No hay mal que dure cien años
“Un Estado donde queden impunes la insolencia y la libertad de hacerlo todo, termina por hundirse en el abismo”. Sófocles Las estafas a través del uso de la tecnología desde las cárceles dominicanas en los últimos 20 años han ido en aumento de manera desproporcionada, miles de dominicanos son chantajeados, manipulados, extorsionados y suplantados en su identidad a través de las redes sociales por delincuentes que se sustentan en la más alta tecnología usada de manera ilegal desde sus celdas, incluso han implementado el uso de la inteligencia artificial ante la mira indiferente de las autoridades penitenciarias. Es lamentable abominable e irracional observar como algunos funcionarios con la autoridad para desmantelar estas bandas, no prohíben estos actos delincuenciales, y al contrario ellos normalizan tales situaciones de estafas y chantajes a través de la tecnología. Los hechos delictivos desde los recintos penitenciarios, abordados por algunas autoridades ante la opinión pública con normalidad, demuestran que los antisociales hacen y deshacen a su antojo desde las cárceles del país. Es una vergüenza nacional ser testigo de un sistema carcelario, cómplice, sumiso y permisivo ante estas lacras humanas. Es sorprendente ver como históricamente las autoridades de los últimos cuatro gobiernos; Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Danilo Medina y el actual Luis Abinader, admiten sus ineficiencias y desfachatez ante una situación que ha afectado a tantas personas y familias en el país. Es agobiante escuchar a los que están llamados a poner el orden y hacer cumplir la ley, abordar un tema tan delicado como es las estafas a través de suplantación de identidad y el uso de la tecnología como si se tratara de algo normal e incontrolable para el Estado Dominicano. Recordemos el impresionante descubrimiento en el año 2024, la instalación de parábolas de internet satelital marca Starlink en las cárceles La Victoria, publicada por los medios de comunicación, misma que eran utilizadas para todo tipo de delitos, debe llenar de vergüenza no solo al director de presiones, sino a todo el aparato de justicia en la República Dominicana y por supuesto al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) Es cierto que en su momento las autoridades de entonces desmantelaron estas parábolas, pero ahora es preciso hacer varias preguntas: ¿Cuánto tiempo tenían estas parábolas instaladas? ¿Quién dio la autorización para la instalación de las mismas? ¿Hubo consecuencias en contra de las autoridades que permitieron la colocación de las mismas? Son algunas de las interrogantes que les hacemos a las autoridades ante el inusual hallazgo el cual ha permitido que miles de dominicanos sean ultrajados a través de la tecnología y estos aparatos. A continuación plasmamos lo vivido por una de las víctimas de estos casos de ciberacoso, chantaje y estafa, se trata del empleado privado Wilo. Wilo, a quien intentaron ultrajar, nos relata, que estaba ubicado en su espacio de trabajo y recibió una video llamada, la cual no tomó por sospechar que se trataba de una estafa, ya que el mismo procedía de un número desconocido para él. Notó algo sospecho en esta llamada quien, acto seguido recibió un mensaje en dónde los delincuentes cibernéticos le envían una imagen con su perfil y dos jóvenes menores de edad desnudas acompañado de un texto intimidatorio, con el intento de chantaje donde solicitaban la suma de 50 mil pesos para no difundir el montaje con su imagen anteriormente mencionado, presentándolo como un pedófilo. Wilo ante este ciberacoso y chantaje de parte de los antisociales de una de las cárceles dominicana, procedió a responder a los delincuentes dejándolo en evidencia y cerrando todo tipo de comunicación con ellos. Debido a la gravedad de estos actos delincuenciales a través del uso de la tecnología, el Director Ejecutivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, el año pasado presentó unas estadísticas con relación a los delitos, estafas y demás a través de las cárceles que espantan a toda la población. Mazara, señaló que el 90% de las llamadas fraudulentas en el país provienen de las cárceles y las mismas son realizadas a través de teléfonos que los mismos delincuentes sustraen de los ciudadanos en las calles al ser atracados. Estos bochornosos hallazgos del director de Indotel, es preciso continuar preguntado: ¿Dónde están los directores o encargados penitenciarios que han permitido estos actos delictivos? ¿Por qué razón estos altos oficiales que dirigen recintos penitenciarios como el 15 de Azua, la de Rafey en Santiago de los Caballeros, Anamuya de Higüey y la del Pinito de La Vega, son los mismos señalados por el