Rodríguez García mueve mandos clave de la Policía Nacional y realiza nuevas designaciones
El director general de la Policía Nacional, Ernesto Rodríguez García, realizó una amplia reorganización de mandos en áreas estratégicas, regionales y especializadas para fortalecer la prevención del delito y la capacidad operativa. Por Brendalis Reyes Santo Domingo.– El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto R. Rodríguez García, dispuso este jueves una amplia reorganización de mandos en direcciones centrales, regionales y áreas especializadas de la institución, como parte de las medidas dirigidas a fortalecer la prevención del delito, la capacidad operativa y la proximidad policial con la ciudadanía. Los movimientos abarcan dependencias consideradas estratégicas dentro de la estructura policial, entre ellas Recursos Humanos, Inteligencia, Prevención, Planificación y Desarrollo, Soporte y Servicio, Policía Comunitaria, Policía Cibernética, Asuntos Legales y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Cambios en Recursos Humanos y direcciones regionales Entre las principales designaciones figura la del coronel Pedro Radhamés Marte Báez, quien asumirá como director Central de Recursos Humanos, en sustitución del general Jorge Miguel Perdomo Sena. Perdomo Sena pasará a encabezar la Dirección Regional Sur Central, con asiento en Baní, en sustitución de la coronel Ana Jiménez Cruceta. En el ámbito territorial, el general Orison L. Olivence Minaya fue designado al frente de la Dirección Regional Noreste, con sede en San Francisco de Macorís, mientras que el general Julio César Acosta Félix pasará a dirigir la Dirección Regional con asiento en María Trinidad Sánchez. Los cambios regionales forman parte del proceso de rotación de mandos que la institución ha venido aplicando para reforzar sus estructuras territoriales y las estrategias de seguridad ciudadana. Nuevo director de Inteligencia y cambios en Prevención Uno de los movimientos de mayor relevancia se produjo en la Dirección Central de Inteligencia (DINTEL), donde fue designado el general Edgar Ramón Arnaud Volquez, en sustitución del general Ángel M. García Jaime. García Jaime asumirá ahora la titularidad de la Dirección de Policía Comunitaria, un área vinculada directamente a los programas de acercamiento y coordinación entre los agentes y las comunidades. Asimismo, Werner Núñez Quezada fue designado director de Área de Policía Cibernética. En tanto, el general Eddy Pérez Peralta asumirá como director Central de Prevención, sustituyendo al general Martín Tapia Sánchez, quien fue designado inspector general de la Policía Nacional mediante decreto del presidente Luis Abinader. La Dirección Central de Prevención constituye uno de los organismos fundamentales de la estructura policial por su responsabilidad en el patrullaje y las labores preventivas frente a la criminalidad. Nuevos responsables en Santo Domingo Oeste, La Vega y La Altagracia La disposición también contempla modificaciones en varias direcciones regionales. El coronel René Eurípides Luna Kunhardt fue designado director Regional Santo Domingo Oeste, en sustitución de Eddy Pérez Peralta. Asimismo, el coronel Edison Cabrera Concepción asumirá la Dirección Regional La Vega, en sustitución del coronel Ramón Dicló Mateo. En la provincia La Altagracia fue designado el coronel Leuribis Urbaez Mancebo, quien sustituye al coronel Edward Jesús Díaz Núñez. Cambios en Planificación, Soporte y protección de menores Dentro de las áreas administrativas y especializadas, el general César Ares Montás fue designado director Central de Planificación y Desarrollo (DIPLAN), mientras que el coronel Carlos Tapia Quezada asumirá la Dirección Central de Soporte y Servicio. También fue designado el general Santo Guzmán Amparo como titular de la Dirección Especializada de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, en sustitución del coronel Edwin Hernández Tejada. Por su parte, el general Frank de los Santos Encarnación fue colocado al frente de la Dirección de Área de Policía de Protección de Servicios Especializados. Nuevas designaciones en Asuntos Legales y Derechos Humanos La coronel Flavia Montero Romero fue designada directora Central de Asuntos Legales, en sustitución del general retirado Adelso Aibar Martínez. En tanto, el coronel Edwin Hernández Tejada asumirá la Dirección de Área de Prevención y Persecución de Invasores de Propiedades Públicas y Privadas. El coronel Dionisio Agüero fue designado al frente de la Dirección de Área de Derechos Humanos, mientras que el coronel Yldebrando de Jesús Guzmán Toribio asumirá la Dirección de Área de Supervisión General de Cárceles bajo control de la Policía Nacional. También fue designado el coronel Eduardo Bautista Puello como titular de la Dirección Especializada del Metro de Santo Domingo. Otros movimientos dentro de la Policía Nacional Las disposiciones incluyen igualmente la designación del coronel Juan Félix Romero Rosario como subinspector general de la Policía Nacional. El coronel Raymundo Estévez de Luna fue nombrado subdirector del Área Administrativa del Hospital General Docente de la Policía Nacional (Hosgedopol), en sustitución del teniente coronel Bladimir Caraballo. La Policía Nacional explicó que la reorganización busca dinamizar tanto sus estructuras operativas como administrativas, fortalecer la capacidad de respuesta institucional y profundizar el acercamiento de los servicios policiales hacia las comunidades. Medios nacionales también reportaron este jueves que las modificaciones abarcan áreas operativas, administrativas y especializadas de la institución.
