Faride Raful declara que no habrá impunidad en la operación Pandora
Hasta el momento han sido detenidos 11 agentes de la Policía Nacional, implicados en la presunta sustracción de más de 900,000 proyectiles de la Intendencia de Armas. Por Servicios umbral.local/ En una jornada marcada por la tensión y la expectativa, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, se presentó ante los medios de comunicación para abordar un tema que ha sacudido la confianza pública en las instituciones del país: la detención de 11 agentes de la Policía Nacional, implicados en la sustracción de más de 900,000 proyectiles de la Intendencia de Armas. Con un tono firme y enérgico, Raful anunció que este escándalo representa un quiebre en un sistema de impunidad que ha generado una justificada indignación colectiva. “Cualquier persona que intente manchar la transparencia que impulsamos desde la reforma policial será definitivamente procesada con todo el peso de la ley”, afirmó la ministra, dejando claro que el compromiso de su gestión es erradicar la corrupción y la falta de ética dentro de las filas policiales. La investigación, que comenzó en octubre tras una solicitud conjunta del Ministerio de Interior y Policía y el director de la uniformada, mayor general Ramón Guzmán Peralta, ha sido meticulosa y exhaustiva, según Raful. La rueda de prensa se llevó a cabo al concluir la reunión de la Fuerza de Tarea Conjunta, encabezada por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. En este contexto, Raful no solo abordó el tema de la corrupción, sino que también destacó los logros en materia de seguridad pública. La tasa de homicidios, según sus declaraciones, se mantiene en un histórico 9.6 por cada 100,000 habitantes, una cifra que refleja el esfuerzo conjunto de las autoridades para garantizar la seguridad de los ciudadanos. “Este mes de noviembre, la tasa se sitúa en 7.7, gracias al trabajo de la Fuerza de Tarea”, subrayó Raful, mientras enumeraba las provincias y municipios que han logrado mantener una tasa acumulada de un dígito en homicidios, como Puerto Plata y La Vega, que no han registrado muertes violentas en lo que va del mes. Sin embargo, la ministra no se detuvo ahí. También anunció la continuidad de la “Operación Garantía de Paz”, que comenzó en septiembre y que busca reducir los conflictos sociales y garantizar la tranquilidad en los fines de semana. Durante el último operativo, se intervinieron 16 centros nocturnos, uno de los cuales fue clausurado temporalmente por incumplir las normas establecidas. Raful enfatizó la importancia de la colaboración con los propietarios de estos establecimientos, a quienes ha recibido en varias ocasiones para explicarles las regulaciones, incluyendo la Ley 90-19 sobre la prevención de ruidos nocivos. La presencia del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y otras autoridades en la rueda de prensa, subraya la importancia del mensaje que se busca transmitir: la lucha contra la impunidad y la corrupción es una prioridad del gobierno. Sin embargo, la pregunta que queda en el aire es si estas acciones serán suficientes para restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones del país. La ministra Raful al concluir su intervención, quiso dejar claro que el camino hacia la transparencia y la justicia es un proceso largo y complejo. Pero con cada detención y cada operación, se da un paso hacia la construcción de un sistema más justo, donde la impunidad no tenga cabida. La sociedad dominicana observa con atención, esperando que esta vez las palabras se traduzcan en acciones concretas y duraderas.
Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva para red criminal de la Policía Nacional
El Ministerio Publico pidió que el caso sea declarado complejo por la dimensión red que sustraía municiones en la Policía Por Theo N. Guzmán Santo Domingo, 19 de noviembre de 2023 – El Ministerio Público solicitó este lunes 18 meses de prisión preventiva contra una supuesta red criminal integrada por agentes de la Policía Nacional, desmantelada en la Operación Pandora, que presuntamente sustrajo al menos 900 mil proyectiles de la institución del orden. Además, el órgano acusador pidió que el caso sea declarado complejo. La solicitud fue presentada pasadas las 10:20 de la noche en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, encabezada por Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca). Camacho destacó que el expediente cuenta con 213 páginas y alrededor de 135 medios de prueba. La acusación recae sobre diez personas físicas y una empresa vinculada a uno de los imputados. \\\»Este es un caso sumamente grave que se ha dado dentro del seno de la Policía Nacional y compromete la seguridad dentro de la República Dominicana\\\», expresó Camacho, quien también agradeció al director de la Policía, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, por su colaboración en la investigación. Camacho indicó que el proceso investigativo sigue en marcha, lo que podría llevar a la ampliación del número de detenidos. En cuanto a las municiones, aclaró que estas eran sustraídas de la Intendencia de Armas de la Policía y posteriormente vendidas. El Ministerio Público continúa rastreando los lugares donde se comercializaban. La investigación que llevó a la Operación Pandora se inició en octubre, tras una solicitud conjunta del Ministerio de Interior y Policía y el director general de la Policía Nacional. En la ejecución de la operación participaron más de 200 agentes de unidades especiales de la Policía, así como más de 40 fiscales que realizaron allanamientos en el Distrito Nacional y en las provincias de Santo Domingo, Santiago, Sánchez Ramírez y Pedernales. Entre los arrestados se encuentra el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, encargado de la custodia de armas y municiones, y el subintendente Juan Miguel Pérez Soler. También fueron detenidos el capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas, y el capitán y auditor Víctor Manuel Santos, quien supuestamente alteró los resultados de una auditoría para ocultar la sustracción de municiones. Otros arrestados incluyen al sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat, el cabo Juan Luis Díaz Medina, y los rasos Rubiel Martínez (alias Escobar) y Moreibin Medina Pérez, así como la imputada Miguelina Bello Segura, quienes desempeñaban roles clave en la organización criminal. El Ministerio Público subrayó que el capitán Santos llevaba más de seis años como auditor en la Intendencia de Armas y que, además de falsificar datos en la auditoría de febrero, intentó manipular los números ante el avance de la investigación, acción que fue rápidamente detectada por los investigadores. En las últimas semanas, fiscales y equipos técnicos del Ministerio Público han trabajado arduamente para llevar a cabo esta operación, que ha revelado violaciones tanto disciplinarias como penales dentro de la Policía Nacional. Las diligencias han permitido la incautación de armas, proyectiles, evidencias digitales, y cientos de transacciones económicas, consolidando un robusto conjunto de pruebas para presentar ante el juez de instrucción. Este caso es un claro ejemplo de cómo la colaboración interinstitucional puede rendir resultados efectivos en la lucha contra el crimen organizado, según lo señalado por el Ministerio Público. La sociedad dominicana espera que se haga justicia y que se tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad de las instituciones del país.