¡Secretismo inaceptable! Participación Ciudadana exige al Gobierno publicar ya el acuerdo de deportados con EE.UU.
El movimiento cívico alerta sobre riesgos legales, interrogantes sin respuesta y experiencias fallidas en la región. Advierten que el memorando, al ser un precontrato no vinculante, podría generar hábeas corpus y complicaciones jurídicas si no se transparenta su contenido a la ciudadanía. Por Ángel F. Guzmán En un llamado que retumba en los pasillos del silencio oficial, la organización Participación Ciudadana (PC) ha demandado al Gobierno la publicación íntegra del memorando de entendimiento (MOU) suscrito con Estados Unidos, aquel que permitiría el “ingreso temporal y excepcional” de un número limitado de extranjeros deportados desde la nación norteamericana. La prosa cívica se viste de urgencia: lo primero, dice PC, debió ser poner el texto a disposición de la ciudadanía, única manera de acallar las especulaciones que ya campan a sus anchas. El documento de prensa de la entidad, de una prosa medida pero punzante, subraya que el hermetismo ha dejado preguntas esenciales sin respuesta. ¿Qué ocurriría si los deportados no han violado ley local alguna —ni siquiera migratoria— al ingresar con el beneplácito de nuestras autoridades? Entonces, cualquier restricción a su libre tránsito podría ser impugnada vía hábeas corpus, un recurso que devolvería en libertad a quienes se pretende mantener bajo control. La figura, advierten, amenaza con convertirse en un boomerang jurídico. Las interrogantes se acumulan como escombros tras un derrumbe: ¿qué pasa si el deportado habla una lengua que nuestros jueces no entienden? ¿Dónde serán retenidos? ¿Cómo conocer sus antecedentes y peligrosidad? PC recuerda que Panamá, Costa Rica, Guatemala y El Salvador ya bebieron de este cáliz, y la experiencia, lejos de ser edificante, fue un rosario de fracasos que debería obligarnos a reflexionar. Finalmente, el movimiento cívico desnuda la naturaleza frágil del MOU: se trata de un precontrato, un documento no vinculante que no genera derechos ni obligaciones, apenas un paso previo hacia un contrato definitivo. ¿Firmamos entonces un eco de papel mientras la tempestad se acerca? La exigencia es clara: que la transparencia no sea una víctima más de este acuerdo sombrío.
Participación Ciudadana sacude el tablero: nuevo informe de corrupción y presión total para evaluar a los jueces de la Suprema Corte
La entidad cívica presentó el octavo seguimiento al caso del exprocurador Jean Alain Rodríguez, intervino en el Senado para impulsar una ley de financiamiento limpio y anunció una investigación que abarcará 15 años de expedientes judicializados. Exigen activar la evaluación de magistrados cuyo período ya venció. Por Brendalis Reyes Santo Domingo. – En un abril cargado de acciones estratégicas, Participación Ciudadana (PC) reactivó su agenda de control al poder con tres frentes de alto voltaje: la actualización de un expediente emblemático por corrupción administrativa, su incidencia directa en el Senado para frenar el financiamiento político ilícito, y un renovado embate para que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) someta a evaluación a sus jueces con período vencido. La organización dio a conocer el octavo informe de seguimiento a casos de corrupción, centrado esta vez en el proceso judicial contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez, una de las investigaciones de mayor repercusión en los últimos años. El documento no solo detalla los avances y tropiezos del caso en los tribunales, sino que busca ser una herramienta de escrutinio público sobre la lentitud o el estancamiento de la justicia. “No se trata de un hecho aislado. Este informe es parte de una serie que busca medir el pulso real de los tribunales frente a la impunidad”, explicó una fuente de la entidad, que evitó hablar a título personal. En paralelo, representantes de Participación Ciudadana se sentaron con una comisión del Senado que analiza un proyecto de ley para regular el financiamiento político y cerrarle el paso a recursos de procedencia dudosa. La reunión, enmarcada en un debate más amplio sobre transparencia, evidencia la intención del grupo cívico de influir en la letra final de la norma. Pero el punto más sensible lo puso la Red de Observación de la Institucionalidad (ROI), brazo observador de la organización, al denunciar que varios magistrados de la SCJ llevan tiempo con su período constitucional vencido sin que se active el proceso de evaluación correspondiente. “La falta de convocatoria formal mantiene en suspenso a esos jueces y proyecta incertidumbre sobre la institucionalidad del sistema judicial”, advirtió la entidad. Como siguiente paso, la organización anunció la apertura de una convocatoria para una consultoría que actualizará el registro de casos de corrupción administrativa ocurridos entre 2010 y 2025. El objetivo final es medir la capacidad real del sistema judicial dominicano para investigar, procesar y sancionar estos delitos en los últimos 15 años. “No se trata de memoria, sino de diagnóstico”, apuntaron los voceros, al tiempo que reiteraron que sin jueces evaluados y sin leyes que frenen el dinero sucio, cualquier combate a la corrupción se queda en discurso.
