EL ESTADO DOMINICANO DETIENE SU MÁQUINA FRENTE A LOS RIESGOS DE MELISSA
Gobierno extiende la suspensión laboral en nueve demarcaciones bajo alerta roja mientras Melissa, de marcha insidiosa, satura los suelos nacionales Por Julio Guzmán Acosta SANTO DOMINGO, 23 de octubre de 2025. – Con la solemnidad que impone la gravedad de los tiempos, el Ministerio de Administración Pública (MAP) ha dictado la paralización formal de las labores en la administración estatal para este jueves 23 de octubre. La medida, que afecta al Distrito Nacional y a ocho provincias clave, constituye un acto de prudencia extrema frente al asedio húmedo y pertinaz de la tormenta tropical Melissa, cuyo lento discurrir sobre el Caribe mantiene sumido a gran parte del territorio nacional bajo un manto de precipitaciones torrenciales. La disposición, consagrada en una circular oficial, se adopta en estricta atención a las condiciones meteorológicas adversas y a los dictámenes de emergencia emitidos por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE). Las demarcaciones bajo el imperio de esta suspensión son el Distrito Nacional, Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona, Pedernales, San Juan y San José de Ocoa. “El Ministerio de Administración Pública, en cumplimiento de su rol de órgano rector del empleo público, dispone esta medida en coordinación con los organismos de emergencia, priorizando la seguridad de los servidores públicos y de la ciudadanía en general”, reza el documento oficial. En él, el Estado no solo ejerce su autoridad, sino que asume su más alta responsabilidad: la de protector último de la integridad de sus ciudadanos. La Excepción de lo Esencial En medio de la paralización general, la circular establece una salvedad crucial para la continuidad de la vida civil. Los titulares de los órganos, entes y empresas públicas quedan facultados para establecer horarios especiales cuando la naturaleza de sus funciones lo requiera, garantizando así que los servicios esenciales para la población no se interrumpan. Es la puntual excepción que confirma la regla del resguardo, el reconocimiento de que ciertas labores son el cordón umbilical que sostiene a la sociedad en horas de crisis. El ministerio, con tono admonitorio, reiteró la importancia capital de que la ciudadanía permanezca atenta a las orientaciones del COE y a las nuevas disposiciones que el desarrollo de este fenómeno atmosférico pueda demandar. El Contexto de la Emergencia La medida gubernamental no es un acto aislado, sino la respuesta coherente a la amenaza tangible que representa Melissa. El fenómeno, ubicado al sur de Haití, mantiene vientos sostenidos de 85 km/h y, lo que es más crítico, un desplazamiento de tan solo 4 km/h. Esta lentitud exasperante es el factor que multiplica el peligro, permitiendo que los acumulados de lluvia saturen los suelos, desborden ríos y cañadas, y provoquen las inundaciones y deslizamientos que ya se reportan en varias regiones. Frente a este panorama, el Gobierno ha reafirmado con contundencia que la preservación de vidas humanas se erige como el principio rector de todas sus acciones. Mientras Melissa continúe su marcha insidiosa, las instituciones de la República permanecerán en vela, evaluando con mirada constante los caprichos del tiempo y los impactos de una tormenta que ha convertido la paciencia en una forma de la calamidad.
El MAP se extralimitó
La falta de pago no es de los empleados públicos, sino de las grandes empresas que, además de las irritantes exenciones que reciben, no honran sus compromisos de pagos, conjuntamente con las grandes pérdidas en la distribución. Por Freddy González Nací en el año 1950, cinco años después de finalizada la segunda guerra mundial y tres después de los inicios de la llamada Guerra fría y en el mismo año de la guerra de Corea iniciada por el gobierno demócrata de Harry S. Truman y continuado por el del republicano Dwight D. Eisenhower, y en el mejor momento de gobierno del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina autoproclamado el campeón del anticomunismo en América. En los once años que viví de su satrapía, nunca leí, vi u oí que, excepto la cuota oficial para el Partido Dominicano, a los empleados públicos se le conminara a pagar ningún servicio público que no fueran los estipulados por ley. La circular no. 018931 de fecha 31 octubre del año en curso el Ministerio de la Administración Pública (MAP), conminando a ministerios, direcciones generales y demás entidades gubernamentales a indagar si sus empleados pagan los servicios de energía eléctrica y agua potable, no está contemplado en la ley Orgánica de Administración Pública No. 247-12 y mucho menos la de Función Pública No. 408, además de ser una violación a preceptos constitucionales consagrados en los derechos fundamentales. El artículo 44, establece el derecho a la Intimidad y el honor personal, señalando: \\\»Toda persona tiene derecho a la intimidad. Se garantiza el respeto y la no injerencia en la vida privada, familiar, el domicilio y la correspondencia del individuo. Se reconoce el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen. Toda autoridad o particular que los viole está obligado a resarcirlos o repararlos conforme a la ley.\\\» Pero, si es un abuso y exceso de poder obligar a los empleados públicos a dar informaciones privadas sobre compromisos contractuales privados, lo es mucho más, obligarlos a dar informaciones sobre terceros. Los servicios de energía eléctrica y de agua es una relación contractual privada entré el ciudadano y las prestadoras de esos servicios en la que un estado democrático y social de derecho, los organismos estatales no deben intervenir a menos que no sea para la defensa de los derechos de sus ciudadanos. Si lo que se busca es coayudar a superar el déficit que al Estado causa la mala administración de las llamadas distribuidoras eléctricas y la estafa de las generadoras, no son los usuarios, ni los empleados públicos o privados que tienen que cargar con ese muerto. Las causas fundamentales de los enormes subsidios otorgados por el Estado al sector eléctrico no está en la falta de pago de los empleados públicos, sino en las grandes empresas que, además de las irritantes exenciones que reciben, no honran sus compromisos de pagos, conjuntamente con las grandes pérdidas en la distribución. Los que cumplan sus acuerdos contractuales con las prestadoras de esos servicios simplemente se les suspenden, algo que esas empresas hacen con mucha rapidez. El presidente Luís Abinader debe ordenar la eliminación de esa circular que en nada favorece al gobierno y que más bien son típica de regímenes dictatoriales en un estado de excepción.
