Horarios de venta de alcohol seguirán vigentes por dos años tras fallo del Tribunal Constitucional
Los horarios para la venta de bebidas alcohólicas en colmados, bares, discotecas, casinos y otros centros de diversión permanecerán sin cambios durante los próximos dos años, pese a que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el Decreto 308-06. La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó que el Gobierno acatará la decisión y colaborará con el Congreso Nacional en la elaboración de una nueva legislación. Por Virtudes Álvarez Sampedro Santo Domingo. La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, aseguró este miércoles que el Gobierno respetará y acatará la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declaró inconstitucional el Decreto 308-06, el cual regula los horarios para el expendio de bebidas alcohólicas en establecimientos de diversión. No obstante, la funcionaria aclaró que la propia alta corte dispuso que el decreto continúe vigente durante un período de dos años, con el propósito de otorgar tiempo suficiente al Congreso Nacional para aprobar una nueva legislación que regule la materia conforme a los principios constitucionales. A través de una publicación en su cuenta de X (antes Twitter), Raful expresó que el Ministerio de Interior y Policía acompañará el proceso legislativo y promoverá el diálogo con los distintos sectores de la sociedad. “Respetamos y acatamos su decisión. Al mismo tiempo, acompañaremos al Congreso y escucharemos a la sociedad para construir una normativa moderna, efectiva y acorde con las necesidades del país”, manifestó la funcionaria. Asimismo, reiteró que la prioridad de la institución seguirá siendo preservar la seguridad ciudadana, proteger la vida y garantizar la convivencia pacífica en todo el territorio nacional. Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el decreto La reacción de Raful se produjo un día después de que el Tribunal Constitucional emitiera la sentencia TC/0689/26, del 28 de julio de 2026, mediante la cual declaró inconstitucional el Decreto 308-06, promulgado por el Poder Ejecutivo en 2006. La decisión respondió a una acción directa de inconstitucionalidad presentada por el ciudadano Víctor Eddy Mateo Vásquez. El alto tribunal concluyó que, aunque la regulación de los horarios de venta de bebidas alcohólicas persigue un objetivo legítimo vinculado al orden público y la seguridad ciudadana, el decreto permaneció vigente de manera indefinida sin el soporte legal exigido por la Constitución. Horarios se mantienen mientras el Congreso legisla Pese a la declaratoria de inconstitucionalidad, el TC moduló los efectos de su decisión y mantuvo temporalmente la vigencia del decreto para evitar un vacío normativo. En consecuencia, continuarán aplicándose los horarios establecidos desde 2006: De domingo a jueves, la venta de bebidas alcohólicas está permitida hasta las 12:00 de la medianoche. Los viernes y sábados, el expendio podrá realizarse hasta las 2:00 de la madrugada. La normativa también contempla sanciones para los establecimientos que incumplan las restricciones, incluyendo el cierre temporal o definitivo de los negocios. Durante los próximos dos años, el Congreso Nacional deberá debatir y aprobar una ley que sustituya el decreto y establezca un marco jurídico acorde con la Constitución y las necesidades actuales del país.
Un Hito para la Seguridad Ciudadana: La Nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional Ingresa al Congreso
El proyecto, resultado de una exhaustiva revisión técnica y de contenido, busca dignificar la carrera policial, fortalecer la meritocracia y establecer parámetros modernos para el uso proporcional de la fuerza. Por Servicios umbral.local/ Santo Domingo. – En un paso decisivo hacia la transformación institucional, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, anunció que el proyecto de la nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional ha sido depositado ante el Congreso Nacional y se encuentra en una fase avanzada de revisión técnica y de contenido. Esta iniciativa, elaborada por una comisión especial designada por el Poder Ejecutivo, representa el eje central del proceso de reforma policial, con el objetivo de dotar al cuerpo del orden de bases legales sólidas para su fortalecimiento operativo e institucional. Raful destacó que la propuesta incluye avances significativos, entre los cuales resaltan la dignificación de la carrera policial, el fortalecimiento de la meritocracia como principio rector, y la definición de parámetros precisos para el uso proporcional de la fuerza. Asimismo, el proyecto contempla un nuevo sistema de pensiones y seguridad social para los agentes retirados, junto a mecanismos de formación continua, evaluación permanente y monitoreo institucional, diseñados para elevar los estándares de desempeño, disciplina y respeto a los derechos fundamentales. La ministra reiteró el compromiso del Ministerio de Interior y Policía con la supervisión y acompañamiento del proceso, a fin de garantizar el cumplimiento de la normativa. Además, enfatizó que la convivencia ciudadana y el respeto a las normas constituyen pilares fundamentales para una seguridad efectiva y una relación renovada entre la ciudadanía y las autoridades. Con esta ley, se sientan las bases para una policía más profesional, transparente y al servicio de la sociedad, en línea con los estándares internacionales y las demandas de la ciudadanía dominicana.
