Observatorio de Políticas Migratorias traza pautas para Gran Foro de Migración
Miguel Franjul, presidente de la Comisión Ejecutiva del OPM y director de Listín Diario, encabeza primera reunión de planificación y organización del foro. Por Virtudes Álvarez Sampedro Santo Domingo.- El Comité Técnico del Observatorio de Políticas Migratorias (OPM) inició los preparativos para la celebración del Gran Foro sobre Migración, que se llevará a cabo antes de que finalice el presente año. Este evento busca convertirse en un espacio de participación plural para la sociedad civil y los diversos sectores vinculados al tema migratorio, así como para evaluar el cumplimiento de las quince medidas anunciadas por el gobierno dominicano en abril pasado. La primera reunión de planificación, encabezada por el presidente de la Comisión Ejecutiva del OPM y director de Listín Diario, Miguel Franjul, tuvo lugar en la sede del periódico. En ella participaron miembros del Comité Técnico y representantes de las instituciones vinculadas al organismo. Durante el encuentro, se acordó estructurar el foro en torno a cuatro grandes temas, los cuales serán debatidos mediante paneles y mesas de trabajo integradas por equipos multidisciplinarios de expertos. Estas mesas tendrán la misión de analizar en profundidad los ejes centrales y presentar propuestas concretas. El foro se concibe como un ámbito abierto y participativo, destinado a fomentar el diálogo entre la ciudadanía y los actores clave en la implementación de las políticas migratorias. Además, se afinaron los detalles para la próxima apertura del centro de datos del OPM, que funcionará en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC). El Observatorio de Políticas Migratorias fue creado mediante el Decreto núm. 215-25, emitido por el presidente Luis Abinader, con el objetivo de fortalecer la vigilancia ciudadana, la transparencia y la participación social en el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas migratorias del Estado dominicano. Desde su instalación, el OPM ha mantenido encuentros con diversos sectores y realizado visitas de campo para supervisar la ejecución de las medidas anunciadas. Medidas para enfrentar la migración irregular El Observatorio forma parte de las quince medidas presentadas por el gobierno para enfrentar la inmigración irregular y garantizar la seguridad nacional. Entre estas se incluyen: ampliar la capacidad de supervisión en la frontera, reforzar la vigilancia con mayor presencia militar, acelerar la construcción del muro fronterizo, incorporar nuevos agentes migratorios y instalar oficinas de control en todas las provincias. Asimismo, se busca eficientizar las repatriaciones, establecer un protocolo para regular el acceso a hospitales públicos de personas en condición migratoria irregular e impulsar la dominicanización del empleo en el marco de la discusión salarial tripartita. Estas acciones reflejan la determinación del Estado de abordar el fenómeno migratorio de manera integral, combinando control fronterizo con políticas sociales y de inclusión laboral. El Gran Foro sobre Migración se erige así como una plataforma esencial para la reflexión colectiva y la construcción de consensos en uno de los temas más sensibles y complejos de la agenda nacional.
Migración bajo fuego: confiscan sueños junto a bienes
La CNDH denuncia que el Estado viola la Constitución al incautar propiedades de migrantes sin orden judicial y prepara un amparo para frenar lo que califica como \»despojo sistemático\». Por Julio Guzmán Acosta Santo Domingo.— Entre leyes rotas y maletas vacías, la Dirección General de Migración opera un mercado gris de confiscaciones que ahora la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) expone con documentos en mano. Manuel María Mercedes Medina, su presidente, desgrana ante la prensa una paradoja jurídica: mientras la Constitución dominicana borró en sus reformas los obstáculos para que extranjeros adquieran propiedades, el Estado arrebata bienes a migrantes detenidos —desde relojes hasta viviendas— sin sentencia que lo avale. \»El Código Civil exige una orden judicial para legitimar estas apropiaciones. Aquí hay un *Estado que actúa como juez y verdugo*\», sentencia Mercedes, mientras anuncia un recurso de amparo para paralizar lo que define como saqueo institucionalizado. La advertencia llega con filo: quienes compren en subastas estos bienes \»quedarán atrapados en un laberinto legal sin títulos válidos\». El caso revela grietas más profundas. Muchas propiedades incautadas pertenecen a terceros —familiares o socios dominicanos— que, según la CNDH, enfrentan un vacío procesal para reclamarlas. La institución urge crear mecanismos de devolución o custodia temporal, pero la sombra de la ilegalidad ya salpica la imagen internacional del país. Mientras Migración calla, los expedientes de amparo podrían convertir esta batalla en un juicio histórico sobre cuánto pesan, realmente, los derechos humanos en las fronteras.
