¡FRAUDE MONSTRUOSO! El modelo Bukele encierra, pero NO REHABILITA: experto advierte que “salen diablos” a las calles
Roberto Santana, director de Servicios Penitenciarios y Correccionales, desmonta la supuesta eficacia del sistema carcelario salvadoreño: lo califica como una “reacción de choque” sin reinserción real y sentencia que, sin terapia ni acompañamiento, los reos volverán a sus barrios más peligrosos que antes. Por THEO N. GUZMÁN Santo Domingo.- Mientras el mundo aplaude las megacárceles y el régimen de excepción de Nayib Bukele en El Salvador, una voz autorizada en políticas penitenciarias emerge con una advertencia helada: el sistema no rehabilita, solo aplasta. Y cuando la prensa libere a esas bestias, las devolverá más violentas a los barrios que las engendraron. “Eso no es un sistema, es una reacción de choque a una situación extrema”, sentenció este Roberto Santana, director de Servicios Penitenciarios y Correccionales, durante el Almuerzo de Medios del Grupo Corripio. Y su veredicto, desprovisto de contemplaciones, golpeó como un martillo: sin especialistas en conducta, sin acompañamiento psicológico ni armonía, el encierro masivo no es más que una pólvora seca esperando detonar en los suburbios. “Cuando tú humillas a una persona, lo que sale es el diablo”, advirtió Santana, con la crudeza de quien ha visto el fondo del pozo penitenciario en varios países de la región. Para él, edificar muros de máxima seguridad sin construir puentes de reinserción es una receta del fracaso a plazos. Porque en El Salvador no existe la pena de muerte, y la cadena perpetua no alcanzará para todos. La mayoría, tarde o temprano, regresará a sus comunidades de origen. Y allí, donde las maras son dueñas del miedo, los espera la misma tierra de nadie que los vomitó al crimen. “¿Qué es lo que hay que cambiar? El barrio”, disparó Santana, poniendo el dedo en la llaga que los gobiernos suelen esconder bajo alfombras de cemento y alambre de púas. El veterano reformador penitenciario explicó que El Salvador, junto a Honduras y Guatemala, se han convertido en corredores obligados para la migración ilegal hacia Estados Unidos. Esa geografía maldita, limítrofe con México, los transformó en bases naturales del crimen organizado. Hubo días, recordó, en que sólo San Pedro Sula, Honduras, amanecía con 34 muertes violentas. Y frente a esa hemorragia, los gobiernos eligieron la vía más fácil: encerrar, encerrar y encerrar. Pero Santana no vino a vender espejismos. Su receta es incómoda: un verdadero sistema de rehabilitación exige especialistas de la conducta, acompañamiento continuo y, sobre todo, un modelo sin humillación. “Un modelo sano, seguro, sin corrupción y que ayude a la convivencia democrática”, remató. La reflexión que hace Roberto Santana habla de realismo, mientras Bukele cosecha aplausos internacionales, es incómoda: ¿estamos creando supercárceles o superproblemas? Porque si Santana tiene razón, lo que hoy es una jaula inmensa, mañana será una fábrica de monstruos devueltos al vecindario. Y entonces, el diablo –como él mismo dice– ya no estará tras las rejas. Estará tocando la puerta de casa.
