños de discoteca donde murieron 236 personas Por Theo N. Guzmán Santo Domingo.- Tras trece horas de audiencia marcada por prolongados recesos, la jueza Fátima Veloz dictó una medida de coerción que ha dejado más preguntas que respuestas: los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set -escenario de una de las tragedias más dolorosas en la historia reciente del país- enfrentarán el proceso en libertad, con impedimento de salida, presentación periódica y una garantía económica de 50 millones de pesos cada uno. La decisión judicial, emitida en la madrugada de este miércoles, contrasta con la magnitud del dolor causado: 236 vidas perdidas, más de 180 heridos y un país que sigue preguntándose cómo un local con fallas estructurales conocidas pudo operar hasta aquel fatídico 8 de abril. El Ministerio Público había solicitado prisión preventiva para Antonio Espaillat y arresto domiciliario para su hermana, argumentando la gravedad del homicidio involuntario que se les imputa. Mientras la jueza deliberaba, se conoció que más de 40 familias afectadas habían llegado a acuerdos económicos con los Espaillat, según confirmó su abogado Miguel Valerio. Este detalle no hace sino alimentar la percepción de que, en República Dominicana, la justicia tiene dos velocidades: una para los poderosos y otra para el pueblo. El caso Jet Set se ha convertido en un termómetro de la independencia judicial. Las medidas impuestas -que permitirán a los acusados esperar el proceso en sus hogares- confirman los temores de quienes sospechaban que la influencia política de los imputados inclinaría la balanza. Mientras las víctimas entierran a sus seres queridos, la justicia parece haberse contentado con gestos simbólicos, dejando intacta la pregunta esencial: ¿Bastarán 50 millones de pesos para responder por 236 sueños truncados? La noche del 8 de abril dejó claro que el techo del Jet Set no era lo único que colapsaría. Ahora, la decisión judicial amenaza con derrumbar algo aún más valioso: la fe en que, ante la ley, todos somos iguales.
Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva para red criminal de la Policía Nacional
El Ministerio Publico pidió que el caso sea declarado complejo por la dimensión red que sustraía municiones en la Policía Por Theo N. Guzmán Santo Domingo, 19 de noviembre de 2023 – El Ministerio Público solicitó este lunes 18 meses de prisión preventiva contra una supuesta red criminal integrada por agentes de la Policía Nacional, desmantelada en la Operación Pandora, que presuntamente sustrajo al menos 900 mil proyectiles de la institución del orden. Además, el órgano acusador pidió que el caso sea declarado complejo. La solicitud fue presentada pasadas las 10:20 de la noche en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, encabezada por Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca). Camacho destacó que el expediente cuenta con 213 páginas y alrededor de 135 medios de prueba. La acusación recae sobre diez personas físicas y una empresa vinculada a uno de los imputados. \\\»Este es un caso sumamente grave que se ha dado dentro del seno de la Policía Nacional y compromete la seguridad dentro de la República Dominicana\\\», expresó Camacho, quien también agradeció al director de la Policía, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, por su colaboración en la investigación. Camacho indicó que el proceso investigativo sigue en marcha, lo que podría llevar a la ampliación del número de detenidos. En cuanto a las municiones, aclaró que estas eran sustraídas de la Intendencia de Armas de la Policía y posteriormente vendidas. El Ministerio Público continúa rastreando los lugares donde se comercializaban. La investigación que llevó a la Operación Pandora se inició en octubre, tras una solicitud conjunta del Ministerio de Interior y Policía y el director general de la Policía Nacional. En la ejecución de la operación participaron más de 200 agentes de unidades especiales de la Policía, así como más de 40 fiscales que realizaron allanamientos en el Distrito Nacional y en las provincias de Santo Domingo, Santiago, Sánchez Ramírez y Pedernales. Entre los arrestados se encuentra el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, encargado de la custodia de armas y municiones, y el subintendente Juan Miguel Pérez Soler. También fueron detenidos el capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas, y el capitán y auditor Víctor Manuel Santos, quien supuestamente alteró los resultados de una auditoría para ocultar la sustracción de municiones. Otros arrestados incluyen al sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat, el cabo Juan Luis Díaz Medina, y los rasos Rubiel Martínez (alias Escobar) y Moreibin Medina Pérez, así como la imputada Miguelina Bello Segura, quienes desempeñaban roles clave en la organización criminal. El Ministerio Público subrayó que el capitán Santos llevaba más de seis años como auditor en la Intendencia de Armas y que, además de falsificar datos en la auditoría de febrero, intentó manipular los números ante el avance de la investigación, acción que fue rápidamente detectada por los investigadores. En las últimas semanas, fiscales y equipos técnicos del Ministerio Público han trabajado arduamente para llevar a cabo esta operación, que ha revelado violaciones tanto disciplinarias como penales dentro de la Policía Nacional. Las diligencias han permitido la incautación de armas, proyectiles, evidencias digitales, y cientos de transacciones económicas, consolidando un robusto conjunto de pruebas para presentar ante el juez de instrucción. Este caso es un claro ejemplo de cómo la colaboración interinstitucional puede rendir resultados efectivos en la lucha contra el crimen organizado, según lo señalado por el Ministerio Público. La sociedad dominicana espera que se haga justicia y que se tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad de las instituciones del país.
