Líder de la Fuerza del Pueblo recibe a Faride Raful y a la comisión oficial para reforma policial
Leonel Fernández recibe a comisión oficial para analizar reforma policial en un encuentro que simboliza la búsqueda de consensos para modernizar la institución. Por Brendalis Reyes SANTO DOMINGO.— En un gesto que trasciende las fronteras partidistas, el expresidente Leonel Fernández, líder de Fuerza del Pueblo, recibió en la sede de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) a la Comisión de Reforma Policial, encabezada por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y el director general de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta. El encuentro, celebrado en un ambiente de rigor técnico y cordialidad institucional, permitió presentar el anteproyecto de ley que busca transformar los cimientos de la fuerza del orden dominicana. La reunión congregó a dos mundos históricamente complementarios: la expertise técnica de la comisión gubernamental y la experiencia de quienes han dirigido la Policía en el pasado. Por la comisión oficial asistieron figuras como Servio Tulio Castaños, director legal; Elena Villeya, coordinadora de Reforma Administrativa, y Marisol Vicens, integrante de la Comisión Consultiva. Frente a ellos, Fernández desplegó un equipo de veteranos en seguridad pública: los exdirectores policiales Rafael Guillermo Guzmán Fermín, Pedro de Jesús Candelier y José Armando Polanco Gómez, cuyas trayectorias abarcan décadas de servicio y transformaciones institucionales. El anteproyecto de ley, puesto sobre la mesa de discusión, representa la culminación de meses de diagnóstico y deliberaciones. Su contenido —aún no divulgado públicamente— se presume abarca desde la modernización de protocolos de actuación y formación hasta mecanismos de rendición de cuentas y reorganización estructural, todos ejes considerados críticos para una institución que enfrenta crecientes desafíos de credibilidad y eficacia. El hecho de que una comisión oficial acuda a Funglode —centro de pensamiento vinculado al expresidente— no es un detalle menor. Symboliza un esfuerzo por construir puentes en un tema tan sensible como la seguridad ciudadana, buscando impregnar el proceso de una legitimidad que trascienda gobiernos y colores políticos. Fernández, conocedor tanto de las complejidades del poder como de los debates de ideas, ofrece así un espacio de reflexión alejado de la coyuntura política inmediata. Este diálogo ocurre en un contexto donde la Policía Nacional enfrenta escrutinio público por incidentes recientes que han reavivado el debate sobre el uso de la fuerza y la necesidad de una reforma profunda. La participación de exdirectores con distintas visiones y experiencias enriquece el análisis, asegurando que la futura ley no responda solo a teorías abstractas, sino a las realidades operativas del día a día. Al finalizar el encuentro, aunque no se emitieron declaraciones formales, se percibió un espíritu de colaboración. La reforma policial, por fin, parece encaminarse como una política de Estado, no de gobierno. El camino por recorrer es largo, pero este primer paso —técnico, sereno y plural— sugiere que la seguridad de los dominicanos podría, por fin, encontrar un terreno común en el cual edificarse.
La reforma policial en República Dominicana: Un camino necesario pero espinoso
La Policía Nacional no ha sido, en la práctica, un ente al servicio de la seguridad ciudadana. Por el contrario, se ha convertido en un refugio para delincuentes de todo tipo, desde altos oficiales hasta simples soldados, que utilizan el uniforme y la autoridad para enriquecerse ilícitamente y perpetrar actos criminales. ———————————————————————————————————- La Policía Nacional dominicana ha sido, durante décadas, una institución que refleja los males endémicos de nuestra sociedad: corrupción, politización, impunidad y una profunda desconexión con su misión fundamental de proteger y servir a la ciudadanía. Hoy, en medio de un proceso de reforma impulsado por el gobierno del presidente Luis Abinader, se abre una ventana de esperanza para transformar esta institución. Sin embargo, el camino está lleno de obstáculos, intereses ocultos y resistencias que amenazan con diluir los esfuerzos de cambio. Una Institución Capturada por Intereses Oscuros La Policía Nacional no ha sido, en la práctica, un ente al servicio de la seguridad ciudadana. Por el contrario, se ha convertido en un refugio para delincuentes de todo tipo, desde altos oficiales hasta simples soldados, que utilizan el uniforme y la autoridad para enriquecerse ilícitamente y perpetrar actos criminales. El tráfico de