El Escudo y la Sombra: Abinader suscribe pacto militar regional en la cumbre de Trump
El mandatario dominicano estampó su firma en la \»Proclamación de Miami\» junto a once líderes afines al trumpismo, comprometiendo al país en una coalición militar hemisférica para combatir el narcotráfico. Mientras la Casa Blanca celebra una nueva alianza estratégica, analistas advierten que el acuerdo revive el espíritu intervencionista de la Doctrina Monroe y pone a prueba la autonomía de la política exterior dominicana. Por: VIRTUDES ÁLVAREZ SAMPEDRO MIAMI. – La mañana en Doral amaneció con el brillo metálico de los fairways y el peso de la historia geopolítica pisando la alfombra roja. A las 08:07, hora local, la comitiva presidencial dominicana cruzó las puertas del Centro de Convenciones del Trump National Doral Miami. Luis Abinader, vestido de traje oscuro y corbata azul, era recibido por Mónica Crowley, encargada de protocolo de la Casa Blanca, en un ceremonial milimétrico que dejaba claro quién es el anfitrión y quiénes los convidados. Minutos después, el mandatario se sentaba a una larga mesa de caoba junto a otros once líderes latinoamericanoso. En el centro, presidiendo la escena, Donald Trump observaba con la satisfacción del anfitrión que ha logrado reunir en su finca a un bloque ideológicamente afín. Sobre la mesa, un documento que pasará a la historia como la \»Proclamación de Miami\», el acta fundacional del \»Escudo de las Américas\». Abinader tomó la pluma y firmó. La imagen, difundida por la Dirección de Prensa del Presidente, lo muestra conversando animadamente con Trump mientras los asesores sellaban el acuerdo. En ese gesto, la República Dominicana se insertaba formalmente en una coalición militar regional cuyo objetivo declarado es \»combatir los carteles del narcotráfico\», pero cuyas implicaciones, advierten analistas, van mucho más allá de la retórica de la cooperación. Los términos del Escudo El acuerdo, según el comunicado oficial de la Presidencia, establece mecanismos de \»cooperación reforzada contra el crimen organizado\» y prevé el intercambio de inteligencia, la coordinación de operativos conjuntos y el fortalecimiento de las capacidades militares de los países miembros. Sin embargo, fuentes diplomáticas consultadas por umbral.local/ indican que el documento incluye cláusulas que permitirían el entrenamiento de fuerzas especiales por parte del Comando Sur de Estados Unidos y la posible instalación de centros de coordinación regional. Trump, en su intervención ante los mandatarios, fue claro en el espíritu que anima la alianza: \»Juntos vamos a proteger nuestra seguridad, soberanía compartida, libertad compartida e independencia\». Pero la retórica de la soberanía compartida contrasta con la asimetría evidente entre la superpotencia anfitriona y los doce países invitados. La cumbre, concebida como un foro de \»ideas afines\», excluye a las principales potencias democráticas de la región —México, Brasil, Colombia— que han mostrado reservas ante lo que consideran un regreso a las viejas prácticas intervencionistas. En su lugar, reúne a un arcoíris de la derecha hemisférica que va desde el libertarismo radical de Javier Milei hasta el autoritarismo pragmático de Nayib Bukele, pasando por el conservadurismo tradicional de Santiago Peña y la ultraderecha católica de José Antonio Kast. La sombra de Monroe Para la mirada histórica, el paralelismo resulta inevitable. En 1823, el presidente James Monroe proclamó la doctrina que lleva su nombre: \»América para los americanos\», un principio que durante dos siglos ha servido para justificar la hegemonía estadounidense en el hemisferio y su derecho a intervenir en los asuntos de sus vecinos del sur. Doscientos tres años después, la administración Trump ha encontrado un apodo para su versión actualizada: la \»doctrina Donroe\», un híbrido entre el ideario del magnate y la vieja aspiración imperial que nunca abandonó Washington. El \»Escudo de las Américas\» es su primera manifestación concreta. \»Este tipo de iniciativas responde al interés de Washington de consolidar alianzas en la región en línea con la histórica Doctrina Monroe\», advierten analistas internacionales consultados por este diario. Pero lo que en el siglo XIX se presentaba como protección frente a las potencias europeas, hoy se formula como un dique de contención frente a la influencia china y una militarización de la política migratoria. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, lo había adelantado en vísperas de la cumbre: la migración masiva es una amenaza para la civilización \»occidental y cristiana\». Ahora, con la firma de Abinader y sus pares, esa visión adquiere rango de compromiso internacional. El cálculo dominicano La Presidencia dominicana ha vendido la participación en la cumbre como una oportunidad para fortalecer los lazos con Washington y posicionar al país como socio estratégico. Abinader ha reiterado en diversas ocasiones que la relación con Estados Unidos es \»muy especial\», un pilar de su política exterior basado en fuertes lazos comerciales y valores democráticos compartidos. Pero el cálculo político tiene sus riesgos. Al sentarse a firmar esta alianza, Abinader vincula el destino del país a una agenda que en Estados Unidos es profundamente divisiva y en la región abiertamente excluyente. La foto con Trump, Bukele y Milei puede rendir frutos a corto plazo en términos de acceso a recursos o cooperación en seguridad, pero hipoteca la capacidad dominicana de mantener una política exterior equilibrada y autónoma. Horas antes de la firma, el Partido Comunista del Trabajo (PCT) había expresado su preocupación por las implicaciones del encuentro para la soberanía nacional. \»Podría tener implicaciones para la soberanía nacional y la de otros países de la región\», advirtió la organización en un comunicado. Una preocupación que, en los pasillos de Doral, pocos se atrevían a mencionar en voz alta. La jornada y sus ecos La cumbre no se agotó en la firma de la proclamación. A lo largo del día, Abinader sostuvo encuentros bilaterales con varios de los mandatarios presentes, en una intensa jornada de diplomacia paralela que incluyó un almuerzo ofrecido por Trump y una recepción nocturna del secretario de Estado, Marco Rubio. El presidente dominicano aprovechó la ocasión para impulsar iniciativas conjuntas en materia de seguridad regional y desarrollo económico, según informó su Dirección de Prensa. Pero el peso simbólico de la jornada ya estaba fijado: la firma, la foto, la mesa compartida. Mientras los líderes posaban para la imagen de familia, en las calles
Revelan pacto secreto entre Bukele y pandilleros que afecta política de Trump
The New York Times denuncia acuerdo entre El Salvador y Estados Unidos para deportar líderes de la MS-13, entorpeciendo investigaciones federales Por Thiago Zorrilla Acosta Una investigación del diario estadounidense The New York Times ha destapado un polémico acuerdo secreto entre el presidente salvadoreño Nayib Bukele y líderes de la pandilla MS-13, que influiría directamente en decisiones clave del expresidente Donald Trump y obstaculizaría investigaciones federales en Estados Unidos. Según el reportaje, la cooperación bilateral para transformar a El Salvador en una especie de cárcel para deportados desde Estados Unidos no solo incluye apoyo logístico para deportaciones masivas y condiciones carcelarias cuestionadas, sino también la repatriación de cabecillas de la MS-13, pese a que esta organización está catalogada en Estados Unidos como terrorista extranjera. El pacto, según el Times, habría permitido a Bukele obtener millones de dólares y la devolución de los principales líderes pandilleros bajo custodia estadounidense, con la aparente intención de que la justicia salvadoreña se haga cargo de ellos. Sin embargo, fiscales estadounidenses han acumulado pruebas que sugieren un acuerdo corrupto: altos dirigentes de la MS-13 habrían aceptado, a cambio de dinero y poder, colaborar con el gobierno de Bukele para fortalecer su lucha contra el crimen, apuntalando así su posición política. Esta alianza paradójica, presentada públicamente como una estrategia contra la delincuencia, en realidad estaría socavando las investigaciones estadounidenses sobre la MS-13, poniendo en entredicho la eficacia y transparencia de las políticas migratorias y de seguridad impulsadas durante la administración Trump. El reportaje completo ofrece un análisis detallado de esta compleja relación que mezcla intereses políticos, seguridad y migración, y deja en evidencia las tensiones y contradicciones en la lucha contra las pandillas centroamericanas.
