Intrant y Milton Morrison denuncian soborno y chantaje contra Dekolor
Querella penal revela supuesta trama de sobornos, amenazas y presión para extender contrato estatal sin competencia Por Brendalis Reyes Santo Domingo. – El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y su director ejecutivo, Milton Morrison, presentaron el pasado viernes 4 de julio de 2025 una querella penal contra la empresa Dekolor, S.R.L., así como contra su presidente, Rogelio Oruña, y su gerente general, Sandra Oruña, por presuntos actos de soborno, chantaje y extorsión relacionados con la prórroga ilegal de un contrato estatal. La acción, presentada ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), detalla una compleja trama que incluiría ofertas de sobornos por hasta un millón de dólares y pagos mensuales de tres millones de pesos dominicanos, además de amenazas personales y presiones institucionales a funcionarios clave del Intrant. El contrato involucrado, firmado en enero de 2020 por cinco años, otorgaba a Dekolor la administración de 21 centros para la emisión y renovación de licencias de conducir, incluyendo provisión de personal, equipos y operación tecnológica integral. Según el Intrant, a pesar de varias modificaciones no aprobadas por el Consejo, la empresa buscaba extender el contrato sin someterse a un proceso competitivo, mediante maniobras ilegales contra la actual dirección. Los hechos denunciados se califican como soborno conforme a la Ley 448-06, asociación de malhechores, lavado de activos bajo la Ley 155-17, estafa contra el Estado y chantaje electrónico según el Código Penal y la Ley 53-07 sobre Crímenes de Alta Tecnología. El Intrant asegura que la querella está sustentada en informes técnicos internos y de la Contraloría General, documentos y testimonios que evidencian una estructura criminal destinada a manipular decisiones administrativas y apropiarse indebidamente de fondos públicos. Asimismo, advierte sobre la posible implicación de otros actores que serán investigados por las autoridades. Esta denuncia marca un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción y la impunidad en la gestión pública dominicana, y pone bajo la lupa los procesos de contratación y supervisión en instituciones clave del Estado.
La injusticia del caso Camaleón: Un sistema que recompensa la corrupción y promueve la impunidad
La justicia en la República Dominicana necesita una reforma urgente. La confianza en el sistema se ha erosionado, y es responsabilidad de las instituciones trabajar para recuperar esa confianza. La lucha contra la corrupción no puede ser una mera retórica; debe traducirse en acciones concretas que demuestren que el Estado está dispuesto a proteger los intereses de todos los ciudadanos, no solo de aquellos que tienen el poder y los recursos para eludir la justicia. Por Julio Guzmán Acosta El reciente desenlace del caso Camaleón, que involucra a Hugo Beras, exdirector del INTRANT y José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochi, y otros implicados, expone de manera palpable las carencias del sistema de justicia en la República Dominicana. Apenas un mes después de ser apresados y de enfrentar una dura medida de prisión preventiva de 18 meses por su supuesta participación en una red de corrupción que malversó más de 1,300 millones de pesos destinados a la instalación de una red semafórica en el Gran Santo Domingo, los jueces han decidido modificar esa medida. Ahora, Gómez y sus coacusados se encuentran en casa, bajo condiciones que parecen mínimas: una fianza pírrica y la obligación de presentarse periódicamente ante el Ministerio Público. Esta decisión no solo resulta desconcertante, sino que también envía un mensaje claro y peligroso. En un país donde la corrupción gubernamental ha sido una constante, el hecho de que los acusados puedan eludir la prisión preventiva tan rápidamente refleja una falta de compromiso por parte del sistema judicial para hacer frente a los actos de impunidad que han caracterizado la historia reciente del país. La incautación de armas de fuego a Gómez durante los allanamientos realizados por las autoridades, junto con las graves acusaciones que enfrenta, deberían ser suficientes para mantenerlo bajo custodia mientras se lleva a cabo la investigación. Sin embargo, la justicia parece haber optado por un camino que no solo minimiza la gravedad de los delitos, sino que también relega a un segundo plano la seguridad y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. ¿Qué tipo de mensaje se está enviando a aquellos que consideran que pueden beneficiarse del desfalco y la corrupción? La respuesta es clara: el sistema es indulgente, y las