La encrucijada de la derecha colombiana
El escenario electoral colombiano entra en su fase decisiva con una tendencia que, lejos de disiparse, se consolida: el avance sostenido de Iván Cepeda en las encuestas. Esa constante en los estudios de opinión permite advertir que no se trata de un fenómeno aislado ni de un repunte coyuntural, sino de una configuración político-electoral que empieza a perfilar un desenlace incómodo para la derecha tradicional, que observa cómo se reduce su margen de maniobra. Con la primera vuelta fijada para el 31 de mayo, y una eventual segunda para el 21 de junio, la contienda entra en su tramo decisivo. Pero la dinámica actual sugiere que la disputa podría resolverse en primera vuelta si, como proyectan las encuestas, los electores deciden cerrar el paso a la incertidumbre y convertir en mandato una tendencia que parece escaparse de las manos de la oposición. Las mediciones de intención de voto, incluidas aquellas realizadas por firmas tradicionalmente críticas del oficialismo, coinciden en un punto central: Cepeda lidera con amplio margen todas las encuestas y, en varios escenarios proyectados, se acerca al umbral de una victoria en primera vuelta. Esa perspectiva altera de forma significativa la correlación de fuerzas en el país, porque ya no se trata solo de una candidatura en ascenso, sino de un proyecto que busca convertir respaldo electoral en continuidad política bajo la idea de una \»segunda etapa del cambio\», articulada en el programa \»El poder de la verdad\». Una tendencia electoral que reconfigura el tablero Iván Cepeda Castro es el candidato presidencial del Pacto Histórico, coalición que agrupa diversas organizaciones de izquierda y que busca dar continuidad al proyecto político del presidente Gustavo Petro. Senador de la República, filósofo y reconocido defensor de los derechos humanos y de las víctimas del conflicto armado, ha construido una trayectoria política marcada por su confrontación directa con sectores del establecimiento y por su papel en debates decisivos sobre verdad, justicia y memoria. Su candidatura no surge de manera improvisada. Fue escogido como candidato del Pacto Histórico para representar una conjunción de fuerzas sociales, populares y democráticas que se reconocen en el ciclo político abierto por el primer gobierno del cambio. Su propuesta se centra en la profundización de la justicia social, la consolidación de la paz, la defensa de los derechos humanos y la construcción de un acuerdo nacional que permita ampliar su base política más allá del núcleo tradicional del petrismo. Este posicionamiento se refleja en una campaña austera, apoyada en actos públicos masivos, movilización popular y contacto directo con los territorios. A pesar de los ataques personales, señalamientos y operaciones de desgaste provenientes de la oposición, Cepeda ha logrado mantener coherencia discursiva y consolidar una imagen de liderazgo sobrio, firme y conectado con sectores que identifican en su candidatura una continuidad crítica, no una repetición mecánica, del gobierno del cambio iniciado y liderado por el presidente Gustavo Petro. La estabilidad de su ventaja en las encuestas no es un dato menor. En contextos de alta polarización, las preferencias suelen fluctuar; sin embargo, en este caso se observa una tendencia consistente. Esto sugiere no solo un apoyo consolidado, sino también una expansión hacia sectores que buscan continuidad con ajustes, profundización de reformas y una salida política que no regrese al país al viejo ciclo de exclusión, guerra interna y captura institucional por los poderes tradicionales. El programa del cambio y la reacción de la derecha El programa \»El poder de la verdad\» se presenta como una hoja de ruta para el período 2026-2030 y como una invitación a asumir el cambio no como obra de un gobierno aislado, sino como construcción histórica del pueblo colombiano. Su núcleo político es claro: el cambio no ha terminado; apenas ha comenzado. Bajo esa premisa, la candidatura propone avanzar hacia una segunda etapa capaz de enfrentar las causas estructurales de la desigualdad, la corrupción, la violencia y la exclusión. En esa visión se articulan varios ejes: profundización de las reformas sociales en salud, pensiones y trabajo; continuidad de la política de paz total; defensa de los derechos humanos; reforma agraria y desarrollo rural; justicia ambiental y transición energética; igualdad de género; educación inicial; vivienda integral; participación democrática; y un acuerdo nacional que no excluye la posibilidad de una asamblea constituyente. Es decir, no se trata solamente de administrar el Estado, sino de disputar el sentido mismo del poder democrático. Ahí radica una parte sustancial del temor de la derecha. Cepeda no aparece únicamente como un candidato competitivo, sino como el portador de un programa que pretende consolidar reformas sociales, reorganizar prioridades públicas y profundizar la presencia del Estado en territorios históricamente abandonados. Frente a ese horizonte, la oposición no discute únicamente una candidatura: combate la posibilidad de que el petrismo pase de experiencia gubernamental inicial a proyecto histórico con continuidad. Ante este panorama, la derecha colombiana enfrenta una encrucijada estratégica. La posibilidad de una derrota en primera vuelta obliga a acelerar decisiones, redefinir alianzas y, sobre todo, intensificar su presencia en el debate público. La respuesta