Ejecuciones sin eco: el país no puede normalizar la muerte a manos de la Policía
27 abatidos en mayo. En lo que va de año, 108 ciudadanos caen bajo fuego policial. Las cifras no solo duelen: repiten un patrón que el Estado no ha sido capaz de desmontar. Mayo de 2026 ha dejado una estela de sangre que difícilmente puede atribuirse solo a la delincuencia. La propia estadística oficial revela que la Policía Nacional ejecutó en ese mes la misma cantidad de personas que en mayo de 2025. Ni un año de promesas, ni un año de depuraciones anunciadas, ni un año de discursos sobre derechos humanos han logrado modificar un mecanismo que se repite con escalofriante regularidad: ciudadanos abatidos en supuestos “intercambios de disparos” de los que nadie —nunca nadie— escucha los disparos del otro lado. Esa ausencia de balazos enemigos es la primera grieta del relato oficial. La segunda es la complicidad tácita de autoridades gubernamentales y judiciales que, una y otra vez, asumen como cierta la versión policial sin exigir peritajes independientes, sin practicar autopsias forenses con perspectiva de derechos humanos, sin interrogar a testigos que no pertenezcan a la uniformada. En la práctica, se ha instalado una metodología letal: matar y declarar después que hubo enfrentamiento. Así se silencian testigos incómodos. Así se ejecutan ajustes de cuentas. Así se elimina a cómplices que podrían señalar a agentes involucrados en narcotráfico u otros delitos. El código es simple y funciona porque nadie lo interrumpe. Pero no todo es responsabilidad exclusiva de quienes aprietan el gatillo. Hay una cadena de permisividad que comienza en la falta de control interno y termina en la pasividad de fiscales, jueces y superiores jerárquicos. Cuando un agente sabe que su versión será aceptada sin contrastación rigurosa, el mensaje que recibe es claro: matar, dentro de ciertos límites, no tiene costo. Esa lógica debe romperse. Umbral sostiene, con la claridad que exige el momento, que la Policía Nacional no es un cuerpo ejecutor. Su deber es detener, no ejecutar. Su obligación es poner a los presuntos delincuentes a disposición de los tribunales, no abatirlos en callejones sin testigos ni registros creíbles. La justicia penal corresponde a los jueces, no a los agentes en patrullaje. El problema no es nuevo, pero la paciencia de la ciudadanía se agota. Ciento ocho abatidos en cinco meses es una cifra de guerra, no de seguridad ciudadana. Y la repetición mecánica de las mismas excusas institucionales es, a estas alturas, una forma de complicidad. Basta ya de los asesinatos sumarios de la Policía. Basta ya de versiones oficiales que nunca se confrontan con la realidad. Las autoridades que aún no han puesto freno a esta sangría tienen en sus manos la posibilidad de ordenar investigaciones independientes, de exigir protocolos de uso de la fuerza ajustados a derecho y de enviar a la justicia ordinaria a todo agente que convierta su placa en una patente de matar. El país merece policías que protejan vidas, no que las cuenten como trofeos. Y las víctimas —los 108 caídos— merecen algo más que una estadística. Merecen que un día ese número sea cero.
Jueces y fiscales mediatizados
Por Pedro Ángel Los juicios paralelos o debates de opinión pública que se dan en base a procesos llevados en los tribunales, impactan de manera directa a jueces y fiscales. El primer camino torcido de esa presión mediática es la imparcialidad en decisiones tomadas bajo acoso de medios de comunicación y la bullanga de la opinión pública. Algunos jueces se doblegan a la presión del pueblo, periodistas, comunicadores y líderes que se expresan en la opinión pública y prefieren bailar lo que toque la orquesta para no desentonar con el paso de la audiencia que pide rueden cabezas. Los linchamientos mediáticos, como los llamó en su momento la magistrada Katia Miguelina Jiménez (ha escrito el único libro sobre el tema en el país), pueden encontrar eco en esas decisiones. Algunos magistrados y tribunales se resisten y cito uno. Una sentencia emitida por el Segundo Tribunal Colegio de San Francisco de Macorís sobre el caso Emily, no tomó en cuenta la presión mediática que pedía 30 años para el asesino Marlon Martínez y 20 como cómplice para su madre Marlin Martínez. El primero fue sentenciado a los 30 y la madre a 5 años, porque en el caso de la segunda, el Código Penal mandaba sólo cinco por la clasificación de sustracción de menores y ocultamiento del cuerpo de Emely Peguero. La decisión judicial generó descontento en la sociedad macorisana y del país, que había sido condicionada a la expectativa de los 20 de la madre. En los juicios llevados en los casos de corrupción estatal puede que no haya pasado los mismo y que jueces y fiscales no hayan tenido las bolas para dictar justicia acorde con la ley y mantenido en prisión a los imputados, hasta que la misma ley indicara que debían ser puestos en libertad y seguir los procesos fuera de los barrotes. Ningún juez o tribunal se atrevió a soltar a esos imputados antes de tiempo. La imparcialidad es la harina del bizcocho de los jueces, sin ella no hay producto de buena calidad. Sin embargo, los juicios paralelos llevan al patíbulo esa imparcialidad y predisponen a a hace lo contrario a los que deben tomar decisiones imparciales. Esto así porque sienten que sus decisiones son observadas y juzgadas por sus pares, sus superiores y la sociedad en general, que los escupirá o aplaudirán acorde con sus sentencias. Los juicios paralelos pueden dañar la reputación de jueces y fiscales, pues la cobertura negativa y presiona pueden afectar la percepción de integridad, profesionalismo e independencia de quienes toman las decisiones finales en el sistema judicial. Ante los citados desafíos, es indispensable que jueces y fiscales mantengan el compromiso con la ética y la profesionalidad y tomen decisiones bajo el mandato de la ley y no de la bulla mediática. Es vital, en esta parte, que también los periodistas a cargo de las coberturas judiciales se formen y entiendan bien cada parte de los procesos que difunden y analizan, y el mismo consejo va para los que hacen el trabajo de opinión pública. La próxima semana volvemos con este tema con el enfoque de qué deben hacer los actores del sistema afectados por la presión mediática. Nos vemos luego.