¡ALERTA! ¿Nuevo Código Penal silenciará a los dominicanos? El 3 de agosto entra en vigencia una ley que pone LÍMITE a la libertad de expresión
A solo semanas de que entre en vigor el nuevo Código Penal, el próximo 3 de agosto, un temor recorre la sociedad dominicana como pólvora: ¿acaso esta esperada normativa, gestada durante más de dos décadas en el Congreso, terminará por amordazar a quienes alzan su voz? El fantasma de la censura vuelve a rondar, y no faltan quienes aseguran que el país se prepara para vivir bajo el filo de una ley que castigará hasta el último insulto en Facebook. Por Redacción Nacional Santo Domingo. –La interrogante no es menor. Mientras la Constitución proclama en su artículo 49 el derecho sagrado a expresar pensamientos sin censura previa, el nuevo texto punitivo introduce penas que harían temblar al más osado de los periodistas o al ciudadano que osa criticar en Twitter. El honor y la reputación, dicen los legisladores, también merecen protección. Pero la ciudadanía se pregunta: ¿a qué costo? El artículo 208 del flamante código no deja lugar a dudas: quien impute públicamente un hecho capaz de manchar el honor, la dignidad o el buen nombre de una persona —sea física o jurídica— se expone a penas de dos a cinco años de prisión menor y multas de hasta quince salarios mínimos del sector público. Y cuidado, porque el medio no importa: redes sociales, transmisiones en vivo, plataformas digitales, todo queda bajo la lupa. Pero eso no es todo. El artículo 210 castiga la injuria, esas expresiones ultrajantes que, sin señalar un hecho concreto, hieren la dignidad ajena. Y el 310, quizás el más polémico, establece que ultrajar a un funcionario público —con palabras, gestos o escritos, aunque sean en privado— merece de quince días a un año de prisión, más multa del doble o triple de su salario. Los más avispados recordarán la vieja Ley 6132 de 1962, que hasta ahora regía la materia. En aquel entonces, difamar a un particular costaba apenas quince días a seis meses de prisión y multas de 25 a 200 pesos. Hoy, los valores se han multiplicado y el plazo para que prescriba el delito se ha extendido. La mano dura, dicen, es la nueva firma de la justicia. Sin embargo, no todos cantan malas nuevas. Juristas alertan que el Tribunal Constitucional, mediante su sentencia TC/0075/16, ya dejó claro que la crítica a funcionarios públicos, el debate de interés general y las denuncias verificables están blindadas por la libertad de expresión. Ese fallo, recuerdan, tumbó artículos completos de la vieja ley. ¿Hará lo mismo con el nuevo código? Mientras tanto, el reloj avanza. El 3 de agosto, la espada caerá. Los periodistas, los comentaristas de redes y hasta el ciudadano que suelta un improperio en un grupo de WhatsApp deberán pensarlo dos veces. Porque en la República Dominicana, a partir de esa fecha, la lengua tendrá dueño. O al menos, un juez.
Participación Ciudadana respalda Ley de Libertad de Expresión pero alerta sobre riesgos en su articulado
Participación Ciudadana sugiere vistas públicas para enriquecer debate en Comisión Especial del Senado Por César Dalmasi Guzmán En un ejercicio de diálogo democrático, la Comisión Especial del Senado recibió los aportes de Participación Ciudadana sobre el controvertido proyecto de ley de libertad de expresión. La reconocida organización de la sociedad civil manifestó su respaldo general a la iniciativa legislativa, pero con observaciones críticas que podrían redefinir el alcance de la normativa. Voces calificadas, precisiones necesarias Durante su intervención, los representantes de la entidad valoraron positivamente el esfuerzo legislativo por garantizar este derecho fundamental, aunque advirtieron que ciertos artículos -cuyo contenido no especificaron en esta primera fase- podrían generar \»interpretaciones restrictivas\» del ejercicio periodístico y la libre difusión de ideas. \»Compartimos el espíritu de la propuesta, pero consideramos indispensable abrir un proceso de vistas públicas que permita incorporar las perspectivas de todos los sectores involucrados\», señaló uno de los portavoces ante los senadores presentes. Esta sugerencia busca evitar que aspectos técnicos del proyecto, actualmente en discusión, deriven en aplicaciones contrarias al propósito original de ampliar las garantías constitucionales. Un debate en construcción Las observaciones presentadas colocan sobre la mesa un dilema legislativo complejo: cómo blindar la libertad de prensa sin crear vacíos que permitan su abuso, y cómo regular responsabilidades sin caer en censura encubierta. Participación Ciudadana propuso crear mesas técnicas adicionales con medios de comunicación, academias de derecho y organismos internacionales antes de la votación final. Fuentes parlamentarias confirmaron que la Comisión analizará estas recomendaciones en las próximas semanas, en un proceso que promete intensificarse conforme avance el calendario legislativo. Mientras tanto, el proyecto sigue su curso bajo la atenta mirada de organizaciones civiles y el gremio periodístico, conscientes de que toda regulación en esta materia debe equilibrar derechos con responsabilidades sociales. Este medio mantendrá seguimiento exhaustivo al desarrollo de esta iniciativa que podría redefinir el ecosistema comunicacional del país. #LibertadDeExpresión #TransparenciaLegislativa #ParticipaciónCiudadana