director de Indotel como las de mayor flujo para cometer estos hechos delictivos, no son investigados? Otro dato interesante que aportó el director ejecutivo de Indotel reiteramos a finales del año 2024 es que el 36% de los delitos que se efectúan en el país se usan a través de los teléfonos, por tal razón cualquier iniciativa tendente a controlar desde las cárceles el uso de los celulares será bien recibida por la población cansada de recibir llamadas engañosas. La llegada de Guido Gómez Mazara al Indotel consideramos fue acertada por el presidente Luis Abinader. Deberían los jefes de esas cárceles controladas por los delincuentes tecnológicos saber que se están dando los pasos para que esos reinados de ultraje, chantaje y estafa lleguen a su fin. Ahora la sociedad espera que el anuncio hecho en el 2024 por el señor Mazara con relación al acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), con el propósito de instalar bloqueadores de señales en los recintos penitenciarios se logre concretizar y de esa forma acabar con el negocio de la impunidad y que casos como el de Wilo no se vuelvan a repetir en la República Dominicana. Hacemos un llamado al presidente de la República Luis Abinader, al director del Indotel Guido Gómez Mazara, y al Congreso dominicano; pongan en marcha una modificación amplia a la Ley General de Telecomunicaciones 153-98, no es viable poder luchar, perseguir esta práctica delictiva, como el ciberacoso, chantaje y el robo de identidad desde las cárceles con una ley
Barrios de Santo Domingo Norte y La Victoria desatendidos
Por Servicios umbral.local/ Decenas de familias que residen en los barrios y sub-barrios de los municipios de Santo Domingo Norte y La Victoria, en República Dominicana, enfrentan condiciones de vida precarias debido al deterioro de las calles y vías de acceso. Las comunidades de Guaricano, Jacagua, Ponce, Villa Primavera y Canaán de Punta sufren las consecuencias de un ambiente empobrecido, donde la falta de contenes, alcantarillas y asfalto se ha vuelto una constante. En estas localidades, caracterizadas por su alegría y cultura bachatera, al menos cinco barrios o subsectores padecen problemas graves de infraestructura. Los residentes caminan sobre lodo y polvo, mientras otros desafíos como los apagones energéticos y la creciente inseguridad se suman a su sufrimiento. La delincuencia ha tomado el control en algunos sectores, afectando la calidad de vida de los ciudadanos. En Guaricano, por ejemplo, la Calle Francisco del Rosario Sánchez (La Colombia) y en Jacagua Abajo, sectores como Eloísa Mercedes, Regino Martínez, Fondo de Bikini, Arroyo Norte, Los Primos (El Mamey) y la calle principal Los Casabes se encuentran en condiciones deplorables. En La Victoria, recientemente elevada a municipio, las calles Juan Pablo Duarte, Gregorio Luperón, Jacobo Majluta, María Trinidad Sánchez y Orlando Martínez, así como once veredas, también están en mal estado. Los moradores han comenzado a organizarse en diferentes instituciones barriales y amenazan con iniciar protestas para exigir respuestas a las autoridades, en particular a la alcaldesa de Santo Domingo Norte, Betty Gerónimo, y al alcalde de La Victoria, Miguel Antonio Saviñón, conocido como “El Gringo”. Este último ha declarado en público que no tiene la obligación de construir calles, argumentando que tuvo que comprar cada voto para ser reelecto en su cargo. Ramón Martínez, un dirigente comunitario, considera que las declaraciones del alcalde son una burla para la población de La Victoria, en especial para Villa María. Por su parte, Jhon Betancourt, un joven educador de Jacagua y miembro de la organización Juventud Caribe, señala que la alcaldesa de Santo Domingo Norte ha estado prometiendo soluciones que nunca se llevan a cabo. “Los salcochos barriales se han convertido en los encuentros favoritos de la síndica, pero al terminar nunca vuelve por el lugar”, criticó Betancourt. En pleno el inicio de 2025, los residentes denuncian que los asfaltos que llegan a los municipios se utilizan para embellecer calles ya pavimentadas, dejando a numerosos barrios sumidos en el agua estancada, lodo y polvo. Los dirigentes comunitarios Ramón y Jhon enfatizan que esta situación será confrontada hasta llegar al palacio presidencial. “No es posible que todo el asfalto que se procesa en el país y que llega a Santo Domingo Norte y La Victoria se vierta en calles ya pavimentadas, creando una capa de asfalto sobre asfalto; mientras decenas de lugares no han disfrutado de contenes ni pavimentación”, expresaron ambos líderes comunitarios. Con la organización en marcha, las comunidades desatendidas parecen estar preparándose para ser escuchadas a través de protestas en las calles.