consecuencias son mínimas. Los jueces que tomaron esta decisión argumentaron que no existe peligro de fuga, pero esta lógica resulta cuestionable en un contexto donde la corrupción ha demostrado ser un fenómeno que se alimenta de la impunidad. ¿Cómo se puede confiar en que aquellos acusados de actos delictivos graves no intentarán evadir la justicia? La percepción de que la justicia es un privilegio más que un derecho es una constante en la mente de muchos dominicanos. El resultado de esta decisión es que la corrupción gubernamental sale fortalecida. Los corruptos no solo evitan enfrentar las serias consecuencias de sus actos, sino que también se ven incentivados a continuar operando con la certeza de que pueden salir ilesos. La falta de sanciones efectivas para quienes se aprovechan del erario perpetúa un ciclo vicioso en el que la ciudadanía se siente cada vez más desilusionada y desprotegida. La justicia en la República Dominicana necesita una reforma urgente. La confianza en el sistema se ha erosionado, y es responsabilidad de las instituciones trabajar para recuperar esa confianza. La lucha contra la corrupción no puede ser una mera retórica; debe traducirse en acciones concretas que demuestren que el Estado está dispuesto a proteger los intereses de todos los ciudadanos, no solo de aquellos que tienen el poder y los recursos para eludir la justicia. El caso Camaleón es solo una muestra más de cómo el sistema de justicia, en lugar de ser un baluarte contra la corrupción, se ha convertido en una herramienta que facilita la impunidad. Mientras los corruptos regresan a sus hogares, la sociedad dominicana continúa esperando un cambio real que garantice que la justicia no sea un privilegio, sino un derecho para todos.
Una injusta y discriminatoria medida
Por Freddy González El pasado 25 de octubre fecha en que cumplía año, me visité la oficina del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), ubicada en la quinta planta del multicentro Churchill, a renovar mi licencia de conducir, y me encontré con la sorpresa de que por una resolución de dicho organismo se dispuso que a los adultos de más 65 años, solo se otorgaría la misma por un periodo de dos años en vez de cuatro como era la norma. Pero pese a no estar de acuerdo con dicha medida por su carácter violatorio a preceptos constitucionales, y expresar mi inconformidad con la misma, dejé que me violentaran mis derechos para no tener que enfrentar un agente de tránsito que si me detiene simplemente me dirá: No sé de lo que me habla, su licencia está vencida, colocándome una multa que agravaría más mí ya lacerada economía. Además de esta medida discriminatoria, contraria a normas constitucionales, nos están obligando a una doble tributación, porque estamos pagando por dos años 1,900 pesos los que los demás ciudadanos de menor edad pagan por cuatro, lo que significa que por cuatro años tenemos qué pagar 3,800 pesos. Nuestra constitución, en su Artículo 39, establece el Derecho a la igualdad, señalando: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal». Por lo que ninguna, Ley, Reglamento o Resolución puede contradecir o vulnerar derechos consagrados constitucionalmente. Esta medida afecta según el censo del 2022, a 1,424,735 (igual al 13.2%) de ciudadanos y ciudadanas dominicanos que sobre pasan la edad de los 65 años. Según el INTRANT, esta medida busca monitorear cada cierto tiempo las condiciones cognitivas, visuales, auditivas y reflejos de los adultos mayores ante la pérdida de facultades con el paso del tiempo. Pero resulta que las estadísticas del pasado año, según la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), reporta que, de los 1,948 fallecidos por accidente en el año 2023, solo 148 fueron de adultos mayores, 133 del sexo masculino y 15 del sexo femenino, lo que representa un 7.59% del total de los fallecidos por accidentes de tránsito, no estableciendo sí fue como conductores o como pasajeros. Independientemente de esas cifras, lo que sí es seguro que, a menor edad, se es más propenso a la velocidad y al manejo temerario. Bien hace el nuevo director del INTRANT, Milton Morrison, en revisar y derogar esa medida discriminatoria e injusta contra un segmento poblacional que en sentido general agotó su vida laboral útil y que el Estado está obligado a proteger,
Uso de alcoholímetros en RD busca reducir accidentes
