¿Qué es empleo decente?
Sufragio El concepto “trabajo decente” tiene su origen en el informe del director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Juan Somavia, correspondiente al año 1999. Se trata de un término con el que englobó las condiciones dignas y equitativas que deben caracterizar el trabajo, sin importar el género, la raza o el país de que se trate. Se trata de empleos seguros, con salarios adecuados, protección social, respeto a los derechos laborales e igualdad de género en el ámbito laboral. Más adelante, en el año 2015, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el trabajo decente, junto a la creación de empleo, los derechos en el trabajo, la protección y el diálogo social, fueron incorporados a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La OIT define el trabajo decente “como una actividad productiva, justamente remunerada, que se ejerce en libertad, en condiciones de equidad y seguridad, y que respeta la dignidad humana”. Sin duda, la creación de trabajos decentes, fundamental para la justicia social y el desarrollo sostenible, es uno de los principales objetivos de nuestra gestión al frente del Ministerio de Trabajo. Más allá de un simple acceso al mercado laboral, el empleo decente abarca elementos esenciales como salarios justos, seguridad en el trabajo, igualdad de oportunidades y acceso a la protección social. Sin embargo, lograr el empleo decente enfrenta múltiples desafíos, como lo es la precarización laboral, donde los empleos temporales, mal remunerados y sin beneficios son cada vez más comunes. Lamentablemente, se trata de un fenómeno que afecta principalmente a los jóvenes, quienes, a pesar de estar mejor preparados académicamente, encuentran dificultades para acceder a trabajos estables y bien remunerados. También afecta a las mujeres, que siguen siendo víctimas de discriminación salarial, dificultades para acceder a puestos de liderazgo y una mayor carga de trabajo no remunerado. Por otro lado, con la economía digital han surgido nuevos desafíos, como es el caso de la proliferación de plataformas para transporte de pasajeros y mercancías, cuyos trabajadores no disfrutan de derechos laborales justos, ya que no son contratados formalmente, ni tienen seguridad social ni estabilidad laboral, por lo que no pueden ser considerados como empleos decentes. Para generar empleos decentes los gobiernos, las empresas y la sociedad en general deben asumir el compromiso de tomar medidas que conduzcan hacia políticas laborales inclusivas, fortaleciendo leyes que garanticen la igualdad de oportunidades, eliminen la discriminación y promuevan condiciones de trabajo justas. Cuando hablamos de empleos decentes nos referimos, por ejemplo, a superar la existencia de trabajadores informales y de plataformas digitales.
Editorial
La insaciable avidez del empresariado dominicano y la amenaza a los derechos laborales como la Cesantía En la actual coyuntura dominicana, se manifiesta una insaciable avidez por parte del empresariado que, lejos de conformarse con las exenciones fiscales y las evasiones que les permiten operar con mayores márgenes de beneficio, ahora se agrupan como avispas en procura de despojar a los trabajadores de un derecho fundamental: La cesantía laboral. Este intento de eliminar un derecho adquirido, en el marco de la discusión del nuevo código laboral en el Congreso, es una clara señal de que el respeto hacia los logros sociales de los trabajadores está en peligro. La cesantía no es un regalo ni una concesión de los empleadores; es el resultado de largas luchas de los trabajadores dominicanos y sus familias. Instituida en 1944 durante la dictadura de Trujillo, esta medida ha sido un pilar fundamental en la defensa de los derechos laborales en el país. Al garantizar una prestación económica a quienes ven finalizado su contrato de trabajo por decisión unilateral del empleador, se asegura una mínima protección para aquellos que, tras años de esfuerzo, se encuentran despojados de su fuente de ingreso. La argumentación de que el cumplimiento de este auxilio incrementa los costos laborales y actúa como una traba para la competitividad es, cuando menos, engañosa. Un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha demostrado que el nivel de rigidez del mercado laboral dominicano no es significativamente distinto al de otras economías de la región. Los verdaderos obstáculos para la competitividad se encuentran en factores estructurales como la corrupción, la burocracia ineficiente y el costo de servicios esenciales como la electricidad. El clamor del empresariado por despojar a los trabajadores de sus derechos laborales no solo representa un retroceso en la lucha por la justicia social, sino que también pone en riesgo la estabilidad y la cohesión social del país. Los legisladores deben resistir la presión de un sector que, en su búsqueda de maximizar ganancias, está dispuesto a vulnerar los derechos que costaron largas jornadas de lucha, pagadas con la sangre de los trabajadores y trabajadoras. Es imperativo que tanto los trabajadores y trabajadoras, sindicalizados o no, se unan en la defensa de las conquistas laborales. La cesantía es un derecho que no puede ser despojado sin una lucha decidida. Los distintos sectores de la sociedad, encabezados por los trabajadores, debe poner resistencia al despojo pretendido y que goza con el beneplácito del gobierno. Recordemos que fue precisamente contra la tiranía de Trujillo que tantos dieron su vida para asegurar un futuro mejor para las generaciones venideras. Hoy, enfrentamos una nueva amenaza que busca borrar esos logros. La historia nos enseña que la lucha por la dignidad y el respeto a los derechos es un camino que debemos andar con determinación y unidad. El gobierno de Luis Abinader y el PRM deben reflexionar sobre las implicaciones de apoyar tales movimientos empresariales. La verdadera fortaleza de una nación se mide por su capacidad de proteger a los más vulnerables, no por su disposición a sacrificar derechos fundamentales en el altar de la competitividad. Es hora de que el país defienda sus conquistas y garantice que los derechos laborales sigan siendo un pilar de nuestra sociedad.
Sindicatos de Ecuador denuncian ante OIT violaciones de derechos
Quito, 21 mar (Prensa Latina) Líderes del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) de Ecuador denunciaron hoy constantes violaciones de derechos laborales ante Mónica Quesada, especialista de la oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para los países andinos. Mediante un comunicado, el FUT explicó que en el encuentro con la funcionaria del organismo internacional establecieron una hoja de ruta para llevar a cabo las denuncias correspondientes y buscar soluciones efectivas para garantizar el respeto a los derechos de los empleados. Esta reunión representa un paso importante en la lucha por los derechos laborales y la justicia social en nuestro país, afirmó la entidad ecuatoriana. En las últimas semanas diversas organizaciones, incluidos gremios sindicales, han expresado su rechazo a la propuesta gubernamental de implementar los contratos por hora y a plazo fijo. Esa iniciativa consta en una de las preguntas que se someterá el 21 de abril venidero a consulta popular. De acuerdo con José Villavicencio, presidente del FUT, esas modalidades ya estuvieron vigentes desde el 2000 hasta el 2008 y no fue mejor, “esos contratos son precarios, generan explotación laboral». Ecuador se ubicó en 2023 entre los 10 peores países para los trabajadores en el mundo, según el Índice Global de los Derechos, elaborado por la Confederación Sindical Internacional (CSI). El informe refiere dos causas principales: las leyes regresivas y la violencia policial contra huelguistas. “El marco jurídico, sumamente restrictivo, ha seguido obstaculizando el desarrollo de sindicatos independientes fuertes en el país, y las autoridades han seguido impidiendo el registro de sindicatos en los sectores público y privado”, señala el documento de la CSI.