El enfoque unilateral de la Coalición
SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS El informe de la Coalición por una Seguridad Social Digna plantea que desde el 2010 al 2024 prácticamente el 90% de los recursos del Régimen Contributivo (RC) se transfirieron a los prestadores privados de servicios de salud y también, el 52.3% de los recursos del Régimen Subsidiado (RS). Estas informaciones son ciertas, pero ocultan grandes verdadera. La Coalición califica estos resultados como “transferencias” para confundir, porque no le conviene reconocer que son pagos reales de las ARS a las PSS privadas, como resultado de las grandes preferencias por los servicios privados de más de 10 millones de afiliados. Ello implicaría aceptar que los servicios públicos de salud resultan inaceptables para la gran mayoría de la población porque en su mayoría son insuficientes, inoportunos y de baja calidad. Hasta las familias más pobres prefieren pagar copagos elevados e injustos, antes que acudir a los hospitales públicos, salvo algunas excepciones. No pueden reconocer esta incómoda realidad porque su recomendación es la estatización total de la salud. Resulta incoherente hablar de seguridad social digna cuando no existe el menor respeto ni valoración del hecho de que son los propios afiliados quienes libremente han decidido, de manera consciente y consistente, asignar los recursos de sus cotizaciones de acuerdo a sus propias necesidades e intereses. Cuando promovíamos el SDSS decíamos “donde vayan las preferencias de los afiliados, irán los recursos de la seguridad social”. La clave de esta Ley reside en asignar poder de decisión de los afiliados en función de sus prioridades. Un poder popular que elimina los privilegios y las prepotencias de los políticos, de los burócratas y de los gremios profesionales que siempre se han servicio con la cuchara grande. La Coalición señala que \»estos más de 73 mil millones de pesos, contabilizados del 2010 al 2024, debieron haber ido a los prestadores públicos, un financiamiento sustraído contra la Ley”. FALSO. La Ley 87-01 nunca asigna los recursos directamente a los hospitales (PSS) porque ello no garantiza un retorno adecuado en servicios de calidad. Se desconoce que esos recursos son cotizados por los afiliados y se reitera el total desprecio a su derecho a decidir libremente a cuáles ARS y PSS asignarlos de acuerdo a sus necesidades reales. Esta negación sólo conduce a continuar haciendo más de lo mismo, como en los tiempos del IDSS y ahora en elEl informe de la Coalición por una Seguridad Social Digna plantea que desde el 2010 al 2024 prácticamente el 90% de los recursos del Régimen Contributivo (RC) se transfirieron a los prestadores privados de servicios de salud y también, el 52.3% de los recursos del Régimen Subsidiado (RS). Y que quede bien claro que, en general, la atención privada no es óptima, ni nada parecido, es sólo más oportuna, confiable y personalizada que la pública. La Coalición afirma que la creciente transferencia de recursos hacia el sector privado se produce en detrimento de los servicios públicos de salud. Una grosera tergiversación de la realidad, ya que es exactamente al revés: las deficiencias y el deterioro permanente de la medicina pública son las que han generado y acelerado esas preferencias mayoritarias y sostenidas por la medicina privada. “Los beneficios acumulados por las ARS privadas ascendieron a 24,000 millones en 18 años”. Pero llama poderosamente la atención que, sin embargo, la Coalición silencia que en sólo un año los copagos ilegales superan ese monto, sin entregar una factura ni pagar impuesto. Si las utilidades de 24,000 millones de las ARS privadas son excesivas, imagínense cuando se le agrega al pobre afiliado con el cobro de las PSS de diferencias, al menos 10 veces mayor. El trasfondo de estas medias verdades y críticas unilaterales es justificar la estatización de la medicina y retornar a los hospitales al ministerio de salud para fortalecer y perpetuar el clientelismo, el burocratismo, las ineficiencias y los privilegios de las minorías. Se cuestiona el seguro familiar de salud y la libre elección porque transfieren poder a los afiliados. Y se propone eliminar la administración del riesgo de salud (ARS) no necesariamente porque sea privada, sino porque exige disciplina y el cumplimiento de los protocolos, y además, pretende eliminar los fraudes crecientes, la sobre facturación y las prescripciones innecesarias de análisis, estudios y medicamentos.