El Instituto dominicano de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) retomó hoy el uso de alcoholímetros en la vía pública del Distrito Nacional, luego de la suspensión de esta práctica por la pandemia de la Covid-19. Por Servicios umbral.local/ El plan piloto comenzó a las 21:00, hora local, de este viernes y se extenderá hasta las 04:00 de la madrugada del sábado con el objetivo de prevenir accidentes de tránsito por conducir en estado de embriaguez. Para ello, 40 agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) fueron entrenados en el uso de los instrumentos Alco-Sensor VXL, Point of Arrest y Alco-Sensor FST, utilizados para medir el nivel de alcohol en sangre. El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Milton Morrison, explicó que estas pruebas regresan justo cuando se realizan encuentros con diferentes actores de la sociedad para consensuar un Plan Nacional por la Seguridad Vial. El 35.47% de las muertes en la República Dominicana son causadas por los accidentes de tráficos y a menudo los conductores involucrados en los mismos tienen una alta tasa de alcohol en la sangre. Trascendió que los agentes llevarán a cabo controles aleatorios en las vías, especialmente en días de alta circulación, como los fines de semana o durante festividades. Los conductores que excedan los límites permitidos podrían enfrentar sanciones que incluyen multas de cinco a 10 salarios mínimos, suspensión de la licencia o incluso la detención. Al menos cinco personas fallecen a diario en la República Dominicana por accidentes automovilísticos, siendo estos la primera causa de muerte en el país, de acuerdo con la Digesett. El exceso de velocidad, el consumo de alcohol y la violación de las leyes de tránsito por conductores y también transeúntes, constituyen los principales motivos de los decesos en la vía, señaló ese organismo.
Operación Camaleón: La caza de una estructura criminal en una administración pública dominicana
Los imputados son el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Hugo Beras; Frank Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del INTRANT; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del INTRANT; José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S.; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del INTRANT; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del INTRANT y Carlos José Peguero Vargas. Julio Guzmán Acosta En una operación con pocos precedentes en el país en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en la República Dominicana, la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA) ha revelado detalles alarmantes sobre la Operación Camaleón. Esta acción ha sacado la luz una compleja estructura criminal que operaba dentro del INTRANT y tenían una estructura que daba seguimiento a importantes miembros de este sistema judicial dominicano. El titular de la PEPCA, Wilson Camacho, ha dado información sobre la magnitud de la operación, la cual podría ser uno de los mayores golpes a la corrupción en la administración pública. El Hallazgo La revelación más alarmante surgió durante una requisa en el vehículo del imputado José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochi. En su automóvil, los investigadores encontraron una lista que contenía los nombres de varios jueces, entre ellos, Keyla Pérez, Elías Santini y Arisleydi Méndez. Además, se hallaron un arma de fuego y una escopeta modificada, cuyos detalles han creado una profunda preocupación sobre las actividades de seguimiento y vigilancia que la estructura criminal estaba llevando a cabo contra estos funcionarios de la justicia. Camacho aseguró que estos hallazgos confirman las actividades ilegales y de inteligencia del grupo. “Estas pruebas son más que suficientes para que la jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente, acoja la solicitud del Ministerio Público”, afirmó Camacho, refiriéndose a la petición de prisión preventiva y a la declaración del caso como complejo, dada la seriedad de los cargos involucrados. Nueva Lista de Imputados Los acusados en la Operación Camaleón incluyen figuras claves del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT). Entre ellos se encuentran Hugo Beras, exdirector del INTRANT, y varios de sus colaboradores, quienes enfrentan graves acusaciones que van desde corrupción hasta uso indebido de documentos. La implicación de Gómez Canaán, propietario de la empresa Aurix S.A.S., agrava aún más la situación, ya que se sospecha que su empresa estuvo involucrada en contratos fraudulentos con el estado. Camacho enfatizó que con el avance de la investigación podría haber nuevas imputaciones. “El desarrollo de la investigación nos seguirá indicando quiénes y qué debemos agregar”, comentó, dejando abierta la posibilidad de que otros actores vinculados a la trama también sean expuestos. Una Operación Con Éxito Durante la Operación Camaleón, que tuvo lugar en diversas localidades, incluyendo el Distrito Nacional y Santo