Morrison critica política migratoria y propone enfoque distinto para Haití
Bukele no es modelo para la crisis haitiana, según amplios sectores dominicanos. Por Thiago Zorrilla Acosta En una entrevista reciente en el programa Esto No Tiene Nombre, Eglenin Morrison, presidente del partido Camino Nuevo, lanzó una crítica contundente a la política migratoria del gobierno dominicano encabezado por Luis Abinader. Según Morrison, el mandatario ha incumplido sus promesas de campaña y no ha enfrentado con decisión la compleja crisis haitiana que afecta la región. “El presidente Luis Abinader, cuando fue candidato, prometió que en un año, en 12 meses, iba a repatriar a todos los extranjeros indocumentados. Y eso no pasó”, recordó Morrison, señalando que esta promesa incumplida ha sido objeto de debate y viralización en redes sociales. Más allá de las palabras, el líder político denunció una corrupción enquistada en la frontera dominico-haitiana, que afecta la integridad del Estado y la seguridad ciudadana. “El presidente habla de 14 puntos, pero no hemos escuchado que se haya sometido a la justicia a funcionarios, militares, generales o coroneles involucrados en la corrupción y la trata en la frontera. Hay mil millones de pesos que se ha llevado la corrupción con descaro”, afirmó. Morrison calificó de “pirotecnia política” la imagen difundida del presidente Abinader junto a los expresidentes Fernández, Medina y Mejía, tachándola de una acción superficial que no aborda la profundidad de la problemática migratoria y social. “El presidente que faltó en esa foto fue Nayib Bukele”, afirmó, en referencia al mandatario salvadoreño, a quien elogió por su aparente firmeza y control territorial en El Salvador. Sin embargo, la comunidad internacional ha sido enfática al señalar que la estrategia de Bukele no debe ser tomada como modelo para Haití ni para la región. “Bukele ha impuesto un régimen autoritario, de corte dictatorial, que no puede ni debe presentarse como ejemplo para enfrentar la crisis haitiana”, han manifestado. Diversos sectores de la vida pública de la República Dominicana, entre los que se encuentran las organizaciones sociales más representativas y el movimiento de izquierda y democrático, han subrayó que la solución al conflicto en Haití debe partir desde los propios haitianos, con el apoyo de la comunidad internacional, pero dejando a los protagonistas haitianos liderar el proceso. “La intervención externa debe estar guiada por el respeto a la soberanía y los derechos del pueblo haitiano; la solución estable y duradera solo será posible si los haitianos son los principales actores en la búsqueda de su futuro”, enfatizaron. Respecto a la respuesta del presidente Abinader a la propuesta de Bukele de solicitar una intervención del Consejo de Seguridad de la ONU, Morrison la calificó de “irresponsable”. “Abinader dijo estar de acuerdo en que fuera parte de una misión internacional, pero esa postura fue una charlatanería, y lo digo con responsabilidad”, añadió con contundencia. Además de sus críticas migratorias, Morrison abordó temas económicos y de gobernabilidad. Denunció un alarmante nivel de endeudamiento bajo la gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM), señalando que “ya son más de 40 mil millones de dólares manejados con control total, incluso del Congreso Nacional”. Aunque reconoció que el financiamiento estatal es necesario para el desarrollo, se preguntó con firmeza: “¿Dónde están las obras?”. En materia fiscal, aunque inicialmente respaldó la reforma propuesta por el gobierno, lamentó la falta de pedagogía social y comunicación efectiva que generó desconfianza y resistencia en la población. “La gente entendía que esos recursos iban a parar en manos de la corrupción, o que se utilizarían para alimentar la campaña de los 11 precandidatos del gobierno, que ha perdido credibilidad y popularidad”, concluyó. Las palabras de Eglenin Morrison invitan a una reflexión profunda sobre los caminos que debe transitar República Dominicana en su política migratoria, económica y social. En el caso haitiano, advierte que ni la fuerza ni la imposición externa pueden resolver una crisis de tal envergadura. La salida debe ser construida en conjunto, con protagonismo haitiano y respaldo internacional, buscando la justicia, la estabilidad y la dignidad de un pueblo que ha sufrido demasiado. En este contexto, la política dominicana enfrenta el reto de combinar firmeza y respeto, claridad y honestidad, para atender a sus ciudadanos y vecinos con justicia y humanidad. La coyuntura exige más que promesas o imágenes, demanda acciones reales y responsables que construyan un futuro compartido en paz y desarrollo.
