Tribunal desata polémica con medidas de coerción leves en caso Jet Set
Ministerio Público anuncia apelación mientras víctimas quedan en espera de justicia Por Thiago Zorrilla Acosta Santo Domingo.- La madrugada de este jueves, la justicia dominicana tomó una decisión que ha encendido las alarmas: la jueza Fátima Veloz impuso medidas de coerción consideradas insuficientes contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario por el colapso del techo de la discoteca Jet Set, tragedia que dejó 235 muertos, más de 180 heridos y 130 niños huérfanos. Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público, no ocultó su indignación: \»Esta decisión se burla de las víctimas\», declaró, anunciando la apelación inmediata. Las medidas -presentación periódica, impedimento de salida y una fianza de 50 millones de pesos- contrastan con la petición fiscal de prisión preventiva para Antonio Espaillat y arresto domiciliario para su hermana. El funcionario reconoció, sin embargo, dos victorias procesales: el tribunal validó la calidad de la investigación fiscal y declaró el caso como \»complejo\», lo que amplía los plazos para profundizar las pesquisas. Además, la jueza se sumó al llamado de la procuradora general para reformar un Código Penal que, según expertos, muestra limitaciones ante tragedias de esta magnitud. El derrumbe del Jet Set el pasado 8 de abril ha expuesto no solo fallas estructurales, sino también las grietas del sistema judicial dominicano. Mientras las familias de las víctimas esperan justicia, la medida de coerción -dictada pasada la 1:30 a.m.- deja un sabor amargo: la percepción de que la balanza se inclina hacia los privilegios antes que hacia el dolor de quienes perdieron todo en una noche de fiesta convertida en pesadilla. El caso, que ha sacudido la conciencia nacional, ahora enfrenta un nuevo capítulo: la batalla legal por una sentencia que esté a la altura del dolor causado. Lo que sigue será prueba de fuego para un sistema judicial bajo escrutinio.
Medidas leves enlutecen justicia para víctimas del Jet Set
Jueza impone garantía económica y presentación periódica a dueños de discoteca donde murieron 236 personas Por Theo N. Guzmán Santo Domingo.- Tras trece horas de audiencia marcada por prolongados recesos, la jueza Fátima Veloz dictó una medida de coerción que ha dejado más preguntas que respuestas: los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set -escenario de una de las tragedias más dolorosas en la historia reciente del país- enfrentarán el proceso en libertad, con impedimento de salida, presentación periódica y una garantía económica de 50 millones de pesos cada uno. La decisión judicial, emitida en la madrugada de este miércoles, contrasta con la magnitud del dolor causado: 236 vidas perdidas, más de 180 heridos y un país que sigue preguntándose cómo un local con fallas estructurales conocidas pudo operar hasta aquel fatídico 8 de abril. El Ministerio Público había solicitado prisión preventiva para Antonio Espaillat y arresto domiciliario para su hermana, argumentando la gravedad del homicidio involuntario que se les imputa. Mientras la jueza deliberaba, se conoció que más de 40 familias afectadas habían llegado a acuerdos económicos con los Espaillat, según confirmó su abogado Miguel Valerio. Este detalle no hace sino alimentar la percepción de que, en República Dominicana, la justicia tiene dos velocidades: una para los poderosos y otra para el pueblo. El caso Jet Set se ha convertido en un termómetro de la independencia judicial. Las medidas impuestas -que permitirán a los acusados esperar el proceso en sus hogares- confirman los temores de quienes sospechaban que la influencia política de los imputados inclinaría la balanza. Mientras las víctimas entierran a sus seres queridos, la justicia parece haberse contentado con gestos simbólicos, dejando intacta la pregunta esencial: ¿Bastarán 50 millones de pesos para responder por 236 sueños truncados? La noche del 8 de abril dejó claro que el techo del Jet Set no era lo único que colapsaría. Ahora, la decisión judicial amenaza con derrumbar algo aún más valioso: la fe en que, ante la ley, todos somos iguales.