Una propuesta costosa e insostenible
SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS La propuesta de la Coalición Digna generaría un déficit de 5.2 millones por afiliado promedio. Con un salario de 37,000 pesos reales (libre de inflación) el afiliado promedio aportaría 821,221 pesos y si esos aportes se ahorraran y capitalizaran se obtendrían intereses por 732,588 al 5 % anual, acumulando un total de 1,553,809 pesos reales. De acuerdo a la propuesta, este afiliado modelo se retiraría a los 60 años con una pensión del 70% durante un promedio de 17 años, más 3 años del cónyuge sobreviviente. Su pensión total ascendería a 6,728,218, arrojando un déficit per cápita de 5,174,408, debido a que recibiría 4.3 veces más que el total aportado y acumulado de por vida. Demasiado bueno para ser verdad y financieramente sostenible. Los autores ocultan ese déficit, no explican cómo se financiaría ni cuál sería su impacto en la sostenibilidad del sistema. Tampoco, indican cuáles serían sus implicaciones fiscales a largo plazo y cuántos impuestos tendríamos que pagar todos los contribuyentes. Tampoco reconocen que el sistema de reparto fomenta irritantes privilegios de quienes “reparten y reparten y se quedan con la mayor parte”? Esas son las respuestas que el país necesita y reclama para conocer la verdad. Ante la incapacidad de demostrar su sostenibilidad financiera a largo plazo, el sistema de reparto no se justifica por méritos propios, sino descalificando al sistema de capitalización individual. La alta comisión de las AFP es utilizada como un pretexto para desacreditarlo, sin considerar la posibilidad de reducirla para elevar la tasa de reemplazo. Ciertamente los beneficios de las AFP son muy elevados, pero en este caso lo lógico sería proponer una reducción sustancial de la comisión como lo hizo México que ya las bajó al 0.54% anual sobre el fondo administrado. En el 2019, cuando el Senado convocó para discutir el tema, esos grupos radicales se limitaron a denunciar las altas comisiones en vez de proponer su reducción. Se descarta de antemano toda posibilidad de reforma del sistema de capitalización individual porque se trata de un enfoque unilateral para eliminarlo a cualquier costo Se afirma que las grandes corporaciones son las principales beneficiarias y que los afiliados reciben la menor parte. Eso no es cierto de acuerdo a los resultados obtenidos. Actualmente el patrimonio de los trabajadores supera los 1,175,199.4 millones de pesos, de los cuales alrededor de 528,839.7 millones (el 45%) han sido aportados por los afiliados y empleadores y 646,359.7 millones (el 55%) corresponden a las utilidades obtenidas. Se critica la falta de solidaridad social de la capitalización individual de Chile durante la dictadura de Pinochet. Pero no se reconoce que esa falla no justifica su eliminación, ya que hace 24 años nuestro país creó un Fondo de Solidaridad Social (FSS) a favor de los afiliados de bajos ingresos, y ahora lo que procede es fortalecerlo para garantizar pensiones adecuadas a los trabajadores con aportaciones insuficientes. Según afirman, las altas ganancias de las AFP causan las bajas tasas de reemplazo, lo cual no se corresponde con la realidad. De acuerdo a nuestros cálculos, su reducción al 0.54% anual sólo agregaría un año y dos meses más de jubilación por lo que, aún lográndola, todavía el déficit financiero promedio equivaldría a unos 8 años y tres meses de pensión sin fondos para cubrirlos, manteniendo una situación financiera deficitaria e insostenible. Lo cierto es que sin una reforma, las pensiones serán bajas, independientemente de que sea reparto o capitalización individual debido al impacto creciente de la longevidad. Nuestra Fundación asume la responsabilidad técnica de decir la verdad a la población, a la Comisión Bilateral, al movimiento sindical y a los políticos.