Domingo Este, se realizaron allanamientos en residencias y empresas. Con aproximadamente 170 efectivos de la Policía Nacional y más de 30 fiscales especializados en crimen organizado, la operación fue calificada por el Ministerio Público como una de las más exitosas en la lucha contra el crimen organizado. Los investigadores incautaron cientos de evidencias que respaldan las acusaciones, incluyendo un contrato fraudulento para modernizar el sistema de semaforización del Gran Santo Domingo. Además, se descubrió un contrato ilegal entre el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix, el cual fue utilizado para sacrificar funciones de organismos de inteligencia del estado. Estas evidencias son clave en el proceso judicial que se avecina. Un Marco Legal Contundente Los imputados enfrentan acusaciones serias bajo múltiples artículos del Código Penal dominicano. Las infracciones van desde la proscripción de la corrupción hasta el desfalco y la asociación de malhechores. También se han mencionado violaciones a leyes específicas sobre crímenes de alta tecnología, terrorismo y comercio ilícito. Es un entramado ilegal que pone de manifiesto la gravedad de las acciones de los imputados, así como el compromiso del sistema judicial para erradicar estas prácticas. Expectativas La decisión sobre la solicitud de prisión preventiva y la complejidad del caso se espera para hoy jueves 10 de octubre, cuando la jueza Fátima Veloz anunciará su fallo. Este veredicto podrá sentar un precedente alentador en la lucha contra la corrupción en la República Dominicana, un país donde la desconfianza en las instituciones no ha cesado. Las repercusiones de la Operación Camaleón, así como el éxito del Ministerio Público, indican el compromiso de la justicia en la lucha contra la corrupción administrativa en un contexto donde la impunidad ha sido la norma. Sin embargo, queda por ver si este esfuerzo será suficiente para restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de velar por la justicia. En un país donde el poder se entrelaza con la corrupción, la Operación Camaleón se presenta como un rayo de esperanza para un país ansioso por limpiar su imagen y asegurar que aquellos que están en el poder sean responsables por sus actos. La batalla está lejos de ser ganada, pero las acciones emprendidas ahora son una marcada señal de un esfuerzo concertado por parte de las autoridades dominicanas.
Dejan detenido a Jochi Gómez tras varias horas de interrogatorios en la Procuraduría
Es investigado por el contrato entre su empresa Transcore Latam y el Intrant y el sabotaje a la red de semáforos de la capital THIAGO ZORRILLA ACOSTA La noche de este miércoles, la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) tomó una decisión que podría transformar el panorama de la corrupción administrativa en la República Dominicana. El empresario José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochi Gómez, fue dejado en calidad de detenido tras más de cuatro horas de interrogatorio, en el marco de una investigación que involucra a su empresa, Transcore Latam. La inquietante noticia rompió la calma de la noche, cuando la confirmación del abogado de Gómez Canaán, Hirohito Reyes, inundó los medios de comunicación. Sin ofrecer muchos detalles sobre lo que había transcurrido durante las intensas horas de cuestionamiento, Reyes solo pudo confirmar que su cliente había sido oficialmente detenido, dejando al público y a los especialistas en derecho con más preguntas que respuestas. Un Contrato Controversial La investigación en torno a la figura de Gómez Canaán se centra en su vinculación con un acuerdo celebrado con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) para operar la red semafórica del Gran Santo Domingo, un contrato que superó la cifra de 1,317 millones de pesos en junio de 2023. Sin embargo, este acuerdo fue anulado tras la detección de graves irregularidades en el proceso de adjudicación, lo que llevó a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) a solicitar la intervención del Ministerio Público. Los problemas comenzaron cuando otros oferentes del proceso de licitación impugnaron la decisión, alegando que Transcore Latam no cumplía con los requisitos básicos y que, incluso, había falsificado documentos para obtener el contrato. Las alegaciones se tornaron más oscuras cuando la DGCP determinó que existían vicios significativos en el procedimiento, lo que llevó a la sanción de los funcionarios responsables del Intrant que participaron en la licitación y a la inhabilitación de Transcore Latam como proveedor del Estado. A pesar de la suspensión del contrato hace un año, la empresa continuó operando la