Participación Ciudadana respalda Ley de Libertad de Expresión pero alerta sobre riesgos en su articulado
Participación Ciudadana sugiere vistas públicas para enriquecer debate en Comisión Especial del Senado Por César Dalmasi Guzmán En un ejercicio de diálogo democrático, la Comisión Especial del Senado recibió los aportes de Participación Ciudadana sobre el controvertido proyecto de ley de libertad de expresión. La reconocida organización de la sociedad civil manifestó su respaldo general a la iniciativa legislativa, pero con observaciones críticas que podrían redefinir el alcance de la normativa. Voces calificadas, precisiones necesarias Durante su intervención, los representantes de la entidad valoraron positivamente el esfuerzo legislativo por garantizar este derecho fundamental, aunque advirtieron que ciertos artículos -cuyo contenido no especificaron en esta primera fase- podrían generar \»interpretaciones restrictivas\» del ejercicio periodístico y la libre difusión de ideas. \»Compartimos el espíritu de la propuesta, pero consideramos indispensable abrir un proceso de vistas públicas que permita incorporar las perspectivas de todos los sectores involucrados\», señaló uno de los portavoces ante los senadores presentes. Esta sugerencia busca evitar que aspectos técnicos del proyecto, actualmente en discusión, deriven en aplicaciones contrarias al propósito original de ampliar las garantías constitucionales. Un debate en construcción Las observaciones presentadas colocan sobre la mesa un dilema legislativo complejo: cómo blindar la libertad de prensa sin crear vacíos que permitan su abuso, y cómo regular responsabilidades sin caer en censura encubierta. Participación Ciudadana propuso crear mesas técnicas adicionales con medios de comunicación, academias de derecho y organismos internacionales antes de la votación final. Fuentes parlamentarias confirmaron que la Comisión analizará estas recomendaciones en las próximas semanas, en un proceso que promete intensificarse conforme avance el calendario legislativo. Mientras tanto, el proyecto sigue su curso bajo la atenta mirada de organizaciones civiles y el gremio periodístico, conscientes de que toda regulación en esta materia debe equilibrar derechos con responsabilidades sociales. Este medio mantendrá seguimiento exhaustivo al desarrollo de esta iniciativa que podría redefinir el ecosistema comunicacional del país. #LibertadDeExpresión #TransparenciaLegislativa #ParticipaciónCiudadana
¿Quién financió la Marcha Verde?
Por Carlo Lara La sociedad dominicana tiene el derecho de saber cómo se financió uno de los movimientos sociales más importantes de nuestra historia reciente, el cual inició en enero del año 2017, denominado “La Marcha Verde”. Es lógico cuestionarlo, ya que todos fuimos testigos del derroche de recursos en cada una de las actividades masivas de este gran proyecto social, que utilizaba el lema \»impunidad cero\». La Marcha Verde ha sido un tema de debate nacional, tanto por su razón de ser como por el accionar de muchos de sus principales dirigentes, una vez concluido el proceso electoral del año 2020. No olvidemos que una parte de sus protagonistas hoy forman parte del gobierno de turno, mientras que otros, decidieron el retiro de la vida pública. Insistimos: sus organizadores y principales líderes tienen la obligación moral y ética de explicarle al país quién o quiénes proporcionaban los recursos para las multitudinarias marchas, las pancartas, las camisetas, las gorras, los spots publicitarios en radio, televisión y redes sociales, entre otros elementos alusivos al movimiento. Es imposible pensar que un movimiento tan grande, amplio y de alcance nacional, que desde 2017 hasta 2020 organizó más de 30 manifestaciones en todo el país, pudiera sostenerse sin un hilo conductor y, sobre todo, sin recursos económicos. Por ello, continuamos con nuestra interrogante: ¿quién o quiénes financiaron La Marcha Verde? Recordemos que una de las primeras medidas tomadas por el presidente Donald Trump al asumir la presidencia de los Estados Unidos de América, fue pedirle a su asesor Elon Musk congelar los fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), debido a que, alegadamente estos recursos eran utilizados para promover agendas ocultas y desestabilizar algunos gobiernos en Latinoamérica. Aún más grave, supuestamente dichos fondos servían para dirigir la opinión pública en los países donde llegaban los fondos. La decisión del presidente Trump de suspender la ayuda exterior de Estados Unidos, canalizada a través de la USAID, tendría un impacto directo en varios países de América Latina y el Caribe, incluida la República Dominicana. Sin embargo, consideramos que fue correcta. La verdad debe salir a la luz, y muchos \»santos\» deberán caer, tanto en nuestro país como en el resto de la región. A pesar de las quejas de aquellos que se beneficiaban, como Participación Ciudadana, en el sentido de que se afectan proyectos clave en áreas como salud, educación, desarrollo económico, gobernanza y resiliencia climática, creemos que esta medida fue necesaria. El anuncio del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marcos Rubio, sobre la revisión de qué instituciones merecen recibir esos fondos según sus necesidades, es acertado y aplaudible Lo que es innegable es que “La Marcha Verde” recibió financiamiento, tanto local como internacional; de lo contrario, habría