Gobierno de Maduro rechaza propuesta de intercambio humanitario planteada por Nayib Bukele
Tarek William Saab, fiscal general designado por Maduro, respondió con dureza al planteamiento y calificó la oferta como “cínica”. Por César Dalmasi Guzmán Caracas — El gobierno de Nicolás Maduro rechazó de manera tajante una propuesta del presidente salvadoreño Nayib Bukele, que planteaba un intercambio humanitario entre ambos países. La iniciativa buscaba la repatriación de 252 migrantes venezolanos desde El Salvador a cambio de la liberación de un número igual de opositores políticos detenidos en Venezuela. Tarek William Saab, fiscal general designado por Maduro, respondió con dureza al planteamiento y calificó la oferta como “cínica”. “Este sujeto al margen de la ley, de forma tiránica, decide quién puede gozar o no de vida y libertad en El Salvador”, señaló Saab, asegurando que el mensaje de Bukele “demuestra que estos ciudadanos están secuestrados a disposición unilateral” del mandatario salvadoreño. Bukele propuso un canje directo: la repatriación total de los venezolanos migrantes a cambio de la liberación de 252 presos políticos, entre ellos Rafael Tudares, Roland Carreño, Rocío San Miguel y Corina Parisca de Machado. Además, incluyó en su propuesta a casi 50 ciudadanos de otras nacionalidades. A pesar de las reiteradas denuncias de organizaciones como Amnistía Internacional sobre la existencia de presos políticos en Venezuela, Saab negó tales acusaciones, argumentando que los detenidos enfrentan cargos por delitos comunes o conspiración. El fiscal general también acusó a Bukele de utilizar el Centro de Confinamiento Temporal (Cecot) como un lugar para desapariciones forzadas y alegó que el presidente salvadoreño busca obtener dinero a cambio de los migrantes, por lo que anunció que enviará comunicaciones oficiales tanto a la Fiscalía como a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. La propuesta surge en un contexto de fuerte presión internacional sobre el régimen de Maduro, que recientemente juró un tercer mandato tras unas elecciones ampliamente cuestionadas. Según el Foro Penal Venezolano, más de 270 presos que ellos denominan políticos permanecen detenidos. La Corte Penal Internacional debería abrir expediente a Bukele por violacion de los derechos humanos y por no respetar el debido proceso. Paralelamente, el acuerdo migratorio entre Estados Unidos y Venezuela ha permitido la deportación de varios ciudadanos, algunos de ellos acusados de tener vínculos con el Tren de Aragua, una organización delictiva.
Bukele propone a Maduro canje de prisioneros por venezolanos deportados
El presidente Nayib Bukele, compartió este sábado una serie de fotografías inéditas de su reciente visita oficial a la Casa Blanca, donde sostuvo un encuentro con el mandatario estadounidense Donald Trump. Por Virtudes Álvarez Sampedro El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lanzó este domingo una propuesta para intercambiar prisioneros con el gobierno de Venezuela, planteando un canje entre los venezolanos deportados desde Estados Unidos que su administración mantiene encarcelados y los denominados \»presos políticos\» que, según Bukele, se encuentran detenidos en Venezuela. A través de una publicación en la red social X (antes Twitter), Bukele enumeró a varios familiares de figuras de la oposición venezolana de alto nivel, además de periodistas y activistas que fueron arrestados durante la represión electoral ejecutada por el gobierno de Nicolás Maduro el año pasado. \»La única razón por la que están encarcelados es por haberse opuesto a usted y a sus fraudes electorales\», señaló el mandatario salvadoreño en su mensaje dirigido a Maduro. En su propuesta humanitaria, Bukele planteó la repatriación del 100 % de los 252 venezolanos deportados y recluidos en El Salvador, a cambio de la liberación y entrega de un número idéntico de presos políticos que, según él, el gobierno venezolano mantiene tras las rejas. Actualmente, los venezolanos deportados están recluidos en una megaprisión conocida como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una instalación construida por el gobierno de Bukele en el marco de su ofensiva contra las pandillas que operan en el país. Esta medida ha provocado controversia, especialmente luego de que se revelara que entre los deportados se encuentra Kilmar Abrego García, un salvadoreño cuya situación ha generado batallas judiciales para su eventual regreso. El escrutinio internacional sobre la política salvadoreña hacia los deportados venezolanos ha aumentado en los últimos meses, debido a las acusaciones de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump, que los vinculó con pandillas como el Tren de Aragua, aunque con escasas pruebas. Las críticas no se han hecho esperar. El arzobispo de El Salvador, José Luis Escobar Alas, hizo un llamado público para que Bukele evite que el país se convierta en \»una gran prisión internacional\», advirtiendo sobre las implicaciones humanitarias y sociales de mantener a estos deportados en condiciones carcelarias. En respuesta a las críticas, Bukele defendió este domingo que todas las personas encarceladas forman parte de operaciones contra pandillas y grupos criminales, reiterando que su gobierno actúa con base en la seguridad nacional y el combate al crimen organizado. La propuesta de Bukele a Maduro abre un nuevo capítulo en la compleja relación entre ambos países y plantea un desafío diplomático que podría tener repercusiones en la política migratoria y de derechos humanos en la región.