El negocio del odio y la mano de obra invisible: quiénes se benefician del caos migratorio en la frontera
Una investigación de umbral.local/ revela las redes de corrupción que vinculan a funcionarios públicos, empresarios agroindustriales y grupos de ultraderecha en la perpetuación de la crisis migratoria haitiana, mientras sectores extremistas utilizan Telegram para incitar a la caza de migrantes bajo la teoría conspirativa del "gran reemplazo". Por la Redacción de Investigación umbral.local/ Por: JULIO GUZMÁN ACOSTA La historia oficial suele ocultar las costuras. Debajo del discurso de orden fronterizo, de las patrullas militares en la línea divisoria y de los operativos de migración que aparecen en los noticieros, existe una estructura compleja donde confluyen intereses económicos, complicidades estatales y un emergente entramado de odio que ha encontrado en las redes sociales su campo de batalla. La inmigración haitiana en República Dominicana, fenómeno estructural que data de la ocupación de 1822, no es un accidente: es un sistema funcional para unos pocos, un calvario para muchos y un combustible electoral para los extremos. Un fenómeno estructural, no una coyuntura Para entender la magnitud de lo que ocurre en la frontera y los barrios populares de Santo Domingo, Santiago y las principales provincias de la República Dominicana, es necesario alejarse del sensacionalismo que domina las conversaciones digitales. La presencia haitiana en territorio dominicano no comenzó con el terremoto de 2010 ni con el colapso institucional posterior al asesinato de Jovenel Moïse en 2021. Es una relación que viene desde la ocupación haitiana de 1822-1844, pasó por la expansión azucarera de finales del siglo XIX y se institucionalizó bajo el régimen de Ulises Heureaux y la posterior intervención estadounidense (1916-1924), cuando los ingenios azucareros importaron braceros haitianos en condiciones de semiesclavitud. La paradoja trujillista resume la ambivalencia dominicana: en 1937, el régimen ordenó la masacre de miles de haitianos en la frontera; al día siguiente, los mismos ingenios de la familia Trujillo continuaron contratando mano de obra haitiana para mantener la producción azucarera. Esa contradicción —el discurso xenófobo como herramienta política y la dependencia económica silenciada— se ha perpetuado hasta nuestros días. El empresariado: el \»empleador ausente\» La investigación documenta cómo el sector empresarial dominicano, particularmente el vinculado a la agroindustria del arroz, el banano, el cacao y la construcción, ha sido históricamente un actor clave en la perpetuación del flujo migratorio. Mientras las cámaras empresariales emiten comunicados abogando por el \»orden migratorio\», en la práctica existe una complicidad tácita para mantener un statu quo de informalidad. Los salarios ofrecidos para labores agrícolas y de albañilería —tareas que la población dominicana, en condiciones de empleo formal, rechaza realizar— crean un mercado laboral dual que es funcional al capital pero desastroso para la cohesión social. Miles de trabajadores haitianos laboran sin seguro médico, sin pensiones y fuera de cualquier protección legal. Este sistema de \»mano de obra barata\» opera con el conocimiento de las autoridades laborales y migratorias, que históricamente han mirado hacia otro lado. La paradoja es evidente: el mismo discurso que exige deportaciones masivas proviene, en ocasiones, de quienes se benefician directamente de la vulnerabilidad del migrante. Las mafias y la corrupción institucional La existencia de un flujo migratorio no regulado de entre 500,000 y 800,000 personas, según estimaciones extraoficiales, ha creado un lucrativo negocio ilegal que opera en ambos lados de la frontera. La investigación revela la existencia de redes transnacionales que incluyen \»coyotes\» haitianos que cobran por cruzar la frontera, funcionarios dominicanos de la Dirección General de Migración y del Ejército que permiten el paso a cambio de sobornos —las llamadas \»mordidas\»—, y redes de \»clandestinos\» que conectan a los recién llegados con empleos informales en ciudades y zonas rurales. El negocio de la falsificación de documentos es quizás la punta del iceberg más visible de esta estructura. Actas de nacimiento, cédulas y pasaportes dominicanos falsificados circulan en un mercado ilegal que involucra a empleados