Abel Martínez valora convocatoria de Abinader a expresidentes
Alejandro Feliz G. El dirigente político y excandidato presidencial Abel Martínez se pronunció este domingo sobre la convocatoria realizada por el presidente Luis Abinader a los expresidentes Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejía para abordar la delicada situación migratoria que enfrenta la República Dominicana. Martínez valoró positivamente el llamado al diálogo, considerándolo un espacio necesario para tratar un tema de gran trascendencia nacional. Sin embargo, advirtió que dicho encuentro debe ser auténtico y no un simple escenario para legitimar decisiones ya tomadas por el Gobierno. “El pueblo dominicano necesita mucho más que gestos simbólicos. Durante años, ya sea por omisión, presiones externas o falta de voluntad política, se ha cedido terreno”, manifestó Martínez, señalando que se relajaron los controles migratorios, se ignoraron advertencias y se toleraron situaciones que hoy afectan severamente al país. El dirigente enfatizó que todos los actores que han dirigido el Estado comparten responsabilidad en la crisis actual, pero que en los últimos años la situación ha alcanzado niveles alarmantes. Hizo referencia a una frontera sin autoridad, servicios públicos colapsados, comunidades desbordadas, aumento de la delincuencia y daños al medio ambiente. Finalmente, Abel Martínez hizo un llamado a terminar con las improvisaciones y a actuar con firmeza, coraje y un compromiso real con la soberanía nacional. “No hay solución sin reconocer los errores. No hay futuro sin asumir responsabilidades. Y la historia no absolverá la cobardía, ni premiará la complicidad silenciosa”, concluyó.
Deportan a 87 haitianas embarazadas y recién paridas en primer día de protocolo hospitalario
Varias haitianas embarazadas o recién paridas han sido deportadas desde este lunes en aplicación de las nuevas medidas adoptadas por el gobierno de Luis Abinader. Por Brendalis Reyes Santo Domingo — En el primer día de aplicación del nuevo protocolo hospitalario para pacientes extranjeros, la Dirección General de Migración reportó la deportación de 87 mujeres haitianas, entre embarazadas y recién paridas, acompañadas por 48 menores de edad. La medida forma parte de un conjunto de 15 acciones anunciadas por el presidente Luis Abinader para enfrentar la migración irregular y proteger los servicios públicos dominicanos. Según informó Migración, las 48 mujeres embarazadas y 39 recién paridas fueron trasladadas inicialmente al centro de retención de Haina y posteriormente llevadas al paso fronterizo de Elías Piña, donde fueron entregadas a las autoridades haitianas. El traslado se realizó en autobuses equipados con asientos acolchados, cinturones de seguridad, aire acondicionado, cortinas, cámaras de vigilancia interior, baños y áreas para equipajes, garantizando condiciones dignas para las personas deportadas. El protocolo hospitalario, que comenzó a aplicarse el pasado lunes en 33 hospitales públicos del país, exige la presentación de identificación, carta de trabajo y prueba domiciliaria para que extranjeros puedan recibir atención médica. En caso de no cumplir con estos requisitos, los pacientes serán atendidos y, una vez recuperados, repatriados de inmediato, según lo establecido por el Gobierno. Desde las primeras horas del martes, segundo día de la implementación del protocolo, familiares de los detenidos acudieron al Vacacional de Haina, lugar donde permanecen retenidas varias de las personas afectadas, en busca de información sobre sus parientes. La incertidumbre y la preocupación eran palpables entre los reunidos, quienes denunciaron las precarias condiciones en que se encuentran los detenidos. Entre los casos que más ha conmovido está el de Clarissa de Jesús De los Santos, una joven dominicana de 16 años que fue detenida en la Maternidad San Lorenzo de Los Mina, en Santo Domingo Este, poco después de dar a luz. Su hermano, Placino de Jesús, explicó que su hermana y su bebé fueron trasladadas