\»El Tren de Aragua: Instrumentalización política y violación de derechos en la era Trump\»
Oficiales de la policía salvadoreña escoltan a presuntos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua, deportados por Estados Unidos a El Salvador. Julio Guzmán Acosta El fenómeno del Tren de Aragua (TdA) ha trascendido las fronteras de Venezuela para convertirse en un tema de debate internacional, no solo por su impacto como organización criminal, sino también por su utilización como herramienta política en el contexto de las tensiones entre Estados Unidos y el gobierno de Nicolás Maduro. Este reportaje profundiza en el alcance real de este grupo, su expansión regional, y cómo ha sido instrumentalizado por la administración de Donald Trump para justificar políticas migratorias draconianas y atacar al gobierno venezolano. El Tren de Aragua: Origen y alcance real El Tren de Aragua surgió en el estado Aragua, Venezuela, a principios de la década de 2010, inicialmente como una banda carcelaria. Con el tiempo, se expandió hacia otras regiones del país y luego a nivel internacional, estableciendo presencia en países como Colombia, Perú, Chile, Ecuador y Brasil. Su actividad criminal abarca una amplia gama de delitos, incluyendo tráfico de drogas, explotación sexual, secuestros, extorsión y tráfico de personas. Aunque el Tren de Aragua es una organización peligrosa, su alcance y capacidad operativa han sido exagerados en el discurso político. Según expertos en seguridad, el grupo no tiene la estructura ni el poder de los grandes carteles de droga mexicanos o de organizaciones como la MS-13. Sin embargo, su expansión internacional y su capacidad para infiltrarse en comunidades migrantes lo han convertido en un objetivo prioritario para las autoridades de varios países. La narrativa de la administración Trump La administración de Donald Trump ha utilizado al Tren de Aragua como un elemento central en su campaña para criminalizar la migración y justificar políticas antiinmigrantes. En marzo de 2025, la Casa Blanca acusó al \»régimen hostil\» de Nicolás Maduro de enviar a miembros del Tren de Aragua a Estados Unidos, afirmando que el gobierno venezolano mantiene \»estrechos lazos\» con la organización. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró: \»El Tren de Aragua fue enviado aquí por el régimen hostil de Maduro en Venezuela\». Esta afirmación, sin embargo, carece de pruebas concretas y ha sido cuestionada por expertos en seguridad y derechos humanos. La administración Trump ha invocado una ley de 1798 para deportar a supuestos miembros del grupo a El Salvador, donde son encarcelados en condiciones de máxima seguridad sin un debido proceso. El Departamento de Estado, bajo la dirección de Marco Rubio, ha intensificado esta narrativa, acusando a Maduro de mantener \»estrechos lazos con los narcoterroristas patrocinados por el régimen\». Tammy Bruce, portavoz del Departamento de Estado, afirmó que el Tren de Aragua \»está estrechamente asociado, alineado y, de hecho, ha infiltrado el régimen de Maduro\». Estas declaraciones han sido utilizadas para justificar la deportación masiva de migrantes venezolanos, muchos de los cuales son acusados de pertenecer al grupo sin pruebas contundentes. La deportación de migrantes y la complicidad de gobiernos autoritarios Una de las prácticas más controvertidas de la administración Trump ha sido la deportación de migrantes venezolanos acusados de pertenecer al Tren de Aragua a El Salvador, donde son encarcelados en prisiones de máxima seguridad. Esta medida ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos, que denuncian la falta de transparencia y el incumplimiento del debido proceso. El gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, conocido por su enfoque autoritario en la lucha contra las pandillas, ha colaborado estrechamente con Estados Unidos en esta iniciativa. Bukele ha utilizado la retórica de la \»mano dura\» para justificar la detención y encarcelamiento de cientos de migrantes venezolanos, muchos de los cuales no tienen vínculos comprobados con el Tren de Aragua. Estas personas son sometidas a condiciones inhumanas, sin acceso a representación legal adecuada y sin que se respeten sus derechos fundamentales. Esta colaboración entre Estados Unidos y El Salvador ha sido descrita