sido imposible mantener su presencia en las calles por más de tres años. A este movimiento supuestamente social se sumaron cientos de personas de la denominada sociedad civil, así como empresarios, profesionales de distintas áreas, periodistas y comunicadores de los programas de televisión y radio más importantes del país. Además de algunas figuras que hoy forman parte del gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), como es el caso Carlos Pimentel, Milagros Germán (exministra de Cultura), Chami Isa, Mario Fernández y Bartolomé Pujals Suárez, entre otros. El error de Huchi Nos sorprendió que el periodista Huchi Lora acusara al PLD de estar detrás de una campaña para desacreditar periodistas, esta acusación resultó penosa. Desde un principio, encontramos exageradas y desproporcionadas las declaraciones inoportunas de Huchi Lora contra el PLD. Él también debería disculparse si se demuestra que no tenía pruebas de sus acusaciones. Pareciera que ha olvidado que él y otros periodistas dirigían la opinión pública en el pasado, y que, de manera repentina, han decidido retirarse, enviando un mensaje inequívoco a la sociedad dominicana de que la corrupción ha terminado. Definitivamente, la respuesta del PLD a las afirmaciones de Huchi Lora y a la insinuación de Participación Ciudadana de que el partido morado estuvo detrás de esta \»caja de pandora\» ha sido oportuna y contundente. El PLD ha solicitado al Gobierno de los Estados Unidos la desclasificación de los documentos de la USAID para determinar con claridad cuáles instituciones recibieron fondos, cómo los utilizaron y con qué propósito. Creemos que sería muy importante conocer la verdad. Esta sería la única forma de arrojar luz sobre una situación que ha captado la atención del pueblo dominicano. Para finalizar esta reflexión, cabe señalar que, en el año 2024, la USAID ejecutó un total de US$41.7 millones en proyectos destinados principalmente a la resiliencia climática y la transición energética. Al final, tanto el PLD como los protagonistas que ayer lideraron la “Marcha Verde”, así como las instituciones que se beneficiaron con cientos de millones de dólares provenientes de la USAID y que hoy son señaladas por el supuesto mal uso de esos fondos, deberían aplaudir que se esclarezca la verdad. Sería lo más prudente y justo para la sociedad dominicana. Concluimos preguntando nuevamente: ¿quién financió la Marcha Verde?
El PLD niega estar detrás de campañas de difamación y exige transparencia a Participación Ciudadana
Johnny Pujols, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Por Thiago Zorrilla Acosta Santo Domingo. – El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha emitido un comunicado en el que reafirma que no está involucrado en ninguna \»campaña de desacreditación\» contra comunicadores y organizaciones, en relación con acusaciones de que estas recibirían fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) para promover diversas agendas. En una rueda de prensa celebrada en la sede del partido, el secretario general del PLD, Johnny Pujols, manifestó que su partido no ha señalado, ni acusado, a periodistas, comunicadores o a ninguna entidad en particular. Pujols enfatizó que el PLD \»no practica la difamación\», pero que tampoco aceptará ser víctima de ella. \»Es preocupante que organizaciones que en el pasado orquestaron campañas de descrédito contra el partido ahora intenten presentarse como víctimas. Sin embargo, el PLD no responderá con la misma moneda. No lo mueve el resentimiento ni la revancha, sino el bienestar del país\», argumentó. Durante la conferencia, el PLD también aprovechó la oportunidad para solicitar formalmente a Participación Ciudadana un desglose detallado sobre cómo se han utilizado los fondos recibidos de USAID y a quiénes han beneficiado esos recursos económicos. Pujols destacó que \»Participación Ciudadana ha mantenido durante años un discurso de constante ataque contra el PLD\», y cuestionó la falta de respuestas sobre las preguntas centrales: ¿En qué se utilizaron los fondos de USAID? ¿Influyeron en la política nacional, en las elecciones de 2020 o en la agenda mediática del país? ¿Quiénes se beneficiaron de esos recursos y qué mecanismos de rendición de cuentas se han aplicado? El vicepresidente del PLD, Yvan Lorenzo, agregó que ha sido el Departamento de Estado de los Estados Unidos quien ha indicado que recursos de USAID han sido utilizados para pagar a más de 1,000 medios de comunicación y 50,000 periodistas en más de 100 países. Lorenzo insistió en que Participación Ciudadana debe revelar los destinatarios específicos de los fondos recibidos desde 2015 hasta la fecha, así como los programas y actividades financiados con estos recursos, los criterios de distribución y su impacto en la política nacional. \»Participación Ciudadana no puede sentirse agraviada cuando se le solicita rendir cuentas. Si no hay nada que ocultar, no debería haber resistencia en presentar los documentos y detalles correspondientes. Lo que está en juego es la confianza en las instituciones\», concluyó Pujols al leer el comunicado. El PLD, encabezado por el expresidente Danilo Medina, ha dejado claro que su intención no es confrontar, sino colaborar con la sociedad dominicana en la exigencia de transparencia y responsabilidad. \»La democracia y la confianza ciudadana lo exigen\», finalizó el secretario general del partido.