Más medias verdades e incoherencias
SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS El artículo de la semana pasada sobre “El enfoque unilateral de la Coalición” produjo encendidos debates en las redes sociales y por su interés compartimos los puntos más polémicos e importantes. “El SENASA se ha convertido en un pagador de las clínicas privadas ante la mirada impávida de las autoridades”. Esa afirmación es sólo un síntoma de una verdad muy profunda e incómoda.Desnuda las ancestrales deficiencias de los servicios públicos, criticados hasta por las familias más pobres y vulnerables. La Ley 87-01 dispuso reformas estructurales para elevar la eficiencia pública, las cuales han sido permanentemente bloqueadas por el CMD con el silencio de la Coalición. ¿Cómo justificar una estatización total de la salud si la destrucción de lo público proviene del propio Estado? “La transferencia del SENASA al sector privado es una violación fragrante de la ley”. No se trata de transferencias sino de pagos por los servicios prestados. La Ley 87-01 no asigna los recursos directamente a las PSS (hospitales, clínicas, médicos) porque ello no garantiza servicios de calidad a los afiliados. La real violación consiste en la entrega directa de los recursos a la red pública fomentando el ausentismo y el clientelismo. “El SENASA incurre en un drenaje ilegal transfiriendo recursos públicos al sector privado”. El SFS obliga al SENASA a pagar a las PSS de acuerdo a las preferencias de sus afiliados. Es al revés: la desarticulación de lo público obliga a los afiliados a acudir a lo privado. La privatización se inició hace 60 años y es mucho más vieja que la Ley de Seguridad Social. Las deficiencias públicas no provienen del SENASA sino de la red pública a cargo del Servicio Nacional de Salud (SNS). “No hay salud ni seguridad social sin un fundamento estrictamente público”. La salud es tan vital que no admite prejuicios. Las familias necesitan soluciones reales, sean públicas o privadas. Prefieren la pública sólo cuando reciben atención oportuna y de calidad. Toda demanda privada más costosa desnuda las ineficiencias públicas de un servicio vital. “Ustedes no promueven cambios estructurales, sólo remiendos a un sistema que es un negocio”. Solo proponemos cambios posibles, viables, graduales y sostenibles. Las soluciones radicales presuponen revoluciones radicales. El todo o nada no tiene aceptación popular porque termina perpetuando el statu quo, eliminando la posibilidad de avances graduales. SUEÑAN CON CONSERVAR Y FORTALECER A UN SISTEMA CENTRALIZADO Y BUROCRÁTICO PARA CONTINUAR MULTIPLICANDO LAS NÓMINAS SUPERNUMERARIAS, SIN ASEGURAR SERVICIOS ACEPTABLES POR LOS AFILIADOS. “¿Por qué sectores importantes como los fiscales están armando su propio sistema?” Porque un sistema de reparto propio les asegura pensiones privilegiadas hasta tres veces superiores a la acumulación de sus aportes, las cuales terminan siendo pagadas por el pobre pueblo excluido, profundizando las desigualdades sociales. Así lo disfrutan la UASD, el CMD, el INABIMA, el Congreso y el Poder Judicial. entre otros. “La mayoría de gente de la calle prefiere un sistema de pensiones de reparto”. Si, hasta que le expliquen que es el propio contribuyente quien paga todos esos excesos y privilegios. Hasta cuando comprenda que se trata de un sistema insostenible, piramidal, y que las transformaciones demográficas y tecnológicas reducen en forma sostenida la cantidad de cotizantes por pensionado. Y más ahora con la inteligencia artificial. En materia científica, los argumentos populistas acusan falta de fundamentos. “¿Acaso el hecho probado de que la mayoría \»se inclina\» por el servicio privado constituye garantía de un servicio asequible y de calidad?” Desde luego que no. Debe quedar bien claro que, en general, la atención privada no es óptima, ni nada parecido, solamente es más oportuna, confiable y personalizada que la pública. Ciertamente existen distorsiones, privilegios, ganancias excesivas, retenciones y rechazos que empobrecen a los afiliados. ¿Pero por qué descartar la demanda de cambios graduales que corrijan estas distorsiones? ¿Por qué condenar a quienes proponemos soluciones más sensatas, viables y sostenibles para mejorar la suerte de 10 millones de dominicanos? Se propone eliminar las administradoras de riesgo de salud (ARS) no necesariamente porque sean privadas, sino porque exigen disciplina y el cumplimiento de los protocolos, y además, porque controlan los fraudes crecientes, la sobre facturación y las prescripciones de análisis, estudios y medicamentos innecesarios.