Desfalco y corrupción: La facilidad con la que se burla la justicia en la República Dominicana
Wilson Camacho, director de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), lamentó que la decisión de la corte no contribuya a desmantelar las estructuras corruptas que operan en el país. \\\»Debió mantenerse la prisión preventiva\\\», afirmó, subrayando que el enfoque del sistema judicial puede parecer más comprensivo con los acusados que con la protección de los intereses del Estado. Por Julio Guzmán Acosta La decisión tomada ayer por la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ha puesto de manifiesto las preocupantes prácticas que rodean los casos de corrupción en la República Dominicana. Este lunes, los jueces decidieron variar la medida de coerción impuesta a tres implicados en la operación Camaleón, liberando a Hugo Beras, exdirector del Intrant; José Ángel Gómez Canaán (conocido como Jochi) y Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant, de la prisión preventiva de 18 meses que enfrentaban. En su lugar, se les impuso un régimen de presentación periódica y una garantía económica, lo que ha llevado a cuestionar la efectividad del sistema judicial en el combate a la corrupción. Los jueces Isis Muñiz, Luis Omar Jiménez y Delio Germán argumentaron que los acusados no representan un peligro de fuga, permitiéndoles continuar el proceso judicial en libertad. Sin embargo, la jueza Muñiz expresó su disidencia en el caso de Jochi Gómez, advirtiendo sobre el riesgo de que este pudiera destruir pruebas cruciales para la investigación. Esta situación refleja una vez más la percepción que tiene la gente de que, en la República Dominicana, el desfalco de los recursos del Estado puede ser un acto relativamente fácil, donde los culpables, tras un proceso judicial, pueden volver a sus hogares con medidas menos severas que la prisión. El escándalo en cuestión involucra la supuesta ejecución fraudulenta de un contrato de más de 1,300 millones de pesos destinado a la instalación de una red semafórica en el Gran Santo Domingo, adjudicado a la empresa de Gómez durante la gestión de Beras. Las acusaciones incluyen una serie de delitos graves, desde la estafa y falsificación hasta la corrupción y el crimen organizado. A pesar de la gravedad de los cargos, la decisión de la corte de otorgar medidas más benévolas ha sido criticada por el Ministerio Público, que considera que este mensaje podría normalizar la corrupción en el país. Wilson Camacho, director de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), lamentó que la decisión de la corte no contribuya a desmantelar las estructuras corruptas que operan en el país. \\\»Debió mantenerse la prisión preventiva\\\», afirmó, subrayando que el enfoque del sistema judicial puede parecer más comprensivo con los acusados que con la protección de los intereses del Estado. Los abogados defensores, por su parte, aplaudieron la decisión, argumentando que la justicia ha actuado de manera justa al permitir que sus clientes permanezcan en libertad. Carlos Balcácer, abogado de Jochi Gómez, sugirió que la prisión preventiva ya no se considera una opción viable, mientras que otros defensores sostuvieron que no hay riesgo de fuga, un argumento que ha generado escepticismo entre sectores de la sociedad. La situación actual pone de relieve un desafío crucial para la República Dominicana: ¿cómo se puede garantizar que aquellos que desfalcan los recursos del Estado enfrenten consecuencias adecuadas? La facilidad con la que los acusados pueden regresar a sus hogares, bajo condiciones menos severas que la prisión, plantea interrogantes sobre la integridad del sistema judicial y su compromiso con la lucha contra la corrupción. Mientras tanto, el país sigue expectante, observando cómo se desarrolla este caso y si, finalmente, habrá justicia para los ciudadanos que ven cómo sus recursos son malversados y cómo algunos parecen salir ilesos de los actos delictivos que afectan la vida pública. La lucha contra la corrupción en la República Dominicana no solo debe ser un discurso, sino una realidad palpable que garantice que los responsables de desfalcos no puedan disfrutar de su botín en casa, sino que enfrenten las consecuencias de sus actos.
