Incertidumbre y temor crecen entre empleados públicos tras anuncio de fusiones
Miles de empleados públicos están preocupados por su futuro en espera de la fusión de las dependencias anunciadas por el gobierno y piden al MAP información sobre cuál sería su estatus después de esas fusiones.UMBRAL.COM.DO Por Brendalis Reyes Santo Domingo.- A nueve meses del anuncio presidencial sobre la fusión de ministerios e instituciones públicas como parte del plan de eficiencia del gasto y reorganización del Estado, la incertidumbre sigue dominando entre los empleados de las dependencias afectadas. Aunque la medida busca eliminar “redundancias” y “duplicidades” para hacer más eficiente el aparato gubernamental, la falta de comunicación oficial ha generado preocupación y temor por la posible pérdida de empleos. El presidente Luis Abinader informó en noviembre de 2024 que cuatro ministerios serían fusionados, algunas direcciones absorbidas y siete instituciones eliminadas. Sin embargo, los empleados afectados aún no han recibido información clara sobre su futuro laboral. “Es lógico que se preocupen, porque al final el proceso de fusión es básicamente una eliminación que están buscando”, señaló un trabajador que prefirió mantenerse en el anonimato. El Ministerio de Administración Pública (MAP), encargado de coordinar la reestructuración, no ha brindado declaraciones oficiales a los empleados, limitándose a comunicados a la prensa. Esta situación ha generado desconcierto y ansiedad en quienes temen perder sus fuentes de empleo tras años de servicio. El ministro Sigmund Freund defendió la iniciativa, asegurando que la fusión permitirá “eficientizar el Estado obligatoriamente” y eliminar las redundancias que dificultan la gestión pública. “Un Estado tan grande, que es difícil mover a veces, necesita buscar la manera de eliminar duplicidades para ser más productivo y ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía”, afirmó en declaraciones a umbral.local/ Cambios institucionales Entre las fusiones anunciadas destacan la del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) con el Ministerio de Educación (Minerd), para fortalecer y modernizar la política educativa. Hacienda y Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) se unirán en un solo ministerio para mejorar la coordinación financiera. También el Ministerio Administrativo de la Presidencia será integrado a la Presidencia de la República para optimizar recursos humanos, finanzas y comunicación. El Instituto Agrario Dominicano (IAD) será absorbido por el Ministerio de Agricultura, una decisión que ha generado rechazo en diversos sectores. Héctor Rodríguez Pimentel, dirigente político, demandó reconsiderar esta fusión, señalando que el IAD cumple una función crucial en el desarrollo rural y la justicia social en el campo, con responsabilidades distintas a las del Ministerio de Agricultura. “Son funciones totalmente diferentes. El IAD fue creado para que el campesino tenga tierra y así disminuir la pobreza rural. Hay que revisar esa decisión”, afirmó Rodríguez Pimentel en el programa El Gobierno de la tarde. Asimismo, empleados del IAD expresan temor por la continuidad de los servicios y la seguridad de los derechos de los parceleros, temiendo que la fusión pueda poner en riesgo la tenencia de las tierras trabajadas por años. Otras instituciones como la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS), la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, los Comedores Económicos y la Dirección Nacional de Fomento y Desarrollo de la Artesanía (Fondearte) también serán integradas a organismos con funciones afines. Resistencia y voces sindicales La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) ha manifestado preocupación por la posible afectación a los derechos laborales y la calidad de los servicios públicos que podrían derivarse de estas fusiones. Piden un proceso transparente, diálogo abierto y garantías para los trabajadores. En medio de esta reestructuración, la incertidumbre continúa y los empleados públicos esperan respuestas claras de las autoridades para conocer el futuro de sus puestos y la continuidad de las funciones estatales.
