PEPCA contraataca: “Corrupción de Danilo Medina es crimen organizado y no prescribe”
Mirna Ortiz responde a defensa de Donald Guerrero y afirma que los acuerdos internacionales y la ley dominicana blindan la persecución de los casos de corrupción compleja Por Julio Guzmán Acosta En una jornada de réplica cargada de tensión jurídica, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, desmontó este miércoles los argumentos de la defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, al sostener que los casos de corrupción ocurridos durante los gobiernos de Danilo Medina no pueden extinguirse por el paso del tiempo, al tratarse de hechos de criminalidad organizada, los cuales la ley declara como “imprescriptibles”. Durante la audiencia celebrada ante el Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Ortiz fue enfática al señalar que la acusación contra Guerrero y los también exministros Gonzalo Peralta y José Ramón Peralta cumple con “todas y cada una de las características” de la criminalidad compleja, lo que, a su juicio, impide que el proceso pueda ser archivado por vencimiento de plazos. “Estamos ante un grupo de funcionarios públicos que se coalicionan, que se asocian con empresarios, con testaferros, que pagan sobornos, que mueven activos, que falsifican documentos, que crean estrategias para estafar al Estado”, proclamó la procuradora adjunta ante los jueces. Ortiz fundamentó su postura no solo en la Ley 10-05 del Código Procesal Penal, modificada por la 97-25, sino también en tratados internacionales suscritos por la República Dominicana, los cuales, según explicó, tienen la misma jerarquía que las normas locales. Más allá del “conteo matemático” La representante del Ministerio Público también rebatió el reclamo de la defensa de Guerrero sobre la supuesta violación al plazo razonable del proceso. Los abogados del exfuncionario han denunciado que el caso lleva cinco años desde el primer interrogatorio, ocurrido en 2020. Sin embargo, Ortiz aclaró que la investigación que derivó en la acusación formal no inició en ese momento, sino en 2021, por hechos ocurridos durante la gestión del imputado al frente del Ministerio de Hacienda. Citando la sentencia TC-0770-24 del Tribunal Constitucional y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la titular de la Pepca argumentó que la razonabilidad de los plazos no puede establecerse con un simple “cálculo matemático” en casos de corrupción, dada la complejidad de las pesquisas y las propias dinámicas del proceso judicial. “Hay condiciones y circunstancias que deben verificarse para establecer la razonabilidad de esos plazos. Dilaciones del proceso propias de la misma dinámica de los procesos”, subrayó. La defensa clama por el debido proceso Fuera del tribunal, la respuesta de la defensa no se hizo esperar. María del Pilar Zuleta, parte del equipo legal de Donald Guerrero, calificó de “preocupantes” las afirmaciones del Ministerio Público y denunció que el órgano acusador pretende evadir los límites que impone el Código Procesal Penal. “El código le fija unos límites para investigar, especialmente cuando el ciudadano está sometido a medidas de coerción”, declaró Zuleta, quien también cuestionó que la acusación pretenda enunciar pruebas sin depositarlas formalmente. “Estas dos afirmaciones del Ministerio Público son preocupantes porque demuestran que no están dispuestos a someterse al debido proceso para hacer sus acusaciones”, sentenció la letrada, insistiendo en que, hasta el momento, la Fiscalía no ha podido presentar elementos que otorguen posibilidad de condena contra su representado. El debate, que enfrenta dos visiones antagónicas sobre los límites de la justicia en casos de gran corrupción, mantiene en vilo a la opinión pública mientras el expediente avanza en su fase intermedia.
