Jueza envía a juicio de fondo a Hugo Beras, Jochi Gómez y otros implicados en el caso Camaleón
La magistrada Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dictó auto de apertura a juicio contra el exdirector del Intrant y una decena de acusados, además de varias empresas, por la presunta adjudicación fraudulenta del contrato para modernizar los semáforos del Gran Santo Domingo. El Ministerio Público los señala por delitos que incluyen lavado de activos, estafa al Estado, sabotaje tecnológico y terrorismo. Por: Thiago N. Guzmán Santo Domingo, D.N. –El tribunal que encabeza la jueza Yanibet Rivas decidió elevar a juicio de fondo el expediente del denominado caso Camaleón, una trama de corrupción que, según las investigaciones, desvió millonarios recursos públicos destinados a la modernización del sistema semafórico del Gran Santo Domingo. Entre los procesados que deberán sentarse en el banquillo de los acusados figuran Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant); José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), señalado como el presunto cerebro de la red; así como exfuncionarios y empresarios vinculados a una docena de compañías que, de acuerdo con el expediente acusatorio, operaron como fachada para extraer fondos del Estado, espiar infraestructuras críticas y manipular tecnológicamente los semáforos de la capital. La magistrada Rivas sustentó su decisión en el cúmulo de pruebas presentadas por el Ministerio Público, que demostraron, a su juicio, la existencia de indicios razonables sobre los ilícitos imputados. “Los elementos de convicción aportados por la acusación son suficientes para presumir que los encartados pudieron haber cometido los hechos que se les atribuyen, por lo que corresponde su juzgamiento en un tribunal de fondo”, estableció la jueza en su resolución. Un entramado de contratos irregulares y empresas pantalla Según la tesis fiscal, el corazón del entramado corrupto giraba en torno a la empresa Dekolor S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L. y Transcore Latam S.R.L., mediante las cuales se habrían otorgado accesos privilegiados a contratos públicos sin que dichas compañías demostraran capacidad técnica o financiera para ejecutarlos. La investigación determinó que, a través de convenios irregulares, se desviaron fondos del Intrant y se operó un esquema de lavado de activos que vulneró los principios de transparencia y legalidad administrativa. José Ángel Gómez Canaán aparece como el eje central de la presunta organización criminal. De acuerdo con el expediente, este hombre mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con todas las empresas implicadas, y bajo su dirección se habría consolidado una estructura dedicada a la estafa contra el Estado, el sabotaje tecnológico y el control ilegítimo de infraestructuras críticas. Medidas de coerción y caso complejo En octubre de 2024, la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, declaró el caso como complejo y dictó medidas de coerción contra Hugo Beras, Gómez Canaán y otros siete imputados. Ahora, con la apertura a juicio, se abre la fase contradictoria donde defensa y acusación debatirán ante un tribunal colegiado la responsabilidad penal de cada uno. Además de los dos principales implicados, irán a juicio Pedro Vinicio Padovani Báez, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Feliz Casso. En el plano corporativo, deberán comparecer como personas jurídicas acusadas Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L. Delitos graves: desde sabotaje hasta terrorismo El Ministerio Público imputa a los acusados una batería de delitos que incluye coalición de funcionarios, asociación de malhechores, lavado de activos, desfalco, estafa contra el Estado, sabotaje, robo de identidad, crímenes contra la nación, actos de terrorismo y delitos de alta tecnología, todos contemplados en el ordenamiento jurídico dominicano. El caso, que ha conmocionado a la opinión pública por la magnitud de los recursos involucrados y la presunta afectación a un servicio crítico como los semáforos de la capital, promete ser uno de los juicios por corrupción más complejos y seguidos de los últimos años en la República Dominicana. La fecha para el inicio del debate oral y público aún no ha sido fijada por el tribunal competente.