El Crimen que no se Perdona: La Traición a los Más Vulnerables
La noticia judicial que hoy conmociona al país trasciende el mero dato financiero de un desfalco. La solicitud de prisión preventiva contra el exdirector del Senasa, Santiago Hazim, y su séquito no es solo la crónica de un robo, sino la exposición de un acto de profunda traición ética y humana. Aquí no hubo un error de gestión, sino un plan meticuloso y gélidamente ejecutado para convertir el sistema de salud de los más pobres en una máquina de hacer dinero para unos pocos. Es la corrupción en su expresión más perversa: la que se nutre del sufrimiento ajeno. El expediente de la PEPCA, de 537 páginas, no describe a simples administradores corruptos, sino a una organización criminal que operaba desde el corazón del Estado. Santiago Hazim, el médico ortopeda, no fue un director negligente; fue el arquitecto y capo de un esquema diseñado para saquear. Su papel fue axial, vertebrador. Desde antes de asumir, ya pactaba en oficinas políticas los compromisos que luego cobraría, ya recibía sus primeras dadivas –un lujoso Lincoln Navigator– como adelanto de la rapiña por venir. Una vez instalado, no gestionó salud; gestionó fraude, soborno y cinismo. Pero lo que eleva este caso a la categoría de infamia nacional son los medios que utilizaron. Esta red no desvió fondos de una obra pública abstracta; jugó con la vida y la muerte de los ciudadanos. Fabricaron tratamientos de cáncer que nunca se aplicaron, facturaron diálisis a cadáveres, implantaron stents innecesarios en corazones vivos e inventaron cirugías de piel sobre piel sana. Cada factura falsa, cada sesión de quimioterapia fantasma, representa un medicamento que no llegó, una esperanza defraudada, un posible deterioro en la salud de un ser humano. Convirtieron el derecho a la salud, consagrado en la Constitución, en una mercancía sangrienta para su enriquecimiento. El mecanismo, descrito con crudeza, muestra su desprecio por la nación: maletas de efectivo convertidas a dólares en encuentros callejeros, transferencias que se transformaban en fajos de billetes entregados en apartamentos de Airbnb. Mientras, en los hospitales y centros de salud, los recursos escaseaban. Esta es la dualidad obscena del caso Hazim: la opulencia clandestina de unos pocos financiada con el presupuesto destinado a aliviar el dolor de millones. Por ello, la decisión del Ministerio Público de solicitar prisión preventiva y declarar el caso complejo es no solo correcta, sino imperativa. Es un primer paso firme hacia la rendición de cuentas. La justicia tiene ante sí una prueba de fuego: debe actuar con celeridad y contundencia para que este no sea otro expediente más que duerma en los tribunales. La sociedad exige ver a los responsables enfrentar el peso de la ley, pero también exige la recuperación total de lo robado. Este caso debe ser un punto de inflexión. Una llamada de atención a todos los partidos políticos para que purguen de sus filas a los trepadores sin escrúpulos que ven la función pública como un botín. Un recordatorio al empresariado de que la connivencia con funcionarios corruptos no es \»gestoría\», es complicidad criminal que corroe el país. Y, sobre todo, un mensaje a la ciudadanía: la defensa de la salud pública es innegociable. La verdadera magnitud de este crimen no se mide solo en quince mil millones de pesos. Se mide en la confianza erosionada, en el dolor potencialmente agravado y en la vida pública envenenada por la codicia. Santiago Hazim y su grupo no solo defraudaron al Senasa; traicionaron el juramento de servir y protegieron únicamente sus propios bolsillos, a costa de los más vulnerables. Que la justicia, en su nombre, sea implacable.
