Operación Camaleón: Imponen 18 meses de prisión preventiva para Imputados claves
La jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó este jueves 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción a Hugo Beras, José Ángel Gómez Canaán (Jochi) y Pedro Vinicio Padovani Báez, imputados en la operación Camaleón. Por Servicios umbral.local/ Santo Domingo. – Con unas medidas cautelares ejemplarizantes para los principales implicados del caso que ha sacudido a la opinión pública del país, la jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó este jueves 18 meses de prisión preventiva para tres de los imputados en la Operación Camaleón: Hugo Beras, José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochi, y Pedro Vinicio Padovani Báez. Esta decisión refleja el impacto de los hechos imputados y la magnitud de los delitos que se les acusan, todo en el contexto de un presunto esquema de corrupción que implica serios fraudes al Estado a través del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), en el periodo en que estaba al frente de la institución el hoy acusado Hugo Beras. La jueza Veloz también dictó medidas cautelares para otros implicados. Samuel Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant, enfrentará arresto domiciliario e impedimento de salida del país, mientras que Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho, deberá cumplir con una garantía económica de dos millones de pesos. Asimismo, otros dos acusados, Juan Francisco Álvarez y Carlos Peguero, también tendrán que presentar una garantía económica, aunque no se especificó el monto. Los principales acusados, Jochi Gómez y Hugo Beras, están al centro del escándalo derivado de un contrato para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo, firmado entre la empresa Transcore Latam S.R.L. y el Intrant. La acusación formal que enfrenta este grupo incluye serios delitos como desfalco, estafa contra el Estado, falsificación y lavado de activos, entre otros. En su defensa pública, Hugo Beras argumentó que además de sus acciones, otros organismos de control como la Contraloría General de la República también han fallado en sus deberes, insinuando que la culpabilidad no recae exclusivamente en él y su grupo. Sin embargo, las pruebas presentadas por el Ministerio Público no dan lugar a dudas de que Gómez fue uno de los principales beneficiarios económicos del presunto fraude, desviando fondos que debían ser utilizados para el tráfico y la seguridad vial en el país.Operación Camaleón: La caza de una estructura criminal en una administración pública dominicana El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, indicó que, conforme avancen las investigaciones, podrían surgir nuevas imputaciones y otros acusados en el proceso. El caso de la Operación Camaleón ha ganado notoriedad no solo por los montos involucrados, sino también por la cantidad de actores principales que han sido tocados. La Operación Camaleón, considerada una de las más exitosas contra el crimen organizado en la República Dominicana, se materializó a través de una serie de allanamientos que abarcó residencias y empresas en distintos puntos del país, incluyendo el Distrito Nacional y Punta Cana. Aproximadamente 170 efectivos de la Policía Nacional y más de 30 fiscales especializados en crimen organizado participaron en estos operativos, que resultaron en la ocupación de cientos de evidencias que han sido claves para respaldar las imputaciones realizadas. La República Dominicana observa con atención el desarrollo de este caso. A medida que se desentrañan los entresijos de esta red de corrupción, las reacciones varían entre la indignación pública por los actos ilícitos y la expectativa de que la justicia prevalezca frente a la impunidad. Las próximas semanas estarán marcadas por las repercusiones de estas decisiones judiciales, y el eco de la justicia frente a la corrupción indica que se va por buen camino en la lucha contra ese mal endémico que es la corrupción en el país, donde muchos ciudadanos siguen esperando respuestas y reparaciones por parte del gobierno y las instituciones involucradas.