Operación Camaleón: Imponen 18 meses de prisión preventiva para Imputados claves
La jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó este jueves 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción a Hugo Beras, José Ángel Gómez Canaán (Jochi) y Pedro Vinicio Padovani Báez, imputados en la operación Camaleón. Por Servicios umbral.local/ Santo Domingo. – Con unas medidas cautelares ejemplarizantes para los principales implicados del caso que ha sacudido a la opinión pública del país, la jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó este jueves 18 meses de prisión preventiva para tres de los imputados en la Operación Camaleón: Hugo Beras, José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochi, y Pedro Vinicio Padovani Báez. Esta decisión refleja el impacto de los hechos imputados y la magnitud de los delitos que se les acusan, todo en el contexto de un presunto esquema de corrupción que implica serios fraudes al Estado a través del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), en el periodo en que estaba al frente de la institución el hoy acusado Hugo Beras. La jueza Veloz también dictó medidas cautelares para otros implicados. Samuel Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant, enfrentará arresto domiciliario e impedimento de salida del país, mientras que Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho, deberá cumplir con una garantía económica de dos millones de pesos. Asimismo, otros dos acusados, Juan Francisco Álvarez y Carlos Peguero, también tendrán que presentar una garantía económica, aunque no se especificó el monto. Los principales acusados, Jochi Gómez y Hugo Beras, están al centro del escándalo derivado de un contrato para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo, firmado entre la empresa Transcore Latam S.R.L. y el Intrant. La acusación formal que enfrenta este grupo incluye serios delitos como desfalco, estafa contra el Estado, falsificación y lavado de activos, entre otros. En su defensa pública, Hugo Beras argumentó que además de sus acciones, otros organismos de control como la Contraloría General de la República también han fallado en sus deberes, insinuando que la culpabilidad no recae exclusivamente en él y su grupo. Sin embargo, las pruebas presentadas por el Ministerio Público no dan lugar a dudas de que Gómez fue uno de los principales beneficiarios económicos del presunto fraude, desviando fondos que debían ser utilizados para el tráfico y la seguridad vial en el país.Operación Camaleón: La caza de una estructura criminal en una administración pública dominicana El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, indicó que, conforme avancen las investigaciones, podrían surgir nuevas imputaciones y otros acusados en el proceso. El caso de la Operación Camaleón ha ganado notoriedad no solo por los montos involucrados, sino también por la cantidad de actores principales que han sido tocados. La Operación Camaleón, considerada una de las más exitosas contra el crimen organizado en la República Dominicana, se materializó a través de una serie de allanamientos que abarcó residencias y empresas en distintos puntos del país, incluyendo el Distrito Nacional y Punta Cana. Aproximadamente 170 efectivos de la Policía Nacional y más de 30 fiscales especializados en crimen organizado participaron en estos operativos, que resultaron en la ocupación de cientos de evidencias que han sido claves para respaldar las imputaciones realizadas. La República Dominicana observa con atención el desarrollo de este caso. A medida que se desentrañan los entresijos de esta red de corrupción, las reacciones varían entre la indignación pública por los actos ilícitos y la expectativa de que la justicia prevalezca frente a la impunidad. Las próximas semanas estarán marcadas por las repercusiones de estas decisiones judiciales, y el eco de la justicia frente a la corrupción indica que se va por buen camino en la lucha contra ese mal endémico que es la corrupción en el país, donde muchos ciudadanos siguen esperando respuestas y reparaciones por parte del gobierno y las instituciones involucradas.