Con la experiencia de los anteriores gobiernos, el caso de los asesores suena a “botellas”.
JULIO GUZMÁN ACOSTA En un escenario como la República Dominicana, donde la transparencia y la eficiencia en la gestión pública ha brillado por su ausencia, surge la grave controversia de los asesores gubernamentales. ¿Son realmente asesores o desempeñan funciones ejecutivas? La respuesta la debe dar el gobierno y debe ser clara y que no ofrezca la menor duda. Es un escándalo que raya en la obscenidad, en un país con salarios tan precarios, que unas personas designadas como “asesores” cobren unos salarios que muchos ejecutivos con funciones determinadas y gerentes contrastados no cobran. Sus salarios están por encima de los que devengan directores y encargados con muchas responsabilidades, que ademas tienen unos curriculum de años de servicios, con formación técnica y académica al mas alto nivel. La Denominación Equivocada Según el portavoz del Gobierno, Homero Figueroa, todo se trata de una “confusión” en torno al pago de altos salarios a los asesores de varias instituciones gubernamentales. Aunque se les ha denominado como asesores, en realidad, ocupan posiciones de dirección y desempeñan funciones específicas dentro de sus respectivas instituciones. Las explicaciones dadas por el gobierno resultan un poco extrañas y no convencen del todo, porque se ha comprobado que muchos de esos “asesores” no tienen funciones especificas, no tienen despachos y no hacen horarios como todo funcionario. ¿Por qué esta discrepancia? El Dilema Burocrático La raíz del problema según distintas exlicacines, radica en un asunto de “denominación”. Por razones burocráticas, estos funcionarios han sido etiquetados como asesores, pero su labor va más allá de simples consejos y recomendaciones. Están en servicio continuo y constante, tomando decisiones estratégicas y liderando áreas clave. Es como si los directores llevaran un disfraz de asesores. Aunque algunos casos se ajusten a las razones que ha dado el gobierno, la verdad que siguen pareciendo muchos asesores, con salarios desproporcionados y sin la cualificacion suficiente para ejercer el rol de asesor en las areas en las que han sido nombrados. La Resolución 184-2024 Para racionalizar y transparentar la nómina pública, el Ministerio de Administración Pública (MAP) emitió la resolución 184-2024. Según esta normativa, las instituciones del Poder Ejecutivo solo pueden nombrar una cantidad máxima de asesores, equivalente al número de viceministerios, subdirecciones generales o nacionales, intendencias y sub administraciones. En otras palabras, se busca evitar el exceso y garantizar una estructura organizativa eficiente. El Debate Salarial Los altos salarios que perciben estos asesores han generado críticas por parte de la sociedad civil. ¿Son justificados o superfluos? La respuesta varía según la perspectiva. Algunos argumentan que su labor ejecutiva merece una compensación acorde, mientras que otros cuestionan la necesidad de tantos cargos con sueldos elevados. Supérate: ¿Directores Temporales? Paralelamente a las declaraciones de Figueroa, la instancia de protección social del Gobierno, Supérate, ha confirmado que algunos directores de área están clasificados temporalmente como asesores. Esta dualidad plantea interrogantes sobre la coherencia y la eficiencia en la gestión. En conclusión, la “confusión” en torno a los asesores revela una realidad que debe ser trasparentada por parte del gobierno y si todo es como ha indicado el ejecutivo por medio de su portavoz, el MAP, debe solucionar el caso y que cada uno de los llamados asesores tenga funciones determinadas y se le asigne la denominación de cargo que corresponda. Más allá de las etiquetas, lo importante es evaluar su desempeño y su contribución al servicio público. La transparencia y la rendición de cuentas deben prevalecer, incluso cuando los títulos se entrelazan en un laberinto burocrático.