Miriam Germán hace balance de su gestión y critica ataques por muertos en La Victoria
Miriam Germán Brito, procuradora general de la República, durante su rendición de cuentas este martes 26 de marzo del 2024. En la imagen el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; el del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier; el del Tribunal Superior Electoral, Ygnacio Camacho Hidalgo y el juez de la SCJ, Justiniano Montero. Por Julio Guzmán Acosta Miriam Germán Brito, procuradora general de la República, presentó ayer martes, la que será su última rendición de cuentas al frente del Ministerio Publico, ratificando que dejará este año esa función, pero que en lo que le resta al frente del órgano continuará fortaleciendo el sistema penitenciario, el cual, dijo, debió mejorarse hace mucho tiempo y por cuya negligencia la sociedad \»ha pagado caro\». Por tal motivo, entiende que debe existir un \»pacto de Estado\», no solo de la Procuraduría, para optimizar las condiciones de las cárceles y que se conviertan en verdaderos centros de reinserción de los reclusos, que es el objetivo de la pena. La Procuradora piensa que la meta de hacer de las penitenciarías un lugar digno debe ser una política de Estado, \»no una propaganda electoral\». \»Y eso de que este es mi último período, eso está claro desde hace tiempo\», respondió la máxima representante del Ministerio Público minutos más tarde de la rendición de cuentas a periodistas que querían confirmar si era cierto lo que dijo de que dejaría el cargo en este año Manifestó al hilo de su alocución que también ha procurado actuar siempre con respeto, en la toma de cualquier medida \»en especial, cuando deben ser consensuadas con el órgano de Gobierno interno\», pero que \»existe una línea roja que jamás\» estará \»en disposición de cruzar, que es incumplir la ley\». Expresó que infringir la ley sería burlar la confianza que se ha depositado en ella y en la institucionalidad por la que tanto se ha trabajado. No obstante, dijo que el presidente de la República, Luis Abinader, \»nunca\» le \»ha enviado ninguna instrucción con respecto a nada\». Dijo, asimismo, que es \»inaceptable y profundamente decepcionante que existan aquellos que desde dentro socaven la institucionalidad y el espíritu de la ley\». El MP ha sido el \»banquito de picar\» La procuradora general afirmó que ha tratado de solucionar, dentro de las posibilidades que posee esa institución, la situación carcelaria. Cuestionó que el Ministerio Público (MP) se haya convertido en el \»banquito de picar\» en la lamentable tragedia de La Victoria que dejó 13 presos muertos y ha obligado a trasladar a más de 1,000 privados de libertad a otros centros para asegurar su seguridad. Sostuvo que el incendio, ocurrido el 18 de este mes, ha sido precedido por otros sucesos lamentables en otras cárceles, citando el ocurrido en Higüey, hace casi dos décadas, en el que murieron 133 privados de libertad, pero el cual, subrayó, no ocurrió en tiempos de campaña electoral. La tragedia en la cárcel de La Victoria \»es tan dolorosa como aquella (la de Higüey), es que esta ha sucedido en tiempos de campaña y efervescencia política, en la que cada cual ha procurado arrimar la brasa a su sardina\», señaló. Indicó, además, que \»la deficiencia del sistema penitenciario no es exclusivamente nuestra\», y que es un fenómeno presente en la mayoría de los países de América Latina. Aseguró que hacen las investigaciones para determinar el origen de la tragedia en la vieja Victoria y dijo que desde la Procuraduría se ha creado un gabinete especial para tomar las medidas de contingencia necesarias para garantizar los derechos de los internos y la continuidad de los servicios penitenciarios. Regalará un \»ábaco\» a Roberto Santana Ante la denuncia del asesor en materia carcelaria del Poder Ejecutivo, Roberto Santana de que 800 miembros de la Unidad de Traslado de Alto Riesgo (Utar) renunciaron, reaccionó diciendo en su discurso de rendición de cuentas que \»a quien contó\» esa cantidad “le voy a regalar un ábaco\». Lo citó como un ejemplo de las críticas que se le hace a su gestión sin fundamento. Explicó que solo había que revisar la página de la institución en