Ministerio de Interior y Policía: La ausencia de una ley orgánica que pone en riesgo los derechos ciudadanos
La falta de un marco legal claro abre la puerta a actos arbitrarios y discrecionales que afectan libertades fundamentales Por Ángel F. Guzmán El Ministerio de Interior y Policía, una de las instituciones clave para la seguridad y el orden público en el país, opera actualmente sin una ley orgánica que regule su estructura, funciones y límites. Esta carencia, señalada con preocupación por expertos en derecho y administración pública, genera un vacío normativo que facilita decisiones arbitrarias con impacto directo en los derechos y libertades de la ciudadanía. La Constitución de la República, en su artículo 112, define que las leyes orgánicas deben regular aspectos fundamentales, tales como derechos esenciales y la organización de los poderes públicos. Sin embargo, el Ministerio no cuenta con esta norma de rango superior que legitime y delimite su accionar. Por ello, se sustenta en decretos y resoluciones, muchas de ellas heredadas de épocas autoritarias, que no garantizan la debida seguridad jurídica ni la transparencia en sus actuaciones. Este vacío legal se traduce en medidas que afectan derechos de libertad privada, de empresa, tránsito y consumo, como ocurre con las regulaciones sobre el horario de expendio de bebidas alcohólicas, establecidas mediante resoluciones administrativas y no por una ley que otorgue plena legitimidad. Un ejemplo reciente fue la prohibición del expendio de alcohol durante el Viernes Santo, medida emitida bajo la resolución MIP-RR-001-2025, que ha sido objeto de críticas por su potencial arbitrario uso y ausencia de fundamentos claros. El abogado penalista Chanel Liranzo advierte que “el Ministerio, al regirse principalmente por decretos y resoluciones propias, pierde fuerza institucional y coloca a la ciudadanía en una situación vulnerable ante decisiones discrecionales”. Por su parte, el doctor en Administración Víctor Eddy Mateo subraya que “sin una ley orgánica que habilite expresamente las restricciones, las sanciones pueden caer en lo arbitrario, vulnerando derechos fundamentales y desconociendo el principio de legalidad”. La problemática se extiende a otros ámbitos, como la incautación de bocinas por supuestos niveles sonoros excesivos. Mateo señala que esta materia está regulada por leyes ambientales específicas y que la intervención debe ser competencia de la Procuraduría Especializada con apoyo policial, no una iniciativa unilateral del Ministerio. En la práctica, se han reportado casos donde se han clausurado establecimientos, retirado mobiliario y detenido personas sin fundamento legal suficiente, generando un clima de inseguridad jurídica y abuso de autoridad. Actualmente, el Ministerio de Interior y Policía debe responder a diversas normativas parciales, como la Ley de Migración, la Ley Orgánica de la Policía Nacional y la Ley de Control de Armas, pero ninguna de estas leyes establece un marco rector integral. Las resoluciones internas, por su parte, funcionan como autorregulación, lo que incrementa la posibilidad de irregularidades. La promulgación de una ley orgánica no solo fortalecería la institucionalidad del Ministerio, sino que también garantizaría el respeto a los derechos de la ciudadanía, estableciendo límites claros y procedimientos transparentes. Este tipo de legislación requiere una mayoría calificada en el Congreso Nacional, reflejando la importancia y la solemnidad de su contenido. En suma, la ausencia de una ley orgánica para el Ministerio de Interior y Policía no es un mero vacío técnico, sino un riesgo tangible para el Estado de derecho y la convivencia pacífica, que demanda una pronta y responsable atención legislativa.