Presidente Abinader se reunirá este lunes con gremios de enfermería ante llamado a paro
El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, Julio Landrón, pidió suspender la medida de 48 horas convocada para el 18 y 19 de mayo, al tiempo que informó que el mandatario recibirá a los representantes de los siete gremios en el Palacio Nacional Por Brendalis Reyes SANTO DOMINGO. – El presidente Luis Abinader se reunirá el próximo lunes a la 1:00 de la tarde con los gremios de enfermería en el Palacio Nacional, en un esfuerzo por fortalecer los canales de diálogo y abordar las demandas del sector, luego de que estas organizaciones anunciaran un paro de 48 horas para los días 18 y 19 de mayo. La información fue ofrecida por el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, quien, en representación del mandatario, solicitó formalmente a los gremios convocantes suspender la medida de presión. Landrón reveló que, por instrucciones del presidente, sostuvo comunicaciones con los siete gremios convocantes, cuyos representantes acogieron de manera positiva la iniciativa. “Le pido a los gremios convocantes suspender el llamado a paro”, expresó Landrón, quien reiteró la disposición del Gobierno de escuchar y trabajar de manera conjunta en iniciativas orientadas al fortalecimiento del sistema de salud y a la mejora de las condiciones del personal que presta servicio en los centros hospitalarios del país. El funcionario destacó la importancia de mantener espacios de entendimiento y consenso que permitan continuar garantizando la estabilidad de los servicios en la red pública de salud, así como el bienestar tanto del personal sanitario como de la población usuaria. De acuerdo con la Dirección de Cuidados de Enfermería del SNS, la red pública de servicios de salud cuenta con más de 24,000 colaboradores del área de enfermería, quienes desempeñan funciones fundamentales en hospitales, centros diagnósticos y Centros de Primer Nivel de Atención. Landrón resaltó el rol esencial que desempeña este personal en la atención y acompañamiento de los pacientes, e indicó que su labor ha contribuido a fortalecer la confianza de la población en la red pública. Durante la actual gestión del SNS, la red pública ha incrementado sus servicios en más de un millón 400 mil asistencias, gracias, en gran medida, a la labor que realiza el personal de salud.
Dr. Mario Lama hace falta algo más…
SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Mario Lama, manifestó que pacientes de clínicas privadas están abandonando esos centros para ir a los hospitales públicos por la calidad del servicio. “Ello se debe a la confianza que tiene la población en el sistema público de salud”. No vamos a discutir si se trata de un entusiasmo “basado en evidencias”. Lo importante es que detrás de ese optimismo trasciende una gran verdad: en la medida en que realmente mejoren los servicios públicos, la población fluirá masivamente a los hospitales, y se reducirá la privatización y el consiguiente gasto familiar de bolsillo. Ciertamente la infraestructura de muchos hospitales ha mejorado. Pero eso no garantiza, en absoluto, que los servicios prestados compitan con los privados, ni mucho menos, que satisfagan las necesidades de la población. Es un paso necesario, pero insuficiente. Lo más importante es elevar la motivación, dedicación y productividad de los médicos. Durante más de medio siglo todos los gobiernos, sin excepción, han construido y remozado los centros públicos de saludy han contratado médicos calificados. No obstante, los servicios han continuado siendo deficientes en calidad y oportunidad, con un elevado gasto familiar de bolsillo. Doctor Lama, hace falta asignar los recursos y contratar a los médicos como indica la Ley de Seguridad Social. Los presidentes Fernández y Medina impulsaron construcciones y remozamientos sin resultados tangibles porque continuaron haciendo más de lo mismo El presidente Danilo Medina también promovió las remodelaciones, exhibiendo un entusiasmo inusitado, al igual que ahora. Calificó a la clase media de vanidosa por no acudir a los servicios públicos, considerándolos mejores que en los privados”. “Prometí transformar los hospitales, para que dejaran de ser almacenes de enfermos”. ¿Y qué cambió? Durante su gestión se remozaron más de 55 hospitales. “Ahora tendremos hospitales