públicos de alto rango. Esta corrupción permite la integración de migrantes irregulares al sistema formal, pero también es utilizada por sectores de ultraderecha para justificar campañas de odio bajo la premisa del \»robo de identidad\», alimentando un ciclo de estigmatización que oculta el verdadero problema: la complicidad estatal. La fuerza pública: entre la contención y la facilitación El papel de la Policía Nacional y el Ejército de República Dominicana en este contexto es contradictorio. Por un lado, el ejército opera como contención fronteriza con un muro perimetral y patrullajes constantes. Por otro, sus efectivos —afectados por bajos salarios y una corrupción sistémica— son a menudo los facilitadores del paso ilegal. Fuentes consultadas dentro de la institución castrense confirmaron que existen \»peajes\» establecidos en puntos ciegos de la frontera donde se negocia el cruce de personas y mercancías. En las ciudades, la policía ha sido señalada por organismos de derechos humanos por realizar \»operativos de limpieza\» en barrios populares donde se practican detenciones masivas basadas en el perfil fenotípico —el racial profiling—. Esta práctica criminaliza no solo a los migrantes indocumentados, sino también a dominicanos de ascendencia haitiana, generando un ambiente de terror comunitario que ha sido documentado en Villa Juana, Los Guandules y otros sectores de Santo Domingo. El factor distorsionador: redes sociales y ultraderecha En los últimos años, el debate migratorio ha sido secuestrado por sectores de ultraderecha que utilizan las redes sociales para propagar discursos de odio y desinformación. La investigación de umbral.local/ ha tenido acceso a conversaciones en plataformas como Telegram donde grupos con más de 400 miembros instan a sus militantes a comprar armas de fuego y actuar como \»lobos solitarios\» en zonas de alta concentración migrante. \»Hay que limpiar el barrio\», \»defiende tu tierra con plomo si es necesario\», son algunos de los mensajes que circulan en estos foros, donde se difunden manuales de tácticas urbanas y se comparten ubicaciones de asentamientos informales de migrantes. Estos grupos han importado teorías conspirativas propias del neonazismo europeo, como el \»gran reemplazo\», adaptándolas al contexto local: la supuesta existencia de un plan para \»desplazar\» a la población dominicana mediante la inmigración masiva. A través de influencers anónimos y cuentas automatizadas (bots), saturan el debate público con
Un coronel, un capitán y varios alistados: los rangos de los policías acusados de robo en San Cristóbal
El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, confirmó que los agentes suspendidos por la presunta sustracción de dinero durante una investigación fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Mientras el caso avanza en fase secreta, la ministra Faride Raful reconoce que persisten agentes resistentes a la reforma policial. Por: Arturo F. Guzmán Santo Domingo, R.D. — La Policía Nacional enfrenta una nueva y delicada situación que pone a prueba los discursos de transformación institucional. Entre los agentes suspendidos por la presunta sustracción de una suma de dinero no determinada —ocurrida durante un proceso investigativo en la provincia San Cristóbal— figuran un coronel, un capitán y varios alistados, cuyas identidades no han sido reveladas oficialmente. El vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, ofreció la información al término de una misa conmemorativa por el 90 aniversario de la Policía Nacional, celebrada en la sede central de la institución. Flanqueado por los periodistas que cubrían la fuente, Pesqueira confirmó que los uniformados implicados ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la jurisdicción de San Cristóbal. \»El Ministerio Público de la jurisdicción de San Cristóbal ya tiene el caso, fue apoderado y oportunamente nosotros estaremos dando mayores detalles\», declaró el vocero, antes de agregar una precisión que sonó a advertencia: \»No sin antes precisar que las malas actuaciones no son ni serán toleradas en las filas de la Policía Nacional\». Las circunstancias del hecho Preguntado sobre las condiciones en que se habría producido la sustracción, Pesqueira ofreció una respuesta que, sin entrar en detalles, delineó el contexto: \»Ellos estaban investigando un caso y en el proceso de investigación se