al Vacacional de Haina por no portar documentos. “Mi hermana es dominicana, está recién parida y la tienen aquí con su niña. Hago un llamado; no todo el que tiene piel oscura es haitiano”, expresó con dolor mientras esperaba fuera del centro. Por su parte, Celeste Noel, tía de otra joven detenida, calificó el protocolo como una medida “inhumana y discriminatoria”. “No somos perros. Estamos aquí porque (los haitianos) no tenemos un presidente. El dominicano tiene que tener un poco de amor, somos hermanos”, señaló en medio de la angustia. En un comunicado, la Dirección General de Migración indicó que al total de 135 personas deportadas el lunes se les tomaron datos biométricos y huellas dactilares, y se les brindó un trato digno, incluyendo la entrega de alimentos durante el proceso. Esta nueva política, impulsada por el Gobierno dominicano, ha generado reacciones divididas en la sociedad y pone en evidencia la compleja situación migratoria que enfrenta el país, así como el impacto social y humanitario que conlleva la implementación de medidas restrictivas en el sector salud.
César Pérez denuncia “grosera violación a la dignidad humana” en detención de mujer haitiana embarazada
Para César Pérez, este acto trasciende la violación de la ley migratoria y los derechos humanos universales para convertirse en “uno de los actos más infames que como sociedad o nación se pueda cometer”. Por Ángel F. Guzmán El reconocido sociólogo y académico César Pérez calificó como una “grosera violación a la dignidad humana y al derecho a la vida” la detención de una mujer haitiana embarazada, con síntomas de parto inminente, que fue impedida de ingresar a un hospital en la República Dominicana. Pérez consideró este hecho como “una de las páginas más infames y ominosas en la historia de las infamias cometidas en nombre de la ley o la defensa de un país”. El caso, que ha generado indignación nacional e internacional, ocurrió en el contexto de la implementación de la medida número 11 de las 15 anunciadas por el presidente dominicano para “frenar la inmigración irregular”. Dicha medida establece un protocolo para la atención médica a extranjeros en el Servicio Nacional de Salud (SNS), pero en la práctica ha afectado principalmente a mujeres haitianas embarazadas, como la mujer que fue detenida y conducida a un autobús para su deportación a pesar de presentar signos evidentes de parto inminente, como líquido amniótico y sangrado, según relató su hermana. Para Pérez, este acto trasciende la violación de la ley migratoria y los derechos humanos universales para convertirse en “uno de los actos más infames que como sociedad o nación se pueda cometer”. El sociólogo cuestionó si se evaluó adecuadamente la inminencia del parto y el riesgo para la madre y el bebé, y si se consideró el sufrimiento que implica exponer a una mujer en trabajo de parto a un viaje incierto en autobús bajo custodia. Asimismo, Pérez planteó interrogantes sobre la aplicación de la ley migratoria, especialmente en relación con los indocumentados nacidos en el país antes de 2010, cuyo estatus fue desconocido por la actual comisión reguladora, declarándolos apátridas de un plumazo. La denuncia de Pérez ha generado llamados a la reflexión por parte de diversos sectores: el Colegio Médico Dominicano, las facultades de medicina, el Colegio de Abogados, el Defensor del Pueblo, partidos políticos, líderes de opinión, iglesias y organizaciones pro vida, todos convocados a pronunciarse sobre si se puede considerar vida el ser que lleva una mujer embarazada y si un acto como este no representa una grave regresión ética y humana para el país. Este episodio expone la inviabilidad de ciertas medidas migratorias aplicadas en un clima de histeria y odio, advirtió Pérez, y subrayó la necesidad urgente de rectificar el rumbo para abordar el problema migratorio mediante el diálogo y el respeto estricto a los derechos humanos, evitando así que se repitan actos que mancillan la dignidad y la vida de los más vulnerables.