de calidad para que la gente sea atendida con dignidad”. “Contamos con una planta física remozada y equipos médicos tecnológicamente tan modernos que muchos pacientes lo han comparado con un hotel, superando a cualquier centro privado”. El gran error de las administraciones pasadas fue vender la idea de que “un hospital bonito asegura una buena salud”. Olvidando que la gran ventaja del sector privado descansa en esta triada: 1) horarios extendidos; 2) remuneración médica según los servicios prestados; y 3) ingresos de las clínicas en función de la afluencia de pacientes. En cuanto a la política de remozamiento en sí, la mayor diferencia entre el ayer y el hoy reside en que el presidente Luis Abinader no tiene ningún hermano ni familiar haciendo su agosto en cada remodelación hospitalaria. Pero ello no es suficiente para mejorar la calidad y oportunidad de los servicios públicos. A pesar de su remozamiento recurrente, el sistema público de salud se mantiene en cuidados intensivos. Su eterna politización le impide la asignación de los recursos en función de la demanda de los pacientes y una contratación profesional que garantice la entrega de servicios satisfactorios para la población, como lo dispone la Ley 87-01 en su Art. 173. Para garantizar servicios oportunos, continuos y de calidad es preciso elevar el salario de los médicos en función de su dedicación, del trato considerado y de los resultados obtenidos. El pago fijo e igual, y sin garantía de retorno en resultados, fomenta cinco plagas: la politiquería, el clientelismo, el ausentismo, las huelgas y la mediocridad. En adición, la entrega de un presupuesto fijo a los hospitales independiente del volumen y de la complejidad de los pacientes atendidos, penaliza a los centros más eficientes y premia la incompetencia. Y, además, la falta de recursos frustra a los directores y médicos empeñados en dar lo mejor de sí a favor de los pacientes. Los hospitales nunca podrán igualar a las clínicas, mientras la atención médica especializada sea tan irregular, incierta y limitada a solo dos o tres horas, quedando el resto del día a cargo de médicos generales. Y mientras el sector privado disponga de personal calificado durante un tiempo cuatro veces mayor. Todavía hay tiempo.
El Servicio Nacional de Salud y sus escaramuzas prefabricadas
Prefabricaron una escaramuza o conflicto que relegara las demandas reales, empezando por ordenar los médicos que prestaban servicios en el IDSS no podían ser reajustados porque sus salarios eran algo superiores a los del Ministerio de Salud Pública, obviando que ese era un derecho adquirido. El IDSS fue una institución autónoma que tenía autoridad para fijar sus salarios y la no retroactividad jurídica favorece a su antiguo personal. Precisiones Por Santiago Castro Ventura La dirección del Servicio Nacional de Salud (SNS) con un criterio de capataz de los tiempos feudales, estima los trabajadores sanitarios son siervos de la gleba que solo deben acatar las decisiones del señor feudal. Ante las protestas que situaron al desnudo las migajas de reajuste salarial que ofrecían a los médicos, decidieron inventarse obstáculos para otorgarle importancia a su miserable propuesta. Es decir, neutralizar los reclamos que cuestionaban la risible negociación que de 70% se disminuyó a 10%, con ese propósito crearon una crisis persiguiendo como objetivo final ratificar lo que previamente habían impuesto de manera omnímoda. Prefabricaron una escaramuza o conflicto que relegara las demandas reales, empezando por ordenar los médicos que prestaban servicios en el IDSS no podían ser reajustados porque sus salarios eran algo superiores a los del Ministerio de Salud Pública, obviando que ese era un derecho adquirido. El IDSS fue una institución autónoma que tenía autoridad para fijar sus salarios y la no retroactividad jurídica favorece a su antiguo personal. También anunciaron que médicos de hospitales de autogestión como el de gastroenterología, no serían beneficiados con la migaja de reestructuración salarial. Y como si esto fuera poco, para continuar como patronos feudales que son e insistiendo en su campaña de descredito, imponen que se debe ponchar tarjetas en el horario de trabajo, dejando entrever que los médicos están como chivos sin ley. Obviando que en los centros de salud las labores siempre