Dejan detenido a Jochi Gómez tras varias horas de interrogatorios en la Procuraduría
Es investigado por el contrato entre su empresa Transcore Latam y el Intrant y el sabotaje a la red de semáforos de la capital THIAGO ZORRILLA ACOSTA La noche de este miércoles, la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) tomó una decisión que podría transformar el panorama de la corrupción administrativa en la República Dominicana. El empresario José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochi Gómez, fue dejado en calidad de detenido tras más de cuatro horas de interrogatorio, en el marco de una investigación que involucra a su empresa, Transcore Latam. La inquietante noticia rompió la calma de la noche, cuando la confirmación del abogado de Gómez Canaán, Hirohito Reyes, inundó los medios de comunicación. Sin ofrecer muchos detalles sobre lo que había transcurrido durante las intensas horas de cuestionamiento, Reyes solo pudo confirmar que su cliente había sido oficialmente detenido, dejando al público y a los especialistas en derecho con más preguntas que respuestas. Un Contrato Controversial La investigación en torno a la figura de Gómez Canaán se centra en su vinculación con un acuerdo celebrado con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) para operar la red semafórica del Gran Santo Domingo, un contrato que superó la cifra de 1,317 millones de pesos en junio de 2023. Sin embargo, este acuerdo fue anulado tras la detección de graves irregularidades en el proceso de adjudicación, lo que llevó a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) a solicitar la intervención del Ministerio Público. Los problemas comenzaron cuando otros oferentes del proceso de licitación impugnaron la decisión, alegando que Transcore Latam no cumplía con los requisitos básicos y que, incluso, había falsificado documentos para obtener el contrato. Las alegaciones se tornaron más oscuras cuando la DGCP determinó que existían vicios significativos en el procedimiento, lo que llevó a la sanción de los funcionarios responsables del Intrant que participaron en la licitación y a la inhabilitación de Transcore Latam como proveedor del Estado. A pesar de la suspensión del contrato hace un año, la empresa continuó operando la red semafórica, generando una creciente preocupación entre las autoridades y la ciudadanía sobre la legitimidad de sus acciones. Caos en el Tráfico La situación escaló cuando, el 27, 28 y 29 de agosto de 2024, el sistema semafórico de la ciudad sufrió un grave colapso, generando un caos en el tránsito. El director del Intrant, Milton Morrison, no tardó en presentar acusaciones contra Gómez Canaán, insinuando que el exdudoso empresario podría estar detrás del sabotaje y solicitando al Ministerio Público que investigase a fondo las acciones atribuibles a él. José Ángel Gómez Canaán, en su defensa, recurrió a sus redes sociales para desmentir las acusaciones de sabotaje, lo que añade otra capa de tensión a esta complicada narrativa. Antecedentes y Controversias La figura de Jochi Gómez no es nueva en el ámbito de las controversias, ya que su nombre ha sido asociado en múltiples ocasiones con actividades delictivas. En 2019, fue acusado por el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, de haber orquestado un fraude a los equipos de voto automatizado en las elecciones primarias del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Este incidente, que afectó los resultados electoralmente significativos, marcó un oscuro pasaje en su historia. En 2012, Gómez había sido objeto de investigaciones por haber supuestamente hackeado 44 correos electrónicos de funcionarios y empresarios, lo que resultó en múltiples allanamientos y el apresamiento del empresario por robo de identidad y acceso ilícito a cuentas de correo electrónico. Estos antecedentes, sumados a la situación actual, presentan un patrón preocupante que alumbra la sombra de la corrupción y prácticas ilegales que parecen haberse normalizado en ciertos círculos de poder. La sociedad dominicana espera castigo sobre los casos de corrupción El arresto de José Ángel Gómez Canaán es una señal de que las aguas de la justicia pueden estar comenzando a moverse en dirección a los altos niveles de corrupción que afligen a la administración pública dominicana y se espera castigo para los culpables. Sin embargo, la pregunta que perdura en la mente de muchos es si este movimiento será suficiente para desmantelar las estructuras ilegales que han prosperado durante años y que millones de ciudadanos se movilizaron frente al anterior gobierno clamando contra los actos de corrupción del gobierno encabezado por Danilo Medina y el PLD. Mientras tanto, la sociedad dominicana observa atenta, siendo testigo de un proceso judicial que podría resultar decisivo no solo para la figura de Gómez Canaán, sino para la imagen de las instituciones encargadas de salvaguardar la ética y la transparencia en la gestión pública. La gran interrogante permanece: ¿serán finalmente llevados ante la justicia aquellos que han utilizado su poder para enriquecer sus bolsillos a expensas del bienestar colectivo? La respuesta dependerá de la capacidad del sistema judicial para actuar con valentía y determinación en los próximos meses.