Traslado a Las Parras: en dos meses comienza la descongestión penitenciaria
Funcionarios apuntan a fiscales como responsables del colapso carcelario y destacan avances en nuevo complejo Por Thiago Zorrilla Acosta El esperado traslado de reclusos hacia el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras podría iniciarse finalmente dentro de 60 días, según confirmaron autoridades penitenciarias. Aunque la obra no se entregará en la fecha inicialmente prevista a mediados de 2025, se espera que en agosto comiencen a operar dos de los cinco cuadrantes que componen el complejo. Roberto Santana, director de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (Onapre), explicó que los sectores que entrarán en funcionamiento son el área administrativa y dos cuadrantes de alojamiento, con capacidad para albergar a 2,400 privados de libertad procedentes principalmente de la cárcel de La Victoria. El traslado completo, que permitirá recibir hasta 8,000 reclusos, se completaría en 2026. Santana destacó que varios privados de libertad que cumplen medidas en modalidad de medio libre ya colaboran en la preparación del complejo, realizando labores de jardinería y acondicionamiento de las áreas productivas, que incluyen aulas, granjas de conejos y gallinas, huertos y apicultura. “Hay medio millón de metros de lago donde también se criarán peces”, detalló. Sin embargo, más allá del avance en infraestructura, el funcionario advirtió que la solución a la crisis penitenciaria no depende únicamente de la construcción de nuevos recintos. En su opinión, la sobrepoblación que afecta a los centros carcelarios —que supera los 25 mil internos en un sistema diseñado para 15 mil— es responsabilidad directa de los fiscales y el Ministerio Público, que abusa de la prisión preventiva y no aplican medidas alternativas. “El sistema penitenciario está colapsado y hay diez mil que duermen en el suelo”, enfatizó Santana, al tiempo que criticó la falta de acuerdos entre los actores judiciales para adoptar otras medidas coercitivas. Por su parte, el defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, coincidió en la necesidad de mejorar la gestión y abogó por la creación de un Ministerio de Justicia que administre el sistema penitenciario. “Siempre y cuando se elijan bien las personas, se capaciten y se introduzca tecnología, el tema de las cárceles mejorará. No podemos seguir pensando que el problema es sólo el bloqueo de teléfonos, si la corrupción está en quienes administran el sistema”, advirtió. Con el traslado a Las Parras como una luz al final del túnel, el desafío sigue siendo resolver las profundas causas que mantienen al sistema penitenciario en crisis, entre ellas la administración judicial y la gestión transparente y eficiente de las cárceles.
El Defensor del Pueblo revisará protocolos de repatriación de haitianos con Migración
Por Thiago Zorrilla Acosta El Defensor del Pueblo de la República Dominicana, Pablo Ulloa, anunció que en las próximas semanas sostendrá una reunión con el director general de Migración, Luis Lee Ballester, con el objetivo de revisar los protocolos establecidos durante los operativos de repatriación de ciudadanos haitianos. Esta reunión forma parte de las actuaciones que realiza el Defensor del Pueblo para verificar las actuaciones de las administraciones públicas en la ejecución de las políticas migratorias del país y persigue asegurar que se respeten las leyes y derechos de todos los involucrados. “Nadie tiene derecho a la ilegalidad, sí a la migración. Todo el que venga a la República Dominicana tiene que pasar por el proceso de nuestras leyes desde el punto de vista migratorio”, declaró Ulloa, enfatizando la importancia de que las políticas migratorias se mantengan dentro del marco legal establecido. El Defensor del Pueblo destacó la soberanía del país en la implementación de políticas migratorias y reafirmó que el Estado tiene la facultad de ejecutar las medidas que considere necesarias para garantizar el orden y la seguridad nacional. En este sentido, Ulloa subrayó que su institución está comprometida con la protección de los derechos humanos y la legalidad en los procesos migratorios. En relación con las repatriaciones de menores, Ulloa aseguró que hasta la fecha no han recibido quejas sobre procesamientos irregulares o violatorios de los derechos de niños, niñas y adolescentes en estos operativos. Esto sugiere que, según su evaluación, las repatriaciones se están llevando a cabo de manera adecuada y respetuosa con las normativas vigentes. La reunión entre Ulloa y Lee Ballester busca fortalecer la coordinación entre ambas instituciones y asegurar que las acciones migratorias se realicen de manera transparente y justa, alineadas con los principios de derechos humanos. La comunidad espera que estas discusiones resulten en mejoras concretas en los protocolos de repatriación y en el tratamiento de los migrantes en el país. Se prevé que esta iniciativa del Defensor del Pueblo contribuya a generar un diálogo constructivo sobre la migración y sus implicaciones, en un contexto donde la situación de los migrantes sigue siendo un tema de relevancia social y política en la República Dominicana.