han estado regulada, las estadísticas sanitarias registran los expedientes de los pacientes que cada médico evalúa al día en consultas, emergencias, salas clínicas y quirúrgicas. La idea de estos distinguidos señores es llevar a la opinión pública el concepto muy erróneo que los médicos son vagos. No obstante, son ellos los primeros que se atribuyen los éxitos hospitalarios en la atención médica a los pacientes, como ha ocurrido en las recientes festividades de fin de año. ¿Dónde estaban los directivos de SNS en días claves como el 24, 25, 31 de diciembre y el 1 de enero? ¿Quiénes estaban resolviendo en las emergencias, urgencias y los quirófanos? Los médicos asignados a esos servicios. En el ejercicio de la medicina no hay días festivos, si les corresponde servicios el 24, 25, 31 de diciembre, 1 de enero y demás días feriados (al suscrito cuando ejercía siempre me asignaban los 24 de diciembre), se debe aceptar como parte del trabajo rutinario y para esto nunca ha existido la necesidad “empresarial” de ponchar tarjetas y ese tiempo extra de los servicios nunca se ha remunerado. Para verificar el cumplimiento de estas actividades están los jefes de servicios y los subdirectores, que la ley de salud los designa como jefes del personal médico. Pero su lógica es calumniar que algo queda. Ante la nueva escaramuza de las autoridades, lograron colocar en un plano secundario los reclamos por un verdadero reajuste salarial que inicialmente era de 70%, y volvieron a llevar el impasse al 10% que ellos planteaban originalmente, y que a partir de ese momento también negarían para obligar a una rediscusión de lo previamente acordado. Se trata de una vieja maña practicada por ciertos empleadores que detestan a sus subordinados, olvidando en este caso particular que después de concluir sus funciones volverán a ser médicos comunes y corrientes, aunque no ejerzan medicina pública. No es una migaja de un 10 o 25% que deben obtener como compensación los médicos, en justicia el porcentaje debe ser mayor. Les corresponde una de las tareas más riesgosas, como es velar por la salubridad de los ciudadanos. Para cumplir a cabalidad con esta misión deben dedicarse a tiempo completo, no solo en los centros de salud sino en sus horarios particulares, actualizándose, esta carrera vive en permanente renovación. ¿Cuántos errores se cometen y pasan desapercibidos en otras profesiones? Pero en el sector salud se trata de la vida valiosa de cualquier ciudadano sin importar su condición social, y por eso los yerros en esta área conforman una condición especial, incluso tienen un nombre propio o sea yatrogenias. En las sociedades que la responsabilidad profesional de asistir la salud de los ciudadanos se entiende a cabalidad, los médicos gozan de óptimos honorarios (aquí tenemos de los peores salarios en relación a los países con un constante crecimiento económico, como pregona el Banco Central nos corresponde) de ahí que padecemos una abultada migración a esos países de médicos criollos principalmente jóvenes, como está ocurriendo con la alta presencia de médicos dominicanos en España. Añadiendo que el SNS ha recurrido al odioso expediente de rehabilitar la pasantía médica “honorífica”, o sea trabajar sin recibir remuneración, extendiéndola a los pasantes de postgrado. Reiteramos, ante las críticas por el insuficiente reajuste el SNS prefabricó una nueva crisis, para rediscutirla y se convirtiera en el inconveniente principal. Entonces como muy “sensatas autoridades” decidieron llamar de nuevo a negociar a los médicos rebeldes, y para que se observara su “sensibilidad” cedieron. ¿Qué concedieron? Parte de las restricciones que ellos habían prefabricados sobre la marcha, luego aparecen firmando un “Acuerdo histórico”, entiéndase las migajas que antes habían anunciado, añadiéndole que el 10% que se cobraría en enero de 2026 fue adelantado al mes de julio del presente año. ¡Bravo! En definitiva se trató de una alharaca montada para justificar que los médicos solo se merecen una compensación de 10%. Aunque anuncian siempre 25%, a sabiendas que el galopante aumento del costo de la vida en poco tiempo se tragará tan tenue resarcimiento. En cuanto a los médicos pensionados, existe un acentuado concepto patológico que se han formado todos los gobiernos de excluir de sus
¿Y dónde está el cambio prometido?