produjo la situación que ha sido denunciada\». La frase, aparentemente críptica, sugiere que los agentes habrían aprovechado su condición de investigadores para apropiarse de valores durante el procedimiento. El vocero evitó precisar si se trató de dinero ocupado en un allanamiento, soborno recibido o cualquier otra modalidad delictiva, argumentando que las pesquisas se mantienen en fase secreta. \»Nosotros queremos esperar, señores. Yo sé que ustedes están necesitados de informaciones, pero nosotros debemos precisar contar con las evidencias, con los reportes de los fiscales, para poder adelantar mayores detalles\», explicó Pesqueira ante la insistencia de la prensa. La reserva del caso, amparada en los procedimientos judiciales, impide por el momento conocer el monto exacto sustraído, así como la dinámica específica en que se produjeron los hechos. Fuentes extraoficiales vinculadas al caso han sugerido que la investigación interna de la Policía detectó irregularidades que motivaron la suspensión inmediata y el envío de los actuantes a la justicia ordinaria. La resistencia a la reforma En el mismo escenario, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, abordó el caso desde una perspectiva institucional más amplia. Reconoció que, pese a los avances en los procesos de reforma y transformación que atraviesa la uniformada, aún persisten agentes que se resisten a adaptarse a los cambios. \»Ustedes no sé si escucharon las palabras del director de la Policía, así como la homilía del padre, donde habla precisamente de los avances que se han tenido en las competencias, que es bregar con estos temas cuando hay seres humanos que pertenecen a instituciones y no están necesariamente apegados a estas transformaciones en cambio\», reflexionó la funcionaria. Raful vinculó la actuación de los agentes suspendidos con la necesidad de profundizar los mecanismos de control interno. \»Por eso nosotros seguimos insistiendo: nuevos protocolos en monitoreo, en evaluación, en transparencia, y por eso se han suspendido esos agentes y se han puesto a la disposición del Ministerio Público, porque según la investigación de la Policía se encontraron indicios de responsabilidad\», puntualizó. Un aniversario con sombras La conmemoración del 90 aniversario de la fundación de la Policía Nacional, ocurrida el 2 de marzo de 1936 durante la era de Trujillo, sirvió de telón de fondo para estas declaraciones. La misa, oficiada en la sede institucional, congregó a altos mandos policiales y funcionarios gubernamentales en un ambiente que combinaba la celebración de las efemérides con la gravedad de los recientes acontecimientos. El contraste no pasó inadvertido para los observadores. Mientras el capellán policial y las autoridades hablaban de avances y logros, el caso de San Cristóbal emergía como recordatorio de que la transformación institucional no es un proceso lineal ni exento de retrocesos. La presencia de altos oficiales en la ceremonia, muchos de ellos con décadas de servicio, contrastaba con la imagen de los agentes suspendidos —entre ellos un coronel y un capitán— que ahora enfrentan la justicia ordinaria por hechos que, de confirmarse, constituirían una traición a la confianza depositada en ellos. Lo que viene El caso ha sido apoderado por el Ministerio Público de San Cristóbal, que deberá determinar no solo la responsabilidad individual de los implicados, sino también si existió una estructura organizada que facilitara la comisión del hecho. La fase secreta de la investigación impide por ahora conocer los detalles, pero fuentes cercanas al proceso aseguran que las pesquisas avanzan con celeridad. Mientras tanto, la opinión pública sigue con atención el desarrollo de un caso que, más allá de sus implicaciones penales, plantea preguntas incómodas sobre el estado real de la reforma policial. ¿Son estos hechos la excepción que confirma la regla de una institución que avanza hacia la transparencia, o constituyen la evidencia de que los vicios del pasado persisten enquistados en sus estructuras? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, deberá esperar el curso de la investigación y, sobre todo, la solidez de las evidencias que el Ministerio Público logre acumular. Por lo pronto, un coronel, un capitán y varios alistados esperan el devenir de la justicia, mientras sus nombres permanecen en reserva y sus casos, en secreto.