El Ministerio Público Pide Prisión para Diez Imputados por Megafraude en SENASA que Desfalcó al Estado más de 15 Mil Millones de Pesos
La Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (PEPCA) desmenuza en 537 páginas un esquema institucionalizado de corrupción. Acusa al exdirector Santiago Hazim y a su círculo de recibir sobornos, falsificar estados financieros, facturar servicios de salud inexistentes a pacientes vivos y muertos, y lavar activos mediante empresas fachada, en perjuicio del derecho constitucional a la salud. POR JULIO CÉSAR GUZMÁN ACOSTA SANTO DOMINGO, D.N.- Con la solemnidad que imponen los delitos de cuello blanco y la minuciosidad propia de un sumario judicial, el Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), ha solicitado formalmente medida de coerción contra diez imputados, entre ellos el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Marcelino Hazim Albainy, por la presunta defraudación de más de quince mil millones de pesos al erario público. La instancia, un expediente de 537 páginas depositado ante la Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, no se limita a enumerar cargos. Desentraña, con rigor fiscal, la anatomía de una red que, según la acusación, institucionalizó la corrupción al interior de la entidad rectora de la salud de los más vulnerables. La pesquisa establece que las maniobras fraudulentas ascendieron a casi 16 mil millones de pesos, configurando una de las mayores afectaciones a un bien colectivo en la historia reciente: el derecho a la salud. El corazón de la acusación late en un esquema descrito como \»sofisticado\», donde se conjugaron \»incrementos manipulados, omisiones deliberadas, decisiones contrarias a la normativa y participación coordinada de actores internos y externos\». La PEPCA asegura que, desde antes de asumir la dirección en agosto de 2020, Santiago Hazim tejía los hilos de su red. Aceptó, según el expediente, vehículos de alta gama de empresarios que luego serían piezas clave en la estructura fraudulenta, y estableció \»compromisos económicos\» para cumplir una vez en el cargo. La Estafa al Sistema de Salud: Pacientes Ficticios y Tratamientos Inexistentes La pesquisa judicial pinta un cuadro de desprecio por la vida y la dignidad humana. La acusación detalla cómo la maquinaria fraudulenta se alimentó del sufrimiento. Se habría facturado hemodiálisis a pacientes ya fallecidos y se colocaron stents coronarios innecesarios en procesos cardiovasculares. En el área oncológica, se \»abultó\» fraudulentamente el número de sesiones de radioterapia y quimioterapia. Incluso, se reportaron y facturaron cirugías de piel por lesiones \»inexistentes o de tamaño irreal\», y se realizaron endoscopias y colonoscopias a pacientes sin riesgo ni sintomatología. La Estructura del Soborno: De Restaurantes a Apartamentos por Airbnb La PEPCA documenta metódicamente el flujo del dinero ilícito. Según la investigación, el empresario José Ortiz Giráldez, descrito como \»mano derecha\» de Hazim, operaba como receptor principal de sobornos de empresas como Nutri-med. A través de su compañía, OGSS, habría recibido aproximadamente 529 millones de pesos en transferencias. El modus operandi, descrito con precisión cronística, indica que Ortiz Giráldez entregaba a Hazim el 90% de estos fondos, previamente convertidos a dólares. Los encuentros para estos pagos ocurrían en la calle, en vehículos privados, restaurantes o apartamentos alquilados vía Airbnb. Posteriormente, ante problemas judiciales de Ortiz Giráldez, el entonces consultor jurídico de Senasa, Germán Rafael Robles Quiñones, habría asumido el rol de receptor, recibiendo \»más de 536 millones de pesos en efectivo\» de la empresaria imputada Cinty Acosta Sención. En total, Hazim, Ortiz y Robles habrían recibido unos 1,165 millones de pesos en sobornos para \»asegurar complicidad, agilizar procesos, evitar glosas [objeciones a facturas] y obtener ventajas indebidas\». El Origen: Un Plan Concebido antes de Asumir el Cargo La investigación retrocede hasta junio de 2020, antes del nombramiento de Hazim. En una reunión en la oficina política del entonces aspirante, la imputada Cinty Acosta se comprometió a analizar Senasa y elaborar un proyecto. Semanas después, propuso a una pareja de médicos desarrollar un programa de nutrición para adultos mayores, asegurando \»tener todos los contactos para su aprobación\». A cambio, exigió el 50% de las acciones de lo que sería Nutri-med. Estas empresas, según la PEPCA, fueron el \»vehículo societario\» para canalizar sobornos, recibiendo entre 2021 y 2023 más de 4,074 millones de pesos del Senasa. Además de Hazim, Ortiz, Robles y Acosta, la solicitud de prisión incluye a Gustavo Enrique Messina Cruz (exgerente financiero), Francisco Iván Minaya Pérez (exgerente de Servicio de Salud), Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Rafael Luis Martínez Hazim (de MyCare), Heidi Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella. Frente al vasto cuadro de ilícitos, la Procuraduría ha solicitado al juez de la Instrucción la declaratoria de \»caso complejo\». Mientras, Eduardo Read Estrella, uno de los imputados, a través de sus abogados, ya ha negado haber realizado propuesta alguna de acuerdo con la fiscalía, marcando la línea de lo que será una defensa contenciosa en un proceso judicial que promete extenderse y revelar, página a página, la profundidad de la herida infligida al sistema de salud dominicano.