Seguridad Social para todos Por Arismendi Díaz Santana ES NECESARIO AUMENTAR EL INGRESO A LOS MÉDICOS. Pero, en la forma tan irracional con que se ha hecho, en nada beneficiará a los afiliados y a la población más pobre. Este aumento no garantiza la dedicación, ni el desempeño, ni la productividad, ni supone una supervisión, ni rendición de cuenta, ni evaluación de resultados. Lamentablemente, es una simple réplica de la solución de Balaguer, de Antonio Guzmán, de Jorge Blanco, de Leonel Fernández, de Hipólito Mejía, y de Danilo Medina. ¿Y dónde está el cambio prometido? Este aumento fijo penaliza a todos los médicos esforzados que cumplen cabalmente con su labor, y en cambio, premia a aquellos ausentes y/o de bajo desempeño. La asignación ANTES e INDEPENDIENTE de la prestación de los servicios desincentiva la cantidad y calidad. Fomenta una conducta muy diferente a la consulta privada, donde el ingreso depende de la cantidad de pacientes atendidos y satisfechos. Esta práctica contraviene el Art. 173 de la Ley 87-01 que dispone la contratación de los RRHH basada en “el sueldo devengado más incentivos por el logro de metas, niveles de calidad, resultados obtenidos y desempeño”. Una modalidad establecida para duplicar el ingreso de los médicos, en justa compensación por su dedicación, calidad y trato considerado. Los actuales ingresos son insuficientes porque además de pagarle a los que realmente trabajan, hay que subsidiar a los demás que no cumplen y cobran igual. “¿Cuál es el incentivo a mi dedicación y desempeño, si de todas formas recibo el mismo ingreso y la misma pensión que quienes no trabajan? ¿Cuál es la motivación del director y su personal de un hospital con un presupuesto fijado previamente, sin importar la productividad, la calidad y los resultados obtenidos? ¿Por qué afanarme, si no existen incentivos, ni supervisión, ni le tengo que rendir cuenta a nadie y puedo dedicarme a mi consulta privada?”, me razonó un médico amigo. Desafortunadamente, con este acuerdo unilateral las autoridades renuncian al cambio prometido, haciendo más de lo mismo El Art. 30 de la Ley 87-01 establece: 1) que los empleadores entreguen los recursos del Seguro Familiar de Salud (SFS) a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS); 2) que la TSS los asigne a las ARS/SENASA de acuerdo a la cantidad de afiliados; y 3) que las ARS les paguen a las PSS, incluyendo al Servicio Nacional de Salud (SNS), por la cantidad de servicios prestados a los afiliados. Esta modalidad les otorga a los afiliados el poder de asignar los recursos a todas las PSS, públicas y privadas, de acuerdo a sus preferencias. El pago DESPUÉS de recibir la atención y en función de su volumen, incentiva la calidad, oportunidad y cantidad del cuidado de la salud. En cuanto al Régimen Contributivo, el gobierno siempre ha cumplido con esta disposición. APLAUSOS. Pero, lamentablemente, no ocurre lo mismo en el Régimen Subsidiado. A pesar de que actualmente la cápita mensual contributiva asciende a 1,659.22, el Estado le entrega al SENASA una cápita de solo RD$269.43, apenas el 14.5%, no obstante, tratándose del mismo Plan Básico de Salud (PBS). La asignación DIRECTA y ANTICIPADA a los hospitales contraviene la Ley 87-01 porque no garantiza la cantidad y calidad de la atención que demandan las familias más pobres y vulnerables. Esta distorsión abulta la asignación al Subsidiado al incluir las nóminas supernumerarias del personal que no le aporta nada a los afiliados, replicando soluciones improductivas vigentes desde hace 6 décadas. ¿Y entonces, dónde está el cambio prometido? De haber cumplido con la Ley el gobierno hubiese logrado cuatro cambios históricos: 1) elevaría considerablemente la cápita del Subsidiado, eliminando la enorme brecha entre la cápita contributiva y la subsidiada; 2) duplicaría los ingresos de los médicos en función de su producción y desempeño; 3) elevaría la calidad y oportunidad de los servicios públicos; y 4) reduciría notablemente el gasto familiar de bolsillo. Lastimeramente, el abandono del compromiso de cambios tendrá un costo superior a 3,000 millones de pesos anuales para al país, mantendrá las deficiencias públicas, elevará el gasto familiar de bolsillo y le pasará una costosa factura política al presidente del cambio y de la reforma del Estado.
