El Crimen que no se Perdona: La Traición a los Más Vulnerables
La noticia judicial que hoy conmociona al país trasciende el mero dato financiero de un desfalco. La solicitud de prisión preventiva contra el exdirector del Senasa, Santiago Hazim, y su séquito no es solo la crónica de un robo, sino la exposición de un acto de profunda traición ética y humana. Aquí no hubo un error de gestión, sino un plan meticuloso y gélidamente ejecutado para convertir el sistema de salud de los más pobres en una máquina de hacer dinero para unos pocos. Es la corrupción en su expresión más perversa: la que se nutre del sufrimiento ajeno. El expediente de la PEPCA, de 537 páginas, no describe a simples administradores corruptos, sino a una organización criminal que operaba desde el corazón del Estado. Santiago Hazim, el médico ortopeda, no fue un director negligente; fue el arquitecto y capo de un esquema diseñado para saquear. Su papel fue axial, vertebrador. Desde antes de asumir, ya pactaba en oficinas políticas los compromisos que luego cobraría, ya recibía sus primeras dadivas –un lujoso Lincoln Navigator– como adelanto de la rapiña por venir. Una vez instalado, no gestionó salud; gestionó fraude, soborno y cinismo. Pero lo que eleva este caso a la categoría de infamia nacional son los medios que utilizaron. Esta red no desvió fondos de una obra pública abstracta; jugó con la vida y la muerte de los ciudadanos. Fabricaron tratamientos de cáncer que nunca se aplicaron, facturaron diálisis a cadáveres, implantaron stents innecesarios en corazones vivos e inventaron cirugías de piel sobre piel sana. Cada factura falsa, cada sesión de quimioterapia fantasma, representa un medicamento que no llegó, una esperanza defraudada, un posible deterioro en la salud de un ser humano. Convirtieron el derecho a la salud, consagrado en la Constitución, en una mercancía sangrienta para su enriquecimiento. El mecanismo, descrito con crudeza, muestra su desprecio por la nación: maletas de efectivo convertidas a dólares en encuentros callejeros, transferencias que se transformaban en fajos de billetes entregados en apartamentos de Airbnb. Mientras, en los hospitales y centros de salud, los recursos escaseaban. Esta es la dualidad obscena del caso Hazim: la opulencia clandestina de unos pocos financiada con el presupuesto destinado a aliviar el dolor de millones. Por ello, la decisión del Ministerio Público de solicitar prisión preventiva y declarar el caso complejo es no solo correcta, sino imperativa. Es un primer paso firme hacia la rendición de cuentas. La justicia tiene ante sí una prueba de fuego: debe actuar con celeridad y contundencia para que este no sea otro expediente más que duerma en los tribunales. La sociedad exige ver a los responsables enfrentar el peso de la ley, pero también exige la recuperación total de lo robado. Este caso debe ser un punto de inflexión. Una llamada de atención a todos los partidos políticos para que purguen de sus filas a los trepadores sin escrúpulos que ven la función pública como un botín. Un recordatorio al empresariado de que la connivencia con funcionarios corruptos no es \»gestoría\», es complicidad criminal que corroe el país. Y, sobre todo, un mensaje a la ciudadanía: la defensa de la salud pública es innegociable. La verdadera magnitud de este crimen no se mide solo en quince mil millones de pesos. Se mide en la confianza erosionada, en el dolor potencialmente agravado y en la vida pública envenenada por la codicia. Santiago Hazim y su grupo no solo defraudaron al Senasa; traicionaron el juramento de servir y protegieron únicamente sus propios bolsillos, a costa de los más vulnerables. Que la justicia, en su nombre, sea implacable.