El Ministerio Público Pide Prisión para Diez Imputados por Megafraude en SENASA que Desfalcó al Estado más de 15 Mil Millones de Pesos
La Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (PEPCA) desmenuza en 537 páginas un esquema institucionalizado de corrupción. Acusa al exdirector Santiago Hazim y a su círculo de recibir sobornos, falsificar estados financieros, facturar servicios de salud inexistentes a pacientes vivos y muertos, y lavar activos mediante empresas fachada, en perjuicio del derecho constitucional a la salud. POR JULIO CÉSAR GUZMÁN ACOSTA SANTO DOMINGO, D.N.- Con la solemnidad que imponen los delitos de cuello blanco y la minuciosidad propia de un sumario judicial, el Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), ha solicitado formalmente medida de coerción contra diez imputados, entre ellos el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Marcelino Hazim Albainy, por la presunta defraudación de más de quince mil millones de pesos al erario público. La instancia, un expediente de 537 páginas depositado ante la Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, no se limita a enumerar cargos. Desentraña, con rigor fiscal, la anatomía de una red que, según la acusación, institucionalizó la corrupción al interior de la entidad rectora de la salud de los más vulnerables. La pesquisa establece que las maniobras fraudulentas ascendieron a casi 16 mil millones de pesos, configurando una de las mayores afectaciones a un bien colectivo en la historia reciente: el derecho a la salud. El corazón de la acusación late en un esquema descrito como \»sofisticado\», donde se conjugaron \»incrementos manipulados, omisiones deliberadas, decisiones contrarias a la normativa y participación coordinada de actores internos y externos\». La PEPCA asegura que, desde antes de asumir la dirección en agosto de 2020, Santiago Hazim tejía los hilos de su red. Aceptó, según el expediente, vehículos de alta gama de empresarios que luego serían piezas clave en la estructura fraudulenta, y estableció \»compromisos económicos\» para cumplir una vez en el cargo. La Estafa al Sistema de Salud: Pacientes Ficticios y Tratamientos Inexistentes La pesquisa judicial pinta un cuadro de desprecio por la vida y la dignidad humana. La acusación detalla cómo la maquinaria fraudulenta se alimentó del sufrimiento. Se habría facturado hemodiálisis a pacientes ya fallecidos y se colocaron stents coronarios innecesarios en procesos cardiovasculares. En el área oncológica, se \»abultó\» fraudulentamente el número de sesiones de radioterapia y quimioterapia. Incluso, se reportaron y facturaron cirugías de piel por lesiones \»inexistentes o de tamaño irreal\», y se realizaron endoscopias y colonoscopias a pacientes sin riesgo ni sintomatología. La Estructura del Soborno: De Restaurantes a Apartamentos por Airbnb La PEPCA documenta metódicamente el flujo del dinero ilícito. Según la investigación, el empresario José Ortiz Giráldez, descrito como \»mano derecha\» de Hazim, operaba como receptor principal de sobornos de empresas como Nutri-med. A través de su compañía, OGSS, habría recibido aproximadamente 529 millones de pesos en transferencias. El modus operandi, descrito con precisión cronística, indica que Ortiz Giráldez entregaba a Hazim el 90% de estos fondos, previamente convertidos a dólares. Los encuentros para estos pagos ocurrían en la calle, en vehículos privados, restaurantes o apartamentos alquilados vía Airbnb. Posteriormente, ante problemas judiciales de Ortiz Giráldez, el entonces consultor jurídico de Senasa, Germán Rafael Robles Quiñones, habría asumido el rol de receptor, recibiendo \»más de 536 millones de pesos en efectivo\» de la empresaria imputada Cinty Acosta Sención. En total, Hazim, Ortiz y Robles habrían recibido unos 1,165 millones de pesos en sobornos para \»asegurar complicidad, agilizar procesos, evitar glosas [objeciones a facturas] y obtener ventajas indebidas\». El Origen: Un Plan Concebido antes de Asumir el Cargo La investigación retrocede hasta junio de 2020, antes del nombramiento de Hazim. En una reunión en la oficina política del entonces aspirante, la imputada Cinty Acosta se comprometió a analizar Senasa y elaborar un proyecto. Semanas después, propuso a una pareja de médicos desarrollar un programa de nutrición para adultos mayores, asegurando \»tener todos los contactos para su aprobación\». A cambio, exigió el 50% de las acciones de lo que sería Nutri-med. Estas empresas, según la PEPCA, fueron el \»vehículo societario\» para canalizar sobornos, recibiendo entre 2021 y 2023 más de 4,074 millones de pesos del Senasa. Además de Hazim, Ortiz, Robles y Acosta, la solicitud de prisión incluye a Gustavo Enrique Messina Cruz (exgerente financiero), Francisco Iván Minaya Pérez (exgerente de Servicio de Salud), Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Rafael Luis Martínez Hazim (de MyCare), Heidi Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella. Frente al vasto cuadro de ilícitos, la Procuraduría ha solicitado al juez de la Instrucción la declaratoria de \»caso complejo\». Mientras, Eduardo Read Estrella, uno de los imputados, a través de sus abogados, ya ha negado haber realizado propuesta alguna de acuerdo con la fiscalía, marcando la línea de lo que será una defensa contenciosa en un proceso judicial que promete extenderse y revelar, página a página, la profundidad de la herida infligida al sistema de salud dominicano.