Partidos Políticos presentarán propuesta común ante controversial sentencia del Tribunal Constitucional
Por Julio Guzmán Acosta En medio de la controversia generada por la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que permite candidaturas independientes sin la necesidad de estar afiliadas a partidos políticos, las organizaciones políticas de oposición han decidido unirse para presentar una propuesta común con el fin de salvaguardar la democracia en el país. Leonel Fernández, expresidente de la República y líder de la Fuerza del Pueblo, hizo el anuncio durante un acto de entrega de cajas navideñas a familias necesitadas. Allí, Fernández subrayó que esta decisión judicial “afecta al sistema de partidos que constituye los pilares del sistema democrático” en la nación y en toda América Latina. “Los partidos políticos son el fundamento de la democracia y tienen el monopolio de las candidaturas y de los distintos cargos de elección”, enfatizó. Preocupaciones sobre el Sistema Político La sentencia TC/0788/24 ha declarado no conforme con la Constitución los artículos de la Ley No. 20-23 que regulan la presentación de candidaturas independientes a través de agrupaciones políticas. Esta medida ha suscitado preocupaciones entre diversas organizaciones, incluyendo la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), que advirtió sobre las posibles consecuencias de esta decisión. La fundación señaló que la sentencia podría desvirtuar los esfuerzos para fortalecer la democracia interna de los partidos políticos, permitiendo el surgimiento de una “razón anti política” que podría debilitar el sistema político. Finjus destacó que, a pesar de los desafíos que enfrentan los partidos políticos, estos son esenciales para el desarrollo de una democracia representativa y participativa. Según estudios de opinión pública, más del 60% de la población dominicana considera que “no puede haber democracia sin los partidos políticos”. Reacciones de Partidos Políticos La preocupación por el impacto de la sentencia se extiende a otras organizaciones políticas, como el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Partido Revolucionario Moderno (PRM). Johnny Pujols, secretario general del PLD, advirtió que la decisión del Tribunal Constitucional introduce “serios riesgos para la estabilidad del sistema político y la democracia dominicana”, al facilitar la infiltración del crimen organizado y generar caos logístico y administrativo en las elecciones. Por su parte, Sigmund Freund, delegado político del PRM ante la Junta Central Electoral, también expresó su inquietud y destacó la necesidad de unirse como partidos para abordar esta problemática. Freund afirmó que existe una posición unificada entre los partidos respecto a las preocupaciones sobre la posibilidad de candidaturas independientes. Propuesta Común a la Junta Central Electoral Fernández anunció que los partidos de oposición están trabajando en una propuesta conjunta que será presentada al presidente y al pleno de la Junta Central Electoral. Se busca establecer mecanismos que protejan la institucionalidad democrática y eviten que la reciente sentencia afecte el sistema de partidos en el país. La decisión del Tribunal Constitucional ha abierto un intenso debate sobre el futuro del sistema político dominicano y la relevancia de los partidos en la construcción de una democracia sólida y representativa. Las organizaciones políticas se preparan para intensificar su lucha por la protección de la democracia, y evitar que esa sentencia introduzca elementos perturbadores en la vida política nacional.
El MAP exige a empleados públicos el levantamiento de datos sobre el pago de servicios de agua y energía eléctrica
El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, destacó que el principal objetivo de esta iniciativa es fomentar una conducta ciudadana responsable y asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes. Por Servicios umbral.local/ El Ministerio de Administración Pública (MAP) ha emitido una orden a todas las entidades gubernamentales para que, a través de sus direcciones de Recursos Humanos, realicen un levantamiento de datos sobre el cumplimiento de pago de los servicios públicos de agua y energía eléctrica de sus empleados. Esta medida, comunicada mediante la circular 018031, busca conocer el perfil de consumo de los servidores públicos y promover la responsabilidad en el pago de estos servicios esenciales. El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, destacó que el principal objetivo de esta iniciativa es fomentar una conducta ciudadana responsable y asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes. “Es fundamental que, como servidores públicos, cumplamos con nuestro deber constitucional de respetar las normativas vigentes y mostremos nuestro compromiso con el cumplimiento de nuestras obligaciones”, enfatizó Freund. Además, subrayó que el cumplimiento en el pago de los servicios no solo garantiza su continuidad, sino que también refleja la ética y el compromiso del Gobierno con el bienestar colectivo. La circular establece que las direcciones de Recursos Humanos tienen un plazo de 15 días laborables para confirmar si cada servidor público posee contratos de energía eléctrica y agua a su nombre. En caso de que un empleado no tenga alguno de estos servicios a su nombre, deberá indicar a nombre de qué familiar están registrados y si cumplen con sus obligaciones de pago. Esta medida busca facilitar la gestión administrativa y promover una cultura de responsabilidad entre los empleados públicos. El documento está dirigido a altos funcionarios del gobierno, incluyendo ministros, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el contralor general de la República, y directores generales y nacionales de órganos del Poder Ejecutivo. Esta medida se enmarca en los esfuerzos por parte del sector eléctrico. En agosto, Celso Marranzini, presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE), solicitó al presidente Luis Abinader la emisión de un decreto que obligue a todos los empleados del sector público a presentar sus facturas de energía en un plazo determinado. Marranzini presentó un plan integral para la modernización y eficiencia del sector de distribución eléctrica, que incluye a las empresas Edesur, Edenorte y Edeeste. Con esta nueva disposición, el MAP busca no solo asegurar el cumplimiento de las obligaciones de pago, sino también fomentar un cambio de conducta en los servidores públicos, promoviendo la responsabilidad y el civismo como pilares fundamentales de la administración pública.