Oportunidades laborales y formación adecuada a las necesidades del pais, son claves para frenar la emigración
En el contexto actual de la política migratoria estadounidense, donde la deportación masiva de inmigrantes se ha convertido en una realidad alarmante, los gobiernos latinoamericanos están siendo puestos a prueba. La forma en que cada nación responde a esta crisis no solo revela su capacidad de gestión, sino también su compromiso con la dignidad y el bienestar de sus ciudadanos. En este sentido, la República Dominicana se enfrenta a un reto crucial: la creación de mejores oportunidades laborales y programas de formación que reduzcan la necesidad de emigrar. La reciente actitud del gobierno dominicano, que ha optado por una postura de indiferencia ante la deportación de sus ciudadanos, es preocupante. Mientras otros países de la región, como México, Colombia, Honduras y Brasil, han implementado planes integrales para recibir y reintegrar a sus deportados, la administración de Luis Abinader se ha limitado a aceptar la autoridad de Estados Unidos en este asunto. Esta falta de sensibilidad no solo desatiende las necesidades de los migrantes, sino que también subestima el potencial de desarrollo que podría surgir al invertir en la formación y el empleo en el país. La emigración no es solo una decisión personal; es un fenómeno complejo que a menudo es impulsado por la falta de oportunidades. Al proporcionar mejores condiciones laborales, así como acceso a educación y capacitación, el gobierno dominicano podría ofrecer a sus ciudadanos alternativas viables para prosperar en su propio país. Invertir en programas de formación técnica y profesional, así como en políticas que fomenten el emprendimiento y la innovación, son pasos necesarios para construir un futuro más prometedor. La creación de empleos dignos y bien remunerados no solo beneficia a los individuos, sino que también fortalece la economía nacional. Una población empleada es una población que contribuye al crecimiento del país, que paga impuestos, que consume y que, en última instancia, puede contribuir a un ciclo de desarrollo sostenible. La falta de oportunidades laborales es un caldo de cultivo para la desesperanza y la migración. No se trata solo de evitar que nuestros ciudadanos abandonen el país, sino de ofrecerles razones para quedarse y construir su vida aquí. Es imperativo que el gobierno dominicano reoriente sus políticas hacia el desarrollo económico inclusivo. Esto implica no solo la creación de empleo, sino también la facilidad para la adquisición de viviendas, con politicas crediticias avaladas por el Estado y la promoción de un entorno en el que los jóvenes y adultos puedan adquirir las competencias necesarias para afrontar los desafíos del mercado laboral. Esto no solo es una cuestión de justicia social, sino también de estrategia económica. La migración debe ser vista como una opción, no como una necesidad. Para ello, es fundamental que nuestros líderes entiendan que la verdadera fortaleza de una nación se mide por su capacidad para ofrecer un futuro digno a sus ciudadanos. La solidaridad y la empatía deben ser los principios rectores de nuestra política migratoria interna y externa. En resumen, la situación actual nos brinda una oportunidad única para reflexionar sobre nuestras prioridades como nación. Es hora de que la República Dominicana tome un papel proactivo en la creación de un entorno que fomente la estabilidad y el desarrollo, reduciendo así la presión migratoria. Solo así podremos garantizar que nuestros ciudadanos tengan las oportunidades que merecen, y que sean ellos quienes decidan, desde una posición de libertad y elección, si desean emigrar o permanecer y contribuir al desarrollo del país.