Vocación de uniforme, tentación de la ilegalidad: Faride Raful destapa nuevos detalles del caso policial en San Cristóbal
La ministra de Interior y Policía revela que el coronel Carlos J. Signey Kely, uno de los agentes suspendidos por el presunto robo durante un proceso investigativo, había sido trasladado a esa demarcación en noviembre de 2025, precisamente para atender denuncias de asaltos y ratería. La funcionaria asegura que la investigación surgió desde dentro de la propia institución y que su divulgación pública evidencia el compromiso con la transparencia. Por: Brendalis Reyes Santo Domingo, R.D. — La ética policial volvió a ser puesta en el centro del debate público este miércoles, cuando la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, ofreció nuevos y reveladores detalles sobre el presunto robo cometido por agentes de la Policía Nacional en la provincia de San Cristóbal. Lo que podría haber quedado como un hecho aislado en las páginas judiciales adquiere ahora ribetes de paradoja institucional: uno de los uniformados implicados había sido enviado a esa demarcación precisamente para combatir la delincuencia que hoy se le imputa. Se trata del coronel Carlos J. Signey Kely, quien, según explicó Raful durante una entrevista en el programa televisivo \»El Día\», fue asignado a la dotación policial de San Cristóbal en noviembre del año 2025. Su traslado, junto a otros agentes, respondía a las denuncias permanentes de comerciantes y empresarios de la zona, quienes alertaban sobre la ocurrencia de asaltos y actos de ratería que mantenían en zozobra a la comunidad. \»La paradoja de la vocación\», podría titularse el capítulo que ahora escribe el expediente. Porque el mismo uniformado que debía velar por la seguridad ciudadana se encuentra suspendido, junto a un capitán y varios alistados, por la presunta sustracción de una suma de dinero aún no determinada durante un proceso investigativo realizado en la provincia sureña. La investigación que nace desde adentro Faride Raful fue enfática al señalar que el caso no fue descubierto por denuncias externas ni filtraciones periodísticas, sino que surgió en el seno mismo de la Policía Nacional. \»Inmediatamente hay una vinculación de un agente que compromete algún tipo de responsabilidad en el ejercicio de sus funciones, no importa cuál sea el caso, tiene que someterse al Ministerio Público\», afirmó la funcionaria, subrayando que ese proceder constituye la línea de actuación que han mantenido. La ministra evitó precisar la procedencia anterior del coronel Signey Kely —\»No recuerdo de dónde fue trasladado, pero en noviembre llegó\», expresó—, aunque dejó claro que el tiempo de permanencia en un cargo no es garantía de rectitud ni coartada para la sospecha. Con una reflexión que bien podría inscribirse en los manuales de ética policial, Raful sentenció: \»No importa el tiempo que una persona tenga en un cargo, porque si tiene vocación de cometer acciones no legales, lo puede hacer en un mes o incluso en un solo día\». Transparencia como política y como escudo La decisión de la institución del orden de hacer público este caso, lejos de ser vista como un signo de debilidad, fue presentada por la ministra como una evidencia del compromiso gubernamental con la transparencia. En un país donde históricamente los cuerpos policiales han tendido al hermetismo y la autocobertura, el gesto de airear las propias miserias institucionales adquiere un valor que trasciende lo anecdótico. \»Estamos actuando con transparencia\», afirmó Raful, en un mensaje dirigido tanto a la ciudadanía como a los propios miembros de la institución. Porque si algo revela este caso es que la reforma policial, ese proceso largamente anunciado y lentamente ejecutado, enfrenta su prueba de fuego en la capacidad de autodepuración. La reforma como transformación cultural Consultada sobre los avances de la reforma policial, la también exlegisladora introdujo una perspectiva que suele olvidarse en los debates técnicos: la dimensión cultural. \»Los procesos de transformación llevan tiempo, porque se trata de una transformación cultural que debe realizarse no solo dentro de la institución, sino también en la ciudadanía\», precisó. Raful abogó por generar una sinergia entre la población, los agentes policiales como autoridad que garantiza el orden público y el Ministerio de Interior y Policía como entidad rectora. \»Es necesario aprender a generar esa sinergia\», insistió, en un llamado implícito a superar la desconfianza mutua que tradicionalmente ha caracterizado la relación entre civiles y uniformados. El caso de San Cristóbal, con sus ribetes de traición a la confianza depositada, se convierte así en un espejo incómodo pero necesario. Porque si la vocación de servicio puede torcerse en un mes o en un solo día, la única garantía de rectitud es una institucionalidad capaz de investigarse a sí misma y de exponer sus propias fallas ante la luz pública. La pregunta que flota en el aire, mientras el Ministerio Público profundiza las indagatorias, es si esta transparencia recién estrenada logrará transformarse en política permanente o quedará en un brillo pasajero en medio de la tormenta.