Lamentable corrupción mayúscula en el Senasa
SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS En el libro Historia y Fundamentos del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) señalamos las principales modalidades de corrupción pública y privada conocidas. Pero a la luz de las investigaciones de las valientes comunicadoras Nuria Piera, Julissa Céspedes, Edith Febles y Alicia Ortega, entre otras, la corrupción en el SENASA supera con creces las modalidades señaladas y las prácticas oscuras del viejo IDSS: 1. Contrataciones multimillonarias de grado a grado y sin la debida rendición de cuentas ni fiscalización; 2. Decenas de miles de pacientes con procedimientos ficticios pagados por el SENASA a médicos, clínicas y farmacias privadas; 3. Sobre facturación de centros privados con la complicidad de funcionarios del SENASA, violando las técnicas más elementales de la administración del riesgo de salud; 4. Desvió a proveedores privados “preferidos” de miles de pacientes que pudieron ser atendidos en los hospitales públicos; 5. Doble contabilidad y falsificación de los reportes financieros mensuales y anuales entregados a SISALRIL; 6. Compra de vacunas entregadas gratuitamente a las clínicas privadas por el Ministerio de Salud Pública; 7. Instalación de prótesis de inferior calidad, afectando la salud y la recuperación de pacientes de bajos recursos económicos; 8. Creación y operación de un call center paralelo privado para simular la prescripción y entrega de servicios médicos. 9. Destrucción de datos esenciales para ocultar la crítica situación del SENASA borrando importantes archivos institucionales; 10. Falsificación del balance de las reservas técnicas para ocultar los déficits financieros reales. Aunque estas denuncias parten de informaciones concretas, para conocer su magnitud debemos esperar las investigaciones de las autoridades competentes. No obstante, el retraso en el pago a las PSS de un 48% durante más de 4 meses promedio, señalado por SISALRIL, no deja lugar a dudas de la existencia de un cúmulo de irregularidades sin precedentes en la ARS pública. Es muy lamentable este escándalo que empaña la credibilidad y sostenibilidad de una institución pública que fue modelo, y de cuya gestión dependen 7.8 millones de dominicanos, la mayoría pobres de solemnidad. Existen grandes diferencias sobre la magnitud del afán de lucro, por lo que habrá que esperar el dictamen de las autoridades competentes. Gracias a la intolerancia del presidente Luis Abinader contra la corrupción, esta estafa mayúscula fue detectada y detenida a finales del año pasado, con la promesa de someter a la justicia a todos los responsables de este doble crimen contra el Estado y tratándose de un servicio tan vital como la salud de los más necesitados. Aunque minorías radicales silencian la existencia del afán de lucro en las instituciones públicas, lo cierto es que la ancestral corrupción, el clientelismo, el despilfarro y la administración de los recursos de manera irresponsable y sin consecuencias, siempre han terminado surtiendo efectos negativos y similares al afán de lucro privado, acentuando los desequilibrios financieros y el costo innecesario del PBS. Desde el punto de vista de los afiliados y del necesario equilibrio del Plan Básico de Salud (PBS), ¿cuál es la diferencia entre el afán de lucro privado y el afán de lucro público basado en una corrupción multimillonaria? Silenciar esta realidad objetiva mediante propuestas estatizantes unilaterales y desfasadas contribuye un atentado inaceptable al derecho universal al cuidado de la salud de todos los afiliados. El carácter mixto del SDSS y particularmente del SFS se justifica por la ineficiencia tradicional de los hospitales públicos expresada en una marcada preferencia por los servicios privados, incluso de las familias más pobres y vulnerables. La pluralidad y la libre elección de los afiliados constituyen un esfuerzo por controlar tanto el afán de lucro privado como el público. Durante años fuimos unos ilusos elogiando el desempeño del SENASA. Esa falsa ilusión indujo a diputados y senadores de buena fe a someter ocho proyectos de ley que proponen la conversión del SENASA en un monopolio estatal, eliminando la libre elección. Ante este escándalo mayúsculo y sin precedentes, lo más sano y aconsejable sería retirar dichas propuestas, proponiendo fórmulas concretas para fortalecer la prevención y sanción de los fraudes públicos y privados.
