¡A las puertas del Palacio Nacional! Multitud exige fin de la informalidad laboral y una seguridad social digna
Cientos de trabajadores, encabezados por la Unión Clasista y el Movimiento de Mujeres Trabajadoras, marcharon este viernes hacia la sede del Gobierno para reclamar mejores salarios, estabilidad y cambios urgentes a la Ley 87-01. Por Julio Guzmán Acosta Santo Domingo. – “Esta lucha va a llegar al Palacio Nacional”. El grito no fue una metáfora. Este viernes, cientos de trabajadores convirtieron la consigna en una marea humana que partió desde el plaza Mauricio Báez y se plantó frente a la sede del Gobierno, en una jornada de reclamos que sacudió el centro de la capital dominicana en el marco del Día Internacional del Trabajo. Con banderas, pancartas y la fatiga de años de promesas incumplidas, la Unión Clasista de Trabajadores y el Movimiento de Mujeres Trabajadoras, junto a otras organizaciones populares, exigieron mejores salarios, seguridad social efectiva y una modificación profunda a la Ley 87-01 de Seguridad Social. La marcha, iniciada a las 10:00 de la mañana, paralizó el tránsito durante horas y devolvió a la agenda nacional las heridas abiertas del mercado laboral dominicano. Ya frente al Palacio Nacional, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, soltó cifras que retumbaron entre los presentes: “Más del 56 % de los trabajadores dominicanos están en la informalidad. Sin seguridad social, sin estabilidad, sin derechos”. Hidalgo fue contundente: transformar la actual Ley 87-01 es una urgencia, no una ocurrencia, tal como lo ha planteado la Coalición por una Seguridad Social Digna. Pero el dirigente magisterial fue más lejos. Encendió las alarmas sobre lo que calificó como el verdadero propósito oculto del alto empresariado y de sectores oficialistas: “La eliminación o reducción del auxilio de cesantía es la intención real. Eso no lo podemos permitir bajo ninguna circunstancia”. Además, exigió el pago inmediato de prestaciones adeudadas a miles de servidores públicos desvinculados y una reducción temporal del ITBIS en productos esenciales. Las voces del descontento cotidiano Rosa Mateo llegó desde Hato Nuevo, en Manoguayabo, con la cuenta clara de lo que duele vivir con lo mínimo. “Con un sueldo de 18 mil pesos hay que pagar transporte y alimentación. No alcanza. Todo está carísimo”, dijo a umbral.local/ con la mirada fija en la fachada gubernamental. Pablo Ulloa, por su parte, puso el dedo en otra llaga: el maltrato laboral. “Trabajo en una empresa donde tengo varios jefes. El principal es buena persona, pero los otros maltratan y humillan. Eso desgasta y afecta el desempeño”, confesó mientras levantaba su pancarta. La juventud también gritó presente No fue sólo una marcha de veteranos sindicales. Starlin Quezada, presidente de Juventud Caribe, denunció con crudeza el desempleo juvenil: “Ahora mismo no hay garantías para que los jóvenes profesionales puedan conseguir su primer empleo. El Estado no ofrece suficientes oportunidades a los universitarios para costear sus estudios con trabajos dignos”. Y sentenció: “Es una falla del sistema que limita la participación de nuevos talentos y restringe el acceso a oportunidades laborales”. Después de varias horas de marchar, los manifestantes permanecieron varias horas en las inmediaciones del Palacio Nacional. No hubo diálogo inmediato con las autoridades, pero la advertencia quedó escrita en cada consigna: la lucha sigue. Y esta vez, prometen, no terminará en las afueras del poder.
Reclaman Justicia en el caso de Paula Santana
“Es inaceptable que el caso de Paula haya sido cerrado sin que se hayan agotado todas las instancias de investigación. Exigimos que se haga justicia”, afirmó Luz Eneida Mejía, presidenta del Movimiento de Mujeres Trabajadoras (MMT) Por Servicios umbral.local/ Santo Domingo Este. – La angustia y el clamor por justicia se escuchó con fuerza en la voz de Luz Eneida Mejía, presidenta del Movimiento de Mujeres Trabajadoras (MMT, quien ha alzado su voz para exigir respuestas en el trágico caso de Paula Santana Escalante. La joven de 23 años fue hallada muerta en una alcantarilla cerca de la Zona Franca de Las Américas, un hecho que ha conmocionado a la sociedad dominicana y que ha puesto en el centro de la atención la necesidad de justicia frente a la violencia de género y el acoso laboral. El caso de Paula, ocurrido en febrero de este año, había sido archivado por el Ministerio Público por falta de pruebas, una decisión que generó indignación tanto en su familia como en organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, la situación dio un giro cuando el presidente Luis Abinader ordenó la reactivación de las investigaciones, lo que ha renovado la esperanza de sus familiares y de quienes luchan por la justicia. “Es inaceptable que el caso de Paula haya sido cerrado sin que se hayan agotado todas las instancias de investigación. Exigimos que se haga justicia”, afirmó Mejía, quien destacó que la muerte de Paula no solo es un caso aislado, sino un reflejo de un sistema que a menudo protege a los culpables, todo parece indicar que se trata de proteger a familiares o altos cargos de la empresa de la zona franca donde la joven trabajaba. La presidenta del MTS enfatizó que “el silencio de las autoridades y la falta de acción frente a las denuncias de acoso que hizo Paula son un claro indicio de que hay intereses ocultos en este caso”. A pesar de la reactivación de la investigación, la familia de Paula y sus representantes legales, como el abogado Pedro Duarte Canaán, siguen cuestionando la falta de contundencia en la investigación. “Nos preocupa que el archivo provisional del caso favorezca a los acusados, Joaquín Alexander Hidalgo Marte (Alex) y Alex Elvin Cruz Díaz (Chuki), a quienes se les acusa de la muerte de Paula. La ausencia de pruebas no puede ser un argumento para dejar a los culpables en libertad”, argumentó Duarte Canaán. A ello se suma el hecho de que la madre de Paula había denunciado el acoso que sufría por parte de un compañero de trabajo, una denuncia que la empresa ignoró y que ahora se convierte en un punto clave en la búsqueda de justicia. Familiares y activistas del Movimiento de Mujeres Trabajadoras reclaman justicia para Paula Santana (foto umbral.local/Vickiana Morla) El dolor de la familia solo encontrara alivio cuando se haga justicia. La madre de Paula, Johanny Escalante, ha expresado su frustración al ver que la vida de su hija fue tratada con tanta ligereza. “Nadie escucha nuestras súplicas. Paula no solo era una víctima, era una joven con sueños y aspiraciones”, lamentó. En este contexto, la intervención del Ministerio de Trabajo ha sido cuestionada, ya que se alega que ha habido intentos de encubrir la verdad y proteger a los responsables. “Estamos frente a un caso donde parece que se quiere aplicar el látigo a los más vulnerables, mientras los verdaderos culpables quedan impunes”, sostuvo el abogado Johan Manuel Mateo, quien representa a la familia de Paula. Luz Eneida Mejía y otros activistas continúan presionando para que la justicia prevalezca en este caso y para que se tomen medidas concretas que garanticen la protección de las mujeres en el ámbito laboral y más allá. “Este caso no puede quedar en el olvido. Paula merece justicia, y todas las mujeres merecen vivir sin miedo”, concluyó Mejía, reafirmando su compromiso en la lucha por un mundo más justo. La historia de Paula Santana es un claro ejemplo de que, en la búsqueda de justicia, la voz de la sociedad civil y sus organizaciones representativas es fundamental para desafiar las injusticias y reclamar un cambio real en un sistema que a menudo falla a las víctimas.