25 años sin una evaluación objetiva
SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS Lamentablemente, todavía el país no cuenta con estudios independientes que evalúen el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) en sus 25 años de funcionamiento. Alabanzas de muchos, demonización de pocos, sin la existencia de una evaluación integral y objetiva sobre el impacto de esta importante reforma social. Desde luego, se citan muchos resultados positivos en comparación con la situación del viejo IDSS durante más de medio siglo. El sistema ha logrado una cobertura casi universal, protegiendo a más de 10 millones de personas, ha acumulado un fondo multimillonario para el retiro y ha ampliado notablemente el gasto nacional en salud. Pero, como hemos señalado en varias oportunidades, esos logros sin precedentes, por sí solos, no son suficientes de acuerdo a las necesidades de la población, ni en relación a los objetivos y metas prometidos. Y tampoco se corresponden con el crecimiento sostenido de la economía nacional. La mayoría de los informes disponibles coinciden en que el SDSS constituye \»la conquista social de mayor trascendencia del país”. Pero también reconocen el atraso en la aplicación de las reformas del sistema de salud y la necesidad de cambios urgentes para ampliar los beneficios y asegurar el financiamiento y la sostenibilidad del sistema a mediano y largo plazo. Ante la extrema polarización sobre el impacto real del sistema, la ausencia de una evaluación objetiva cuestiona la responsabilidad de las autoridades sectorialescon suficiente información y recursos para contratar estudios para orientar una reforma integral de la Ley 87-01. La ausencia de un diagnóstico objetivo dificulta definir con precisión la direccionalidad y profundidad de los cambios necesarios. Según los resultados de búsqueda obtenidos, no existen estudios específicos sobre los factores determinantes de la reducción de la demanda de los servicios públicos. ¿Cuáles factores explican la tradicional precariedad de los servicios públicos? ¿Por qué las familias de menores ingresos destinan un 8.8% de su presupuesto al gasto de salud? Pero esta carencia no es accidental. Sectores beneficiarios del statu quo y autoridades complacientes ni siquiera cumplieron con el mandato de revisar la Ley 87-01 al 2011. Una clara evidencia de la ausencia de voluntad política para enfrentar los intereses creados, eliminar distorsiones e impulsar las reformas dispuestas por la ley. Aunque el 97% de la población está afiliada, esto no necesariamente se traduce en acceso real, ni en calidad del servicio, ni en protección financiera real. El alto gasto familiar de bolsillo revela que la mera afiliación no implica una protección efectiva, un punto que rara vez se destaca en algunos informes sobre los logros. Detener la subordinación de la protección social a la privatización y mercantilización Existe una fuerte crítica de que la ejecución actual prioriza la rentabilidad de los actores privados (AFP, ARS y PSS) sobre la protección social. Nuestra Fundación ha denunciado la \»captura del sistema por grupos económicos que bloquean las reformas para mantener privilegios \», evitando la producción de informes que evidencien esa subordinación. No cabe dudas de que cualquier estudio cualitativo e imparcial, terminaría revelando la persistencia de limitaciones y obstáculos durante más de dos décadas. Por ejemplo, la ausencia del Régimen Contributivo-Subsidiado y la estrategia de Atención Primaria. Además, la eliminación hace 9 años del cálculo de las Cuentas Nacionales en Salud (CNS) y la sustitución ilegal del Plan Básico de Salud (PBS) siendo la columna vertebral del SFS. Entre los gremios y grupos más influyentes existe un lamentable \»consenso sobre la inacción\» donde todos los actores y sectores reconocen las fallas, pero “acuerdan implícitamente” no tomar decisiones ni favorecer investigaciones profundas que desnuden las ventajas y privilegios de las minorías dominantes, tanto de derecha como de izquierda. En resumen, la falta de análisis del impacto cualitativo del SDSS no es un mero descuido. Es el resultado de una política pública que aplica la Ley según las presiones de gremios y sectores más retrógrados. Que carece de voluntad política para autorregularse; que mantiene barreras financieras y administrativas excluyentes y que evita la transparencia de cualquier evaluación independiente y objetiva.
