Conjura poselectoral contra el proceso democrático en Venezuela
Es motivo de justificada indignación de parte de los nacionales de un país como el dominicano, ver a su gobierno involucrado en una conjura propiciada por el mismo imperio que en otras tantas ocasiones nos ha agredido. RAMON A. (NEGRO) VERAS 1.- En Venezuela, los partidos políticos que participaron en el proceso electoral que culminó el 28 de julio próximo pasado, 2024, todos, sin excepción, aceptaron como árbitro al Consejo Nacional Electoral. 2.- Ningún candidato se opuso a que el CNE procediera libremente a tomar determinación, a decir, quién resultó ser el ganador. 3.- Una vez el tribunal electoral emitió resolución declarando ganador a Nicolás Maduro, entonces vinieron las impugnaciones por parte de la oposición interna que había intervenido en los comicios, así como por el Departamento de Estado, la OEA, la Unión Europea y gobiernos de la región subordinados a la política exterior de los Estados Unidos. 4.- Luego de lo decidido por el Consejo Nacional Electoral, el Gobierno Central de Venezuela, presidido por Nicolás Maduro, apoderó al Tribunal Supremo de Justicia, de un recurso contencioso electoral, el cual concluyó con un fallo ratificando lo que había decidido el CNE. 5.- Lo aprobado por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha sido rechazado de manera conjunta por once (11) países de América Latina, incluyendo, como es natural, a los Estados Unidos. 6.- La desaprobación a lo juzgado por las legítimas instituciones de Venezuela, con relación a los comicios presidenciales del 28 de julio, se ha convertido en una conspiración con la argumentación de desmentir lo legalmente juzgado. 7.- Para quien cree en la autodeterminación, en el derecho de cada nación a decidir por sí misma su destino, no debe participar haciendo la función de tomar parte en un asunto que no es de su competencia. 8.- Lo que se está comprobando es que la ultraderecha venezolana, e indirectamente los Estados Unidos, participaron con cartas marcadas, con fines ocultos, en el proceso electoral venezolano. 9.- La derecha y el imperio sabían por anticipado que Nicolás Maduro, resultaría ganador, pero participaron para ahora gritar ¡fraude! 10.- Lo grave de todo esto es que aceptar las impugnaciones que ahora se le hace a lo decidido por las legítimas instituciones de Venezuela, es abrir un espacio para ilegitimar cualquier proceso electoral que no sea conveniente a los intereses de la minoría nativa y a los Estados Unidos. 11.- Debe ser rechazada de manera firme la intromisión que los Estados Unidos y sus gobiernos subordinados están haciendo contra lo establecido por las legítimas organizaciones del Estado de Venezuela. 12.- No reconocer la validez de lo juzgado por la jurisdicción idónea de Venezuela, es degradar la independencia del órgano de un gobierno que ejerce la autoridad legítima de una nación independiente. 13.- Es motivo de justificada indignación de parte de los nacionales de un país como el dominicano, ver a su gobierno involucrado en una conjura propiciada por el mismo imperio que en otras tantas ocasiones nos ha agredido. 14.- Se ve feo prestarse a echar por el suelo el principio de la no intervención para hacerle el juego a las pretensiones de Estados Unidos de volver a poseer el dominio sobre el petróleo, el oro, el gas y otros recursos naturales del pueblo venezolano. 15.- Las ciudadanas y los ciudadanos venezolanos que participaron en el proceso electoral que culminó el pasado 28 de julio, son los únicos con calidad, por órgano de sus partidos y representantes legales, a impugnar lo decidido por el Consejo Nacional Electoral. Aquellos que en el plano internacional se mueven gritando fraude, no hacen otra cosa que formar parte de una conspiración urdida por la ultraderecha venezolana y el imperio. 16.- Es atentar contra la independencia nacional de Venezuela, y el ejercicio de su soberanía sin limitaciones, querer intervenir en lo que deciden sus instituciones en los marcos de la vigente Constitución política.