La manipulación del proceso de licitación para la modernización semafórica que llevo a la cárcel a Hugo Beras y a Jochy Gómez Canaán
El pliego de condiciones para la licitación del proyecto de “modernización del sistema de control de tráfico y la red semafórica” fue manipulado para favorecer a Transcore Latam S.R.L., adaptando los requisitos a la medida de la empresa, de acuerdo a la orden de arresto emitida por el Ministerio Público. JULIO GUZMÁN ACOSTA La corrupción, en sus múltiples formas, ha encontrado un terreno fértil en la administración pública dominicana, y un nuevo escándalo acaba de salir a la luz, resaltando nuevamente la vulnerabilidad de las instituciones. El reciente hallazgo de irregularidades en el pliego de condiciones para la licitación del proyecto de “modernización del sistema de control de tráfico y la red semafórica” revela una elaborada maniobra diseñada para beneficiar a la empresa Transcore Latam S.R.L. Esta situación ha suscitado la atención del Ministerio Público, que ha emitido órdenes de arresto en contra de varios funcionarios involucrados. Un Proceso amañado desde el Inicio El proceso de licitación, destinado a transformar el sistema de semáforos del Gran Santo Domingo, estaba condicionado desde sus bases. Originalmente, los requisitos exigían una experiencia mínima de 15 años; sin embargo, este umbral fue drásticamente reducido a solo un año. Asimismo, el número de controladores requeridos a nivel mundial pasó de 15,000 a 1, y el mínimo de intercepciones cayó de 40,000 a 1. Estas modificaciones, según lo expuesto en la orden de arresto, fueron parte de una estrategia deliberada de corrupción que buscó facilitar la participación de Transcore Latam en el proceso licitatorio. La alteración en el pliego de condiciones no se detuvo allí. La estipulación de que la vigencia del contrato comenzara con la certificación de la Contraloría General de la República fue cambiada para iniciar con la firma del contrato, lo que estableció un plazo de cinco años. Estos cambios despertaron la sospecha de que la manipulación estaba en efecto, y que había un grupo dentro del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) dispuesto a violar normas para favorecer intereses particulares. La Red de Colaboradores Según los documentos de la investigación, Samuel Baquero, jefe de peritos del Intrant, fue uno de los principales artífices de estas irregularidades, colaborando estrechamente con Hugo Beras y Frank Rafael Atilano Díaz Warden para implementar las modificaciones. La falta de transparencia fue evidente, ya que la directora de planificación y desarrollo del Intrant no fue convocada para participar en las modificaciones, a pesar de su rol como miembro del comité de compras. Los cambios en el pliego de condiciones fueron firmados únicamente por Félix Rubén Reynoso Calderón, quien actuó bajo instrucciones de Atilano, omitiendo deliberadamente la firma de otros miembros del comité. Este proceder subraya una preocupante cultura de impunidad y falta de ética que parece prevalecer en algunos sectores del gobierno. La Usurpación y Creación Fraudulenta de la Firma Una de las revelaciones más alarmantes del caso es cómo Jochy Gómez, el principal responsable de Transcore Latam, utilizó prácticas fraudulentas y mafiosas para establecer su empresa. Según el documento, en mayo de 2022, adquirió el dominio “Transcore.com” y usurpó la identidad de un ciudadano alemán, Jörg Brinkmeyer, para crear Transcore Latam S.R.L. en la República Dominicana. A través de correos electrónicos falsos, solicitó a un abogado registrar la empresa, la cual fue finalmente inscrita en la Cámara de Comercio de Santo Domingo en julio del mismo año. El teatro y trama de corrupción estuvo planificado desde el inicio y fue aún más intrincado cuando Pedro Vinicio Padovani Báez, quien ocupaba un puesto clave en el Centro de Control de Semáforos del Intrant, renunció para trabajar directamente con Gómez. Esta maniobra coincidió con la llegada de Hugo Beras, nombrado director ejecutivo del Intrant, lo que permitió que la conspiración se afianzara bajo su mando. El Desvío de Fondos y el Aumento Desproporcionado del Proyecto A pesar de que el Plan Operativo Anual para 2023 tenía asignados apenas RD$ 104 millones para la modernización de la red semafórica, este monto fue incrementado a RD$ 1,200 millones sin justificación alguna, un aumento desproporcionado que plantea graves interrogantes sobre la gestión fiscal del Intrant. Según la orden de arresto, una asociación criminal se gestó entre Beras, Atilano, Samuel Baquero y Jochy Gómez para desviar fondos públicos destinados a un proyecto que podría no haber sido más que una fachada para enriquecerse ilícitamente. Aún más sorprendente fue la decisión del Comité de Compras y Contrataciones del Intrant de autorizar la licitación del proyecto, a pesar de que no había documentación técnica ni financiera que justificara su exorbitante costo. Reflexión Final El escándalo de la modernización semafórica no es simplemente un caso de corrupción más; es una representación del desafío que enfrenta la República Dominicana en la lucha por mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Mientras las investigaciones continúan, y las autoridades buscan desmantelar esta red de corrupción en el Intrant, la ciudadanía observa con una mezcla de incredulidad y resignación. En un país donde la corrupción se ha vuelto casi sistémica, cada nuevo episodio resalta la urgencia de un cambio estructural que restablezca la confianza en las instituciones y asegure que los fondos públicos se utilicen para el beneficio colectivo, y no como un medio para enriquecer a unos pocos a costa del bienestar de muchos. La lucha por una República Dominicana más justa y transparente depende de la efectividad con que se actúe en este y otros casos similares.