como una \»alianza contra los derechos humanos\», en la que ambos gobiernos utilizan la lucha contra el crimen organizado como excusa para consolidar políticas represivas y violar los derechos de los migrantes. La respuesta de Venezuela El gobierno de Nicolás Maduro ha rechazado las acusaciones de la administración Trump, calificándolas como una \»campaña de desinformación\» destinada a desestabilizar a Venezuela. Maduro ha ordenado incrementar los esfuerzos para repatriar a los migrantes venezolanos detenidos en Estados Unidos y otros países. En un comunicado reciente, el gobierno venezolano anunció la llegada de 306 personas repatriadas desde México, en un esfuerzo por demostrar su compromiso con la protección de sus ciudadanos. Sin embargo, las tensiones entre Caracas y Washington siguen siendo altas, especialmente en el contexto de las deportaciones masivas y las acusaciones de vínculos con el Tren de Aragua. La violación de derechos humanos y el peligro de la criminalización generalizada La criminalización de los migrantes venezolanos bajo la premisa de su presunta pertenencia al Tren de Aragua ha llevado a una violación sistemática de sus derechos humanos. Muchos de estos migrantes son detenidos sin pruebas, sometidos a procesos judiciales irregulares y confinados en condiciones inhumanas. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado estas prácticas, señalando que la administración Trump y gobiernos como el de Bukele están utilizando la lucha contra el crimen organizado como una excusa para implementar políticas represivas y violar los derechos fundamentales de las personas. Además, esta criminalización generalizada ha creado un clima de miedo y desconfianza hacia los migrantes venezolanos, lo que ha exacerbado la xenofobia y la discriminación en varios países de la región. Conclusión: Entre el crimen y la política El Tren de Aragua es, sin duda, una organización criminal que representa un desafío para la seguridad regional. Sin embargo, su instrumentalización política por parte de la administración Trump y gobiernos como el de Bukele ha llevado a una violación sistemática de los derechos humanos y a la consolidación de políticas represivas y autoritarias. Es imperativo que la comunidad internacional exija transparencia y respeto por los derechos humanos en la lucha contra el crimen organizado. La criminalización
El presidente dominicano es el segundo mandatario mejor valorado de Latinoamérica, según CID Gallup
SERVICIOS umbral.local/ SANTO DOMINGO. – Luis Abinader, presidente de la República Dominicana, ocupa el segundo lugar de los gobernantes mejor valorados en una encuesta llevada a cabo en mayo pasado por la empresa CID Gallup. El mandatario dominicano en esa encuesta solo es superado por el jefe del estado salvadoreño, Nayib Bukele, Recordemos que la CID Gallup, es una empresa que tiene mas de 45 años haciendo estudios de opinion en Centro América y financiada por medio de la venta de información a diversas instituciones y organismos internacionales. La firma encuestadora señaló que con un 92% Bukele se mantiene como el presidente mejor valorado por sus conciudadanos entre doce países, seguido de Abinader, quien goza de un 66% de aprobación, superando a Rodrigo Chaves de Costa Rica, quien con 55% ocupa el tercer lugar. En el cuarto lugar se encuentra el presidente Fernando Arévalo de Guatemala 54%, seguido de la mandataria hondureña Xiomara Castillo con 52%. Según la encuesta, Dina Boluarte, de Perú, y Laurentino Cortizo de Panamá, son quienes peores calificaciones reciben de sus compatriotas, quienes les critican fuertemente y buscan un cambio de mando con las elecciones. La encuestadora explicó que el trabajo se hizo en mayo, entrevistando a 13,200 ciudadanos de los distintos países (1,200 personas en cada uno), en una muestra representativa de la población adulta con teléfono celular. El estudio tiene un margen de error igual a ±2.8 puntos en cada país, calculado con un nivel de confianza igual al 95%. Entre los doce países latinoamericanos donde se realizo el levantamiento de los datos de opinión, no figura México ni Brasil, los dos países mas grandes de la region y que están dirigidos por dos presidentes que gozan de gran apoyo de su población, como Manuel Lopez Obrador, de México y Lula Da Silva, de Brasil.