ha sido una ofensiva política y comunicacional que se despliega en múltiples frentes, desde la amplificación de discursos de miedo hasta el intento de presentar toda transformación social como amenaza al progreso económico, la propiedad o la estabilidad institucional. Radicalización, disputa narrativa y desenlace electoral El tono de esta reacción ha tendido hacia la radicalización. Discursos más duros, apelaciones constantes a la incertidumbre y una creciente confrontación directa con el petrismo forman parte de una estrategia orientada a movilizar a su base electoral y frenar la expansión de Cepeda hacia sectores moderados. Sin embargo, este giro también implica riesgos: en lugar de ampliar apoyos, podría consolidar la polarización y reforzar el voto adverso entre quienes ven en esa ofensiva una repetición de viejas prácticas de exclusión política. En paralelo, el terreno digital se ha convertido en un espacio central de disputa. La circulación masiva de contenidos, la segmentación de audiencias y la intensificación de campañas buscan influir en la percepción del electorado en un momento crítico. No obstante,
Presidente Abinader: Pare… Pare… Me jondeo en el ‘Metro’ de Los Alcarrizos…
En un país donde la impunidad es la norma, la falta de respuestas oficiales refuerza la sospecha de que detrás de esta obra inconclusa es un ejemplo evidente de una historia de mala planificación, sobrecostos y corrupción. La ciudadanía tiene derecho a saber quiénes son los responsables de esta debacle y qué medidas se tomarán para corregir el desastre, que no de taparse o justificarse con la destitución del Ministro de Obras Públicas, ingeniero Deligne Asención. Por Rafael Méndez El gobierno de Luis Abinader ha convertido las obras de infraestructura en un espectáculo de anuncios rimbombantes, fechas incumplidas y promesas recicladas, y como evidencia incontratable de esta afirmación está el Metro de Los Alcarrizos, que podría considerarse como el hecho más alarmante de esta estrategia, o mejor dicho, como el más grande monumento a la deficiencia del gobierno del Partido Revolucionario Moderno. El Metro de Los Alcarrizos no solo ha sido objeto de múltiples retrasos, sino que reportajes recientes revelan que su nivel de construcción y abandono hacen imposible su terminación y entrega en el segundo trimestre del 2025, como lo han anunciado las autoridades. Mientras tanto, lo que debería ser una obra de impacto positivo para más de un millón de personas, y que hoy debería ser un escándalo de proporciones gigantescas, parecería que a todos nos han impuesto un silencio cómplice. Según informaciones que han trascendido por lo bajo, la obra presenta graves vicios de construcción, al punto de que se está demoliendo casi en su totalidad la parte de la ingeniería para corregir fallas estructurales, y lo más grave aún, se dice que la empresa contratada para proveer los vagones se niega a instalarlos debido a estas deficiencias. A pesar de la magnitud del problema y la millonada que se ha malgastado, el tema parece estar siendo silenciado deliberadamente por el gobierno para evitar un escándalo mayor. El silencio oficial ante el desastre Lo que debería ser un escándalo nacional, con consecuencias políticas y administrativas inmediatas y de proporciones imprevisibles, ha sido manejado con un hermetismo que debería alarmar hasta el más incauto de los ciudadanos dominicanos. Ni el Ministerio de Obras Públicas ni el gobierno central han ofrecido explicaciones claras sobre el estado real del proyecto ni sobre el destino de los fondos invertidos. En lugar de transparencia, se han limitado a emitir infundadas y vagas declaraciones optimistas que contrastan con la cruda realidad. En un país donde la impunidad es la norma, la falta de respuestas oficiales refuerza la sospecha de que detrás de esta obra inconclusa es un ejemplo evidente de una historia de mala planificación, sobrecostos y corrupción. La ciudadanía tiene derecho a saber quiénes son los responsables de esta debacle y qué medidas se tomarán para corregir el desastre, que no de taparse o justificarse con la destitución del Ministro de Obras Públicas, ingeniero Deligne Asención. La construcción del Metro… ¿Cuándo terminan la línea 2C? El Ministerio de Obras Públicas anunció recientemente que había terminado el empalme del viaducto del Metro hacia Los Alcarrizos. Sin embargo, es ese mismo ministerio que había informado en el verano del 2023 los trabajos estaban muy avanzados, y que para el segundo trimestre del 2024 la extensión 2C estaría concluida y entregada. ¿Va un poco lejos ya esa promesa, ¿verdad? Si algo debe tener pendiente el gobierno, y específicamente el nuevo Ministerio de Obras Públicas, es la cantidad de trabajos que comienzan simultáneamente sin terminar otros. El Metro de Los Alcarrizos está supuesto a beneficiar a más de un millón de personas, pero su conclusión parece alejarse cada vez más. Quizás sería prudente terminar con lo que se comienza antes de dar rienda suelta a diferentes proyectos que se extienden en el tiempo como si fueran eternos. Ojalá en esta ocasión, cuando se dice que el avance está en un 95%, finalmente cumplan con la meta que se supone se han vuelto a trazar. La paciencia tiene un límite, y la ciudadanía no puede seguir siendo víctima de una estrategia gubernamental que prioriza el anuncio sobre la ejecución, por un engañoso impacto de opinión pública, que en la mayoría de los casos se vuelve sal y agua.