El presidente Abinader implementa nuevos aranceles para la importación de arroz
Víctor- Ito-Bisonó, Limber Cruz y representantes del sector arrocero, ayer en el MICM. (umbral.local/) Por Thiago Zorrilla Acosta Santo Domingo. – En un esfuerzo por proteger la producción nacional de arroz, el presidente Luis Abinader emitió el decreto 624-24, que establece un arancel del 20% ad valorem sobre las importaciones de arroz provenientes de Estados Unidos y Nicaragua. Esta medida forma parte de una serie de acciones destinadas a salvaguardar la soberanía alimentaria del país, tras el temor expresado por los productores locales ante la liberalización del mercado que se prevé para enero de 2025, en cumplimiento del tratado de libre comercio DR-Cafta. El decreto también extiende la protección al arroz con un arancel del 99% para las importaciones que excedan la cuota NMF (Nación Más Favorecida), que se mantiene en 233,000 toneladas métricas con cero aranceles desde Estados Unidos. La implementación de esta normativa se mantendrá vigente hasta que el Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASSAN) recomiende lo contrario. Durante una conferencia de prensa en el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), el ministro Víctor -Ito- Bisonó destacó la importancia del arroz en la dieta de los dominicanos y su papel fundamental en la economía nacional, donde más de 30,000 productores generan un impacto económico superior a RD$45,000 millones anuales. \»El gobierno ha establecido un diálogo con todos los sectores involucrados para garantizar y proteger la producción de arroz ante los desafíos de la desgravación arancelaria\», afirmó el ministro. El titular del MICM también presentó el decreto 693-24, que asegura el apoyo continuado a los agricultores dominicanos. En este sentido, el ministro de Agricultura, Limbert Cruz, aseguró que el país es autosuficiente en la producción de arroz, con una proyección de 14 millones de quintales para finales de año. \»El gobierno se compromete a mejorar las condiciones agrícolas y fomentar el uso de semillas certificadas para aumentar la producción y la productividad\», añadió Cruz. El artículo 21.2 del DR-Cafta, que justifica estas medidas, establece que ninguna de las partes del tratado puede impedir la adopción de acciones que mantengan la paz y la seguridad nacional, en este caso, la alimentaria. La implementación de este decreto busca preservar la capacidad productiva interna de la República Dominicana y garantizar el abastecimiento seguro de alimentos para su población. Con estas decisiones, el gobierno dominicano reafirma su compromiso con la seguridad alimentaria y la protección de su sector agrícola, a medida que se aproxima el vencimiento de las protecciones arancelarias establecidas por el DR-Cafta.
Roberto Rosario llama a la coherencia en políticas migratorias y defiende la soberanía nacional
“Indica que los empresarios, como es su caso, llevan años violando la Ley de Migración al emplear indocumentados en sus propiedades”, añadió Rosario, quien no escatimó en señalar que la situación plantea una grave alerta para el presidente Abinader. Para el exfuncionario, es preocupante que uno de sus ministros haya admitido públicamente la infracción de la ley, lo que podría tener repercusiones s negativa en la percepción de la gobernanza actual. Por Theo N. Guzmán Santo Domingo – En un momento de creciente tensión sobre la gestión de la migración en la República Dominicana, Roberto Rosario, expresidente de la Junta Central Electoral y destacado dirigente político de la Fuerza del Pueblo, hizo un llamado al presidente Luis Abinader para que actúe con coherencia en el manejo de las políticas migratorias, enfatizando la defensa de la soberanía nacional y el cumplimiento de la Constitución. El pronunciamiento de Rosario surge como respuesta a las recientes declaraciones del ministro de Agricultura, Limber Cruz, quien justificó el uso de inmigrantes ilegales haitianos en el sector agrícola del país. Según Cruz, su postura responde a un enfoque humanista, pero Rosario no tardó en cuestionar la sinceridad de este argumento. “El referido ministro argumenta un humanismo que nos lleva a cuestionar su verdadero interés detrás de sus planteamientos”, afirmó Rosario, sugiriendo que su defensa de los indocumentados es un intento de encubrir la violación de la Ley de Migración. “Indica que los empresarios, como es su caso, llevan años violando la Ley de Migración al emplear indocumentados en sus propiedades”, añadió Rosario, quien no escatimó en señalar que la situación plantea una grave alerta para el presidente Abinader. Para el exfuncionario, es preocupante que uno de sus ministros haya admitido públicamente la infracción de la ley, lo que podría tener repercusiones s negativa en la percepción de la gobernanza actual. Rosario recordó que menos de una década atrás, el gobierno dominicano había implementado el Plan de Regulación Migratoria, en virtud de la Ley 169-14, que ofrecía una oportunidad para regularizar a los trabajadores migrantes. “Si el ministro Cruz hubiera tenido buenas intenciones, habría aprovechado esa oportunidad para regularizar legalmente a dichos trabajadores”, enfatizó. El expresidente de la JCE también subrayó que la práctica defendida por el ministro no solo contradice la ley, sino que podría estar contribuyendo a un problema más profundo: el tráfico de personas. “El actual gobierno busca proyectar un interés en la defensa de la soberanía e identidad nacional, pero en la práctica está consolidando el negocio de tráfico de personas de origen extranjero, abusando de ellas por su situación irregular”, sostuvo Rosario. En su llamado a la acción, el dirigente político insistió en la necesidad de someter a la justicia a las empresas que transportan o contratan inmigrantes irregulares, advirtiendo que esta situación no solo menoscaba la soberanía nacional, sino que también vulnera los derechos de los trabajadores migrantes. Con el trasfondo de un debate sobre migración y derechos humanos, las declaraciones de Rosario añaden una nueva capa de complejidad al discurso nacional, mientras el gobierno enfrenta la presión de balancear la economía agrícola con la necesidad de cumplir con las leyes de inmigración y proteger la soberanía del país. La comunidad política y social de la República Dominicana observa de cerca cómo se desarrollan estos acontecimientos y cuáles serán las acciones concretas del gobierno en respuesta a estas preocupaciones.