El Estado contra sus Guardianes: Once Policías ante la Justicia por Ejecución Sumaria en Santiago
El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva para once agentes, incluidos oficiales de alto rango, acusados de homicidio voluntario y asociación de malhechores en la muerte de cinco hombres en La Barranquita, en un caso que revela protocolos quebrados y una obstrucción sistemática a la investigación. Por Virtudes Álvarez Sampedro SANTO DOMINGO.- La justicia dominicana se enfrenta a uno de aquellos casos que resquebrajan los cimientos de la confianza ciudadana en sus instituciones. Once agentes policiales, entre ellos dos mayores, un capitán y un teniente, yacerán ante el tribunal de la Jurisdicción de Atención Permanente del Juzgado de la Instrucción de Santiago, respondiendo por la presunta ejecución de cinco hombres en una plaza comercial de La Barranquita la tarde del 10 de septiembre. El Ministerio Público, en una medida que busca evitar la impunidad, ha solicitado 18 meses de prisión preventiva para los imputados, a quienes acusa de los delitos de asociación de malhechores y homicidio voluntario. La fría enumeración de los cargos no logra ocultar la gravedad de los hechos descritos en la medida de coerción. Según la fiscalía, los agentes —cuyos nombres y rangos recorren desde el mayor Álvaro Paredes Paniagua hasta el raso José Octavio Jiménez Peña— llegaron al lugar en tres vehículos particulares, un modus operandi que de por sí ha levantado suspicacias. “Los imputados pusieron en marcha los vehículos y se ubicaron frente a la entrada de la plaza y rápidamente salieron de los referidos vehículos y sin mediar palabras dispararon contra las víctimas”, relata el documento, citando el testimonio de un testigo cuya presencia resultó crucial. La escena, capturada en un video que los propios agentes intentaron suprimir al sustraer el teléfono móvil del testigo, se convirtió en el núcleo de una investigación que de inmediato topó con la obstrucción sistemática. Los fiscales, encabezados por el procurador adjunto Wilson Camacho, detallan cómo los acusados sustrajeron los DVR de los negocios aledaños y “varios teléfonos pertenecientes a distintas personas presentes en el lugar, con el interés de destruir evidencias del proceso, así como para entorpecer y obstruir la investigación”. Esta conducta, lejos de ser aislada, fue la que llevó a la procuradora general Yeni Berenice Reynoso a instruir una pesquisa exhaustiva. Los cinco hombres cuyas vidas se truncaron en medio de los disparos —Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito, 26 años), Julio Alberto Gómez (La Tabla, 28), Carlos Enrique Guzmán Navarro (El Charly, 40), Edward Bernardo Peña Rodríguez (35) y José Vladimir Valerio Estévez (25)— se convirtieron en el centro de un caso que trasciende el hecho delictivo individual. La fiscalía ha calificado los hechos como una violación a los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal Dominicano, y ha solicitado que el proceso sea declarado de tramitación compleja, dada la naturaleza de los cargos y la jerarquía de los implicados. Mientras la audiencia para conocer la solicitud de coerción se celebra en Santiago, el caso de La Barranquita se erige como una prueba de fuego para el sistema judicial y para la propia Policía Nacional, institución que ve cómo once de sus miembros son acusados de haber quebrantado no solo la ley, sino el juramento de proteger a la ciudadanía.