Operación Camaleón: La caza de una estructura criminal en una administración pública dominicana
Los imputados son el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Hugo Beras; Frank Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del INTRANT; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del INTRANT; José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S.; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del INTRANT; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del INTRANT y Carlos José Peguero Vargas. Julio Guzmán Acosta En una operación con pocos precedentes en el país en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en la República Dominicana, la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA) ha revelado detalles alarmantes sobre la Operación Camaleón. Esta acción ha sacado la luz una compleja estructura criminal que operaba dentro del INTRANT y tenían una estructura que daba seguimiento a importantes miembros de este sistema judicial dominicano. El titular de la PEPCA, Wilson Camacho, ha dado información sobre la magnitud de la operación, la cual podría ser uno de los mayores golpes a la corrupción en la administración pública. El Hallazgo La revelación más alarmante surgió durante una requisa en el vehículo del imputado José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochi. En su automóvil, los investigadores encontraron una lista que contenía los nombres de varios jueces, entre ellos, Keyla Pérez, Elías Santini y Arisleydi Méndez. Además, se hallaron un arma de fuego y una escopeta modificada, cuyos detalles han creado una profunda preocupación sobre las actividades de seguimiento y vigilancia que la estructura criminal estaba llevando a cabo contra estos funcionarios de la justicia. Camacho aseguró que estos hallazgos confirman las actividades ilegales y de inteligencia del grupo. “Estas pruebas son más que suficientes para que la jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente, acoja la solicitud del Ministerio Público”, afirmó Camacho, refiriéndose a la petición de prisión preventiva y a la declaración del caso como complejo, dada la seriedad de los cargos involucrados. Nueva Lista de Imputados Los acusados en la Operación Camaleón incluyen figuras claves del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT). Entre ellos se encuentran Hugo Beras, exdirector del INTRANT, y varios de sus colaboradores, quienes enfrentan graves acusaciones que van desde corrupción hasta uso indebido de documentos. La implicación de Gómez Canaán, propietario de la empresa Aurix S.A.S., agrava aún más la situación, ya que se sospecha que su empresa estuvo involucrada en contratos fraudulentos con el estado. Camacho enfatizó que con el avance de la investigación podría haber nuevas imputaciones. “El desarrollo de la investigación nos seguirá indicando quiénes y qué debemos agregar”, comentó, dejando abierta la posibilidad de que otros actores vinculados a la trama también sean expuestos. Una Operación Con Éxito Durante la Operación Camaleón, que tuvo lugar en diversas localidades, incluyendo el Distrito Nacional y Santo Domingo Este, se realizaron allanamientos en residencias y empresas. Con aproximadamente 170 efectivos de la Policía Nacional y más de 30 fiscales especializados en crimen organizado, la operación fue calificada por el Ministerio Público como una de las más exitosas en la lucha contra el crimen organizado. Los investigadores incautaron cientos de evidencias que respaldan las acusaciones, incluyendo un contrato fraudulento para modernizar el sistema de semaforización del Gran Santo Domingo. Además, se descubrió un contrato ilegal entre el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix, el cual fue utilizado para sacrificar funciones de organismos de inteligencia del estado. Estas evidencias son clave en el proceso judicial que se avecina. Un Marco Legal Contundente Los imputados enfrentan acusaciones serias bajo múltiples artículos del Código Penal dominicano. Las infracciones van desde la proscripción de la corrupción hasta el desfalco y la asociación de malhechores. También se han mencionado violaciones a leyes específicas sobre crímenes de alta tecnología, terrorismo y comercio ilícito. Es un entramado ilegal que pone de manifiesto la gravedad de las acciones de los imputados, así como el compromiso del sistema judicial para erradicar estas prácticas. Expectativas La decisión sobre la solicitud de prisión preventiva y la complejidad del caso se espera para hoy jueves 10 de octubre, cuando la jueza Fátima Veloz anunciará su fallo. Este veredicto podrá sentar un precedente alentador en la lucha contra la corrupción en la República Dominicana, un país donde la desconfianza en las instituciones no ha cesado. Las repercusiones de la Operación Camaleón, así como el éxito del Ministerio Público, indican el compromiso de la justicia en la lucha contra la corrupción administrativa en un contexto donde la impunidad ha sido la norma. Sin embargo, queda por ver si este esfuerzo será suficiente para restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de velar por la justicia. En un país donde el poder se entrelaza con la corrupción, la Operación Camaleón se presenta como un rayo de esperanza para un país ansioso por limpiar su imagen y asegurar que aquellos que están en el poder sean responsables por sus actos. La batalla está lejos de ser ganada, pero las acciones emprendidas ahora son una marcada señal de un esfuerzo concertado por parte de las autoridades dominicanas.