red semafórica, generando una creciente preocupación entre las autoridades y la ciudadanía sobre la legitimidad de sus acciones. Caos en el Tráfico La situación escaló cuando, el 27, 28 y 29 de agosto de 2024, el sistema semafórico de la ciudad sufrió un grave colapso, generando un caos en el tránsito. El director del Intrant, Milton Morrison, no tardó en presentar acusaciones contra Gómez Canaán, insinuando que el exdudoso empresario podría estar detrás del sabotaje y solicitando al Ministerio Público que investigase a fondo las acciones atribuibles a él. José Ángel Gómez Canaán, en su defensa, recurrió a sus redes sociales para desmentir las acusaciones de sabotaje, lo que añade otra capa de tensión a esta complicada narrativa. Antecedentes y Controversias La figura de Jochi Gómez no es nueva en el ámbito de las controversias, ya que su nombre ha sido asociado en múltiples ocasiones con actividades delictivas. En 2019, fue acusado por el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, de haber orquestado un fraude a los equipos de voto automatizado en las elecciones primarias del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Este incidente, que afectó los resultados electoralmente significativos, marcó un oscuro pasaje en su historia. En 2012, Gómez había sido objeto de investigaciones por haber supuestamente hackeado 44 correos electrónicos de funcionarios y empresarios, lo que resultó en múltiples allanamientos y el apresamiento del empresario por robo de identidad y acceso ilícito a cuentas de correo electrónico. Estos antecedentes, sumados a la situación actual, presentan un patrón preocupante que alumbra la sombra de la corrupción y prácticas ilegales que parecen haberse normalizado en ciertos círculos de poder. La sociedad dominicana espera castigo sobre los casos de corrupción El arresto de José Ángel Gómez Canaán es una señal de que las aguas de la justicia pueden estar comenzando a moverse en dirección a los altos niveles de corrupción que afligen a la administración pública dominicana y se espera castigo para los culpables. Sin embargo, la pregunta que perdura en la mente de muchos es si este movimiento será suficiente para desmantelar las estructuras ilegales que han prosperado durante años y que millones de ciudadanos se movilizaron frente al anterior gobierno clamando contra los actos de corrupción del gobierno encabezado por Danilo Medina y el PLD. Mientras tanto, la sociedad dominicana observa atenta, siendo testigo de un proceso judicial que podría resultar decisivo no solo para la figura de Gómez Canaán, sino para la imagen de las instituciones encargadas de salvaguardar la ética y la transparencia en la gestión pública. La gran interrogante permanece: ¿serán finalmente llevados ante la justicia aquellos que han utilizado su poder para enriquecer sus bolsillos a expensas del bienestar colectivo? La respuesta dependerá de la capacidad del sistema judicial para actuar con valentía y determinación en los próximos meses.
Arrestan a Hugo Beras exdirector del INTRANT
Laura Acosta se quejó de que no le permitieron estar presente en el allanamiento a la vivienda del exdirector del Intrant SERVICIOS umbral.local/ La noche del miércoles pasado, un silencio tenso se apoderó de la Torre Juan Antonio XVI, en el exclusivo sector de Piantini, Distrito Nacional. Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), fue arrestado en su vivienda durante un allanamiento que se extendió por más de dos horas, marcando un momento crucial en la creciente ola de investigaciones sobre corrupción en la administración pública. Los primeros indicios de la actividad policial comenzaron a vislumbrarse a las 8:00 p.m., cuando agentes del Ministerio Público se agruparon en la entrada del edificio, listos para llevar a cabo una operación que prometía desvelar la alargada sombra de irregularidades en la gestión de Beras. La tensión aumentó a medida que trascendía la información: un exfuncionario en la mira, vinculado a un contrato anulado por la Dirección General de Contrataciones Públicas, que comprometía la modernización de la red semafórica de Santo Domingo con la empresa Transcore Latam. Los vecinos, intrigados por la inusual actividad policial, intercambiaban miradas y susurros. La preocupación era palpable, pues el caso de Beras había captado la atención pública, convirtiéndose en un nuevo escándalo de corrupción en el gobierno de Luis Abinader y el PRM. Pero las complicaciones comenzaron cuando los agentes optaron por retirar a Beras del edificio por la zona del sótano de parqueos, en un intento por evitar la prensa. Este movimiento provocó preguntas y especulaciones sobre la gravedad de