La Soberanía en Venta: AVANCEMOS Denuncia la Capitulación de Abinader ante Washington
La nueva organización política patriótica cuestiona el uso del territorio nacional por fuerzas militares estadounidenses y advierte sobre los verdaderos motivos tras la creciente alianza militar con Estados Unidos. POR THEO N. GUZMÁN SANTO DOMINGO.— Con la contundencia que nace de la defensa irrestricta de la soberanía nacional, la organización AVANCEMOS ha levantado su voz para denunciar lo que califica como “una violación flagrante” por parte del presidente Luis Abinader y su gobierno al permitir el uso del territorio dominicano por fuerzas militares de los Estados Unidos. En un comunicado de precisa severidad, la naciente agrupación patriótica y progresista acusó al Ejecutivo de retorcer e interpretar “antojadizamente” el Acuerdo de Interdicción Marítima y Aérea para justificar lo que en la práctica constituye una cesión de soberanía. La crítica, formulada con rigor conceptual y profundidad histórica, no se limita a cuestionar la presencia militar extranjera, sino que entrelaza los hilos de una madeja geopolítica que conecta la visita del secretario de Guerra Pete Hegseth, las recientes extradiciones de perremeistas vinculados al narcotráfico y los posibles escenarios de intervención estadounidense en Venezuela. El planteamiento es tan audaz como inquietante: ¿está el gobierno dominicano actuando bajo una forma de chantaje internacional? El Acuerdo de Interdicción: ¿Marco Legal o Cortina de Humo? AVANCEMOS sostiene que las operaciones militares estadounidenses en territorio dominicano “desbordan los estrictos límites” del acuerdo bilateral, transformando una herramienta de cooperación en un caballo de Troya que compromete la independencia nacional. La organización cuestiona la contradicción fundamental de un gobierno que, mientras anuncia una lucha frontal contra el narcotráfico, parece incapaz de enfrentar las infiltraciones del crimen organizado en sus propias filas partidarias. La pregunta central resuena con fuerza en el documento: “¿Por qué el gobierno dominicano se presta a ayudar al gobierno de los EEUU en su enfrentamiento con Venezuela?”. La cuestión no es retórica; apunta al corazón de la política exterior dominicana y su aparente subordinación a los designios de Washington. El comunicado sugiere la existencia de “vínculos del PRM con el narcotráfico” tan significativos que habrían convertido al gobierno en “débil y chantajeable”. Duarte y los Trinitarios Versus el Entreguismo Contemporáneo En su argumentación, AVANCEMOS no elude el simbolismo histórico. Al evocar la memoria del patricio Juan Pablo Duarte y los Trinitarios, establece un dramático contraste entre los fundadores de la República y lo que considera una traición a los principios soberanos que dieron origen a la nación. Esta apelación a los orígenes independentistas busca conectar con el sentimiento patriótico más profundo del dominicano, presentando la actual situación como una reversión a épocas de dependencia colonial. El lenguaje empleado —“ignominia”, “traición”, “vergüenza”— refleja la profundidad del descontento que busca canalizar la organización. Lejos de limitarse a una crítica política convencional, el pronunciamiento apela a la conciencia nacional en su sentido más esencial, interpelando no solo al gobierno sino a “el pueblo, la clase política, los medios de comunicación, los empresarios, las iglesias, los gremios y sindicatos”. Un Llamado a la Conciencia Nacional La advertencia final de AVANCEMOS trasciende lo partidario para convertirse en un llamado a la defensa de la dignidad nacional. Al describir al gobierno actual como “el más débil y chantajeable” de la historia reciente, la organización establece un desafío que va más allá de la coyuntura: se trata de definir si la República Dominicana mantendrá su capacidad de decisión autónoma o aceptará un papel subalterno en el escenario internacional. El debate ya está servido. Mientras el gobierno insiste en los beneficios de la cooperación antinarcóticos, las voces críticas —que ahora incluyen a esta nueva organización— alertan sobre el precio de una soberanía negociada. En el balance final, más allá de las consideraciones tácticas sobre seguridad, subyace una pregunta fundamental: ¿dónde traza una nación soberana la línea entre la cooperación internacional y la capitulación? La respuesta, sugiere AVANCEMOS, definirá el carácter nacional para las generaciones venideras.