Marcha del 27 de abril: una prueba de dignidad y firmeza democrática
En las últimas semanas, las organizaciones de izquierda del país, junto a decenas de movimientos sociales, han convocado una gran marcha para conmemorar el 60 aniversario de la revolución de abril de 1965, con la autorización del Ministerio de Interior. Esta movilización recorrerá varias calles de la capital y concluirá en el Parque Independencia, frente a la estatua del Coronel Francisco Alberto Caamaño Deño, un líder indiscutible de la Revolución de Abril de 1965 y símbolo eterno de la defensa de la democracia y la soberanía nacional. Este acto de protesta y memoria es más que una simple manifestación: es la expresión viva del pueblo que no olvida su historia de lucha y que reclama justicia, igualdad y respeto a los derechos fundamentales. Caamaño Deño, su ejemplo y su legado nos recuerdan que la defensa de los mejores intereses nacionales requiere compromiso, valentía y coherencia. En este contexto, es imposible pasar por alto la amenaza que representa la denominada Antigua Orden Dominicana, un grupo que irrumpió en el escenario político hace un par de años con un discurso de odio y un patriotismo simplón, carente de auténtica tradición democrática y sin un real compromiso con la defensa de los intereses populares. Su retórica ha calado en sectores sin tradición de lucha, utilizando el tema haitiano como bandera para promover división y exclusión. Aunque si se acogieran al marco constitucional no habría objeción, su práctica paramilitar y autoritaria es motivo de gran preocupación. Son ellos quienes deciden quién marcha y quién no, han estado provocando desde hace años, boicoteando la puesta en circulación de libros, impidiendo marchas autorizadas, agrediendo a quienes no comparten sus ideas y pretendiendo erigirse como sustitutos de las autoridades competentes. Amplios sectores de la vida nacional, con una larga trayectoria en la lucha por la democracia, han advertido al gobierno sobre la peligrosa deriva que esta banda fascista viene recorriendo. La inacción oficial frente a estos hechos solo ha servido para envalentonar a estos grupos que actúan con impunidad, poniendo en riesgo la paz social y el orden democrático. El próximo domingo 27 de abril puede ser una jornada decisiva: puede haber una desgracia si no se toman medidas serias y contundentes. Pero debemos tener claro que los hombres y mujeres de izquierda no nos dejaremos amedrentar. Ni Trujillo ni Balaguer pudieron doblegar la voluntad de lucha de este pueblo, mucho menos unos carajos envalentonados que actúan al margen de la ley y del respeto. Por eso, hago un llamado a todos los sectores democráticos, progresistas y a la ciudadanía en general a que participen sin miedo en la marcha del 27 de abril. Que la movilización sea multitudinaria y firme, una demostración de que el pueblo dominicano no se rinde ni se arrodilla ante amenazas o provocaciones. Exigimos al gobierno que actúe con responsabilidad y firmeza para garantizar el orden público y la seguridad de los manifestantes. La tolerancia ante la impunidad solo fortalece a quienes buscan desestabilizar la convivencia pacífica. Si el gobierno no cumple con su deber, esa banda de forajidos sabrá que aquí hay un pueblo con los pantalones bien puestos, dispuesto a defender la democracia y la justicia social con todas sus fuerzas. Julio Guzmán Acosta Es director de Umbral Abril 2025
Reportaje Especial: La marcha racista de la Antigua Orden Dominicana en \»El Hoyo de Friusa
Un acto de provocación con tintes fascistas contra la comunidad haitiana, ante la pasividad del Estado. Por Julio Guzmán Acosta Punta Cana, La Altagracia.– Bajo la máscara del \»patriotismo\», la organización ultranacionalista Antigua Orden Dominicana ha convocado para este domingo 30 de marzo una marcha en \»El Hoyo de Friusa\», un barrio mayoritariamente haitiano en Bávaro. El evento –autorizado por el Ministerio de Interior y Policía– revela el alarmante ascenso de grupos xenófobos en República Dominicana y la complicidad estatal ante discursos de odio. El objetivo real: una provocación racista El lugar elegido no es casual. Las autoridades migratorias han descrito esta zona como \»la esquina más peligrosa del país\» –no por la delincuencia, sino por su concentración de haitianos–. En 2022, el entonces director de Migración, Enrique García, admitió