La longevidad impone un rediseño previsional
Los sistemas previsionales no están preparados para afrontar el reto del envejecimiento. Con los actuales parámetros, ni el reparto ni la capitalización aseguran una pensión digna con sostenibilidad fiscal y social. SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS La publicación del BID Presente y futuro de las pensiones en América Latina y el Caribe, confirma mis planteamientos de que, en la actualidad, ni el diseño del sistema de reparto público, ni el de capitalización individual garantizan, una pensión digna y sostenible, en sociedades cada vez más longevas. El informe, basado en un análisis de los sistemas de pensiones de 27 países de América Latina y el Caribe, cuestiona el mito de que América Latina y el Caribe es una región joven, señalando que, en realidad, estamos envejeciendo mucho más rápido que el resto del mundo, con proyección de una de cada cinco personas será mayor de 65 años para el 2050, como ya ocurre en Europa y Asia. Ahora tenemos más “viejos” que viven muchos más años. Es necesario revisar y eliminar las inequidades de los sistemas de reparto que otorgan subsidios a los trabajadores de mayores ingresos con cotizaciones más regulares, ignorando la realidad del trabajador promedio, cuya inestabilidad laboral le impide cumplir con todos los requisitos para acceder a una pensión plena. En los sistemas de beneficios definidos (reparto) existen elementos de diseño que castigan o desprotegen a los trabajadores con cotizaciones esporádicas, actuando como un impuesto regresivo. En los sistemas de contribución definida (capitalización), los cotizantes esporádicos tampoco reciben la pensión mínima, ni ningún tipo de seguro de longevidad. De acuerdo con dicha publicación, los sistemas públicos de reparto (en países como Brasil, Honduras o Ecuador, entre otros) fueron diseñados para ser generosos con los trabajadores que contribuyen durante toda su vida laboral, en ocasiones perjudicando a quienes cotizan por debajo del mínimo de años para calificar a una pensión (entre 10 y 35 años). En cambio, los sistemas de capitalización individual, presentes en países como Chile, Colombia, México y Perú, entre otros, ofrecen una tasa de reemplazo de un 40%, es decir, el monto de la pensión a percibir representa menos de la mitad del último salario del trabajador, sin derecho a recibir el subsidio implícito en el reparto. En ausencia de cambios en el diseño, mayor desigualdad e inequidad El análisis de los sistemas previsionales de 27 países de la región reveló que en los sistemas públicos de reparto el Estado subsidia alrededor de un 44% de la pensión promedio de quienes cotizan durante toda su vida laboral, “a veces dejando sin pensión a los afiliados de bajos ingresos que no pudieron hacer los aportes necesarios”. El informe confirma la conclusión del estudio del FMI sobre el carácter regresivo de los subsidios en Brasil. “A pesar de que algunos sistemas otorgan porcentajes mayores a los trabajadores de menores salarios, los afiliados de altos ingresos reciben subsidios monetarios sustancialmente mayores que los de bajos ingresos”. Según el BID, “en ausencia de cambios en el diseño de beneficios, las presiones demográficas harán que los sistemas sean cada vez más generosos con el individuo y más costosos para el Estado. Esto, unido a los cambios en el mercado de trabajo, también puede hacerlos cada vez más costosos (si más trabajadores consiguen pensionarse), o bien, más injustos y regresivos (si la tecnología erosiona las relaciones laborales)”. Los expertos del BID recomiendan: 1) que los sistemas de pensiones aseguren el necesario equilibrio entre los beneficios y las aportaciones, eliminando elementos redistributivos no deseados; y 2) que los sistemas puedan afrontar, tanto el envejecimiento, como los profundos cambios en el mercado laboral.
Dos grandes retos del presidente Abinader
Las metas del presidente Abinader son viables y para lograrlas en tres cuatrienios es necesario iniciar las reformas estructurales del sector salud y elevar los aportes para garantizar pensiones dignas y sostenibles para todos. ARISMENDI DÍAZ SANTANA SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS El presidente Luis Abinader afirmó que su gobierno está trabajando hacia la meta de convertir a la República Dominicana en un país plenamente desarrollado de cara al 2036, duplicando el producto interno bruto (PIB), durante los próximos 12 años. Una interesante visión de futuro de un presidente que acaba de reiterar que este será su último mandato presidencial. Para alcanzar esta meta en solo tres cuatrienios la economía tendría que crecer a un promedio del 6.2% anual. En realidad es posible, porque la economía dominicana ha tenido uno de los más altos crecimientos de la región durante más de tres décadas. Pero el panorama internacional no resulta el más propicio, por lo que lo más probable es que se tome unos dos o tres años más, lo cual no invalida la importancia de su planteamiento. El presidente Abinader pronosticó un alto grado de inversión que convertirá a nuestra economía en la más próspera de Latinoamérica, creando 1.7 millones de nuevos empleos, triplicando el salario promedio, eliminando la pobreza extrema, y extendiendo en seis años la expectativa de vida. Dado que estas metas son posibles en 12 o 16 años, vale la pena concentrar la atención sobre el rol de la seguridad social durante este proceso. La creación de 1,7 millones de empleos y la triplicación del salario medio sería una bendición para el Seguro Familiar de Salud. Esos permitirían incorporar al PBS la mayoría de los servicios demandados por los afiliados, siempre que se apliquen las reformas previstas en la Ley 87-01 y que se eliminen las distorsiones en la asignación de los recursos y en la contratación del personal. Para mejorar la salud y extender los años de vida, es necesario transformar a los hospitales públicos en centros autónomos y eficientes, con servicios continuos y de calidad. El reto ineludible del Estado es elevar los servicios hospitalarios para equilibrar la balanza entre lo público y lo privado, y reducir el gasto familiar de bolsillo. No estamos hablando de estatizar la seguridad social, como sueñan algunos, para multiplicar la politiquería, el clientelismo y el burocratismo. Necesitamos mejorar los servicios públicos para reducir la privatización y el afán desmedido de lucho, aplicando las reformas consignadas en la Ley de Seguridad Social. El otro tema trascendente es el aumento de 6 años de la esperanza de vida. Una meta menos realizable, ya que la tendencia mundial acusa un aumento entre dos y tres años de vida por cada década. No obstante, sean seis o cuatro años, de todas formas sería un gran avance para el país. Y en este tema, al gobierno actual también le corresponde una gran responsabilidad. Para garantizar pensiones dignas y sostenibles para todos es necesario elevar las cotizaciones, en especial, tomando en cuenta el costo adicional que implica un aumento tan importante de la longevidad. Estamos hablando de dos grandes retos de un Estado de derecho responsable en medio de una impostergable reforma fiscal. Y que bueno que el presidente Abinader haya puesto el tema sobre el tapete, porque de seguro que su equipo coincide en la urgencia de ambas reformas, sobre todo si se plantea eliminar la pobreza extrema antes del 2036. La Fundación Seguridad Social Para Todos (FSSPT) acoge las metas del presidente Abinader. Los dominicanos podemos. Y porque para lograrlas en tres cuatrienios es necesario iniciar las reformas estructurales del sector salud y elevar los aportes para garantizar pensiones dignas y sostenibles para todos.