las acusaciones y el temor a las repercusiones mediáticas. Laura Acosta, abogada de Beras, salió minutos después, cargando no solo la frustración de su cliente, sino también la indignación por lo que describió como una serie de irregularidades en el procedimiento. Comenzó a hablar con los medios de comunicación y no se contuvo al calificar la actuación del Ministerio Público como una violación de la ley. “Nunca me permitieron ingresar a la vivienda durante el allanamiento”, lamentó, mientras trataba de contener su exasperación. Acosta indicó que, a pesar de que logró infiltrarse, el despliegue policial limitó su capacidad de defensa y vigilancia. En ese breve encuentro con la prensa, la abogada expuso que no le mostraron la orden de allanamiento ni la de arresto que, según Beras, había visto pero no firmado. Esta falta de transparencia alimentó la sensación de irregularidad que rodea el caso, avivando la indignación en un país que ha exigido desde hace tiempo un sistema de justicia más abierto y responsable. La razón detrás del allanamiento se asocia directamente con el polémico contrato firmado durante su gestión al frente del Intrant. Se trataba de un acuerdo para la modernización de los semáforos en Santo Domingo, un proyecto que, en su momento, prometía modernizar y facilitar la movilidad en la ciudad. Sin embargo, la anulación del contrato por presuntas irregularidades por parte de la Dirección General de Contrataciones Públicas ha dejado una estela de dudas sobre la integridad de la administración de Beras. Mientras tanto, los efectos de su arresto se divulgaban más allá de las paredes del edificio donde se efectuó el allanamiento y arresto de Hugo Beras. En las redes sociales, los ciudadanos expresaban su indignación por este supuesto nuevo acto de corrupción y su desconfianza en el final de este otro escándalo, marcando el debate del día sobre la ética en el servicio público. Beras, un nombre que durante su mandato estuvo rodeado de promesas de cambio, ahora se enfrenta a una batalla legal que no solo pondrá a prueba su inocencia, sino que también será un barómetro sobre la efectividad del sistema judicial dominicano en la lucha contra la corrupción. Cada minuto que discurre, el desenlace de esta historia se teje entre la esperanza de justicia y la desconexión de una ciudadanía que aún espera respuestas. Hugo Beras ha quedado atrapado en el laberinto de un sistema que, hasta el momento, ha mostrado ser menos accesible de lo que muchos desearían. Con su arresto, la administración pública se ve enfrentada a un nuevo reproche: la urgencia de una ética renovada, en un país que apela a la transparencia y a la rendición de cuentas.
Milton Morrison se defiende y dice sentirse agraviado por Marranzini asegurando que hizo una de las gestiones más eficientes en Edesur
Aseguró que durante su gestión al frente de Edesur no hubo un solo escándalo de corrupción, ni de temas de compras, y que nadie puede señalarle vínculos con suplidores. SERVICIOS umbral.local/ Milton Morrison, exgerente de la Empresa Distribuidora de Electricidad Edesur, ha salido al paso de las críticas defendiendo su gestión al frente de la entidad. En un comunicado reciente, Morrison destacó la eficiencia y transparencia de su administración, enfatizando que, bajo su liderazgo, Edesur no experimentó escándalos de corrupción ni controversias en sus procesos de compra. La polémica gira en torno a la adquisición de transformadores en 2023, un proceso que, según Morrison, se vio afectado por desacuerdos entre el proveedor ganador de la licitación y su fabricante en China, un incidente que él asegura está desconectado de su gestión. Morrison, quien ahora dirige el Intrant, ha reiterado que las compras se realizaron de manera abierta y participativa, con la intención de evitar una crisis por el retraso en la entrega de los transformadores y promoviendo su suministro local en caso de necesidad. Además, ha subrayado que, durante su tiempo en Edesur, los peritos técnicos realizaron visitas regulares a las fábricas para asegurar la calidad de los productos importados. El funcionario se ha declarado agraviado por las acusaciones que cuestionan su eficiencia y profesionalismo, lo que le ha llevado a emitir estas declaraciones públicas. En un tono personal, Morrison ha defendido su integridad y la de su familia, afirmando que su verdadera riqueza radica en la dignidad, la moralidad y la honestidad, valores que considera fundamentales para mantener un buen nombre en la República Dominicana. Estas declaraciones fueron realizadas durante su participación en el programa \\\»Esto no es Radio\\\» y posteriormente citadas en un comunicado de prensa.