Gran mezquindad del gasto público de salud
Desde hace años venimos denunciando el crecimiento del gasto de bolsillo, contraviniendo uno de los objetivos de la Ley de Seguridad Social, que persigue reducir esa importante barrera, que erosiona el carácter universal del sistema y bloquea el acceso regular a la atención médica de las familias más pobres y vulnerables. Seguridad Social para todos Por Arismendi Díaz Santana Anualmente, las familias dominicanas cargan entre el 41% y el 44% del gasto total en salud. En el 2015, el mismo ascendió a 72,570 millones de pesos, según revelan Magdalena Rathe y Pamela Suero, en su libro Salud Visión de Futuro, 20 años después, de acuerdo a una cuantificación exhaustiva realizada. Pero, si le agregamos otro 10% en que incurren las familias para contratar planes de salud complementarios y voluntarios, por un monto de 17,700 millones, entonces estamos hablando de un gasto privado total de 90,270 millones, que recae directamente sobre el presupuesto familiar. En el 2024 este gasto superará los 142,000 millones. En contraposición, y de acuerdo a la publicación, el gasto público apenas alcanzó el 49%, equivalente a 87,000 millones de pesos, lo que no deja lugar a dudas de que el Estado, lejos de asumir una cuota mayor de acuerdo a la Ley de Seguridad Social, está eludiendo su responsabilidad, a pesar del crecimiento sostenido de la economía. “En efecto, el gasto de los hogares sigue representando una proporción demasiado elevada del financiamiento del sistema dominicano de salud, lo que hace pensar que no se están cumpliendo los propósitos de equidad y protección financiera que se proponía la reforma de salud”. El gasto de los hogares, de representar 47% del gasto total del 2008, pasó al 48% en 2015, lo que implica que prácticamente se mantuvo al mismo nivel. De hecho, también el financiamiento público se mantuvo casi sin variación en términos porcentuales, aunque aumentó en términos absolutos”. A pesar de un crecimiento del PIB muy superior, nuestro país es uno de la región “con mayor desprotección financiera en salud, medida por el gasto directo del hogar, junto con Venezuela, con un gasto del 64%, Guatemala con 52%, Paraguay, República Dominicana y Ecuador, con 49%”. Un alto costo por la ausencia de la atención primaria Desde hace años venimos denunciando el crecimiento del gasto de bolsillo, contraviniendo uno de los objetivos de la Ley de Seguridad Social, que persigue reducir esa importante barrera, que erosiona el carácter universal del sistema y bloquea el acceso regular a la atención médica de las familias más pobres y vulnerables. Además, hemos indicado que los copagos constituyen una consecuencia directa de la vigencia de un modelo de atención centrado en la curación, a pesar de que el diseño del Seguro Familiar de Salud (SFS) presupone la atención primaria como puerta de entrada al sistema nacional de salud. Además, el gasto de bolsillo se acentúa debido a las notables deficiencias de los centros públicos de salud que obligan, incluso, a las familias más pobres y vulnerables a demandar, con grandes sacrificios, servicios básicos de diagnósticos y atención médica en clínicas privadas. Con el agravante de una asignación de los recursos y contratación del personal, sin garantía de calidad y desempeño. Las autoras concluyen que 20 años después el país ha avanzado muy poco en el logro de las metas propuestas. Y señalan que “aunque el marco legal pudiera ser perfectible en muchos aspectos, no es indispensable modificar las leyes para lograr las metas. Más bien podría ser peligrosa una vuelta atrás, sin tener todavía la fortaleza institucional necesaria”. Aunque es necesario introducir algunas reformas puntuales importantes, concordamos con las autoras que “en el país lo que se requiere es voluntad política, expresada en la asignación de los fondos y en la decisión de hacer que las leyes y normativas sean cumplidas”. En memoria de la inolvidable Magdalena Rathe (QEPD).