Mi primera publicación
A veces la indignación y la impotencia hacen que uno deje al lado problemas importantes y encuentre una salida, tramposa e irresponsable, pero humana, al escribir del asunto más insignificante. El escándalo del saqueo de los fondos de Senasa, el azote de los apagones y los horrores del genocidio de los sionistas de Israel contra el pueblo mártir de Palestina en la Franja de Gaza, merecen mucho más que las cuatrocientas palabras de esta columna semanal. Pero especialmente, el asunto de la matanza en Gaza, me resulta demasiado abrumador. Precisamente porque hay que abordarlo desde la indignación y la impotencia. Pido mil excusas y mejor les cuento una anécdota de la infancia. Tendría yo algunos diez años. En la casa en que pasaba la semana para poder ir a la escuela en Nagua, se recibía el periódico La Nación, en cuya sección deportiva había un espacio llamado La Voz del Fanático. Su encargado, nada menos que Cuchito Álvarez, entonces famoso comentarista deportivo de la radio. Con los años, llegaría a ser don Mario Álvarez Dugan, respetable director del diario Hoy. En aquella época se convirtió en refrán popular la expresión: ¿“Qué te parece Cuchito?”, que, en las transmisiones de la pelota profesional, le dirigía el legendario narrador cubano Rafael Rubí, “El Dinámico”. Aun niño, era yo un ardoroso fanático del béisbol y no sé cómo se me ocurrió escribirle una carta a La Voz del Fanático. La deposité al correo en Nagua y a los pocos días apareció mi carta en La Nación. ¿Cuál es mejor pelotero?, preguntaba, Tiant Tineo o Alcibiades Colón. Jardinero central de las Águilas Cibaeñas, el primero, y jugador del jardín derecho del Licey, el segundo. No tuve el valor de firmarla con mi nombre, sino con el seudónimo de Juan Pérez Ruborizado, lleno de temor y de vergüenza, no me atreví a decírselo a mis amiguitos de la infancia, porque sabía que ninguno de ellos me lo creería, menos al no estar firmada con mi nombre propio. Solo le conté mi hazaña a mi entrañable Flor de la Cruz. “Hay opiniones”, fue la respuesta diplomática del de la sección y la vida siguió su curso. Jamás conté ni comenté aquella temprana experiencia literaria, hasta hace poco al dictar una conferencia. Tampoco sospeché que estaba dando el primer paso de una larga marcha por la senda emocionante y seductora de la escritura.
Senasa bajo la lupa: MP y Cámara de Cuentas investigan multimillonario déficit
Autoridades fiscalizadoras indagan presuntas irregularidades financieras y denuncias de sobornos en la principal aseguradora de salud estatal. Por César Dalmasi Guzmán SANTO DOMINGO. – El Seguro Nacional de Salud (Senasa) enfrenta un escrutinio sin precedentes: el Ministerio Público y la Cámara de Cuentas investigan su crítico déficit operacional —que supera los 3,372 millones de pesos— y su vinculación a un caso de presuntos sobornos para contratos de seguridad. Las pericias, iniciadas hace un mes, incluyen entrevistas a empleados de áreas sensibles como finanzas y tecnología, confirmaron fuentes a umbral.local/ Crisis con rostro humano Mientras las auditorías avanzan, los afiliados padecieron retrasos en cobertura de medicamentos a inicios del 2025, y aún persisten limitaciones en el servicio de delivery farmacéutico. La institución atribuyó los fallos a un nuevo sistema antifraude, implementado tras detectarse facturaciones falsas por 40 millones de pesos. La sombra de la corrupción El escándalo se agrava con el expediente judicial que involucra a Senasa en una red de sobornos para adjudicar contratos de seguridad privada. Diez imputados enfrentan arresto domiciliario, cinco de ellos confesos. Voces críticas y cifras en disputa La oposición de Fuerza del Pueblo tildó la gestión de \»caótica\», alertando sobre riesgos de quiebra en clínicas privadas por morosidad en pagos. Pese a ello, el director Santiago Hazim defendió el crecimiento del 148% en inversión sanitaria entre 2019 y 2024, aunque omitió explicar el déficit acumulado. El caso expone no solo un quiebre financiero, sino un patrón de opacidad que ahora las autoridades buscan desentrañar.