Un coronel, un capitán y varios alistados: los rangos de los policías acusados de robo en San Cristóbal
El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, confirmó que los agentes suspendidos por la presunta sustracción de dinero durante una investigación fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Mientras el caso avanza en fase secreta, la ministra Faride Raful reconoce que persisten agentes resistentes a la reforma policial. Por: Arturo F. Guzmán Santo Domingo, R.D. — La Policía Nacional enfrenta una nueva y delicada situación que pone a prueba los discursos de transformación institucional. Entre los agentes suspendidos por la presunta sustracción de una suma de dinero no determinada —ocurrida durante un proceso investigativo en la provincia San Cristóbal— figuran un coronel, un capitán y varios alistados, cuyas identidades no han sido reveladas oficialmente. El vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, ofreció la información al término de una misa conmemorativa por el 90 aniversario de la Policía Nacional, celebrada en la sede central de la institución. Flanqueado por los periodistas que cubrían la fuente, Pesqueira confirmó que los uniformados implicados ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la jurisdicción de San Cristóbal. \»El Ministerio Público de la jurisdicción de San Cristóbal ya tiene el caso, fue apoderado y oportunamente nosotros estaremos dando mayores detalles\», declaró el vocero, antes de agregar una precisión que sonó a advertencia: \»No sin antes precisar que las malas actuaciones no son ni serán toleradas en las filas de la Policía Nacional\». Las circunstancias del hecho Preguntado sobre las condiciones en que se habría producido la sustracción, Pesqueira ofreció una respuesta que, sin entrar en detalles, delineó el contexto: \»Ellos estaban investigando un caso y en el proceso de investigación se produjo la situación que ha sido denunciada\». La frase, aparentemente críptica, sugiere que los agentes habrían aprovechado su condición de investigadores para apropiarse de valores durante el procedimiento. El vocero evitó precisar si se trató de dinero ocupado en un allanamiento, soborno recibido o cualquier otra modalidad delictiva, argumentando que las pesquisas se mantienen en fase secreta. \»Nosotros queremos esperar, señores. Yo sé que ustedes están necesitados de informaciones, pero nosotros debemos precisar contar con las evidencias, con los reportes de los fiscales, para poder adelantar mayores detalles\», explicó Pesqueira ante la insistencia de la prensa. La reserva del caso, amparada en los procedimientos judiciales, impide por el momento conocer el monto exacto sustraído, así como la dinámica específica en que se produjeron los hechos. Fuentes extraoficiales vinculadas al caso han sugerido que la investigación interna de la Policía detectó irregularidades que motivaron la suspensión inmediata y el envío de los actuantes a la justicia ordinaria. La resistencia a la reforma En el mismo escenario, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, abordó el caso desde una perspectiva institucional más amplia. Reconoció que, pese a los avances en los procesos de reforma y transformación que atraviesa la uniformada, aún persisten agentes que se resisten a adaptarse a los cambios. \»Ustedes no sé si escucharon las palabras del director de la Policía, así como la homilía del padre, donde habla precisamente de los avances que se han tenido en las competencias, que es bregar con estos temas cuando hay seres humanos que pertenecen a instituciones y no están necesariamente apegados a estas transformaciones en cambio\», reflexionó la funcionaria. Raful vinculó la actuación de los agentes suspendidos con la necesidad de profundizar los mecanismos de control interno. \»Por eso nosotros seguimos insistiendo: nuevos protocolos en monitoreo, en evaluación, en transparencia, y por eso se han suspendido esos agentes y se han puesto a la disposición del Ministerio Público, porque según la investigación de la Policía se encontraron indicios de responsabilidad\», puntualizó. Un aniversario con sombras La conmemoración del 90 aniversario de la fundación de la Policía Nacional, ocurrida el 2 de marzo de 1936 durante la era de Trujillo, sirvió de telón de fondo para estas declaraciones. La misa, oficiada en la sede institucional, congregó a altos mandos policiales y funcionarios gubernamentales en un ambiente que combinaba la celebración de las efemérides con la gravedad de los recientes acontecimientos. El contraste no pasó inadvertido para los observadores. Mientras el capellán policial y las autoridades hablaban de avances y logros, el caso de San Cristóbal emergía como recordatorio de que la transformación institucional no es un proceso lineal ni exento de retrocesos. La presencia de altos oficiales en la ceremonia, muchos de ellos con décadas de servicio, contrastaba con la imagen de los agentes suspendidos —entre ellos un coronel y un capitán— que ahora enfrentan la justicia ordinaria por hechos que, de confirmarse, constituirían una traición a la confianza depositada en ellos. Lo que viene El caso ha sido apoderado por el Ministerio Público de San Cristóbal, que deberá determinar no solo la responsabilidad individual de los implicados, sino también si existió una estructura organizada que facilitara la comisión del hecho. La fase secreta de la investigación impide por ahora conocer los detalles, pero fuentes cercanas al proceso aseguran que las pesquisas avanzan con celeridad. Mientras tanto, la opinión pública sigue con atención el desarrollo de un caso que, más allá de sus implicaciones penales, plantea preguntas incómodas sobre el estado real de la reforma policial. ¿Son estos hechos la excepción que confirma la regla de una institución que avanza hacia la transparencia, o constituyen la evidencia de que los vicios del pasado persisten enquistados en sus estructuras? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, deberá esperar el curso de la investigación y, sobre todo, la solidez de las evidencias que el Ministerio Público logre acumular. Por lo pronto, un coronel, un capitán y varios alistados esperan el devenir de la justicia, mientras sus nombres permanecen en reserva y sus casos, en secreto.