El Filo de la Ley: La policía dominicana mata a ciudadanos sin control alguno
¿Es la fuerza estatal un escudo protector o una espada sin control? El creciente número de abatidos por la policía dominicana exige una pausa reflexiva sobre el delgado umbral entre el orden y la arbitrariedad. Por Julio Guzmán Acosta SANTO DOMINGO.— Las cifras, esos testimonios mudos de la realidad, hablan con elocuencia sombría: ciento setenta ciudadanos han perdido la vida en lo que va del año bajo el rótulo oficial de “acciones legales” de la Policía Nacional. Una cifra que, al compararse con los ciento cincuenta y dos registrados en igual período del año anterior, no solo evidencia un aumento de dieciocho muertes, sino que traza una línea ascendente de violencia institucional que clama al cielo y estremece la conciencia cívica. La frialdad de los números mensuales —veintisiete en mayo, veintiséis en abril, veinticinco en agosto— oculta tras de sí dramas humanos irreparables. Historias truncadas, familias sumidas en el duelo y una sociedad que, desde distintos ámbitos, comienza a interrogar con creciente desasosiego los protocolos que rigen el uso de la fuerza letal. La institución policial, garante primordial del orden público, se encuentra hoy en el banquillo de la reflexión nacional, compelida a demostrar que su poder no yerra en el abismo de la arbitrariedad. El episodio reciente de Santiago de los Caballeros, donde cinco hombres —Elvis Antonio Jiménez Rodríguez, Julio Alberto Gómez, José Vladimir Valerio Estévez, Edward Bernardo Peña Rodríguez y Carlos Enrique Guzmán Navarro— cayeron abatidos en un operativo en La Barranquita, encapsula la urgencia de este debate. Mientras las autoridades presentan el caso como una confrontación con una red criminal, los familiares de Valerio Estévez, peluquero de oficio, esbozan un relato distinto: el de un hombre que, en el momento de los hechos, atendía a un cliente en su modesto puesto de trabajo. Esta dualidad de versiones —la oficial y la civil— revela el peligroso precipicio que existe entre la acción legítima y la sombra de la ejecución extrajudicial. Frente a la creciente alarma social, el propio director de la Policía, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, ha anunciado la apertura de una investigación. Sus palabras, admitiendo la posibilidad de “excesos” y prometiendo que los agentes involucrados “deberán responder ante la justicia” en tal caso, constituyen un reconocimiento tácito de que el sistema requiere escrutinio. No obstante, en un país donde la institución policial ha sido históricamente refugio de elementos delincuenciales, la promesa de investigar después de matar suscita más escepticismo que tranquilidad. La sociedad dominicana se halla así ante una encrucijada fundamental: anhela la seguridad que solo un cuerpo policial eficaz puede proporcionar, pero rechaza con firmeza que dicha seguridad se construya sobre el frágil cadáver del debido proceso. El verdadero desafío no reside únicamente en desarticular bandas criminales, sino en demostrar, con transparencia irreprochable, que cada vida tomada fue una pérdida inevitable y no un atajo institucional. El equilibrio entre el orden y la libertad es la piedra angular sobre la cual se edifica la grandeza de una nación.
Nueva Ley para la Policía Nacional será socializada en los próximos meses
Faride Raful, ministra de Interior y Policía (umbral.local/) Por Servicios umbral.local/ En los próximos meses, el país contará con una nueva ley que regirá a la Policía Nacional, la cual está en su fase final de elaboración y tiene como objetivo principal introducir ajustes significativos en el cuerpo de orden. Así lo anunció la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, durante su participación en el Desayuno de uno de los diarios del país. Según explicó Raful, esta nueva normativa “viene a transformar todo” y busca promover la transparencia dentro de la institución, especialmente en lo relativo a los ascensos de sus miembros. “Para hacerlo más transparente y que esas personas que se están motivando a entrar a la Policía tengan la certeza de que, a través del rol que asuman, pueden tener un ascenso por los méritos que conlleva”, destacó la ministra. La nueva ley no representa una reforma total, sino una modificación a la Ley Orgánica 590-16, vigente desde 2016. Raful adelantó que, en menos de dos meses, se iniciará el proceso de socialización de esta normativa, la cual ha sido catalogada como “importante” para el futuro de la institución. En paralelo, la Policía Nacional está sometida a ajustes financieros y administrativos, como parte de los esfuerzos para modernizar su estructura. En este contexto, recientemente fueron juramentados Elena Viyella de Paliza, Pedro Brache, Celso Juan Marranzini, Marisol Vicens Bello y Ramón Ortega como miembros del Consejo Consultivo para la Transformación Administrativa y Financiera de la Policía Nacional. Este consejo tiene la encomienda de “crear un nuevo modelo de gestión” que fortalezca la institución. Ley de Convivencia Ciudadana en proceso Durante la entrevista, la ministra Raful también se refirió a otro proyecto legislativo en desarrollo: la Ley de Convivencia Ciudadana. Este instrumento tiene como objetivo garantizar que las personas involucradas en conflictos, como riñas, puedan resolver sus diferencias a través de mediación, evitando así procesos judiciales costosos y prolongados. “Viene también la ley de convivencia ciudadana que se está trabajando desde el ministerio para garantizar que los ciudadanos que entren en conflicto no se vean afectados en su integridad o tengan que recurrir a gastos procesales, sino que a través de mediadores puedan resolver los conflictos sin tener que llegar a un proceso”, puntualizó Raful. Este proyecto se está elaborando en coordinación con el Poder Judicial y, según la ministra, “va a ser de los legados más importantes que vamos a dejar a nuestra salida del ministerio”. Con estas iniciativas, el Ministerio de Interior y Policía busca fortalecer tanto la transparencia y eficiencia de la Policía Nacional como la resolución pacífica de conflictos entre ciudadanos, contribuyendo así a una sociedad más justa y ordenada.