donde solo menciona 347, desde el 2020 hasta la fecha, que han sido \»desvinculados por conducta reprochable, y unos pocos que han renunciado\». Dijo que algunos tienen hasta procesos penales. RD$300 millones al Mivhed para construcción de cárceles La procuradora informó que el Ministerio Público concluyó \»amigablemente\» con empresas constructoras involucradas en proyectos con el órgano persecutor y que \»se han superado todos los obstáculos legales\» para que el Ministerio de la Vivienda, Habitat y Edificaciones (Mivhed) pueda llevar a cabo la obra tan crucial e importante de reparación de los vicios de la Nueva Victoria, ubicada en Las Parras, en el municipio Guerra, provincia Santo Domingo. Reiteró que, en las edificaciones de esa penitenciaría, que se levantó en la gestión de su antecesor Jean Alain Rodríguez, había impedimentos legales para concluirlos, algunos de ellos por sometimientos a la justicia. Recordó que ya el Ministerio Público no tiene nada que ver con licitaciones para las construcciones de las cárceles, las que están a cargo del Mivhed, en cumplimiento a la Ley 160-21. Detalló sus logros en el 2023 Ante representantes del Congreso Nacional, del Poder Judicial, Miriam Germán Brito destacó que en el 2023 eliminó la carcelita de Bella Colina, que se encontraba estado de deterioro y que se han nombrado 286 agentes de un total de 650 vacantes. Contra la criminalidad, aseguró que, en el compromiso con la persecución de los delitos de crimen organizado, han creado, junto a las demás instancias vinculadas a la seguridad nacional, la primera Fuerza de Tarea Nacional para analizar e investigar las manifestaciones delictivas de carácter transnacional con miras a su procesamiento y desarticulación. En ese orden, resaltó, también, que en el 2023 el Ministerio Público estableció récord en la región en materia de decomiso y acuerdos de culpabilidad en casos de corrupción, lo que a su juicio evidencia la fortaleza de los procesos llevados a la justicia. Dijo que se investigó y judicializó un total de 24 casos de trata de personas en diferentes modalidades, la mitad de éstos por explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. \»Y, no menos importante, en cumplimiento de la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos, a consecuencia de sentencias penales que autorizan decomisos de bienes, hemos podido obtener fondos por valor de más de 391 millones de pesos\», apuntó. Añadió \»es más, en
Unos 400 reclusos han sido trasladados a La Vega y SFM tras incendio en La Victoria
Incendio en cárcel La Victoria FUENTE EXTERNA Otros 1,300 reclusos, según prisiones, fueron reubicados en áreas no afectadas del penal de La Victoria. La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) informó que tras el incendio ocurrido este lunes en La Victoria, fueron trasladados 400 privados de libertad. De estos, detalló, 300 fueron al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) El Pinito, de La Vega, y 100 al CCR Vista al Valle, de San Francisco de Macorís, provincia Duarte. La entidad explicó que otros 1,300 fueron reubicados en áreas no afectadas del penal de La Victoria. Además, aclaró que a los trasladados se les crearán las condiciones para que tengan dignidad y habitabilidad adecuada. Indicaron también que se les garantiza el servicio de comida, agua y salud a la población penitenciaria, a través de los Comedores Económicos, el Servicio Nacional de Salud Pública y el Misterio de Salud Pública. En ese orden, también precisaron que serán asistidos por el área médica de los centros que los recibieron, para el manejo de su estado de salud. Informaron que se les dará facilidades para que se comuniquen con sus familiares, para que estos estén tranquilos. SOBRE INCENDIO La institución aclaró que la situación en el Centro de Privación de Libertad de La Victoria está bajo control luego del incendio que afectó el lunes parte de sus instalaciones. Roberto Hernández Basilio, director general de la DGSPC, informó que los organismos competentes investigan el origen del incendio, que se inició en el patio, en las celdas 3 y 4 Ratificó que hasta el momento el saldo es de 3 privados de libertad fallecidos y que se trabaja en su identificación.