La orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) contra Netanyahu y Gallant marca un hito en la justicia internacional
La relevancia de esta decisión trasciende la mera simbolización; implica una potencial transformación en la forma en que se perciben y se aplican las normas de derecho internacional. La CPI, establecida en 1998 y operativa desde 2002, tiene la misión de juzgar a los responsables de los crímenes más graves, y su jurisdicción se extiende a 124 países que han suscrito el Estatuto de Roma, entre ellos España. Esto significa que, si Netanyahu o Gallant pusieran pie en cualquier nación firmante, podrían ser detenidos conforme a la ley internacional. Por Julio Guzmán Acosta El pasado jueves, la Corte Penal Internacional (CPI) dio un paso histórico al emitir una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de defensa, Yoav Gallant. Acusados de crímenes de guerra y lesa humanidad, las denuncias incluyen el uso de la inanición como método de guerra, así como asesinatos y otras violaciones graves contra la población de la Franja de Gaza. Este acontecimiento no solo resuena en los pasillos de La Haya, sino que también sacude las dinámicas políticas globales, especialmente en el contexto de las relaciones internacionales contemporáneas. La orden de arresto representa un momento sin precedentes, ya que es la primera vez que un líder de un país aliado de Estados Unidos y de la OTAN enfrenta tal acción por parte de la CPI. La decisión del fiscal Karim Kahn se produce en medio de un contexto devastador: más de 44,000 palestinos han perdido la vida en lo que se considera uno de los genocidios más atroces del siglo XXI. Las imágenes de destrucción en Gaza, donde se han arrasado hospitales, universidades y hogares, han sido vistas por millones, generando una ola de indignación y un clamor internacional por justicia. La relevancia de esta decisión trasciende la mera simbolización; implica una potencial transformación en la forma en que se perciben y se aplican las normas de derecho internacional. La CPI, establecida en 1998 y operativa desde 2002, tiene la misión de juzgar a los responsables de los crímenes más graves, y su jurisdicción se extiende a 124 países que han suscrito el Estatuto de Roma, entre ellos España. Esto significa que, si Netanyahu o Gallant pusieran pie en cualquier nación firmante, podrían ser detenidos conforme a la ley internacional. Sin embargo, la realidad política es compleja. La reacción inicial del gobierno español, que expresó su respeto por la decisión de la CPI, plantea interrogantes sobre la voluntad real de cumplir con el Estatuto de Roma. A pesar de las declaraciones oficiales, muchos analistas consideran improbable que se ejecute un arresto si Netanyahu decidiera visitar España. La historia reciente sugiere que la primacía de las relaciones con Estados Unidos y la OTAN podría prevalecer sobre las obligaciones internacionales. La administración española de Pedro Sánchez ha sido criticada por su inacción ante el genocidio en Gaza, limitándose a pronunciamientos vacíos y a un reconocimiento simbólico del Estado palestino. Esta falta de acción se refleja en la reciente permisividad para que buques estadounidenses, cargados de material militar, atracaran en puertos españoles, en contravención de la Ley 53/2007 sobre Comercio de Armas. Esta situación plantea la inquietante posibilidad de que el gobierno español, a pesar de sus compromisos, elija ignorar la orden de arresto si se presentara la oportunidad. En este panorama, el papel de Estados Unidos se vuelve crucial. La rápida condena de Joe Biden a la orden de arresto como \\\»escandalosa\\\» subraya la influencia que el país norteamericano ejerce sobre sus aliados. La historia ha demostrado que, en cuestiones de política exterior, la voluntad de Washington puede eclipsar las leyes nacionales e internacionales, lo que deja a muchas naciones, incluida España, en una posición incómoda. a orden de arresto de la CPI es un momento decisivo que podría redefinir la justicia internacional y la rendición de cuentas en conflictos armados. Sin embargo, las realidades políticas y las lealtades internacionales plantean dudas sobre su implementación. La comunidad internacional observa con atención, esperando que el clamor por justicia no se ahogue en la complejidad de las relaciones de poder. En un mundo donde la imagen del sufrimiento humano es visible para todos, la posibilidad de que líderes responsables de crímenes de guerra enfrenten la justicia es un principio que, aunque frágil, debe ser defendido.
México busca establecer en la ONU expulsión de países que violen normas
Ciudad de México, 12 abr (Prensa Latina) Queremos que se convierta en doctrina la decisión de ONU de expulsar a cualquier estado miembro que viole el derecho internacional, la soberanía de países y sus embajadas, afirmó hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. PRENSA LATINA Durante su habitual conferencia de prensa, el mandatario respondió a preguntas de periodistas sobre la denuncia presentada la víspera contra Ecuador en la Corte Internacional de Justicia por el asalto de fuerzas policiales a la embajada mexicana en esa nación andina el viernes pasado. Buscamos que, si así lo decide el Tribunal, en el caso de que se repita esto en cualquier país del mundo, pase a la Asamblea General de la ONU, se ponga a consideración de todos los miembros, se vote y, si se decide que debe expulsarse al que actúa violando derechos internacionales, el Consejo de Seguridad no pueda vetarlo, afirmó. A juicio del gobernante, se trata de algo muy importante para la diplomacia y para garantizar que se viva en un mundo de leyes, normas, y no en uno donde domine el más fuerte, el autoritarismo, el golpismo y el intervencionismo. En su demanda ante La Haya, México pidió también la suspensión de Ecuador como integrante del organismo multilateral en tanto no se emita una disculpa pública reconociendo las violaciones del derecho internacional, con la finalidad de garantizar la reparación del daño moral infligido al Estado y sus nacionales. La policía ecuatoriana irrumpió en la noche del viernes en la sede diplomática de México en Quito para detener al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, considerado un perseguido político y quien había solicitado asilo y le fue otorgado por esta nación. Acerca del asilo, eso lo tiene que resolver también el Tribunal Internacional, “pero nos envían, como lo estábamos solicitando, en calidad de asilado al exvicepresidente y ya lo otro ya se olvidó. No. Lo que queremos es que no haya repetición”, aseveró López Obrador. Desde luego que tiene derecho al asilo el exvicepresidente y hay que hacer valer el derecho de asilo, pero son las dos cosas, enfatizó. Tras el allanamiento a la Embajada, a raíz del cual México rompió relaciones diplomáticas con Ecuador, países y organizaciones de todo el mundo han expresado su rechazo al hecho, considerado una flagrante violación de los principios del derecho internacional. El mandatario expresó su satisfacción por la modificación ayer de la postura inicial sobre el tema por parte del gobierno de Canadá, que condenó el asalto a la sede diplomática mexicana, tras un primer comunicado en el que hablaba de una “aparente violación al derecho internacional”