La reforma policial en República Dominicana: Un camino necesario pero espinoso
La Policía Nacional no ha sido, en la práctica, un ente al servicio de la seguridad ciudadana. Por el contrario, se ha convertido en un refugio para delincuentes de todo tipo, desde altos oficiales hasta simples soldados, que utilizan el uniforme y la autoridad para enriquecerse ilícitamente y perpetrar actos criminales. ———————————————————————————————————- La Policía Nacional dominicana ha sido, durante décadas, una institución que refleja los males endémicos de nuestra sociedad: corrupción, politización, impunidad y una profunda desconexión con su misión fundamental de proteger y servir a la ciudadanía. Hoy, en medio de un proceso de reforma impulsado por el gobierno del presidente Luis Abinader, se abre una ventana de esperanza para transformar esta institución. Sin embargo, el camino está lleno de obstáculos, intereses ocultos y resistencias que amenazan con diluir los esfuerzos de cambio. Una Institución Capturada por Intereses Oscuros La Policía Nacional no ha sido, en la práctica, un ente al servicio de la seguridad ciudadana. Por el contrario, se ha convertido en un refugio para delincuentes de todo tipo, desde altos oficiales hasta simples soldados, que utilizan el uniforme y la autoridad para enriquecerse ilícitamente y perpetrar actos criminales. El tráfico de armas, municiones, personas e influencias es solo la punta del iceberg de una estructura que ha sido instrumentalizada para servir a intereses políticos, económicos y criminales. Esta situación no es nueva. La politización excesiva de la Policía ha permitido que ciertos personajes se eternicen en sus cargos, utilizando la institución como un botín para su beneficio personal. La falta de controles internos, la impunidad y la complicidad de sectores políticos y empresariales han perpetuado un sistema que premia la lealtad a intereses particulares por encima del servicio público. El Decreto 109-25: Un Paso en la Dirección Correcta En este contexto, el decreto 109-25 emitido por el presidente Abinader representa un avance significativo. Este decreto, que introduce cambios en la oficialidad de la Policía Nacional, es un intento por romper con las prácticas corruptas y clientelistas que han dominado la institución. Sin embargo, no basta con cambiar nombres y posiciones; es necesario un cambio estructural y cultural que garantice que los nuevos líderes policiales estén comprometidos con la ética, la transparencia y el respeto a los derechos ciudadanos. El gobierno debe asegurarse de que las promociones y ascensos se realicen con estricto apego a la ley, evaluando el desempeño, la conducta y la integridad de los oficiales. No se puede permitir que individuos con historiales manchados por la corrupción o el crimen ocupen posiciones de poder dentro de la institución. Esto no solo minaría la credibilidad de la reforma, sino que enviaría un mensaje equivocado a la ciudadanía: que nada ha cambiado. Las Resistencia al Cambio Uno de los mayores desafíos que enfrenta la reforma policial es la resistencia interna. Dentro de la Policía Nacional hay quienes se benefician del statu quo y harán todo lo posible por entorpecer los cambios. Estos individuos, muchos de ellos con altos rangos, utilizan su influencia para proteger sus intereses y sabotear cualquier iniciativa que amenace su poder. Además, existen fuerzas externas que presionan para mantener el control sobre la institución. Sectores políticos, económicos y criminales han encontrado en la Policía un aliado estratégico para sus actividades ilícitas, y no están dispuestos a renunciar a este privilegio sin luchar. Por ello, es fundamental que el gobierno demuestre firmeza y no ceda ante estas presiones. Hacia una Policía Civil y Profesional La reforma policial no debe limitarse a cambios cosméticos o administrativos. Es necesario transformar la cultura institucional, fomentando valores como la integridad, la transparencia y el servicio a la comunidad. Para ello, se requiere una formación continua de los agentes, un sistema de rendición de cuentas efectivo y la participación activa de la sociedad civil en la supervisión de la institución. Además, es crucial desvincular a la Policía de los intereses políticos y económicos que la han corrompido. Esto implica establecer mecanismos claros para la selección y ascenso de los oficiales, basados en méritos