Gobierno de Colombia y ELN logran un primer y justo acuerdo
Bogotá, 27 may (Prensa Latina) La firma del acuerdo sobre el primer punto de la agenda de los Diálogos de Paz entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) marca hoy un hito dentro de las negociaciones entre ambas partes. PRENSA LATINA El suceso fue calificado, justamente, como un hecho histórico por el representante especial del secretario general y jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz, quien reconoció además que solo una paz construida desde la sociedad puede ser sostenible y duradera. La llegada a este punto de las negociaciones no estuvo exenta de conflictos, algunos de ellos incluso aparentemente irreconciliables entre las partes. Uno de los momentos de tensión más recientes tuvo que ver con la decisión de congelar las pláticas previstas a celebrarse el pasado mes de abril en Venezuela por parte del ELN, a modo de protesta ante una supuesta operación de desmovilización llevada a cabo por parte del Gobierno en Nariño (suroeste). No obstante, una delegación de ese grupo insurgente acudió a una reunión extraordinaria celebrada del 12 al 22 de abril en Caracas, tras la cual anunciaron que volverían a reunirse con su contraparte en mayo. Posteriormente, en la primera semana de este mes, el ELN informó que retomaría la práctica de las retenciones económicas en respuesta al incumplimiento del Gobierno frente a la creación y puesta en marcha del Fondo Multidonante para el Proceso de Paz, según alegó. En ese entonces, la delegación gubernamental en la Mesa de Diálogos instó a esa guerrilla a mantener el compromiso adquirido ante la sociedad y la comunidad internacional de detener las retenciones, en tanto aclaró que el objetivo del mentado fondo no pretendía ser una contraprestación a la suspensión del secuestro. Más recientemente, el ELN atribuyó a un plan organizado desde el gabinete del presidente, Gustavo Petro, y oficiado por su alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, el surgimiento de lo que llamó una “supuesta disidencia” de esa estructura guerrillera en Nariño. La delegación del Gobierno catalogó entonces como una ficción y un autoengaño que el ELN atribuyera a una estrategia del aparato ejecutivo la existencia de lo que denominó como una crisis interna de esa estructura, y que terminó en la separación del grupo liderado por Gabriel Yepes, quien se identifica como jefe del Frente Comuneros del Sur. Sin embargo, y pese a los constantes roces, el pasado 25 de mayo se firmó, en la capital de Venezuela, el primer punto concebido en el acuerdo que reconoce el desarrollo del proceso de participación de la sociedad en la construcción de la paz. El comunicado emitido tras la rúbrica explicó que para iniciar este camino de búsqueda de voces, acciones, saberes y métodos, se conformó el Comité Nacional de Participación (CNP), un espacio que desde una lógica colectiva diseñó e impulsó la realización de 78 pre encuentros y encuentros de orden nacional y regional. Detalló que en estos encuentros participaron ocho mil 565 representantes de organizaciones sociales de 30 sectores; así como tres mil 217 asociaciones en todas las regiones del país, 19 cárceles y la diáspora en 14 países de América Latina, Norteamérica y Europa. El resultado de este proceso es un Diseño de Participación, un Plan Nacional y unas recomendaciones, señaló la comunicación divulgada, y afirmó que el conjunto de documentos estará a disposición de la sociedad para su consulta. El objetivo de involucrar a la ciudadanía en este proceso es construir una agenda de trasformaciones para la paz, impulsada a partir de una alianza social y política que conlleve a un gran Acuerdo Nacional para la superación del conflicto político, social, económico y armado. “Sabemos que la paz no se construye con olvido e impunidad, y que la voz de las víctimas es fundamental en este proceso y la legitimidad de los acuerdos”, plantearon los delegados del gobierno colombiano y del ELN en su declaración. Finalmente, pese a las duras recriminaciones de uno y otro lado durante los últimos meses, las partes lograron estar de acuerdo en un tema crucial. Como reconocieron, “la paz en Colombia requiere de todas las voces, todos los pueblos, comunidades, personas, procesos y formas de construir nación”.