Reformar el Código y la Ley 87-01
La reforma del Código de Trabajo constituye una mejora para los trabajadores, la cual debe ser complementada con la reforma del sistema de salud y con los cambios a la Ley de Seguridad Social para elevar las pensiones. SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS ARISMENDI DIAZ SANTANA El sometimiento en la próxima semana de una reforma del Código de Trabajo evidencia la voluntad política del presidente Luis Abinader de actualizar y modernizar las relaciones obrero-patronales. Una necesidad nacional desde hace décadas, habida cuenta de los cambios en la productividad de la fuerza de trabajo y del surgimiento del teletrabajo. Esta reforma persigue fortalecer los derechos de los trabajadores y los empleadores, aumentar la generación de empleos, elevar la productividad y la competitividad, y fortalecer la paz laboral. También reducir la judicialización laboral, las acciones temerarias y los embargos injustificados. El proyecto consensuado agrega un día más de licencia de paternidad y otro de vacaciones a cargo de la empresa, lo que se traduce en casi 3 semanas. En adición, incluye el teletrabajo y consagra los derechos de las trabajadoras del hogar, formalizando su afiliación y cotización a la seguridad social. Existe una complementación armónica entre el Código de Trabajo y la Ley de Seguridad Social. Mientras el primero establece las reglas que definen el contenido y el monto general de los salarios, la segunda garantiza el acceso regular al cuidado de la salud, a la protección contra los riesgos laborales y a un retiro digno. Por tales razones, ambos deben ser actualizados simultáneamente para potenciar su retroalimentación. En el 1992 el Código de Trabajo actual sustituyó al antiguo y obsoleto Código Trujillo de Trabajo, aprobado en el 1952, bajo la férrea dictadura del “perínclito varón de San Cristóbal, como se hizo llamar Rafael Leónidas Trujillo Molina, como parte de su incesante megalomanía y endiosamiento durante la llamada “Erad de Trujillo”. La necesidad de esta reforma data del 2013, cuando se creó una comisión especial para su revisión y actualización, cuyos resultados no fueron remitidos al Poder Legislativo. Su contenido controversial determinó una lenta negociación y acuerdos para su reforma, al igual que ocurre con la ley del Seguridad Social. Cuatro años más tarde, en 2017, el tema fue replanteado en un diálogo tripartita, solo concluyendo que la reforma laboral es una necesidad impostergable para mejorar las condiciones de trabajo y actualizar los mecanismos de relación entre los trabajadores y sus empleadores. Se mantienen las diferencias sobre el tema de la cesantía laboral El empeño del Lic. Luis Miguel De Camps aseguró la participación de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS) y la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD). Y, también del sector empleador: COPARDOM, ASONAHORES, ONEC, CONEP, ACIS, AIRD, CODOPYME, ANJE y ADOZONA. Es muy lamentable la falta de consenso sobre la cesantía laboral, sin dudas un tema crucial, íntimamente vinculado a la Seguridad Social. A partir de la Ley de Seguridad Social los empresarios han propuesto un tope a la cesantía para reducir la parte que representa el ahorro del trabajador, señalando que no se trata de eliminarla por completo. Por su parte, los dirigentes sindicales insisten en que la cesantía constituye una conquista social innegociable. Abrigamos la esperanza de que dentro de un tiempo razonable este tema sea replanteado y se llegue a un acuerdo equilibrado y satisfactorio, respetando los derechos adquiridos y una mayor flexibilidad para los futuros trabajadores. La Fundación Seguridad Social Para Todos (FSSPT) celebra los avances logrados. Sostenemos que la protección integral y el bienestar de los trabajadores dominicanos implica, tanto la reforma del Código laboral como la reforma del sistema de salud y los cambios en la Ley de Seguridad Social orientados a elevar las pensiones y jubilaciones.