El Gobierno Dominicano Abre las Puertas a la Guerra: Entrega el País y Viola la Soberanía Nacional
El Gobierno dominicano, encabezado por el presidente Luis Abinader, acaba de cruzar una línea roja que ningún gobernante con sentido de soberanía se atrevería a cruzar: autorizar el uso de territorio dominicano —incluyendo infraestructuras militares y aeroportuarias estratégicas como la Base Aérea de San Isidro y el Aeropuerto Internacional de Las Américas— para operaciones militares de los Estados Unidos dirigidas contra la República Bolivariana de Venezuela. No nos vengan con el cuentecito de que “es para combatir el narcotráfico”. No estamos en los tiempos de los aborígenes. No somos tarados. El pueblo no es idiota. Y no se juega con la inteligencia de la nación. La historia de América Latina demuestra que cada intervención militar estadounidense disfrazada de “lucha antidrogas” termina siendo una operación de desestabilización política, un dispositivo de presión geoestratégica o una antesala a ataques contra países soberanos. Ya lo vivimos en Panamá, en Colombia, en Centroamérica… y ahora pretenden convertir a la República Dominicana en punta de lanza contra un país hermano del Caribe. Violación flagrante de la Constitución Dominicana La decisión de Abinader no solo es irresponsable: es inconstitucional. El artículo 55 de la Constitución establece claramente que el uso del territorio nacional para fines militares extranjeros requiere obligatoriamente la autorización del Congreso Nacional, porque constituye una cuestión de soberanía nacional y de política exterior de alto nivel. El presidente no tiene facultad unilateral para permitir que fuerzas armadas extranjeras —y menos las más agresivas del planeta— instalen, operen o utilicen áreas restringidas de nuestras bases militares. Lo que ha hecho Abinader es entregar el país sin consultar al pueblo, sin consultar al Congreso y sin respetar la Constitución. Eso, en cualquier país serio, se llama: traición a la patria. Convertir a la República Dominicana en plataforma de agresión El pretexto es narcotráfico. Pero el objetivo real es geopolítico: presionar, vigilar, hostigar y eventualmente atacar a Venezuela, en un momento en que Washington ha intensificado la retórica de guerra, el cerco diplomático y el despliegue militar en el Caribe. Autorizar ese acceso no es un acto administrativo. Es un acto de guerra. Es convertir a nuestra isla en base avanzada de operaciones agresivas. Es colocar al pueblo dominicano como carne de cañón en un conflicto que no es nuestro. El Gobierno dominicano no puede —ni debe— permitir que el país se utilice como pista de lanzamiento para drones, vigilancia electrónica, vuelos militares o despliegues que podrían escalar una confrontación con consecuencias catastróficas para el Caribe entero. ¿A quién sirve Abinader? ¿A la Constitución o al Pentágono? Una nación se define por su capacidad de decidir su propio destino. Hoy Abinader ha cedido esa facultad. Mientras el pueblo enfrenta crisis de inflación, inseguridad, desempleo y desigualdad, el Gobierno abre las puertas a la maquinaria militar norteamericana. Mientras Venezuela defiende su soberanía ante amenazas abiertas, República Dominicana se presta como aliado cómplice de la agresión imperial. ¿Es este el rol que le corresponde a un país caribeño históricamente víctima de injerencias? ¿Es este el legado que dejará Abinader? Porque cuando un presidente viola la Constitución para complacer a un poder extranjero, cuando entrega instalaciones militares sin autorización del Congreso, cuando coloca al país como plataforma de guerra, lo que se configura no es cooperación: es subordinación colonial. El pueblo no debe permitirlo Es momento de que las fuerzas sociales, progresistas, patrióticas y democráticas del país alcen la voz: • El Congreso debe exigir cuentas. • Los movimientos sociales deben iniciar acciones de denuncia. • Los sectores académicos y jurídicos deben desmontar esta violación constitucional. • El pueblo debe movilizarse para impedir que el país sea arrastrado a un conflicto ajeno. La soberanía no se mendiga: se defiende. Y hoy la República Dominicana necesita defenderse no de Venezuela, no del Caribe, sino de la irresponsabilidad del propio Gobierno que, con su firma, abre las puertas a la guerra. La autorización concedida al ejército de Estados Unidos debe ser revocada inmediatamente. Por dignidad nacional, por paz regional y por respeto a la Constitución. Porque las naciones que entregan su soberanía terminan perdiéndolo todo: primero la dignidad, luego la libertad, y al final, la propia existencia.