El Ministerio Público Pide Prisión para Diez Imputados por Megafraude en SENASA que Desfalcó al Estado más de 15 Mil Millones de Pesos
La Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (PEPCA) desmenuza en 537 páginas un esquema institucionalizado de corrupción. Acusa al exdirector Santiago Hazim y a su círculo de recibir sobornos, falsificar estados financieros, facturar servicios de salud inexistentes a pacientes vivos y muertos, y lavar activos mediante empresas fachada, en perjuicio del derecho constitucional a la salud. POR JULIO CÉSAR GUZMÁN ACOSTA SANTO DOMINGO, D.N.- Con la solemnidad que imponen los delitos de cuello blanco y la minuciosidad propia de un sumario judicial, el Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), ha solicitado formalmente medida de coerción contra diez imputados, entre ellos el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Marcelino Hazim Albainy, por la presunta defraudación de más de quince mil millones de pesos al erario público. La instancia, un expediente de 537 páginas depositado ante la Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, no se limita a enumerar cargos. Desentraña, con rigor fiscal, la anatomía de una red que, según la acusación, institucionalizó la corrupción al interior de la entidad rectora de la salud de los más vulnerables. La pesquisa establece que las maniobras fraudulentas ascendieron a casi 16 mil millones de pesos, configurando una de las mayores afectaciones a un bien colectivo en la historia reciente: el derecho a la salud. El corazón de la acusación late en un esquema descrito como \»sofisticado\», donde se conjugaron \»incrementos manipulados, omisiones deliberadas, decisiones contrarias a la normativa y participación coordinada de actores internos y externos\». La PEPCA asegura que, desde antes de asumir la dirección en agosto de 2020, Santiago Hazim tejía los hilos de su red. Aceptó, según el expediente, vehículos de alta gama de empresarios que luego serían piezas clave en la estructura fraudulenta, y estableció \»compromisos económicos\» para cumplir una vez en el cargo. La Estafa al Sistema de Salud: Pacientes Ficticios y Tratamientos Inexistentes La pesquisa judicial pinta un cuadro de desprecio por la vida y la dignidad humana. La acusación detalla cómo la maquinaria fraudulenta se alimentó del sufrimiento. Se habría facturado hemodiálisis a pacientes ya fallecidos y se colocaron stents coronarios innecesarios en procesos cardiovasculares. En el área oncológica, se \»abultó\» fraudulentamente el número de sesiones de radioterapia y quimioterapia. Incluso, se reportaron y facturaron cirugías de piel por lesiones \»inexistentes o de tamaño irreal\», y se realizaron endoscopias y colonoscopias a pacientes sin riesgo ni sintomatología. La Estructura del Soborno: De Restaurantes a Apartamentos por Airbnb La PEPCA documenta metódicamente el flujo del dinero ilícito. Según la investigación, el empresario José Ortiz Giráldez, descrito como \»mano derecha\» de Hazim, operaba como receptor principal de sobornos de empresas como Nutri-med. A través de su compañía, OGSS, habría recibido aproximadamente 529 millones de pesos en transferencias. El modus operandi, descrito con precisión cronística, indica que Ortiz Giráldez entregaba a Hazim el 90% de estos fondos, previamente convertidos a dólares. Los encuentros para estos pagos ocurrían en la calle, en vehículos privados, restaurantes o apartamentos alquilados vía Airbnb. Posteriormente, ante problemas judiciales de Ortiz Giráldez, el entonces consultor jurídico de Senasa, Germán Rafael Robles Quiñones, habría asumido el rol de receptor, recibiendo \»más de 536 millones de pesos en efectivo\» de la empresaria imputada Cinty Acosta Sención. En total, Hazim, Ortiz y Robles habrían recibido unos 1,165 millones de pesos en sobornos para \»asegurar complicidad, agilizar procesos, evitar glosas [objeciones a facturas] y obtener ventajas indebidas\». El Origen: Un Plan Concebido antes de Asumir el Cargo La investigación retrocede hasta junio de 2020, antes del nombramiento de Hazim. En una reunión en la oficina política del entonces aspirante, la imputada Cinty Acosta se comprometió a analizar Senasa y elaborar un proyecto. Semanas después, propuso a una pareja de médicos desarrollar un programa de nutrición para adultos mayores, asegurando \»tener todos los contactos para su aprobación\». A cambio, exigió el 50% de las acciones de lo que sería Nutri-med. Estas empresas, según la PEPCA, fueron el \»vehículo societario\» para canalizar sobornos, recibiendo entre 2021 y 2023 más de 4,074 millones de pesos del Senasa. Además de Hazim, Ortiz, Robles y Acosta, la solicitud de prisión incluye a Gustavo Enrique Messina Cruz (exgerente financiero), Francisco Iván Minaya Pérez (exgerente de Servicio de Salud), Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Rafael Luis Martínez Hazim (de MyCare), Heidi Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella. Frente al vasto cuadro de ilícitos, la Procuraduría ha solicitado al juez de la Instrucción la declaratoria de \»caso complejo\». Mientras, Eduardo Read Estrella, uno de los imputados, a través de sus abogados, ya ha negado haber realizado propuesta alguna de acuerdo con la fiscalía, marcando la línea de lo que será una defensa contenciosa en un proceso judicial que promete extenderse y revelar, página a página, la profundidad de la herida infligida al sistema de salud dominicano.