La oportunidad histórica del presidente Abinader
SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS La experiencia mundial indica que, como norma general, las oportunidades de reformas sociales importantes se elevan durante un segundo y último período gubernamental. Por Arismendi Díaz Santana Presidente Luis Abinader, la Fundación Seguridad Social Para Todos (FSSPT) le felicita por su victoria en las recientes elecciones, abrigando la esperanza de que la renovación de su liderazgo y la reiteración de su compromiso frente al país, se traduzcan en los cambios prometidos para mejorar la calidad de vida de todos los dominicanos. En la actual coyuntura se conjugan cuatro factores que potencian su oportunidad de iniciar el desarrollo cualitativo del SDSS: El amplio apoyo a los cambios ofertados, mediante una votación del 58%, superando en 30 puntos porcentuales a su principal contendor Su reiteración del compromiso de ampliar las reformas necesarias para fortalecer el SDSS La concertación de una reforma fiscal integral, para aumentar las recaudaciones y elevar la calidad y el impacto social del gasto y la inversión pública Su reiteración pública del compromiso formal de no reelegirse nuevamente, en cumplimiento estricto del mandato constitucional. La experiencia mundial indica que, como norma general, las oportunidades de reformas sociales importantes se elevan durante un segundo y último período gubernamental. Ello así, porque los gobernantes con liderazgo real y visión de futuro se concentran en dejar un legado histórico trascendente, sin el temor a perder votos. En los países democráticos, una reforma fiscal integral implica un mayor sacrificio social que sólo se compensa con una garantía real de que los nuevos recursos serán destinados a atender las principales demandas de la población, tal y como usted ha prometido. En ese sentido, usted tiene la oportunidad de saldar una deuda social del país con más de 6 millones de afiliados al subsidiado, asignando los nuevos recursos públicos al SENASA para pagar a los hospitales las tarifas y honorarios según la cantidad de servicios prestados, tal y como dispone la Ley 87-01, y como el Estado cumple con el Régimen Contributivo. Con esta decisión, además de cumplir con la Ley y fortalecer la institucionalidad, se reduciría la notable diferencia entre la cápita contributiva y la subsidiada. En adición, se elevarían los salarios del personal de salud en función de su dedicación y desempeño, se elevaría la calidad y oportunidad de los servicios públicos y se reduciría sensiblemente el gasto familiar de bolsillo. Por su parte, la implantación de la estrategia de atención primaria a partir del primer nivel de atención como puerta de entrada a la red de servicios: 1) reduciría la mortalidad materno-infantil y elevaría los indicadores sanitarios; 2) prolongaría los años de vida saludables; 3) reduciría el gasto familiar de bolsillo; y 4) permitiría elevar las tarifas y honorarios de los médicos especialistas. Las naciones más ricas del mundo han establecido la obligatoriedad de la prescripción de los medicamentos por principio activo, porque son igualmente efectivos y cuestan hasta cinco veces menos. La reducción del costo de las medicinas es una demanda imperiosa porque consume, de manera injustificable, el 68% del gasto familiar de bolsillo. Presidente Abinader, estas reformas junto a otras incluidas en la Ley, y pendientes de ejecución, no sólo elevarían el impacto en la salud, individual y colectiva, sino, además reducirían en un 50% el gasto de bolsillo, elevando en más de un 90% el nivel de satisfacción de las familias dominicanas, especialmente de las más pobres y vulnerables. En cambio, la Ley 87-01 debe ser modificada para acelerar la capacidad de ahorro, inversión y acumulación para el retiro, con un doble objetivo: 1) garantizar una tasa general de reemplazo digna y sostenible para todos los afiliados que completen los años de cotización; y 2) garantizar a los trabajadores con aportes insuficientes una pensión básica, proporcional a los años de cotización. Además, cumplir con la ley, indexando anualmente las pensiones. Estas reformas no requieren grandes inversiones en infraestructura. Básicamente, se trata de un modelo más eficiente de asignación de los recursos disponibles y, sobre todo, de los nuevos recursos que usted ha prometido destinar gradualmente a la salud pública. Como empresario, usted sabe muy bien que no es racional seguir empleando más dinero de los contribuyentes, sin una garantía real de un retorno seguro. Presidente Abinader, usted tiene la brillante oportunidad de lograr estos grandes cambios durante su nuevo y auto proclamado último mandato, dejando un legado histórico sin precedentes a favor de las presentes y las futuras generaciones. Aprovechamos para desearles los mayores éxitos y para reiterarle nuestra disposición desinteresada de contribuir al logro de su legado histórico.
