Los partidos políticos dominicanos inician diálogo en relacion a las modificaciones sobre las candidaturas independientes con la JCE
Por Thiago Zorrilla Acosta Ayer, los principales partidos del sistema político dominicano dieron inicio a un proceso de diálogo para discutir la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que ordena la modificación de las candidaturas independientes en la Ley 20-23 del Régimen Electoral. En un encuentro conjunto, los representantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM), el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo (FP) se reunieron con el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, con el objetivo de consensuar las alteraciones legislativas necesarias para adaptar esta figura política. El diputado y delegado político del PLD ante la JCE, Danilo Díaz, destacó que la meta principal de esta unión es establecer un nuevo marco regulatorio que cuente con el respaldo de todas las entidades involucradas. \»Lo que estamos tratando precisamente es que esta sentencia pueda ser regulada y que la redacción de esos artículos garantice un proceso eficaz\», afirmó Díaz. Durante la reunión, se discutieron los requisitos que se establecerán para depurar la calidad de las propuestas independientes, sin que ello limite el derecho de los ciudadanos a postularse. Sigmun Freud, delegado político del PRM ante la JCE, explicó que, al igual que los partidos políticos, las candidaturas independientes también deben estar reguladas: \»Todas las candidaturas que participan en un proceso deben tener regulación\», subrayó. La sentencia del TC declaró inconstitucionales los artículos 156 y 157 de la ley, que eliminaban la necesidad de una organización política para participar en elecciones, estableciendo como único requisito una certificación de una organización civil. Desde la emisión de este dictamen hace 32 días, la JCE no ha compartido ninguna opinión oficial al respecto, aunque los partidos han expresado que el organismo electoral está comprometido en asegurar un adecuado proceso electoral para las elecciones programadas en 2028. Freud comentó: \»La Junta es la más interesada en que este proceso se aborde y se determinen claramente las reglas de la elección\», lo que refleja la urgencia de los partidos por establecer un nuevo marco normativo. Además, los más de 30 partidos políticos, incluidos los minoritarios que están aliados a los mayoritarios, esperan que la JCE actualice la normativa sobre candidaturas independientes. En el contexto del diálogo, también surgió la discusión sobre el método D’Hondt, utilizado para la distribución proporcional de escaños. Algunos sectores consideran necesario implementar cambios para asegurar que las candidaturas independientes no enfrenten una competencia desigual. No obstante, legisladores de diferentes bancadas han coincidido en que no es necesario alterar el formato actual de asignación de escaños, calificando el veredicto del TC como desacertado. Mientras tanto, el Congreso Nacional está considerando una iniciativa presentada por el senador Félix Bautista, que busca eliminar el método D\’Hondt, lo que añade una capa más de complejidad a este proceso de reforma electoral. El diálogo entre los partidos y la JCE se presenta como un paso crucial para garantizar un marco electoral que respete los derechos de todos los ciudadanos y asegure la integridad del sistema político dominicano.
Reformas políticas necesarias en el 2025
Por Eddy Olivares Ortega Al momento de dictar, el 13 de diciembre de 2024, la sentencia TC/0788/24, que declaró no conformes con la Constitución los artículos 156 y 157 de la Ley núm. 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, que regulan las candidaturas independientes a cargos de elección popular, el Tribunal Constitucional obligó al liderazgo político, al Poder Legislativo y a la Junta Central Electoral a iniciar, desde los primeros días de enero del 2025, el proceso de reforma de la referida norma política y de la Ley núm. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos. La sentencia sustitutiva o manipulativa, que tomó por sorpresa a los partidos políticos, con la nueva redacción de los mencionados artículos hecha por el mismo tribunal, ignorando la delicadeza del tema y su impacto en el sistema electoral, dejó mal parado al llamado primer poder del Estado y preocupado al órgano responsable de la organización y supervisión de las elecciones. Tal es la incidencia de la sentencia, que declaró la no conformidad de los artículos 156 y 157 con la Constitución, que la Ley 33-18 podría pasar a denominarse Ley de Partidos Políticos y Agrupaciones Cívicas o Sociales. De todos modos, los partidos políticos, la JCE y el Poder Legislativo tendrán la tarea de darle la concreción posible a la polémica sentencia, sin afectar el buen funcionamiento de los sistemas electoral y de partidos políticos. Precisamente, como producto de otras sentencias del propio TC y los tribunales Superior Electoral (TSE) y Superior Administrativo (TSA), las reformas de las leyes números 33-18 y 15-19 debieron producirse antes de las pasadas elecciones, por lo que esta nueva sentencia podría contribuir con la materialización de las reformas políticas pendientes. Como se sabe, el Congreso Nacional arrastra una mora legislativa, a causa, sobre todo, de la abarcadora reforma constitucional del 2010, que va a demandar un esfuerzo productivo extraordinario por parte de los legisladores. Tanto las leyes Orgánica del Régimen Electoral como de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos se encuentran pendientes de ser conocidas, aunque, al parecer, producto de la carga de trabajo de los legisladores, pasaron a un segundo plano. No obstante, es aconsejable que este 2025 ambas leyes sean incluidas en las iniciativas priorizadas del Congreso Nacional, para evitar que, igual que la última vez que fueron aprobadas, sean conocidas en medio de la prisa y los intereses coyunturales de los precandidatos y los partidos, muy cerca de la precampaña y de las elecciones, en perjuicio de su calidad. Por tanto, este momento es el indicado para que los partidos políticos discutan temas como el transfuguismo de candidatos, el cual les genera mucha preocupación, sobre todo después de la sentencia que dictó el TC sobre los candidatos independientes, ante la posibilidad de que competidores de los procesos internos de los partidos intenten, después de no resultar victoriosos, convertirse en candidatos independientes o de otros partidos. Finalmente, ahora que la referida sentencia del TC, sin proponérselo, unificó a los partidos políticos en torno a la conveniencia de evitar ser afectados por iniciativas de sectores que los adversan, es el momento indicado para que, en lugar aprobar parches, el Congreso Nacional realice una reforma integral y de calidad de las dos principales leyes políticas.