y no en lealtades partidistas. También es necesario fortalecer los controles internos y externos para prevenir y sancionar cualquier acto de corrupción o abuso de poder. Un Compromiso con el Futuro La reforma de la Policía Nacional es una tarea compleja y de largo aliento, pero es indispensable para construir un país más seguro y justo. El gobierno de Abinader ha dado el primer paso, pero no puede hacerlo solo. Es necesario el compromiso de todos los sectores de la sociedad para apoyar este proceso y exigir que se cumpla hasta sus últimas consecuencias. La ciudadanía debe estar vigilante y denunciar cualquier intento de sabotear la reforma. Los medios de comunicación y los comunicadores, tenemos la responsabilidad de informar con transparencia y rigurosidad sobre los avances y retrocesos del proceso. Y los organismos internacionales pueden jugar un papel clave brindando apoyo técnico y financiero para garantizar que la reforma sea exitosa. Conclusión La Policía Nacional dominicana está en una encrucijada. Puede seguir siendo un refugio para delincuentes y un instrumento de intereses oscuros, o puede transformarse en una institución civil, profesional y al servicio de la ciudadanía. La decisión está en manos del gobierno, pero también en las nuestras. Como sociedad, debemos exigir que se cumpla con este compromiso y no permitir que los intereses de unos pocos sigan prevaleciendo sobre el bien común. La reforma policial no es solo una cuestión de seguridad; es una cuestión de dignidad y justicia. Y es, sin duda, uno de los mayores desafíos que enfrenta nuestra democracia en la actualidad.
La Policía Nacional y la ABA Unen Fuerzas Contra el robo en sucursales bancarias
SERVICIOS umbral.local/ SANTO DOMINGO – En una reunión clave para la seguridad bancaria, el director general de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, se reunió con representantes de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) para evaluar y reforzar las medidas de seguridad en respuesta a incidentes recientes en sucursales bancarias. Compromiso con la Seguridad El mayor general Guzmán Peralta aseguró que la seguridad se intensificará en todo el país, con especial atención en las áreas donde operan las sucursales bancarias. La revisión de los protocolos de seguridad existentes y el aumento del intercambio de información a nivel nacional son pasos fundamentales acordados durante la reunión. Prioridad en la Protección La protección de clientes y empleados del sector financiero se estableció como la principal prioridad. La colaboración ciudadana y la coordinación interinstitucional fueron destacadas por el mayor general como elementos cruciales para lograr una mayor efectividad en las medidas de seguridad. Confianza y Colaboración Los representantes de los bancos múltiples expresaron su confianza en el compromiso de la Policía Nacional con la seguridad del sector financiero y su disposición a colaborar estrechamente en el desarrollo de estrategias para prevenir y mitigar los riesgos de delincuencia. Recordemos los últimos atracos en el país: Los incidentes recientes en las sucursales bancarias de la República Dominicana involucraron asaltos a dos entidades financieras en un lapso de diez días. El más reciente ocurrió en una sucursal del Banco Popular en Santo Domingo, donde varios enmascarados irrumpieron armados y sustrajeron una cantidad de dinero aún por determinar Anteriormente, una sucursal de BanReservas en Santiago también fue asaltada, resultando en heridas a dos personas y el robo de una cantidad menor de efectivo Estos sucesos han revivido la preocupación por los asaltos bancarios similares a los ocurridos en el año 2015. Presencia y Apoyo La reunión contó con la presencia de figuras prominentes del sector bancario, incluyendo a Manuel Gonzalez, Pamela Castillo, Ennio López, José Luis Guzmán, Juan Esteban Díaz, Edwin Palin, Juan García, Alberto Abreu y Joel Rodríguez, entre otros. La presencia del coronel César Ares Montas, director de Control Interno, subraya el apoyo institucional para estas iniciativas. Colaboración y compromiso La reunión concluyó con un compromiso de mantener una comunicación constante y trabajar conjuntamente para fortalecer la seguridad en el sector financiero dominicano, marcando un paso adelante en la colaboración entre la Policía Nacional y la ABA para garantizar un entorno bancario más seguro para todos.