armas, municiones, personas e influencias es solo la punta del iceberg de una estructura que ha sido instrumentalizada para servir a intereses políticos, económicos y criminales. Esta situación no es nueva. La politización excesiva de la Policía ha permitido que ciertos personajes se eternicen en sus cargos, utilizando la institución como un botín para su beneficio personal. La falta de controles internos, la impunidad y la complicidad de sectores políticos y empresariales han perpetuado un sistema que premia la lealtad a intereses particulares por encima del servicio público. El Decreto 109-25: Un Paso en la Dirección Correcta En este contexto, el decreto 109-25 emitido por el presidente Abinader representa un avance significativo. Este decreto, que introduce cambios en la oficialidad de la Policía Nacional, es un intento por romper con las prácticas corruptas y clientelistas que han dominado la institución. Sin embargo, no basta con cambiar nombres y posiciones; es necesario un cambio estructural y cultural que garantice que los nuevos líderes policiales estén comprometidos con la ética, la transparencia y el respeto a los derechos ciudadanos. El gobierno debe asegurarse de que las promociones y ascensos se realicen con estricto apego a la ley, evaluando el desempeño, la conducta y la integridad de los oficiales. No se puede permitir que individuos con historiales manchados por la corrupción o el crimen ocupen posiciones de poder dentro de la institución. Esto no solo minaría la credibilidad de la reforma, sino que enviaría un mensaje equivocado a la ciudadanía: que nada ha cambiado. Las Resistencia al Cambio Uno de los mayores desafíos que enfrenta la reforma policial es la resistencia interna. Dentro de la Policía Nacional hay quienes se benefician del statu quo y harán todo lo posible por entorpecer los cambios. Estos individuos, muchos de ellos con altos rangos, utilizan su influencia para proteger sus intereses y sabotear cualquier iniciativa que amenace su poder. Además, existen fuerzas externas que presionan para mantener el control sobre la institución. Sectores políticos, económicos y criminales han encontrado en la Policía un aliado estratégico para sus actividades ilícitas, y no están dispuestos a renunciar a este privilegio sin luchar. Por ello, es fundamental que el gobierno demuestre firmeza y no ceda ante estas presiones. Hacia una Policía Civil y Profesional La reforma policial no debe limitarse a cambios cosméticos o administrativos. Es necesario transformar la cultura institucional, fomentando valores como la integridad, la transparencia y el servicio a la comunidad. Para ello, se requiere una formación continua de los agentes, un sistema de rendición de cuentas efectivo y la participación activa de la sociedad civil en la supervisión de la institución. Además, es crucial desvincular a la Policía de los intereses políticos y económicos que la han corrompido. Esto implica establecer mecanismos claros para la selección y ascenso de los oficiales, basados en méritos y no en lealtades partidistas. También es necesario fortalecer los controles internos y externos para prevenir y sancionar cualquier acto de corrupción o abuso de poder. Un Compromiso con el Futuro La reforma de la Policía Nacional es una tarea compleja y de largo aliento, pero es indispensable para construir un país más seguro y justo. El gobierno de Abinader ha dado el primer paso, pero no puede hacerlo solo. Es necesario el compromiso de todos los sectores de la sociedad para apoyar este proceso y exigir que se cumpla hasta sus últimas consecuencias. La ciudadanía debe estar vigilante y denunciar cualquier intento de sabotear la reforma. Los medios de comunicación y los comunicadores, tenemos la responsabilidad de informar con transparencia y rigurosidad sobre los avances y retrocesos del proceso. Y los organismos internacionales pueden jugar un papel clave brindando apoyo técnico y financiero para garantizar que la reforma sea exitosa. Conclusión La Policía Nacional dominicana está en una encrucijada. Puede seguir siendo un refugio para delincuentes y un instrumento de intereses oscuros, o puede transformarse en una institución civil, profesional y al servicio de la ciudadanía. La decisión está en manos del gobierno, pero también en las nuestras. Como sociedad, debemos exigir que se cumpla con este compromiso y no permitir que los intereses de unos pocos sigan prevaleciendo sobre el bien común. La reforma policial no es solo una cuestión de seguridad; es una cuestión de dignidad y justicia. Y es, sin duda, uno de los mayores desafíos que enfrenta nuestra democracia en la actualidad.