El Supremo de Venezuela confirma la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio
La sentencia, con la que concluye manera \\\»inequívoca e irrestricta\\\» la revisión de las actas, se produce 22 días después de que el propio presidente solicitase este proceso a través de un recurso de amparo. JULIO GUZMÁN ACOSTA El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha ratificado la victoria de Nicolás Maduro en las recientes elecciones presidenciales, una decisión que ha generado una ola de controversia tanto a nivel nacional como internacional. La presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez, ha confirmado los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), declarando la victoria de Maduro de manera \\\»inequívoca e irrestricta\\\». Sin embargo, esta afirmación ha sido recibida con escepticismo y acusaciones de fraude debido a la ausencia de representantes de la oposición durante el proceso de validación de los resultados electorales. La sentencia del TSJ se basa en un informe de expertos nacionales e internacionales, aunque la legitimidad de estos expertos y la independencia del proceso han sido cuestionadas. La oposición, liderada por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y su candidato Edmundo González Urrutia, ha rechazado el fallo del TSJ, argumentando que la decisión exacerba la crisis política en el país y desestima la soberanía popular. Según la PUD, las actas electorales muestran que González Urrutia ganó las elecciones con un amplio margen, una afirmación respaldada por el 83,5% de las actas mostradas. La situación en Venezuela es un reflejo de las tensiones políticas que han caracterizado al país durante años. La confirmación de Maduro como presidente para un nuevo mandato ha sido recibida con críticas por parte de varios gobiernos y organizaciones internacionales, que han expresado preocupación por la transparencia y la justicia del proceso electoral. La comunidad internacional ha pedido la publicación de las actas electorales para verificar los resultados, y la falta de esta transparencia ha llevado a llamados para una evaluación más profunda de la integridad electoral en Venezuela. La decisión del TSJ también ha tenido repercusiones en la calle, con manifestaciones tanto de apoyo como de oposición a Maduro. Los partidarios del gobierno celebran la continuidad de su liderazgo, mientras que los opositores temen un aumento en la represión y una disminución de las libertades civiles. La polarización en Venezuela se ha intensificado, y la resolución de esta crisis electoral será crucial para el futuro político y social del país. En este contexto, la cobertura mediática juega un papel fundamental en informar al público y en proporcionar una plataforma para todas las voces involucradas. Los periodistas enfrentan el desafío de navegar en un ambiente altamente polarizado y a menudo peligroso para reportar los hechos y ofrecer una variedad de perspectivas. La integridad de la prensa y su capacidad para operar sin censura son esenciales para mantener informada a la población venezolana y al mundo en general sobre los desarrollos en esta situación compleja y en constante evolución.
TSJ de Venezuela inició peritaje de material electoral solicitado
Caracas, 6 ago. (Prensa Latina) El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela inició el proceso de peritaje del material electoral solicitado para dirimir el contencioso presentado por el ciudadano y presidente Nicolás Maduro, trascendió hoy en esta capital. PRENSA LATINA La presidenta del TSJ venezolano, Caryslia Beatriz Rodríguez, así lo anunció anoche luego de que el titular del Consejo Nacional Electoral (CNE) Elvis Amoroso consignara los escritos y anexos solicitados por la Sala Electoral del máximo órgano judicial del país. Rodríguez puntualizó que se dejó constancia de “haberse recibido todos los recaudos solicitados por parte del CNE, dando cumplimiento a la orden judicial”. El Tribunal Supremo solicitó las actas de escrutinio de las mesas electorales a nivel nacional; la de totalización definitiva del proceso eleccionario y de adjudicación y proclamación del mencionado proceso. También las pruebas relacionadas al ataque cibernético denunciado contra el sistema informático del Poder Electoral que impidió la oportuna transmisión de los resultados electorales, «al tratarse de un hecho público, notorio y comunicacional». Pidió asimismo al máximo órgano comicial “todos los elementos de prueba asociados a tal evento”. La titular del TSJ explicó que el proceso tendrá un lapso de 15 días prorrogables para lo cual hará uso de “todos los mecanismos disponibles en el ordenamiento jurídico en tal propósito”. En ese sentido procedió a consignar “todos los instrumentos electorales que se encuentren en posesión de los partidos políticos y de los candidatos”, a los cuales citó en “intuitu personae”, es decir, que no pueden ser sustituidos ni delegar en alguna otra persona. Anunció al respecto la conformación de un cronograma al cual deberán asistir con la información requerida y responder las preguntas que les sean formuladas por el órgano jurisdiccional. La Sala Electoral ordenó la citación de los referidos ciudadanos y advirtió que “la falta de comparecencia…acarreará las consecuencias previstas en nuestro ordenamiento jurídico vigente”. El proceso comenzará mañana miércoles con la citación a los partidos y movimientos políticos que integraron la Plataforma Unitaria Democrática y su candidato Edmundo González, y sucesivamente el resto. Para el viernes está prevista la asistencia al Tribunal Supremo de Justicia de los representantes del Partido Socialista Unido y del Gran Polo Patriótico, y el mandatario Nicolás Maduro. El viernes último en audiencia pública y oral el órgano jurisdiccional solicitó a todos los candidatos, partidos políticos, CNE y demás sujetos intervinientes en el proceso del 28 de julio “todos los documentos legales de relevancia que le sean requeridos”.