Colegio Médico levanta huelga de hambre en busca del diálogo en su lucha por mejoras salariales
Por Virtudes Alvarez Sampedro Santo Domingo, 2 de enero de 2025 – En un ambiente de esperanza y expectativa, el presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Waldo Ariel Suero, anunció este jueves el levantamiento oficial de la huelga de hambre que médicos de la entidad mantenían frente a las instalaciones del Servicio Nacional de Salud (SNS). La decisión se produce en medio de negociaciones sobre la mejora de los salarios y las condiciones laborales del sector salud. “Se ha iniciado una salida a nuestra demanda satisfactoria”, declaró Suero, visiblemente aliviado, ante un grupo de médicos que lo acompañaban. Suero enfatizó que la reciente propuesta presentada por el SNS abre las puertas a un posible acuerdo que podría beneficiar a los profesionales de la salud, quienes han estado clamando por mejoras en sus condiciones de trabajo y salario. La movilización de los médicos, que incluyó jornadas de protesta y la huelga de hambre, fue impulsada por la angustiante situación que enfrentan en el sector salud. Suero, al hablar sobre la necesidad de priorizar los recursos para la salud, subrayó: “100 millones de pesos o 200 millones de pesos al año a un gobierno es prácticamente nada”. Su declaración refleja el profundo descontento que existe entre los médicos, quienes ven en la inversión insuficiente un obstáculo para brindar atención de calidad a la población. A medida que avanzaban las horas, el ambiente en el SNS se tornó más optimista. La tarde de este jueves, el director del SNS, Mario Lama, se reunió con Suero, donde se comprometieron a continuar el diálogo. Ambos acordaron un nuevo encuentro para el próximo sábado, donde discutirán los puntos necesarios para cerrar el acuerdo de aumento salarial que tanto anhelan los médicos. Suero concluyó su intervención con un mensaje conciliador: “Nuestro interés no es crear situaciones difíciles, nuestro interés es buscar soluciones”. Con esta frase, el líder médico dejó claro que el camino hacia un acuerdo es posible, siempre y cuando ambas partes se enfoquen en el bienestar de los profesionales de la salud y, por ende, de la población que dependen de sus servicios. La decisión de levantar la huelga de hambre es un paso importante en la lucha de los médicos dominicanos por mejores condiciones laborales. Con la reunión del próximo sabado el diálogo con el SNS, la comunidad médica espera que el compromiso de mejorar su situación se traduzca en acciones concretas que beneficien tanto a ellos como a los pacientes que atienden diariamente. El desenlace de esta negociación será determinante para el futuro del sector salud en la República Dominicana.
El peligro de una nueva identidad
Por Carlo Lara “Nada más intenso que el terror de perder la identidad”, Alejandra Pizarnik El tema haitiano en la República Dominicana despierta muchas pasiones, comentarios, análisis y debates en el ámbito político, económico y social a una dimensión inexplicable. Es común ver en los barrios, calles, municipios y provincias a la gente de todos los extractos sociales opinar y hacer juicios positivos y negativos sobre la difícil y complicada situación de Haití y su impacto en nuestro país. En los últimos días, hemos visto a diferentes líderes políticos y empresarios hacer alusión a la necesidad de regularizar la situación migratoria de los nacionales haitianos que laboran en el área agrícola y la construcción, alegando que son dos sectores que se han visto gravemente lacerados luego de que el gobierno dominicano encabezado por el presidente Luis Abinader, anunciara y ejecutara un amplio plan de deportaciones, con el propósito de devolver a su país de origen unos 10 mil indocumentados haitianos semanales. El argumento principal de los interesados del área agrícola, son las grandes pérdidas a la cual se enfrentaría el país en caso de que las plantaciones de arroz, tabaco, entre otros alimentos no cuenten con la mano de obra haitiana. El mismo planteamiento hacen los empresarios del sector construcción, quienes ya han anunciado la paralización de obras en la región Este y otros puntos del país debido a la escasez de trabajadores haitianos. Cada punto señalado por estos actores de la vida nacional y económica en tal sentido de alguna manera tienen razón, ahora bien, nos surge una importante interrogante: ¿Cuál sería el costo político, social y económico que pagaría la República Dominicana al privilegiar a estos