Traslado a Las Parras: en dos meses comienza la descongestión penitenciaria
Funcionarios apuntan a fiscales como responsables del colapso carcelario y destacan avances en nuevo complejo Por Thiago Zorrilla Acosta El esperado traslado de reclusos hacia el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras podría iniciarse finalmente dentro de 60 días, según confirmaron autoridades penitenciarias. Aunque la obra no se entregará en la fecha inicialmente prevista a mediados de 2025, se espera que en agosto comiencen a operar dos de los cinco cuadrantes que componen el complejo. Roberto Santana, director de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (Onapre), explicó que los sectores que entrarán en funcionamiento son el área administrativa y dos cuadrantes de alojamiento, con capacidad para albergar a 2,400 privados de libertad procedentes principalmente de la cárcel de La Victoria. El traslado completo, que permitirá recibir hasta 8,000 reclusos, se completaría en 2026. Santana destacó que varios privados de libertad que cumplen medidas en modalidad de medio libre ya colaboran en la preparación del complejo, realizando labores de jardinería y acondicionamiento de las áreas productivas, que incluyen aulas, granjas de conejos y gallinas, huertos y apicultura. “Hay medio millón de metros de lago donde también se criarán peces”, detalló. Sin embargo, más allá del avance en infraestructura, el funcionario advirtió que la solución a la crisis penitenciaria no depende únicamente de la construcción de nuevos recintos. En su opinión, la sobrepoblación que afecta a los centros carcelarios —que supera los 25 mil internos en un sistema diseñado para 15 mil— es responsabilidad directa de los fiscales y el Ministerio Público, que abusa de la prisión preventiva y no aplican medidas alternativas. “El sistema penitenciario está colapsado y hay diez mil que duermen en el suelo”, enfatizó Santana, al tiempo que criticó la falta de acuerdos entre los actores judiciales para adoptar otras medidas coercitivas. Por su parte, el defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, coincidió en la necesidad de mejorar la gestión y abogó por la creación de un Ministerio de Justicia que administre el sistema penitenciario. “Siempre y cuando se elijan bien las personas, se capaciten y se introduzca tecnología, el tema de las cárceles mejorará. No podemos seguir pensando que el problema es sólo el bloqueo de teléfonos, si la corrupción está en quienes administran el sistema”, advirtió. Con el traslado a Las Parras como una luz al final del túnel, el desafío sigue siendo resolver las profundas causas que mantienen al sistema penitenciario en crisis, entre ellas la administración judicial y la gestión transparente y eficiente de las cárceles.
Evangélicos abogan por un mejor sistema carcelario en República Dominicana para 2025
Por Thiago Zorrilla Acosta En un contexto de creciente preocupación por las condiciones del sistema penitenciario en la República Dominicana, la comunidad evangélica ha alzado su voz en favor de una reforma urgente. Durante la celebración de la Batalla de la Fe, una de las concentraciones evangélicas nacionales más esperadas, que tuvo lugar este miércoles en el Centro Olímpico, los líderes religiosos hicieron un llamado a las autoridades para que se implemente un mejor sistema carcelario para el año 2025. La ferviente petición se enmarca en una realidad crítica: la mayoría de los centros penitenciarios del país enfrentan serios problemas de hacinamiento, lo que ha generado un ambiente insalubre y ha puesto en entredicho la capacidad del Estado para garantizar los derechos humanos de los reclusos. En medio de la concentración, una de las asistentes elevó una oración especial por un sistema carcelario óptimo, expresando la angustia de muchas familias que, a pesar de sus esfuerzos por proveer a sus seres queridos en prisión, no ven reflejado su apoyo debido a la corrupción y el mal manejo de los recursos dentro de los centros. “Ay Señor, tú sí sabes lo que pasa ahí dentro. Familias que proveen y las cosas no le llegan a sus familiares porque se las quitan”, denunció la evangélica, remarcado el clamor de muchos que han vivido esta dolorosa experiencia. Este llamado se produce en un momento clave, ya que el Gobierno dominicano ha intentado impulsar un proceso de reforma penitenciaria destinado a mejorar tanto las infraestructuras carcelarias como las condiciones de vida de los internos. En este sentido, el presidente Luis Abinader ha enfatizado en varias ocasiones que sin una reforma efectiva del sistema penitenciario, no será posible avanzar en otros aspectos críticos del país, como la reforma policial y los objetivos relacionados con la seguridad ciudadana. En noviembre pasado, el mandatario juramentó distintos comités de apoyo encargados de trabajar en la reforma carcelaria, reafirmando su compromiso con la transformación del sistema. Los evangélicos, al unirse a este esfuerzo, subrayan la importancia de un enfoque que no solo busque mejorar las instalaciones, sino que también contemple un tratamiento más humano hacia los reclusos, promoviendo la rehabilitación y reinserción social. La combinación de la voz de la comunidad evangélica y el compromiso del gobierno abre la puerta a la esperanza de que, finalmente, el sistema carcelario dominicano pueda ser sometido a una revisión profunda y efectiva. La comunidad espera que estos esfuerzos se traduzcan en un entorno más seguro y justo, donde los derechos de todos los ciudadanos, independientemente de su situación legal, sean respetados y protegidos.
La urgente necesidad de reformar el sistema penitenciario en la República Dominicana
Cuando se menciona el “viejo modelo carcelario” en la República Dominicana, se corre el riesgo de caer en la trampa de pensar que se trata de una situación marginal, un remanente de prácticas obsoletas que ya no tienen cabida en la sociedad moderna. Sin embargo, la cruda realidad es que este modelo retrógrado sigue predominando en nuestro sistema penitenciario. De los 35 centros de reclusión en el país, 23 continúan operando bajo condiciones que son, en el mejor de los casos, inhumanas. Esta situación no solo es un reflejo de la falta de progreso en la administración de justicia, sino un claro incumplimiento de los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución. Los datos son alarmantes: más de 14 mil personas se encuentran recluidas en lo que puede describirse como un auténtico infierno carcelario. No estamos abogando por que los convictos sean alojados en lujosas celdas, donde las únicas privaciones sean la libertad de movimiento y la vida social. Pero tampoco podemos permitir que nuestras cárceles sean auténticas pocilgas, como han señalado tanto familiares de reclusos como el Defensor del Pueblo. Esta brutal realidad contraviene el derecho a la dignidad, consagrado en el artículo 38 de nuestra Constitución, y el principio de presunción de inocencia, especialmente en el caso del 52% de la población carcelaria que se encuentra en prisión preventiva, un hecho que debería avergonzar a toda la sociedad. Es hora de que la opinión pública tome conciencia de la magnitud de esta crisis. En un país donde a menudo se alzan voces en defensa de los derechos civiles y políticos, resulta incomprensible que la situación de los reclusos no genere la misma indignación. La reinserción social de las personas privadas de libertad solo es posible a través de un proceso sostenido de educación y rehabilitación. Ignorar esta realidad es seguir alimentando un ciclo de violencia y desesperanza que, evidentemente, no es efectivo. Desde umbral.local/, hacemos un llamado a las autoridades competentes para que se tomen medidas urgentes y efectivas que transformen el sistema penitenciario dominicano. La reforma debe ser integral y enfocarse en la dignidad de las personas, en lugar de perpetuar un modelo que solo genera sufrimiento y marginación. La sociedad merece un sistema de justicia que no solo castigue, sino que también eduque y rehabilite. La verdadera justicia no se mide solo por la retribución, sino por la capacidad de reintegrar a los individuos a la sociedad de manera digna y constructiva. Es hora de que el país despierte a esta realidad y actúe en consecuencia.