Muchos éxitos presidente Abinader
Nuestra Fundación apoyará todas las reformas y cambios para lograr que, por primera vez en el país, su consigna de “en salud, primero la gente” sea una tangible realidad. Seguridad Social para todos ARISMENDI DIAZ SANTANA Hace apenas 24 horas, Luis Abinader Corona se juramentó por segunda ocasión, como presidente constitucional en presencia de 16 mandatarios del mundo. En esta segunda y última ocasión ratificó formalmente su compromiso de impulsar las reformas pendientes, en su empeño de dejar un legado de un presidente reformador y modernizante. La reforma del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) tiene una gran prioridad dentro en la agenda presidencial. Como dijo el Dr. Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo, esa reforma es la madre de todas las demás reformas, porque toca directamente a los 10.8 millones de dominicanos y residentes en el país. A pesar de contar con una apreciable mayoría en ambas cámaras legislativas, y de la existencia de un amplio consenso sobre las reformas y los cambios que reclaman a gritos la población y la opinión pública, el presidente Abinader ha decidido convocar a un nuevo diálogo nacional en un esfuerzo loable por alcanzar el mayor consenso posible. Se espera que esta sana intención democrática, sea correspondida por los diversos sectores y se aboquen a discutir sólo los temas no consensuados durante las jornadas anteriores del Consejo Económico y Social (CES). Y que ahora se aprovechen los valiosos insumos que arrojó el Segundo Congreso Bienal Salud y Seguridad Social realizado exitosamente hace un mes por la Defensoría del Pueblo. Nuestra Fundación aplaude esta convocatoria a un diálogo constructivo porque forma parte del fortalecimiento institucional del país. Pero considera que la misma debe ser bien precisa y debe ejecutarse dentro de un plazo prudente, porque los problemas se agudizan y el tiempo apremia. Como dijo el amigo Jesús Feris Iglesias “este pueblo no aguanta más”. En este sentido, señor presidente, es oportuno recrear el ejemplo del presidente Hipólito Mejía, quien para aprobar la Ley de Seguridad Social tomó la decisión histórica de establecer un plazo prudente para llegar a un acuerdo. Y gracias a esa determinación, hoy todos reconocemos que la aprobación de esa Ley fue el mayor legado de su gestión. Hemos avanzado mucho en la cantidad de afiliados, pero estamos muy rezagados en la calidad de la protección por la ausencia de las reformas Nuestra Fundación reitera que actualmente existen todas las condiciones sociales y políticas para darle un mayor impulso e iniciar la segunda y decisiva etapa del desarrollo del SDSS. En este cuatrienio que concluye se completó el proceso de la afiliación universal, cubriendo más del 97% de la población nacional, colocando al país dentro de los primeros en América Latina. Pero ese gran avance cuantitativo no ha estado acompañado del necesario cambio cualitativo basado en las reformas estructurales. Todavía tenemos tres grandes desafíos que superar en este cuatrienio: 1) reducir sustancialmente el gasto familiar de bolsillo; 2) reducir la mortalidad materno infantil y elevar los principales indicadores de salud y bienestar; y 3) elevar el nivel general de las pensiones para reducir la pobreza e indigencia durante la vejez. Como ha quedado demostrado en la opinión pública, para reducir el gasto familiar de bolsillo y para elevar los indicadores de salud, no es necesario modificar la Ley 87-01. Basta con cumplir con la Ley estableciendo el primer nivel de atención, basado en la estrategia de atención primaria, y asignando todos los recursos públicos del régimen subsidiado, en función de los servicios prestados a la población, entre otras. En cambio, para elevar el nivel de las pensiones sí se requiere de cambios importantes en unos cuantos artículos de la Ley 87-01. Asumimos la responsabilidad profesional de insistir en la necesidad y urgencia de elevar el porcentaje de cotización en forma gradual, tanto para la cuenta personal de los afiliados, como para el Fondo de Solidaridad Social (FSS), nada complicado que no pueda hacerse en unos cuantos meses de trabajo. Señor presidente Luis Abinader, a nombre de nuestra Fundación y de todos los integrantes del chat SS PARA TODOS, del cual usted nos honra formando parte, le deseamos muchos éxitos en su nueva gestión. Y le reiteramos nuestra disposición de continuar respaldando todas las reformas a favor de lograr que, por primera vez en el país, su consigna de “en salud, primero la gente” sea una realidad tangible.