sectores? Hablemos un poco del costo social y económico que por décadas ha arrastrado la República Dominicana al brindar concepciones a los nacionales haitianos en condición de indocumentados no solo en la agricultura y la construcción, debemos recordar que aéreas como la salud, la educación entre otras, también se han visto afectada con la proliferación de la migración haitiana indocumentada en el país. Nuestra reflexión la sustentamos en el hecho de que en la actualidad hay 200 mil alumnos de los casi 2 millones que cursan básica y secundaria en las escuelas públicas, de esta cantidad 143 mil, son de origen haitiano, representando el 71.5%. de la totalidad de extranjeros matriculados en las escuelas del país, según datos ofrecidos por el propio canciller dominicano Roberto Álvarez. Ahora bien, estarán estos niños en su gran mayoría hijos de padres indocumentados haitianos en la capacidad psicológica y con el compromiso social, moral y patriótico de asumir a los padres fundadores de la dominicanidad, ¡Por supuesto que no!, eso será imposible, y es simple, ellos pertenecen a otra cultura social y más que eso vienen de familias comprometidas moral y emocionalmente con su país de origen Haití. De igual manera no podemos dejar de mencionar que los últimos datos del repositorio de Información y Servicios de Estadística del Servicio Nacional de Salud (SNS) indicando que, durante los dos primeros meses del año 2024, en el país fueron atendidos 5,488 partos a madres de origen haitiano, representando el 35% de los 15,661 nacimientos documentados. Sería interesante conocer de parte de algunos empresarios y políticos que proponen regularizar a los nacionales haitianos que trabajan la agricultura y la construcción. ¿Cuál sería el mecanismo de regularización: permisos de trabajo o legalización?, ¿Están esto permisos contemplado en la Ley General de Migración? y por último ¿Este plan incluiría a sus familiares; esposas e hijos? Insistimos la República Dominicana necesita un marco legal que garantice el control de la migración de indocumentados haitianos, pero además que a través de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) y la Dirección General de Migración puedan generar estadísticas, seguras y confiables de cada uno de los nacionales haitianos en el país. El Estado está en la obligación de redoblar los esfuerzos en proteger los pasos fronterizos que durante décadas han sido un desorden, lleno de corrupción sin importar el gobierno de turno. Viendo este panorama complicado y difícil, nos surgen varias interrogantes; está la República Dominicana dispuesta a pagar un precio tan alto como la amenaza de perder su identidad para los próximos 30 años, a través del trueque de la llegada de cientos de haitianos que hoy algunos políticos y empresarios sugieren les sean entregados sus papeles para poder trabajar legal en el país. Decía la escritora y compositora americana Miley Cyrus: “Nunca debemos perder nuestra identidad, eso es lo que nos hace únicos y especiales”. Sabías palabras de Cyrus, en la actualidad la cantidad de nacionales haitianos en la República Dominicana es incierta, las autoridades no cuentan con datos certeros y definitivos de la cantidad de haitianos en el país, de lo que, si estamos seguros, es que son muchos en todo el territorio dominicano, situación que pone en peligro a corto y largo plazo la preservación de la identidad nacional. Del gobierno dominicano no hacer frente e instituir un marco legal y definitivo para todas las áreas económicas del país, en donde la mano de obra haitiana sea regulada como lo establece la Ley de Migración, es imposible contrarrestar una situación que se encuentra desbordada y en total descontrol. Sin lugar a duda que esta situación pone en peligro de extinción la identidad nacional debido a la proliferación de un grupo étnico que florece cada día sin control, forzando de manera inequívoca el nacimiento de una nueva sociedad integrada por jóvenes que no representan de ninguna manera el pensamiento de Juan Pablo Duarte y los demás próceres fundadores de la nación dominicana. El presidente Luis Abinader tiene el gran reto de proteger la identidad nacional, de preservar nuestras costumbres, cultura y religiones, implementar medidas humanas que permitan garantizar el respeto a los valores patrios y que el futuro de la sociedad dominicana no se encuentre bajo la amenaza de una mezcla cultural diferente e incompatible, esta sería la única forma de evitar que en la República Dominicana florezca una