Petro acusa a Uribe de incitar a los militares a alzarse contra su Gobierno
Por Juan Diego Quesada La estampa de Gustavo Petro sentado en una mesa de caoba frente a Álvaro Uribe, hace casi dos años, hizo que muchos se frotaran los ojos. Enemigos declarados, llevaban más de 20 años faltándose el respeto, en lo personal y en lo político. Para cada uno, el otro representaba el demonio. Según los más creyentes, el hecho de que dos formas radicalmente opuestas de entender la vida y de entender Colombia se sentaran en la misma mesa y compartieran un café se debía al crucifijo colgado en la pared que estaba a sus espaldas. En efecto, parecía un milagro. En ese encuentro ―que luego fueron cuatro más― se llegó a un acuerdo. Petro, recién elegido, gobernaría con el centro, buscaría el pacto nacional político del que se lleva tantos años hablando en distintos gobiernos. Uribe, por su parte, ejercería una oposición responsable, moderada, sensata. El país necesitaba estabilidad, era necesario dársela. Los siguientes meses fueron de tregua, públicamente se respaldaron. Ahora, todo eso ha quedado enterrado y seguramente haya salido a flote el verdadero yo de ambos: la naturaleza del escorpión es la de hundir el aguijón en el adversario. Petro, que anda obsesionado con que sufre un golpe blando que le impide gobernar, escuchó a Uribe decir el martes en la Universidad de La Sabana que las Fuerzas Armadas debían actuar contra la guerrilla del Estado Mayor Central “quiera o no el presidente”. “Lo peor de las Fuerzas Armadas es quedarse quietas por la orden de un Gobierno”, añadió, y sacó a relucir que el ELN, el grupo armado en negociaciones con el Gobierno de Petro, apoya la idea de una Asamblea Constituyente, a la que también se ha sumado Iván Márquez, el jefe de la Segunda Marquetalia, otra disidencia de las FARC. Por descifrarlo, el mensaje de Uribe es que los proyectos del presidente vienen respaldado por la izquierda guerrillera. Petro no se quedó callado y en su cuenta de X, su canal de comunicación favorito, puso este miércoles un pantallazo de los artículos 467 y 468 del código penal: “Es delito incitar a derrocar al Gobierno y alzarse en armas contra el orden constitucional”. En el segundo párrafo de los artículos subrayó en negro la frase: “Incurrirá en prisión de cuatro meses a dos años”. Uribe intervino más tarde en un foro y dijo sentirse amenazado por el actual presidente por llamar a los militares a cumplir su deber, que según él no es otro que combatir al enemigo. Lo volvió a comparar con viejos caudillos latinoamericanos con los que Petro ha tratado de marcar distancia: “Esas amenazas de llevar la cárcel a la oposición, como ha hecho Chávez o como ha hecho Ortega (presidente de Nicaragua)”. Ese tono incendiario domina en este momento la política colombiana. En los chats de WhatsApp de políticos e intelectuales bogotanos predomina el verbo grueso, se exploran los límites del lenguaje hasta el punto de que uno puede pensar que se habla de un golpe de Estado. No existen las condiciones, ni la voluntad, para que algo así se dé. Es algo que se mueve más en el territorio de la especulación. Ese fantasma lo ha azuzado también Petro con discursos confusos y abiertos a la interpretación. Su propósito, dice ahora a menudo, es que sus reformas las haga “el pueblo”, sin que quede claro si eso significa seguir el cauce institucional. Los que ven en Petro a un autoritario utilizan esa ambigüedad para alertar de un peligro para la democracia y encender aún más el debate público. Petro escucha ese eco y responde, y así un día tras otro hasta que cae la noche y los colombianos se van a dormir. Los cercanos a Petro ―en lo ideológico, no necesariamente en lo personal― se han alineado en torno a él. “El @CeDemocratico (el partido de Uribe) ya está hablando hasta de guerra civil (…) haciendo que el mismo Ejército levante sus armas contra el Gobierno”, escribió en redes el presidente de la Cámara, David Racero. “Álvaro Uribe incitando a las Fuerzas Armadas a desobedecer al Presidente elegido democráticamente: El Otoño del Patriarca”, dijo Gustavo Bolívar, director del DPS, la entidad encargada de los subsidios. El mensaje es claro: el golpe ya no es tan blando, hay una llamada en marcha a la resurrección. Las cosas han vuelto a su sitio, Petro en un bando, Uribe en otro. El presidente quiere agitar su Gobierno, exprimirlo, conseguir esos cambios de raíz que tanto se le dificultan. Considera que en el Estado hay enquistada una tecnocracia que convierte el sistema en un buque casi imposible de virar. Uribe anda enfrascado en un proceso judicial que lo tiene a punto de sentarse en un banquillo en un caso sobre el que hay abundantes pruebas en su contra, pero quien pensase que iba a morir políticamente en silencio estaba equivocado. En cualquier caso la tregua entre ambos era contranatura. Ha sido cuestión de tiempo que las cosas vuelvan a ponerse en su sitio.