que requerían \»150 militares para intervenir\» el área, describiéndola como un \»problema mayúsculo\». La marcha busca exhibir fuerza frente a una comunidad vulnerable: Simbolismo fascista: Penetrar \»pacíficamente\» (según sus declaraciones) en un territorio estigmatizado como \»Pequeño Haití\» reproduce tácticas de intimidación usadas por grupos supremacistas en otros países. Respaldo político: Abel Martínez, excandidato presidencial del PLD, apoyó públicamente la convocatoria, legitimando su narrativa xenófoba. El Hoyo de Friusa: estigmatización y abandono Fundada en los 90, esta comunidad es víctima de un doble discurso: mientras el Estado la criminaliza, permite su crecimiento precario sin políticas de integración. Datos revelan: Falta de cifras oficiales: Migración no transparenta el número real de haitianos, pero residentes confirman su presencia mayoritaria. Negligencia estatal: Pese a tener escuela, liceo y destacamento policial (construido en 2014), las autoridades han fracasado en combatir redes de trata, prostitución y narcotráfico que sí existen, pero que se usan como excusa para estigmatizar a toda la población haitiana. Tácticas de la Antigua Orden Dominicana: del discurso de odio a la acción Este grupo –que ya ha realizado marchas en el Distrito Nacional– emplea un guion similar al de organizaciones neofascistas globales: 1. Deshumanización: Reducen a los haitianos a \»invasores\», ignorando que muchos llevan décadas en el país. 2. Teatralización de la \»defensa nacional\»: Usan uniformes y simbología que evocan milicias paramilitares. 3. Colaboración pasiva del Estado: La autorización de la marcha viola la Ley 139-01 sobre discriminación racial y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que RD ha ratificado. Silencio cómplice del gobierno Mientras colectivos de derechos humanos denuncian el riesgo de violencia, el gobierno de Luis Abinader: -No ha condenado la manifestación, pese a su carácter abiertamente discriminatorio. – Incumple sus obligaciones: El artículo 39 de la Constitución dominicana prohíbe expresamente \»incitación al odio nacional, racial o religioso\». Testimonios anonimos de haitianos en Friusa consultados para este reportaje expresan temor: \»Esto es una excusa para atacarnos. Si vinieran a ayudar, no llegarían con pancartas y cámaras\». ¿Qué sigue? Organizaciones como el Movimiento Reconocido y MOSCTHA han alertado que la marcha podría derivar en: – Ataques violentos contra haitianos, bajo la mirada pasiva de autoridades locales. – Normalization de acciones similares en otras comunidades marginadas. Contexto internacional: La ONU ya ha advertido a RD por el \»racismo estructural\» en su política migratoria (2023). Esta marcha confirma que el problema no son solo las deportaciones, sino la tolerancia a grupos que promueven el odio étnico. — Conclusión: Lo que ocurra este domingo en Friusa será un termómetro de hasta qué punto el Estado dominicano está dispuesto a permitir que el fascismo se vista de \»patriotismo\». La comunidad internacional no puede ignorarlo. -Este reportaje se basó en investigaciones de campo, archivos de Bávaro News, medios de comunicaciones y testimonios de residentes de Friusa que pidieron anonimato por seguridad.
Interior y Policía prohíbe venta de bebidas alcohólicas durante Viernes Santo
Jesús -Chú- Vásquez Martínez, Ministro de Interior y Policía, en foto de archigo SERVICIOS umbral.local/ SANTO DOMINGO. – El Ministerio de Interior y Policía prohibió la venta y expendio de bebidas alcohólicas desde las 12:01 de la mañana del Viernes Santo, hasta esa misma hora del Sábado de Gloria, con el objetivo de evitar accidentes, pérdidas humanas y para que todas las familias disfruten de la paz y tranquilidad que representa el asueto de la Semana Mayor. Mediante la Resolución Núm. MIP-RR-00021-2024, reitera que es ilegal la venta de alcohol a menores de edad y la contaminación sónica, o alto volumen, así lo indicó la entidad mediante una nota de prensa. Advirtió que la violación podría generar el cierre temporal o definitivo del establecimiento y la cancelación de los permisos de operación, sin perjuicio de otras sanciones establecidas en las leyes. Indicó que el Programa de Control de Bebidas Alcohólicas (COBA), con el apoyo de la Policía Nacional velará por el cumplimiento de la disposición y tomará las acciones correspondientes.