Educación y soberanía económica
Por María Teresa Cabrera El punto de partida de nuestra propuesta de gobierno tiene dos elementos fundamentales, el primero es que nos planteamos abrir una época política nueva en el país, y el segundo, que podemos avanzar con la educación como base y eje transversal de las políticas públicas. Es en estos entendidos que asumimos el compromiso de impulsar políticas públicas para potenciar la economía como un sustento básico de la soberanía nacional. Para nosotros la soberanía nacional está estrechamente relacionada con la economía, con la producción nacional tanto a nivel industrial y agropecuario como de los servicios en general. Y es por eso, que tenemos la visión de que la República Dominicana tiene que zafarse de la línea de \»las ventajas comparativas\» impuesta por los países económica y políticamente poderosos; que orienta a países como el nuestro a especializar su economía en algunos rubros que pudieran exportar, e importar precisamente las mercancías y bienes que aquellos poderosos producen en masa e inundan el mercado local a precios competitivos. Conforme a la línea de las \»ventajas comparativas\», en algún momento el país hubo de dedicarse a producir azúcar, luego hasta piñas y melones, y hoy las zonas francas y el turismo constituyen el eje central de nuestra economía. En general el país produce dólares para comprar importaciones, y de ese modo, los grandes beneficiarios del modelo económico dominicano son los empresarios extranjeros que producen y venden lo que en importaciones compramos. Así no debe ser. Es preciso darnos cuanto antes un rumbo nacional e iniciar un proceso mediante el cual se articulen todas las áreas de la economía nacional, industria, agricultura, y servicios, con el objetivo de lograr el desarrollo nacional soberano, en democracia, progreso, y en relaciones libres, de intercambio y beneficios recíprocos, con todos los países. En este sentido consideramos que, en las condiciones del país, hay que iniciar por convertir la agroindustria en el eje principal de la economía nacional, articularlo con los servicios, la agricultura y el turismo, en perspectiva de crear condiciones para luego seguir desarrollando la industria. La producción agropecuaria, en muchos de cuyos rublos el país anda bien; debe derivar en una agroindustria potente y diversa, que genere empleos en todas las regiones, y produzca para un mercado nacional que debe contribuir a desarrollar; además de ampliar las exportaciones del país. En este entendido, la educación vendría a desempeñar un papel de primer orden. Porque será necesario formar los profesionales y técnicos que sustenten ese proyecto de país. Un particular interés deberá centrar la atención en desarrollar una plataforma educativa que aporte una amplia comunidad de profesionales dedicados a la investigación y la innovación que permitan descubrir y desarrollar cada vez nuevas líneas de producción de bienes y mercancías a precios competitivos. Complementada por técnicos medios, y en general por la calificación de una fuerza laboral que responda a los requerimientos de la producción. La educación dominicana deberá corresponder a la necesidad de desarrollar la investigación e innovación, y la calificación de una amplia fuerza laboral. Los modelos económicos que se han instalado en el país condujeron en general a la formación para el empleo, a ese fin, por ejemplo, fue concebido el plan de reforma en los años de 1970; y muy poco casi nada, se preocuparon por la investigación y la innovación. El desarrollo precisa de una fuerza laboral calificada para responder a una diversidad de líneas de producción; pero requiere sustancialmente de una comunidad de investigadores e innovadores, que descubran, inventen; exploren posibilidades de producción diversa y competitiva, y los mercados posibles para las mismas. En los niveles educativos pre y universitario, deberán producirse las reformas curriculares necesarias a esa visión, y en cada uno de estos, tendrían que haber los laboratorios, centros de investigación- experimentación, y los institutos que la misma reclama. En tales condiciones se podría prefigurar el surgimiento de ciudades inteligentes en diversas regiones del país, donde se instalen comunidades de investigadores y desarrolladores de tecnologías apropiadas, rodeados de laboratorios, centros tecnológicos e institutos. Hacia esos propósitos debió orientarse el 4 % que conquistó el pueblo para la educación preuniversitaria, pero, lograr eficiencia y eficacia en el uso de esos recursos para un plan de desarrollo nacional, es una tarea pendiente. Igual que en esa bonita experiencia de lucha, me visualizo siendo parte de un nuevo esfuerzo para conquistar entre el 1- 2% del PIB adicional para financiar a la UASD y otras universidades, así como a iniciativas públicas y de alianzas estratégicas público- empresariales, público- comunitarias y/o público asociativas, en proyectos para investigación y desarrollo. En esta visión, la soberanía nacional tendría un asiento fuerte, y dejaría de ser la intención en una frase.