Afiliación de los trabajadores autónomos
Los trabajadores autónomos dominicanos representan el 57% de la PEA, aportan más del 15% del PIB y generan millones de empleos, por lo que merecen una mayor atención de las autoridades de la Seguridad Social. Por Arismendi Díaz Santana La afiliación de los trabajadores por cuenta propia o independientes continúa siendo uno de los mayores desafíos de los sistemas de seguridad social. Mucho más en América Latina donde, como en nuestro país, la gran mayoría de estos trabajadores realizan su labor sin estar registrados, ni habilitados por el Estado. El tema va y viene, año tras año, con muy pocos avances porque, siendo un problema muy complejo, se tratan de aplicar soluciones muy simples, poco viables, de espalda a las características laborales, económicas y organizativas de esos trabajadores. Se les induce a afiliarse al Contributivo cubriendo el 100% del costo, lo cual implica un sacrificio muy grande. O se les afilia al Subsidiado, sin realizar ningún aporte, a pesar de que el 70% tiene capacidad contributiva. En esta semana la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) celebra en El Salvador un Congreso con los objetivos de “promover la ampliación de la cobertura en Seguridad Social a colectivos de difícil inclusión, y conocer las experiencias exitosas en Iberoamérica”, con la participación de la DIDA. Esperamos que surjan ideas creativas en esa dirección. La Ley 87-01 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) estableció el Régimen Contributivo Subsidiado (RCS), que les otorga un tratamiento especial a los trabajadores por cuenta propia, tomando en cuenta sus características laborales, su nivel de organización y su importancia social. Constituyen el 57% de la población económicamente activa (PEA), generan millones de empleos y aportan más del 15% del PIB. Un sistema de seguridad social universal, obligatorio y solidario, no puede soslayar esta realidad objetiva: 1) que en el país la informalidad es estructural y no coyuntural; 2) que los trabajadores autónomos constituyen la mayoría de los trabajadores dominicanos; y 3) que tienen características laborales, organizativas y contables muy diferentes. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Mano de Obra del Banco Central, alrededor del 70% de los trabajadores independientes declara ingresos superiores al salario mínimo nacional, por lo que califica para el RCS, mediante un aporte propio y un subsidio inversamente proporcional al ingreso promedio mensual. El 30% restante corresponde al Régimen Subsidiado. Desde luego, la incorporación de los trabajadores autónomos y de difícil afiliación requiere de flexibilidad, innovación, educación y persistencia. No obstante, lejos de aceptar este desafío, hace cinco años las autoridades sometieron un proyecto de ley para eliminar el Régimen Contributivo Subsidiado, incorporando a esa amplia población a uno de los dos regímenes restantes. El mismo fue desestimado. Algunos técnicos y autoridades han rechazado a priori este nuevo régimen, a pesar de la existencia de tres estudios independientes que confirmaron su viabilidad técnica y financiera. El primero fue elaborado por nosotros mediante concurso de la SIPEN, y los otros dos, por expertos calificados de la OIT y de la OPS, respectivamente. A finales del 2020, las autoridades nacionales y el CNSS optaron por afiliar a todos los trabajadores por cuenta propia al Régimen Subsidiado del SENASA. De esta forma, quedaron privados del derecho a la libre elección, obligándolos a acudir a servicios públicos considerados de baja calidad, incompletos y poco oportunos. Esta indecisión tiene un alto costo financiero y social: 1) muchos no utilizan el carnet y continúan comprando un seguro médico privado cubriendo su costo total; 2) el país pierde la oportunidad de ir avanzando hacia la formalidad laboral; y 3) su afiliación como subsidiados les impide cotizar y acumular para recibir una pensión, al momento de su retiro. La Fundación Seguridad Social Para Todos (FSSPT) hace un llamado a las autoridades nacionales a una debida ponderación de las opciones disponibles a partir de la Ley 87-01, tomando en cuenta las características específicas de los trabajadores autónomos y su importancia en la generación de empleos y de riqueza social.