Ejecuciones sin eco: el país no puede normalizar la muerte a manos de la Policía
27 abatidos en mayo. En lo que va de año, 108 ciudadanos caen bajo fuego policial. Las cifras no solo duelen: repiten un patrón que el Estado no ha sido capaz de desmontar. Mayo de 2026 ha dejado una estela de sangre que difícilmente puede atribuirse solo a la delincuencia. La propia estadística oficial revela que la Policía Nacional ejecutó en ese mes la misma cantidad de personas que en mayo de 2025. Ni un año de promesas, ni un año de depuraciones anunciadas, ni un año de discursos sobre derechos humanos han logrado modificar un mecanismo que se repite con escalofriante regularidad: ciudadanos abatidos en supuestos “intercambios de disparos” de los que nadie —nunca nadie— escucha los disparos del otro lado. Esa ausencia de balazos enemigos es la primera grieta del relato oficial. La segunda es la complicidad tácita de autoridades gubernamentales y judiciales que, una y otra vez, asumen como cierta la versión policial sin exigir peritajes independientes, sin practicar autopsias forenses con perspectiva de derechos humanos, sin interrogar a testigos que no pertenezcan a la uniformada. En la práctica, se ha instalado una metodología letal: matar y declarar después que hubo enfrentamiento. Así se silencian testigos incómodos. Así se ejecutan ajustes de cuentas. Así se elimina a cómplices que podrían señalar a agentes involucrados en narcotráfico u otros delitos. El código es simple y funciona porque nadie lo interrumpe. Pero no todo es responsabilidad exclusiva de quienes aprietan el gatillo. Hay una cadena de permisividad que comienza en la falta de control interno y termina en la pasividad de fiscales, jueces y superiores jerárquicos. Cuando un agente sabe que su versión será aceptada sin contrastación rigurosa, el mensaje que recibe es claro: matar, dentro de ciertos límites, no tiene costo. Esa lógica debe romperse. Umbral sostiene, con la claridad que exige el momento, que la Policía Nacional no es un cuerpo ejecutor. Su deber es detener, no ejecutar. Su obligación es poner a los presuntos delincuentes a disposición de los tribunales, no abatirlos en callejones sin testigos ni registros creíbles. La justicia penal corresponde a los jueces, no a los agentes en patrullaje. El problema no es nuevo, pero la paciencia de la ciudadanía se agota. Ciento ocho abatidos en cinco meses es una cifra de guerra, no de seguridad ciudadana. Y la repetición mecánica de las mismas excusas institucionales es, a estas alturas, una forma de complicidad. Basta ya de los asesinatos sumarios de la Policía. Basta ya de versiones oficiales que nunca se confrontan con la realidad. Las autoridades que aún no han puesto freno a esta sangría tienen en sus manos la posibilidad de ordenar investigaciones independientes, de exigir protocolos de uso de la fuerza ajustados a derecho y de enviar a la justicia ordinaria a todo agente que convierta su placa en una patente de matar. El país merece policías que protejan vidas, no que las cuenten como trofeos. Y las víctimas —los 108 caídos— merecen algo más que una estadística. Merecen que un día ese número sea cero.
Tensión y gases lacrimógenos marcan marcha nacionalista en Friusa
Un operativo policial corta abruptamente la protesta contra la migración haitiana mientras se agudizan las tensiones sociales. Por Servicios umbral.local/ Bávaro, La Altagracia – Lo que comenzó como una marcha \»pacífica\» terminó convertida en un episodio de tensión social que dejó al descubierto las profundas fracturas en la comunidad de Friusa. La protesta convocada por la Antigua Orden Dominicana, que prometía ser una manifestación patriótica, degeneró en caos cuando cientos de manifestantes intentaron desviarse hacia zonas con alta concentración de migrantes haitianos, provocando una contundente respuesta policial. Minuto a minuto del conflicto Desde las 2:00 de la tarde, unos 200 manifestantes vestidos de negro y ondeando banderas dominicanas comenzaron a congregarse en la Avenida España, el único espacio autorizado para la protesta. La atmósfera, aunque tensa, se mantenía bajo control hasta que, alrededor de las 2:30 pm, un grupo de participantes intentó romper el cordón de seguridad para dirigirse hacia Mata Mosquito, sector conocido por su población mayoritariamente haitiana. \»Fue como ver una olla a presión a punto de explotar\», describió un comerciante local que prefirió mantener el anonimato. A las 2:45 pm, agentes antidisturbios emitieron la primera advertencia a través de megáfonos. Cinco minutos después, cuando los manifestantes insistían en avanzar, el aire se llenó del característico humo blanco de las bombas lacrimógenas. Las dos caras del conflicto El coronel Diego Pesqueira, portavoz de la Policía Nacional, defendió el procedimiento: \»Cumplimos estrictamente con el protocolo escalonado. Primero diálogo, luego advertencias y finalmente medidas de dispersión no letales cuando se intentó violar el perímetro acordado\». Sin embargo, entre los manifestantes la percepción fue distinta. \»Vinimos a ejercer nuestro derecho a protestar y nos tratan como criminales\», denunció Ángel Mota, uno de los participantes, mientras se limpiaba los ojos irritados por los gases. Su declaración resume el sentir de muchos en el grupo ultranacionalista, que acusan al gobierno de proteger más a los migrantes que a los ciudadanos dominicanos. Del otro lado de la tensión social, Marie Baptiste, una mujer haitiana que vive hace ocho años en Friusa, relató desde su humilde vivienda: \»Mis hijos lloraban escondidos bajo la cama. Pensamos que esta vez sí entrarían a hacernos daño\». Su testimonio refleja el miedo constante que vive la comunidad migrante en esta zona. Una comunidad dividida Friusa se ha convertido en el símbolo de las complejas tensiones migratorias en República Dominicana. Según datos recopilados por umbral.local/, el 40% de la fuerza laboral local es de origen extranjero y el 42% de las viviendas albergan familias binacionales. Estas cifras, en lugar de hablar de integración, han alimentado un caldo de cultivo para el resentimiento social. En los últimos 18 meses se han registrado al menos 14 incidentes con matices xenófobos en la zona, incluyendo pintas amenazantes en viviendas y negocios propiedad de haitianos. La ONG Reconoci.do documentó que durante la protesta del domingo al menos tres viviendas de familias haitianas sufrieron daños por lanzamiento de piedras. Reacciones institucionales La rápida escalada del conflicto ha generado olas de reacciones. La Procuraduría General de la República anunció la apertura de una investigación para determinar si hubo uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes. Mientras tanto, la Cancillería haitiana emitió un comunicado expresando \»profunda preocupación\» por los eventos y exigiendo protección para sus ¿Qué sigue para Friusa? Mientras las autoridades buscan soluciones institucionales, en el terreno las heridas sociales parecen profundizarse. La Iglesia Católica anunció que mediará una mesa de diálogo comunal, pero muchos residentes se muestran escépticos. \»Esto no termina aquí\», advirtió un líder comunitario que pidió reserva de su identidad. \»Cada intervención policial, cada protesta, cada ataque, va acumulando resentimiento en ambos lados\». Lo ocurrido este domingo en Friusa no fue un incidente aislado, sino el último capítulo de una historia de tensiones no resueltas entre dos comunidades que comparten el mismo espacio geográfico pero viven realidades sociales profundamente divididas.