Afiliación de los trabajadores autónomos
Los trabajadores autónomos dominicanos representan el 57% de la PEA, aportan más del 15% del PIB y generan millones de empleos, por lo que merecen una mayor atención de las autoridades de la Seguridad Social. Por Arismendi Díaz Santana La afiliación de los trabajadores por cuenta propia o independientes continúa siendo uno de los mayores desafíos de los sistemas de seguridad social. Mucho más en América Latina donde, como en nuestro país, la gran mayoría de estos trabajadores realizan su labor sin estar registrados, ni habilitados por el Estado. El tema va y viene, año tras año, con muy pocos avances porque, siendo un problema muy complejo, se tratan de aplicar soluciones muy simples, poco viables, de espalda a las características laborales, económicas y organizativas de esos trabajadores. Se les induce a afiliarse al Contributivo cubriendo el 100% del costo, lo cual implica un sacrificio muy grande. O se les afilia al Subsidiado, sin realizar ningún aporte, a pesar de que el 70% tiene capacidad contributiva. En esta semana la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) celebra en El Salvador un Congreso con los objetivos de “promover la ampliación de la cobertura en Seguridad Social a colectivos de difícil inclusión, y conocer las experiencias exitosas en Iberoamérica”, con la participación de la DIDA. Esperamos que surjan ideas creativas en esa dirección. La Ley 87-01 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) estableció el Régimen Contributivo Subsidiado (RCS), que les otorga un tratamiento especial a los trabajadores por cuenta propia, tomando en cuenta sus características laborales, su nivel de organización y su importancia social. Constituyen el 57% de la población económicamente activa (PEA), generan millones de empleos y aportan más del 15% del PIB. Un sistema de seguridad social universal, obligatorio y solidario, no puede soslayar esta realidad objetiva: 1) que en el país la informalidad es estructural y no coyuntural; 2) que los trabajadores autónomos constituyen la mayoría de los trabajadores dominicanos; y 3) que tienen características laborales, organizativas y contables muy diferentes. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Mano de Obra del Banco Central, alrededor del 70% de los trabajadores independientes declara ingresos superiores al salario mínimo nacional, por lo que califica para el RCS, mediante un aporte propio y un subsidio inversamente proporcional al ingreso promedio mensual. El 30% restante corresponde al Régimen Subsidiado. Desde luego, la incorporación de los trabajadores autónomos y de difícil afiliación requiere de flexibilidad, innovación, educación y persistencia. No obstante, lejos de aceptar este desafío, hace cinco años las autoridades sometieron un proyecto de ley para eliminar el Régimen Contributivo Subsidiado, incorporando a esa amplia población a uno de los dos regímenes restantes. El mismo fue desestimado. Algunos técnicos y autoridades han rechazado a priori este nuevo régimen, a pesar de la existencia de tres estudios independientes que confirmaron su viabilidad técnica y financiera. El primero fue elaborado por nosotros mediante concurso de la SIPEN, y los otros dos, por expertos calificados de la OIT y de la OPS, respectivamente. A finales del 2020, las autoridades nacionales y el CNSS optaron por afiliar a todos los trabajadores por cuenta propia al Régimen Subsidiado del SENASA. De esta forma, quedaron privados del derecho a la libre elección, obligándolos a acudir a servicios públicos considerados de baja calidad, incompletos y poco oportunos. Esta indecisión tiene un alto costo financiero y social: 1) muchos no utilizan el carnet y continúan comprando un seguro médico privado cubriendo su costo total; 2) el país pierde la oportunidad de ir avanzando hacia la formalidad laboral; y 3) su afiliación como subsidiados les impide cotizar y acumular para recibir una pensión, al momento de su retiro. La Fundación Seguridad Social Para Todos (FSSPT) hace un llamado a las autoridades nacionales a una debida ponderación de las opciones disponibles a partir de la Ley 87-01, tomando en cuenta las características específicas de los trabajadores autónomos y su importancia en la generación de empleos y de riqueza social.