Presidente anuncia presentará reforma a la seguridad social
“Nuestro gobierno, luego de diálogos constantes, presentará en este año 2024 la propuesta de reforma del sistema de seguridad social, que estará encaminada a fortalecerlo y a proporcionar certeza, garantía y calidad de atención y beneficios a los dominicanos\\\» PEDRO ANGEL Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader anunció que presentará una reforma del sistema de seguridad social. Al pronunciar el discurso de toma de posesión y rendición de cuentas, explicó que el objetivo es fortalecer el sistema y proporcionar certeza, garantía y calidad de atención y beneficios a los dominicanos y dominicanas. “Hace 23 años que nuestro país adoptó este importante sistema de protección social dando un paso valiente en la dirección correcta”, comentó. Indicó que hoy prácticamente toda la población dominicana cuenta con el resguardo del seguro familiar de salud, y toda la población laboralmente activa en la formalidad cuenta con derechos previsionales medibles. Precisó que, sin embargo, ese valiente paso dado hace dos décadas ha esperado que los gobiernos sucesivos lo mejoren en base a la experiencia. “Nuestro gobierno, luego de diálogos constantes, presentará en este año 2024 la propuesta de reforma del sistema de seguridad social, que estará encaminada a fortalecerlo y a proporcionar certeza, garantía y calidad de atención y beneficios a los dominicanos y dominicanas”. Agregó que, en materia de salud, se propone ampliar la cobertura de atención para que más dolencias puedan ser cubiertas, reduciendo o eliminando el gasto de bolsillo de la población. También, la cobertura de seguro de salud a los pensionados. Al hablar de las reformas que implementará, sostuvo que entre los objetivos están mejorar la seguridad social de los dominicanos con la implementación de la atención primaria en el Régimen Subsidiado, de forma gradual pero acelerada. Precisó que antes del surgimiento de la Ley de Seguridad Social, menos del 15 por ciento de los dominicanos se beneficiaban de algún tipo de pensión, y menos del 20% disfrutaba de un seguro de salud y riesgos laborales. Indicó que hoy prácticamente toda la población dominicana cuenta con el resguardo del seguro familiar de salud, y toda la población laboralmente activa en la formalidad cuenta con derechos previsionales medibles. Al hablar en el Teatro Nacional ante la Asamblea Nacional, dignatarios y funcionarios presentes, precisó que, sin embargo, ese valiente paso dado hace dos décadas ha esperado que los gobiernos sucesivos lo mejoren en base a la experiencia. “En materia de pensiones, estamos comprometidos con una reforma que fortalezca, mejore y de tranquilidad a nuestra población para que cuente con la garantía universal de pensiones dignas”. Informó que, en los últimos cuatro años, se logró incorporar al seguro público de salud a 2 millones 400 mil dominicanos que no lo tenían, alcanzando un 97.3% de población que ya cuenta con cobertura. “Hoy tenemos el mayor presupuesto de salud de nuestra historia y prácticamente todos los dominicanos cuentan con un seguro familiar de salud”, comentó. Dijo que su gobierno ha inaugurado 54 hospitales, algunos nuevos, otros reconstruidos, ampliados y equipados, y 583 centros de atención primaria, tanto remozados como de nueva construcción. Adelantó que en el 2025 entregará 3 nuevos hospitales traumatológicos de tercer nivel ubicados en Azua, Sosúa e Higüey, además de una Unidad de Trauma con más de 60 camas en el Hospital San Vicente de Paúl en San Francisco de Macorís. “Adicional a esta red, el Hospital Traumatológico de San Cristóbal, cuyos trabajos quedaron iniciados en julio pasado, Con todas estas garantizará una nueva red de trauma que cubra todo el territorio nacional”, puntualizó. Agregó que, como parte de las políticas de Más salud, más calidad de vida, se implementa gradualmente en todo el territorio nacional el programa HEART, que facilitará medicamentos de hipertensión y de diabetes gratuitos para la población mayor de 45 años.